El próximo lunes 8 de junio, el mismo día en que se hace efectiva la renuncia de Bonagas, se reunirá el Consejo General Universitario de la Unachi para designar a un rector interino.
La Ley 4 de 2006, que reorganiza la Unachi, dispone en su artículo 37 que, cuando se produzca la vacante del cargo de rector, este será reemplazado interinamente —siguiendo este orden de prelación— por el vicerrector académico, el vicerrector de Investigación y Posgrado o el vicerrector administrativo.
El vicerrector académico es Jorge Bonilla, pero recientemente se conoció que presentó su renuncia al cargo (no así a la universidad, ya que seguirá como profesor en la Facultad de Derecho). Por tanto, el siguiente en la línea de sucesión es el vicerrector de Investigación y Posgrado, Pedro González.
Bonilla ha sido muy cuestionado luego de que se conociera que, desde su posición como vicerrector, habría influido en el ascenso de su esposa Olivia Candanedo, que es profesora en Unachi. De esta situación es conocedora la ministra de Educación, Lucy Molinar. Hay varias denuncias al respecto en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
No obstante, la Unachi tiene la obligación de convocar a elecciones en un plazo máximo de tres meses para elegir al rector que completará el periodo para el que fue elegida Bonagas.
El llamado a elecciones ya fue advertido por la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen.
La reunión del Consejo General Universitario -que hasta ahora preside Etelvina de Bonagas- será el próximo lunes, a partir de las 9 am. Anteriormente, este cuerpo colegiado se había negado a aceptar la renuncia que la todavía rectora presentó el 11 de mayo pasado a la ministra Molinar.
El exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino reapareció esta semana realizando labores comunitarias en el corregimiento de Ancón como parte de su proceso de conmutación de pena.
Ferrufino, condenado por enriquecimiento injustificado, fue captado participando en trabajos de recuperación de áreas verdes y limpieza en el sector de Pedro Miguel, una actividad impulsada por el Plan Libertad del Ministerio de Gobierno.
Cabe destacar que la residencia de Ferrufino también se encuentra en el corregimiento de Ancón.
Las imágenes publicadas por la junta comunal de Ancón muestran al exfuncionario integrado a una cuadrilla encargada de rehabilitar espacios públicos en los alrededores del Centro de Orientación Integral de Pedro Miguel (COIP).
Las labores incluyeron la recolección de material orgánico y el acondicionamiento de zonas que permanecían descuidadas, con el objetivo de mejorar el entorno para los residentes, especialmente niños y familias de la comunidad. La jornada forma parte de una intervención que se extenderá durante varios días.
La presencia de Ferrufino en estas actividades se produce años después de que la justicia lo declarara culpable del delito de enriquecimiento injustificado.
Otras polémicas
Sin embargo, esta no es la primera vez que Ferrufino reaparece en la escena pública tras su condena. En diciembre de 2024, una de las primeras polémicas que enfrentó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, surgió tras la autorización de un permiso de salida especial para dos de los internos más conocidos del Centro de Rehabilitación El Renacer: el exministro de Desarrollo Social y el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburelli, ya fallecido.
La justificación oficial señalaba que ambos colaborarían en la elaboración de roscas navideñas. Sin embargo, la imagen de dos exfuncionarios condenados por casos vinculados al manejo irregular de fondos públicos abandonando temporalmente el centro penitenciario terminó generando cuestionamientos en la opinión pública. Para muchos, el episodio reflejó una difusa frontera entre el simbolismo de la medida y el rigor institucional que se esperaba de las autoridades.
La ministra volvió a quedar en el centro de la conversación pública cuando defendió la rebaja de pena concedida a Milena Vallarino, esposa de Ferrufino, el año pasado.
La reacción no tardó en llegar y diversos sectores interpretaron su posición como una defensa que trascendía el ámbito estrictamente institucional.
Tanto Ferrufino como su esposa fueron procesados por enriquecimiento injustificado tras no poder justificar movimientos bancarios, la adquisición de bienes, el pago de deudas ni la constitución de sociedades, circunstancias que derivaron en la acumulación de fondos en múltiples cuentas bancarias.
La ministra de Gobierno, encargada del sistema penitenciario nacional, ha publicado fotografías que la muestran en una relación de cercanía con Ferrufino y su esposa.
