La construcción de la nueva sede del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), conocida como Nuevo Campus Gorgas, avanza tras superar varios contratiempos iniciales, con una inversión estimada de $198,455,650, informó el director del Icges, Nicanor III Obaldía, durante la presentación del informe de gestión 2025 ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

El proyecto se desarrolla a un costado de la Ciudad de la Salud y se divide en dos fases: la primera, con un monto de $73,376,706, y la segunda, por $125,078,944. Según las autoridades, la primera fase registra un 18% de avance, y se proyecta que su construcción esté finalizada para cuando la entidad cumpla 100 años en el 2028.

La obra es financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y contempla la construcción de un edificio de administración, laboratorios, una garita de seguridad y una caseta para el manejo de desechos peligrosos.

La fase inicial también incluye seis edificios y cinco laboratorios, cuya construcción se proyecta finalizar para 2027. El consorcio encargado de la obra es GIA RM Gorgas, conformado por las empresas Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V. e Ingeniería R-M, S.A.

La construcción de la segunda fase incluye un laboratorio de alta seguridad, un bioterio, una clínica de medicina tropical y espacios para ensayos clínicos, así como estacionamientos subterráneos con capacidad para 400 vehículos, entre otras instalaciones.

Según Obaldía, una vez concluido, el Nuevo Campus Gorgas se consolidará como un centro de investigación científica de referencia para Panamá, Centroamérica y el Caribe, fortaleciendo la capacidad del país para responder a amenazas sanitarias, impulsar investigaciones y formar talento humano especializado en salud pública.

El proyecto fue aprobado por el Consejo de Gabinete en 2017, y su construcción comenzó oficialmente en noviembre de 2022. Sin embargo, el inicio simbólico de la obra se realizó hasta julio de 2025, después de superar varios retrasos iniciales que llegaron a acumular 11 meses, lo que casi provocó la activación de la fianza de cumplimiento.

Las autoridades del Icges destacan que el Nuevo Campus Gorgas no solo ampliará la infraestructura de la institución, sino que también consolidará a Panamá como un referente regional en investigación y salud pública, con instalaciones modernas y laboratorios equipados con tecnología de última generación.

El Metro de Panamá, S.A. invirtió aproximadamente $1.3 millones en nuevos validadores, switches y servidores para renovar el sistema de cobro de las 33 estaciones de las líneas 1 y 2. Sin embargo, la nueva plataforma ha generado reclamos de usuarios por dobles cobros, lentitud, tarjetas que no son reconocidas y largas filas.

La situación salió a relucir durante la sustentación del presupuesto de la empresa estatal para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde los funcionarios fueron cuestionados por el funcionamiento del sistema y el costo de la renovación tecnológica.

Yamir Araúz, jefe de proyectos y sistemas electromecánicos del Metro de Panamá, S.A., explicó que la inversión forma parte de un contrato más amplio con la empresa Sonda, S.A.por $11.1 millones y una duración de 38 meses, que incluye la operación del sistema de recaudo, la administración financiera de las líneas 1 y 2 y el mantenimiento.

El diputado independiente Luis Duke criticó en la sesión las dificultades registradas desde la migración al nuevo sistema.

Duke relató que él mismo comprobó problemas de lentitud al utilizar su teléfono y tarjetas para ingresar al metro. También expuso reportes de pasajeros sobre dobles cobros, tarjetas que no son reconocidas y problemas con los saldos y las recargas.

Los problemas se han registrado durante el periodo de “estabilización” de la nueva plataforma.

Araúz explicó que esta etapa forma parte del proceso normal de implementación de un sistema de este tipo.

Mientras que la empresa Sonda, S.A. aclaró que el nuevo sistema de cobro no está realizando dobles cobros a los usuarios, sino que se requiere validar la tarjeta al finalizar el trayecto para ver reflejado el saldo real.

