La mesa estaba puesta para los niños, pero otros llegaron a servirse. Durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), las compras de granos del PAN para alimentar a estudiantes de comunidades pobres terminaron envueltas en cotizaciones amañadas, sobreprecios y pagos sin respaldo sobre el destino de los alimentos. El dinero de los contribuyentes debía combatir el hambre, pero acabó alimentando un negocio.

Hubo confesiones. El exdirector del PAN describió cómo se escogían proveedores y recibió una condena mediante un acuerdo de pena. El hermano del expresidente también aceptó los delitos mediante un acuerdo de pena, que incluía devolver $2.3 millones. Sin embargo, doce años después, una nulidad por exceso del plazo de investigación amenaza con deshacer todo el proceso. La pregunta es inevitable. ¿Quién responde por una justicia que puede reconocer el daño y, aun así, dejarlo sin consecuencias?

El caso debería encender las alarmas frente a otros de mayor calado como el de Odebrecht. Si los expedientes naufragan por errores que las autoridades debían evitar, los poderosos encuentran una salida y la ciudadanía paga otra vez. Primero pierde su dinero. Después, la confianza en que la ley alcanza a quienes tienen influencia. Y los niños, ¿qué?