El exministro en el corregimiento de Ancón. Tomado de la junta comunal de Ancón
La renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, ha desatado una disputa interna entre decanos y vicerrectores por el control de la principal casa de estudios superiores de la provincia.
Aunque el Estatuto Universitario establece que, en caso de renuncia de la rectora, debe asumir el cargo el vicerrector académico, Jorge Bonilla, dentro del círculo de poder construido por Medianero de Bonagas coexisten dos grupos con intereses distintos: los vicerrectores, designados directamente por la rectora, y los decanos, elegidos mediante votación. Estos últimos observan con desconfianza la posibilidad de que Bonilla continúe al frente de la institución.
En uno de sus más recientes pronunciamientos, la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, recordó que el Consejo General Universitario (CGU) de la Unachi tiene la obligación de aceptar la renuncia de Medianero de Bonagas y, en consecuencia, convocar a elecciones en un plazo de tres meses para llenar la vacante.
Sin embargo, hasta la tarde del miércoles 3 de junio, el Consejo Universitario, presidido por la propia rectora, no había convocado una reunión para abordar el tema, pese al criterio expresado por la Procuraduría de la Administración. Fuentes de la Unachi sostienen que los allegados a Medianero de Bonagas aún no alcanzan consensos sobre quién deberá reemplazarla ni sobre la ruta institucional que seguirá la universidad tras su salida, prevista para el próximo 8 de junio.
A la rectora tampoco se le ha visto por la universidad.
La Prensa pudo conocer que siete integrantes del CGU acudieron al Ministerio de Educación (Meduca) para reunirse con la ministra de Educación, Lucy Molinar, y explorar alternativas que permitieran prolongar temporalmente el escenario actual y ganar tiempo para alcanzar acuerdos internos.
No obstante, la renuncia de la rectora ya fue remitida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el trámite administrativo correspondiente.
Tras cerca de dos horas de reunión, la ministra abandonó las instalaciones. Entre los asistentes figuraban Jorge Bonilla, vicerrector académico; Pedro González, vicerrector de Investigación; un asesor legal de la universidad; tres decanos; y una funcionaria. Según fuentes consultadas, el encuentro se desarrolló en medio de la incertidumbre que rodea la continuidad de las actuales autoridades universitarias.
Fuentes de la Unachi consultadas por este medio coinciden en que las autoridades buscan ganar tiempo mientras intentan recomponer los equilibrios internos y consolidar nuevamente su estructura de poder.
Polémico ente electoral
Otro de los órganos que genera recelo dentro de la Unachi es el Tribunal Superior de Elecciones, instancia clave en un eventual proceso para escoger a la nueva autoridad universitaria. Este organismo está integrado por seis miembros y es presidido por Rodolfo Mendoza, quien ocupa el cargo por ser el docente de mayor antigüedad.
También forman parte del tribunal dos representantes estudiantiles, un asesor legal y un representante del sector administrativo. La polémica radica en que varios de sus integrantes mantienen cercanía con la rectora saliente, lo que ha despertado dudas sobre la imparcialidad de un eventual proceso electoral.
Ante este escenario, docentes y estudiantes consideran necesario que un organismo independiente supervise o acompañe las elecciones para garantizar transparencia y credibilidad en la escogencia de las nuevas autoridades.
Tras conocerse la renuncia de la rectora, la ministra de Educación afirmó que la Universidad Autónoma de Chiriquí enfrenta la oportunidad de reordenar su estructura institucional y recuperar su misión fundamental.
La funcionaria sostuvo que la Unachi debe “ordenar su institución, retomar el rumbo y recordar lo que es una universidad”, al tiempo que enfatizó la necesidad de que la casa de estudios concentre nuevamente sus esfuerzos en los pilares esenciales de la educación superior: la investigación, la academia y la extensión universitaria.
El llamado
Por su parte, el docente de la Unachi Cristian Nieto Guerra sostuvo que la crisis que atraviesa la universidad representa una coyuntura histórica que obliga al cuerpo docente a asumir un papel activo en la defensa de la institucionalidad y la calidad académica.