Metro analiza los posibles dobles cobros

Ante los reportes de cobros duplicados, Araúz informó que analizan los datos de las transacciones para identificar los casos en los que pudo producirse un doble cobro y determinar las devoluciones que correspondan.

La empresa todavía no ha precisado cuántos pasajeros pudieron verse afectados ni cuánto dinero tendría que devolver.

También analiza los ingresos que pudo dejar de percibir debido a las medidas operativas adoptadas durante los periodos de mayor congestión.

Asimismo, evalúa las posibles penalidades que podrían aplicarse a Sonda, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.

¿Por qué se renovó el sistema?

El Metro de Panamá, S.A. justificó la renovación por la antigüedad y obsolescencia tecnológica de la plataforma anterior.

El sistema llevaba aproximadamente 14 años en funcionamiento y, según Araúz, los equipos presentaban fallas. A esto se sumó que el fabricante había dejado de brindar soporte y que cada vez era más difícil conseguir piezas de repuesto.

🚊¿Tienes dudas sobre cómo funciona el nuevo sistema de cobro en el Metro?

Conoce cómo se valida el saldo y cómo se realiza el cobro al finalizar tu recorrido.

📝 Puntos clave para nuestros usuarios:
• Las tarifas del pasaje se mantienen sin cambios.
• Al ingresar, se valida… pic.twitter.com/y9WqhVsjLv

— El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) September 9, 2026

La actualización también buscaba ampliar la integración de medios de pago como Visa y Mastercard.

Araúz explicó que alrededor del 10% de los antiguos torniquetes aceptaban Visa mediante una integración que tenía limitaciones.

Las pruebas y la AIG

Durante la sustentación también surgieron cuestionamientos sobre el proceso de implementación.

Araúz explicó que se realizaron pruebas del nuevo sistema en ambientes virtuales y físicos, con réplicas de torniquetes y validadores y un entorno virtual para procesar los datos. También se hicieron pruebas de validación y transacciones en tiempo real.

Sin embargo, reconoció que, después de completar el proyecto, no se presentaron esas pruebas a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

“Obtuvimos el concepto favorable de la AIG previo a la formalización del contrato, pero posterior a realizar el proyecto no fuimos a la AIG con las pruebas”, admitió Araúz.

Duke cuestionó esta situación y citó la Resolución 18 del 15 de junio de 2026 de la AIG, relacionada con los requisitos para la migración de sistemas tecnológicos a ambientes de producción.

El cuestionamiento surgió mientras el nuevo sistema ya estaba funcionando y los usuarios reportaban problemas.

En Panamá, 615 personas murieron por suicidio en los últimos cinco años. Esa cifra forma parte de los registros oficiales, pero detrás de cada caso hay una historia, una familia y una ausencia que no puede medirse únicamente con estadísticas.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República muestran una tendencia que encendió las alertas de salud pública: entre 2020 y 2024, los suicidios aumentaron 73%, al pasar de 93 casos en 2020 a 161 en 2024, el registro más alto del periodo analizado.

El incremento ocurre en un contexto en el que el sistema público enfrenta otro desafío: su capacidad para responder a la demanda de atención en salud mental. El Ministerio de Salud (Minsa) reconoce que la red pública no cuenta con suficientes especialistas para cubrir las necesidades de la población.

Pero las estadísticas también revelan un patrón que se mantiene durante los últimos años: los hombres concentran la mayoría de las muertes por suicidio en Panamá.

Entre 2020 y 2024, de las 615 personas fallecidas, 538 eran hombres y 77 mujeres. Esto significa que el 87.4% de las víctimas correspondía al sexo masculino.

Solo en 2024, de los 161 suicidios registrados, 142 correspondieron a hombres y 19 a mujeres.

El grupo de edad con mayor número de fallecimientos ese año fue el de 20 a 24 años, con 20 casos.

Este comportamiento plantea uno de los principales retos para la prevención: comprender por qué, aunque los problemas de salud mental pueden afectar a toda la población, la mortalidad por suicidio se concentra de manera tan marcada en los hombres.