A su juicio, la renuncia de la rectora, los cuestionamientos legales sobre las actuaciones de los órganos de gobierno universitario y las crecientes demandas de renovación deben convertirse en el punto de partida para una transformación profunda de la institución.
Según planteó, la prioridad debe ser proteger el interés de los estudiantes y recuperar el prestigio de la universidad, garantizando que la labor docente, la investigación y la producción científica no vuelvan a quedar subordinadas a intereses particulares o beneficios administrativos.
Nieto Guerra también afirmó que la nueva administración universitaria debe asumir un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al principio de legalidad. Consideró indispensable que las futuras autoridades promuevan auditorías independientes y divulguen de manera clara el uso de los recursos públicos para restablecer la confianza de la ciudadanía y de entidades fiscalizadoras, como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República.
Al menos ocho jefes de Estado y 30 cancilleres han confirmado su participación en el 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará en Panamá del 22 al 24 de junio de 2026.
La reunión se realizará en el marco de la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, considerado uno de los primeros intentos de articulación política entre las nuevas repúblicas americanas tras su independencia.
Entre los mandatarios que han confirmado su asistencia figuran el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Fuentes oficiales señalaron que estos gobernantes encabezarán delegaciones que participarán en las reuniones políticas y diplomáticas programadas para finales de junio.
El encuentro
La Asamblea General reunirá a presidentes, cancilleres, diplomáticos y representantes de organismos internacionales para debatir temas que forman parte de la agenda regional, entre ellos, la gobernabilidad democrática, la seguridad hemisférica, la migración, el desarrollo económico y la cooperación entre los Estados miembros.
Las actividades comenzarán con la XXXI Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), continuarán con la Asamblea General de la OEA y se extenderán a encuentros relacionados con la Comunidad de las Democracias. La programación contempla la llegada de delegaciones de distintos países del continente, integradas por funcionarios gubernamentales, asesores, equipos de seguridad y personal técnico.
La participación de alrededor de 30 cancilleres, además de los jefes de Estado confirmados, concentrará en Panamá a una importante representación política y diplomática de la región. La reunión se desarrollará en un contexto marcado por debates sobre migración, seguridad, fortalecimiento institucional y cooperación frente a amenazas transnacionales.
Tema central
La Asamblea General tendrá como lema: “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros”. A partir de este eje temático, las delegaciones abordarán asuntos relacionados con el fortalecimiento democrático, la protección de los derechos humanos y la coordinación regional frente a desafíos compartidos.
Como parte de las actividades paralelas, el 22 de junio está prevista una cumbre de presidentes vinculada a la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico. La reunión coincidirá con la presencia de varios mandatarios en el país y formará parte de la agenda de alto nivel prevista para esa semana.
El presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha actuarán como anfitriones de los encuentros oficiales, que incluirán sesiones plenarias, reuniones bilaterales y actividades protocolares con las delegaciones extranjeras.
La seguridad
La organización de los eventos también implicará medidas especiales de seguridad y movilidad en la capital. Fuentes consultadas indicaron que las principales restricciones de circulación se concentrarán en los alrededores del Centro de Convenciones Atlapa y en las vías de acceso a ese complejo, donde se desarrollará buena parte de las actividades oficiales.
Más allá de la agenda diplomática, la coincidencia de la Asamblea General con el bicentenario del Congreso Anfictiónico ha reavivado el interés por un episodio histórico que buscó crear mecanismos de consulta, cooperación y defensa común entre las repúblicas americanas. Convocado por Simón Bolívar en 1826, el encuentro es considerado por especialistas como uno de los antecedentes de los actuales esfuerzos de integración regional.
Aunque varios de los acuerdos alcanzados entonces no llegaron a implementarse, el Congreso Anfictiónico dejó planteada una discusión que sigue vigente dos siglos después: la necesidad de respuestas coordinadas frente a problemas compartidos. Para historiadores y analistas, la coincidencia de ambas fechas ofrece una oportunidad para examinar los avances, las limitaciones y los desafíos que aún enfrenta la cooperación política en América.
Con la Asamblea General de la OEA prevista del 22 al 24 de junio de 2026, Panamá se convertirá en sede de este encuentro hemisférico por tercera ocasión. El país albergó previamente el foro en 1996 y 2007, consolidando su papel como uno de los escenarios recurrentes para las reuniones del principal organismo político del continente.
Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador y Luis Abinader de República Dominicana. Archivo
La Procuraduría de la Administración abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la gobernanza de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). Un concepto jurídico firmado por la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, pone en entredicho la legalidad de la reelección de varias de sus principales autoridades.
La opinión, fechada el 30 de abril de 2025, surge como respuesta a una demanda de nulidad interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia.
El conflicto legal se centra en la Resolución TSE-003-2024, emitida por el Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi, mediante la cual se rechazó de plano una impugnación contra la reelección del profesor Eliseo Ríos Araúz como decano de la Facultad de Educación.
El demandante, el abogado José Félix Yángüez, en representación del estudiante Leonel Marcelino Suira, sostiene que dicha resolución ignora las restricciones vigentes sobre la reelección de autoridades universitarias.
La pieza clave de esta controversia es la Ley 292 de 2022, que modificó el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Unachi.
Según el análisis de la Procuraduría, esta norma fue clara al establecer un nuevo régimen: mientras al rector se le permite ser reelegido hasta por dos períodos consecutivos, la ley guarda silencio o excluye expresamente esa posibilidad para los decanos, vicedecanos y directores de centros regionales.
Por su parte, el Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi defendió su actuación al argumentar que la Ley 292 debe aplicarse hacia el futuro. Bajo su interpretación, los actuales decanos fueron elegidos bajo una legislación anterior y, por ende, la prohibición de reelección no les afectaría en el proceso electoral de 2024, en virtud del principio de irretroactividad de las leyes.
Los argumentos
No obstante, la procuradora Villalaz sostiene una interpretación distinta, sustentada en el principio de legalidad. En su escrito, subraya que, en el derecho público, los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley les permite expresamente.
Al desaparecer de la norma la facultad de reelección para los decanos, quienes se encontraban ejerciendo el cargo no podían postularse nuevamente para el mismo puesto en las elecciones de 2024.
El documento profundiza en la naturaleza de la reelección y cita textos jurídicos que la definen como la “segunda o ulterior elección de alguien para igual puesto que venía desempeñando”. La Procuraduría advierte que permitir esta práctica sin un respaldo legal expreso contradice el principio de alternancia democrática que debe imperar en la gestión pública.
Villalaz resalta un punto crítico: la reelección inmediata busca evitar que quien ocupa un cargo público se aproveche de las ventajas inherentes a su posición para competir en condiciones favorables frente a sus adversarios. Esa “ventaja del incumbente”, sostiene, es precisamente lo que las reformas electorales buscan mitigar para garantizar contiendas más justas y transparentes.
La argumentación de la Procuraduría también desestima la comparación con leyes anteriores, como la Ley 12 de 2017, que sí permitía expresamente una reelección inmediata por un único período. Para el despacho de Villalaz, esa disposición quedó insubsistente con la entrada en vigor de la Ley 292 de 2022, que reorganizó integralmente la materia.
Los reelectos
En la misma situación de Ríos —es decir, autoridades que se reeligieron en 2024— se encuentran Ramón Rodríguez, decano de la Facultad de Economía; Rodrigo Serrano, decano de la Facultad de Comunicación Social; Evelia Aparicio, decana de la Facultad de Medicina; y Aralis Birmingham, directora del Centro Regional Universitario de Tierras Altas.
La postura de la Procuraduría refuerza la tesis de que el proceso electoral iniciado a finales de 2023 debía regirse por las normas vigentes en ese momento. Según el demandante, las actuaciones del Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi se apartaron de las directrices legales al permitir que autoridades en ejercicio aspiraran a una reelección no contemplada en la legislación vigente.
Tras el pronunciamiento de Grettel Villalaz que pidió declarar “ilegal” lo actuado por el Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi, la decisión final queda ahora en manos de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que deberá determinar si anula la resolución que permitió estas candidaturas controvertidas.
La opinión jurídica llega cuando la rectora Etelvina Medianero de Bonagas se apresta a dejar el cargo, cerrando una administración que durante años estuvo en el centro de cuestionamientos por la concentración de poder dentro de la universidad.