El jefe nacional de Salud Mental del Minsa, Roberto González De La Lastra, explicó que estos datos evidencian la necesidad de desarrollar estrategias diferenciadas, especialmente dirigidas a hombres jóvenes y adultos jóvenes.

Añadió que existen diferencias en la manera en que hombres y mujeres buscan ayuda y acceden a los servicios de salud, un factor que debe considerarse dentro de las políticas de prevención.

Una brecha que va más allá de los diagnósticos

La diferencia entre hombres y mujeres en las muertes por suicidio no significa que los problemas de salud mental afecten únicamente a un grupo.

Los registros de trastornos mentales y del comportamiento muestran una distribución más equilibrada. Entre 2020 y 2024, Panamá contabilizó 666 casos relacionados con estas condiciones: 344 correspondieron a hombres y 322 a mujeres.

La diferencia plantea una pregunta: si hombres y mujeres llegan a los servicios de salud mental en proporciones similares, ¿por qué las muertes por suicidio continúan concentrándose principalmente en los hombres?

Para la psicóloga clínica e investigadora Virginia Torres-Lista, la respuesta está relacionada con múltiples factores y no con una sola causa.

“El suicidio es multifactorial; puede ocurrir por componentes sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales”, explicó.

La especialista señaló que, en el caso de los hombres, influyen factores culturales relacionados con la forma en que históricamente se han construido los roles masculinos.

Según Torres-Lista, muchos hombres crecen bajo mensajes que les indican que deben ser fuertes, resolver solos sus problemas y evitar expresar emociones consideradas como señales de vulnerabilidad.

Estas ideas pueden convertirse en una barrera para buscar apoyo profesional.

“Decir que un hombre está pasando por depresión y ansiedad es sinónimo de debilidad. Esto hace que asistan menos al sistema de salud y que las estadísticas de diagnóstico no reflejen el 100% de nuestra realidad”, afirmó.

La psicóloga explicó que hablar de salud mental continúa siendo un reto social, pese a que existe una mayor conversación pública sobre el tema.

“Conversar sobre salud mental no es cuestión de género; es un derecho y un deber que tenemos todos”, señaló.

También advirtió que esta situación comienza a observarse desde edades tempranas, debido a que algunos niños y adolescentes tienen dificultades para expresar lo que sienten o pedir ayuda cuando atraviesan una crisis emocional.

Un fenómeno con múltiples causas

El suicidio es un fenómeno complejo que no puede atribuirse a un solo elemento.

El Minsa identifica factores individuales, familiares, sociales y comunitarios que pueden aumentar la vulnerabilidad de una persona.

Entre ellos están los antecedentes de intentos suicidas, los trastornos mentales, el consumo problemático de alcohol y otras sustancias, la violencia, el aislamiento social, las dificultades económicas, las barreras de acceso a los servicios de salud y el estigma asociado a pedir ayuda.

Torres-Lista agregó que factores como el desempleo y las dificultades económicas pueden convertirse en elementos de riesgo cuando se combinan con otros problemas personales o sociales.

Sin embargo, Panamá todavía no cuenta con un estudio nacional de autopsia psicológica que permita establecer qué peso tiene cada uno de estos factores en la población.

Por esta razón, González De La Lastra aclaró que parte del análisis se basa en evidencia científica internacional y no en una investigación nacional que determine las causas específicas del fenómeno en el país.

El sistema reconoce déficit de especialistas

Mientras aumentan las muertes, la capacidad de respuesta del sistema público enfrenta limitaciones.

Consultado por La Prensa sobre si el recurso humano disponible es suficiente para atender la demanda nacional, el jefe nacional de Salud Mental del Minsa, Roberto González De La Lastra, respondió: “No lo son, y el Ministerio no sostiene lo contrario”.