No se trata de un cargo menor. El Estatuto Universitario establece que, en caso de la renuncia de la rectora, le corresponde al vicerrector académico asumir temporalmente la conducción de la universidad mientras se convocan y celebran nuevas elecciones.
Bonilla también ejerce influencia en uno de los procesos más sensibles de la vida universitaria: la contratación de docentes. Entre sus atribuciones figura solicitar al rector el nombramiento de los profesores que ingresan al “banco de datos”, previa recomendación de las comisiones encargadas de evaluar a los aspirantes en las distintas unidades académicas, es decir, las facultades.
Las denuncias
La trayectoria administrativa de Bonilla no ha estado exenta de cuestionamientos.
Los registros salariales más recientes reflejan que Bonilla percibe un salario mensual de $9,578, además de un sobresueldo de $500. Candanedo, por su parte, recibe una remuneración de $2,742 y un sobresueldo mensual de $1,500 como profesora de la institución. Las denuncias apuntan precisamente a la legalidad y transparencia de ese nombramiento dentro de la estructura universitaria.
Las denuncias señalan que, desde su posición de poder, Bonilla habría influido en los ascensos de su esposa, primero como decano de la Facultad de Derecho y, posteriormente, como vicerrector académico, pese a que debía declararse impedido para intervenir en decisiones que pudieran representar un conflicto de interés.
Uno de los aspectos que se solicita investigar es cómo, mientras Bonilla se desempeñaba como decano de la Facultad de Derecho, su esposa ganó de forma consecutiva tres concursos del banco de datos en esa misma facultad, lo que le permitió ascender. Según los denunciantes, en aquel momento Candanedo únicamente contaba con una licenciatura y no poseía estudios de posgrado ni maestría en docencia superior.
Nuevos logros
La carrera de Olivia Candanedo continuó avanzando dentro de la universidad.
En 2020, en pleno confinamiento por la pandemia respiratoria de la covid-19, obtuvo una plaza como docente de tiempo completo, un nombramiento que la obligó a abandonar un cargo administrativo que ejercía hasta entonces. Como resultado de esa desvinculación, recibió una bonificación cercana a los $20,000.
Por su parte, Bonilla también fue escalando posiciones dentro de la estructura universitaria. Pasó de decano de la Facultad de Derecho a vicerrector de Asuntos Estudiantiles y, posteriormente, a vicerrector académico. El ascenso de ambos coincidió con los sucesivos períodos de reelección de la rectora Medianero de Bonagas, bajo cuya gestión consolidaron sus trayectorias y poder dentro de la institución.
El conflicto de interés volvió a quedar en evidencia este año durante una sesión del Consejo Académico de la Unachi.
En la sesión extraordinaria N.° 01-2026, celebrada el 3 de marzo, el vicerrector académico presentó la solicitud de aprobación de una resolución para la reclasificación y el ascenso de 62 docentes de distintas unidades académicas.
Al sustentar la propuesta, explicó ante los miembros del Consejo Académico: “Sí, son alrededor de 62 profesores. Vamos a leer una resolución, ya que esa resolución es individual para cada docente, aunque tiene el mismo contenido. Después vamos a leer a todos los docentes con su cédula, el puntaje que obtuvieron y la categoría alcanzada con su reclasificación”, según consta en el acta de la sesión.
Dentro del grupo de docentes beneficiados por la resolución figuraba su esposa. No obstante, durante la presentación de la propuesta, el vicerrector evitó mencionar el nombre de ella y anunció que los beneficiarios serían identificados únicamente por sus números de cédula y puntajes.
Fuentes de la Unachi sostienen que este episodio constituye una nueva evidencia de un posible conflicto de interés, ya que Bonilla participó en la tramitación y sustentación de una resolución que incluía beneficios para su cónyuge, sin apartarse del proceso ni declararse impedido. Además, el acta de ese Consejo Académico no ha sido publicada ni en la página web de la universidad ni en la Gaceta Oficial.
Política y nombramientos
La red de influencia vinculada al vicerrector Bonilla trasciende los límites de la Unachi. Uno de sus familiares, Federlin Bonilla, ocupa actualmente el cargo de asesor II en el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la administración del canciller Javier Martínez-Acha.
Por esa posición percibe un salario mensual de $5,000. Antes de incorporarse a la Cancillería, Federlin Bonilla incursionó en la política partidista como candidato a diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la provincia de Chiriquí, en las elecciones generales de 2024.
Las conexiones familiares también alcanzan a la propia estructura universitaria. Durante el período en que Bonilla ejerció como decano de la Facultad de Derecho, se concretaron los nombramientos de Héctor Mariano Cerrud y Berta Cerrud, ambos hermanos suyos por parte de madre.
La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, presentó formalmente su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al Consejo General Universitario, en la que anunció que su salida será efectiva a partir del próximo 8 de junio de 2026.
En el documento, la rectora argumenta que los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas dentro de la comunidad universitaria han generado preocupación e incertidumbre, situación que −según señala− la llevó a tomar la determinación de apartarse del cargo.
Medianero de Bonagas manifestó que su decisión busca contribuir al bienestar de los estudiantes, la tranquilidad de la comunidad universitaria y la continuidad de la gestión institucional.
La funcionaria destacó que durante los años en los que estuvo al frente de la universidad procuró “desempeñar sus responsabilidades con dedicación, respeto y un profundo compromiso con la educación superior pública panameña”.
Asimismo, aseguró que su gestión estuvo orientada al cumplimiento de una correcta administración pública dentro de la casa de estudios superiores.
En su carta de renuncia, la rectora también agradeció el respaldo recibido de docentes, estudiantes, administrativos y egresados a lo largo de su administración. Indicó que valora las enseñanzas obtenidas y la oportunidad de haber servido a la Universidad Autónoma de Chiriquí durante su trayectoria al frente de la institución.
La nota concluye con un mensaje dirigido a los órganos de gobierno universitario, a quienes exhorta a conducir la nueva etapa de la universidad con responsabilidad, respeto a la autonomía universitaria y apego a las normas que rigen la institución.
13 años en la rectoría
La llegada de Medianero de Bonagas a la rectoría de la Unachi en 2013 marcó el inicio de una de las administraciones más largas y controvertidas de la educación superior panameña.
Cuando asumió el cargo, la universidad manejaba un presupuesto de 36.4 millones de dólares anuales. Trece años después, para 2026, el presupuesto proyectado superaba los 80 millones de dólares. En conjunto, entre funcionamiento e inversión, la administración de la polémica rectora habrá gestionado cerca de 988.2 millones de dólares en recursos públicos, una cifra que refleja la magnitud financiera alcanzada por la institución durante su permanencia en el poder.
Concentración de poder
A lo largo de su gestión, la rectora consolidó una estructura de poder que le permitió mantenerse al frente de la universidad mediante sucesivas reelecciones. Las reformas a la Ley Orgánica de la Unachi, especialmente las aprobadas en 2021, fueron objeto de fuertes cuestionamientos porque facilitaron la continuidad de las autoridades universitarias y provocaron críticas de estudiantes, docentes, organizaciones civiles y actores políticos que denunciaban una concentración de poder sin precedentes dentro de la institución.
Las controversias sobre la gobernanza universitaria acompañaron prácticamente toda la etapa final de su administración.
En paralelo, la universidad experimentó un acelerado crecimiento de su planilla. Para 2026, la Unachi contaba con más de 2,000 funcionarios entre personal docente y administrativo, con un costo salarial cercano a los 5.8 millones de dólares mensuales.
Datos de planilla muestran que al menos 249 funcionarios devengaban salarios superiores a los 7,000 dólares mensuales, mientras varias autoridades universitarias percibían ingresos que superaban los 10,000 dólares entre salario base, sobresueldos y gastos de representación. El crecimiento de la masa salarial y las denuncias sobre beneficios económicos se convirtieron en uno de los principales focos de cuestionamiento contra la administración de Medianero.
El fin de una gestión
Las críticas alcanzaron su punto más alto durante los últimos meses de este año, cuando auditorías, investigaciones y señalamientos sobre la situación financiera de la universidad colocaron a la institución bajo intenso escrutinio público.
En medio de ese escenario, y tras semanas de incertidumbre dentro de la comunidad universitaria, Medianero de Bonagas presentó la noche de este martes 2 de junio su renuncia al cargo de rectora, efectiva a partir del 8 de junio de 2026.