Según el censo nacional de recursos humanos realizado por el Minsa entre abril y mayo de 2026, la red pública cuenta con 54 psiquiatras, 85 psicólogos, 81 trabajadores sociales y 78 enfermeras de salud mental.

En total, son 298 profesionales.

Sin embargo, la distribución del personal presenta importantes diferencias entre regiones.

De los 54 psiquiatras identificados, 37 se concentran en Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Norte, Panamá Este y San Miguelito.

En contraste, Guna Yala, Ngäbe Buglé y Darién no cuentan con psiquiatras.

En Guna Yala tampoco hay psicólogos ni enfermeras de salud mental.

González De La Lastra explicó que la disponibilidad real puede ser menor a la reflejada en las cifras, debido a que algunos profesionales están jubilados, en licencia, cumplen funciones administrativas o trabajan de manera parcial.

Como ejemplo, mencionó que Panamá Oeste, con una población aproximada de 650 mil habitantes, cuenta únicamente con dos psiquiatras a tiempo completo y nueve centros de salud sin psicólogo.

También señaló que Herrera llegó a quedar temporalmente sin cobertura psiquiátrica cuando el único especialista de la región salió de licencia por estudios.

Las cifras podrían ser mayores

El Minsa advierte que los registros oficiales podrían no reflejar completamente la magnitud del problema.

Además de los 161 suicidios confirmados en 2024, se contabilizaron 309 defunciones clasificadas como “eventos de intención no determinada”.

Esta categoría se utiliza cuando no es posible establecer con certeza la intención de la muerte.

González De La Lastra explicó que una proporción de esos casos podría corresponder a suicidios que no fueron certificados como tales.

Por ello, el fortalecimiento de la certificación de las causas de muerte y la coordinación con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses forman parte de las acciones previstas.

Señales de alerta y cómo actuar

Torres-Lista explicó que existen cambios de comportamiento que pueden advertir que una persona necesita apoyo.

Entre ellos mencionó modificaciones importantes en la rutina, pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba, aislamiento social, dificultades para concentrarse, cambios en los hábitos de sueño o alimentación, problemas en el trabajo o los estudios, sentimientos persistentes de culpa o pérdida de esperanza.

Ante una situación de este tipo, recomendó conversar y escuchar sin juzgar.

“El factor clave es conversar y escuchar sin juzgar, para orientar a la persona a buscar ayuda de un profesional de la salud”, señaló.

La especialista insistió en que buscar ayuda psicológica no representa una muestra de debilidad.

“No estás en una competencia para medir qué tan fuerte eres. Buscar ayuda no es sinónimo de debilidad; al contrario, eres valiente y crees en ti”, afirmó.

El plan para reducir las muertes

Ante este escenario, la Jefatura Nacional de Salud Mental elaboró el Plan Nacional para la Prevención, Atención y Posvención del Suicidio en Panamá 2026-2030, que se encuentra en proceso de validación intersectorial y costeo.

La meta es reducir en al menos 15% las muertes por suicidio hacia 2030, tomando como referencia las 161 registradas en 2024.

Además, busca aumentar en 50% la detección y notificación de conductas suicidas.

Entre las acciones previstas están la formación de nuevos psiquiatras mediante becas y convenios con universidades nacionales y organismos internacionales; la creación de nuevas plazas; la asignación prioritaria de especialistas a regiones con menor cobertura; el fortalecimiento de la atención primaria; la capacitación de docentes, líderes comunitarios y periodistas; y una estrategia específica dirigida a hombres.

González De La Lastra insistió en que toda persona que llegue a un servicio de salud por una conducta suicida debe recibir una evaluación del riesgo, un plan de seguridad y seguimiento, aunque no exista un especialista disponible en ese momento.

“Cada consulta representa una oportunidad de prevención”, señaló.