Con su salida concluye una gestión de más de trece años que transformó el tamaño presupuestario y administrativo de la Unachi, pero que también dejó una profunda división sobre el legado de una de las figuras más polémicas de la educación superior panameña.
Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la Unachi. Archivo
El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este miércoles que las actas del Consejo de Gabinete serán nuevamente públicas.
“Tal como me comprometí, las actas del Consejo de Gabinete volverán a ser públicas. A partir de hoy, que es la primera reunión, daremos acceso a la información que nunca debió dejar de ser pública”, informó Mulino en sus redes sociales.
Tal como me comprometí, las actas del Consejo de Gabinete volverán a ser públicas. A partir de hoy, que es la primera reunión, daremos acceso a la información que nunca debió dejar de ser pública. Empezamos a transparentar las acciones del gobierno desde el primer día y lo… pic.twitter.com/gB89I2M3pE
En 2021, el Ministerio de la Presidencia declaró que las actas, notas y archivos del presidente y vicepresidente de la República, así como del Consejo de Gabinete, eran de “acceso restringido”, por lo que no se podrían divulgar en un periodo de 10 años.
Polémica medida
La polémica medida adoptada aquella vez también abarcó a todos los registros o “constancias de las discusiones o actividades” en las que participara el expresidente Laurentino Cortizo y todos sus ministros, aunque excluyó aquella información relacionada con las aprobaciones de los contratos del Estado.
Así fue consignado en la Resolución 71 del 4 de agosto de 2021, firmada por el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, en su condición de ministro de la Presidencia. También colocó su rúbrica el exviceministro Carlos García Molino.
Carrizo y García fundamentaron su decisión en el artículo 14 de la Ley 6 de 2002 (ley de transparencia), que señala que toda información será de acceso restringido “cuando así sea declarado por el funcionario competente, de acuerdo con la presente ley”. El mismo artículo señala que la información no podrá ser divulgada por 10 años, contados a partir de su clasificación como de acceso restringido.
Sin embargo, la resolución firmada por Carrizo y García nunca brindó detalles sobre cuáles eran las razones que justificaron que esa información fuera declarada de acceso restringido.
Fiscalización
Luego del anuncio de Mulino, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana calificó como “positivo” que el presidente brinde ejemplo de transparencia con las actas del Consejo de Gabinete.
Ahora la organización espera que otras juntas directivas de entidades gubernamentales, que optaron por la opacidad, sigan el ejemplo y pasen a la transparencia que exige la ley.
Desde el Palacio Municipal Demetrio H. Brid, se realizó este martes la instalación de los nuevos ediles, la toma de posesión del alcalde Mayer Mizrachiy la elección de la directiva del Consejo Municipal de Panamá para el período 2024-2029.
Cerca de las 12:30 p.m., Mizrachi tomó la palabra y dijo que solo no podrá realizar este trabajo en la Alcaldía de Panamá, y que para eso se ha rodeado de personas experimentadas, como su vicealcalde, Roberto Ruíz Díaz.
“Se acabaron los tiempos de favoritismos y de las juntas comunales favoritas”, advirtió.
Según el nuevo alcalde, su alcaldía no será de excusas, sino de resultados, con lo cual mantendrá contacto directo con el Gobierno central y exhortó a la empresa privada a que se involucre en el mejoramiento de la ciudad de Panamá.
“Recibí una administración en decadencia y en desidia, con las finanzas en estado crítico y un organigrama politizado. Los números están en rojo, pero vamos a resolver los problemas y crear un municipio más próspero en la región”, acotó.
Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá, saludando a su padre Aaron Mizrachi. Isaac Ortega
Se refirió a crear una ciudad sana y moderna, así como a cuidar cada centavo y cortar los privilegios. “El que no trabaja no cobra, y con ese ahorro vamos a llegar a todos los corregimientos”, añadió.
Mayer Mizrachi junto a su mamá Rebeca Matalon. Isaac Ortega.
En el acto de toma de posesión Mayer estuvo acompañado por su familia y además estaba presente la exprimera dama Marta Linares de Martinelli.
El alcalde Mayer Mizrachi junto a la exprimera dama Marta Linares de Martinelli. Isaac Ortega
Roberto Ruiz Díaz, vicealcalde junto con el alcalde de distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. Isaac Ortega
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