La cifra de 615 muertes en cinco años refleja un desafío que va más allá de las estadísticas: Panamá enfrenta el reto de reducir las muertes por suicidio, pero también de fortalecer una red de atención capaz de identificar a tiempo a quienes atraviesan una crisis emocional y acompañarlos antes de que ocurra una pérdida.

Esta nota fue publicada originalmente el 3 de agosto de 2026 y republicada el 10 de septiembre de 2026 por el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio.

Una vez más, los bancos de sangre de la Caja de Seguro Social (CSS) se han quedado sin el software que requieren para el manejo de los datos, lo que impide acceder a la base de donantes en el país. Esta situación se debe a que la CSS adeuda casi un millón de dólares a la empresa proveedora DiaMed Panamá Corp., S.A., por el uso y servicio de mantenimiento.

En febrero pasado, la empresa retiró el software debido a una deuda de $434,628.17 por el uso y mantenimiento durante el año 2023. A pesar de un acuerdo para extender el servicio hasta el 1 de julio, la situación se repite y ahora se solicita una extensión hasta diciembre, pudo conocer La Prensa.

Esta falta de software ha provocado la pérdida de trazabilidad de la información sensible de donantes y pacientes, impidiendo el acceso a historiales de donaciones, resultados de pruebas infectocontagiosas, alertas por condiciones del donante, entre otros.

El personal de los bancos de sangre de la CSS destaca que el sistema les proporcionaba un historial detallado de pacientes con información relevante sobre pruebas pre transfusionales, unidades transfundidas, efectos adversos, entre otros datos importantes. También, señalan la falta de acceso a historiales de pacientes con antecedentes de trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Otro problema que enfrenta el personal de los bancos de sangre es el aumento en los tiempos de espera de los procesos de donación, que ahora tardan hasta 90 minutos en lugar de los 30 habituales. Además, se han limitado los cupos para la atención de donantes, con horarios restringidos de lunes a viernes y un número reducido de cupos disponibles. Esta situación ha generado críticas por parte de los donantes, quienes consideran que limitar los horarios y cupos es un obstáculo para la donación de sangre.

Por ejemplo, en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid se están habilitando 20 cupos para la atención de los donantes, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y 10 cupos de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. Mientras que los sábados, domingos y días feriados se otorgarán 20 cupos de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. La decisión se adoptó porque es muy difícil manejar alto volumen de donantes sin la información previa, especialmente de las enfermedades infecciosas.

Desde el 18 de diciembre de 2023, el personal técnico, médico y administrativo envió una misiva al director nacional de los Servicios de Salud de la entidad, Gustavo Santamaría, y al jefe nacional del Departamento de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud (Minsa), Carlos Montero, advirtiendo sobre las consecuencias del retiro del software.

Los propios laboratoristas de la CSS plantean que están incumpliendo con la Resolución No.7 del 17 de abril de 2013, que aprueba las “normas técnicas y administrativas que regulan los bancos de sangre y servicios de medicina transfunsional”.

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La resolución en el artículo 133 indica que cuando se use un sistema informático se recomienda que exista la siguiente documentación desarrollo del programa si se ha hecho internamente, designación numérica de las versiones, validación de la funcionalidad del sistema, instalación del sistema, formación continua del personal, validación y monitorización de la integridad de los datos, programa y procedimiento de mantenimiento y operaciones, así como un sistema de revisión de datos antes de su aceptación final.

Además, subraya que se debe disponer de un sistema alternativo que asegure la continuidad en caso de fallo del sistema.

Este medio solicitó una versión a la CSS de la situación, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

El ultimo informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) muestra que hasta el 20 de junio, se han reportado un total de 48 defunciones relacionadas con la influenza, con un incremento de 6 fallecimientos en la última semana.

Panamá Oeste lidera las estadísticas con 11 defunciones, seguido de cerca por Chiriquí, con 9, y Panamá metro con 6. Otras regiones también han sido afectadas, como Coclé, con 5 defunciones, y el resto de las regiones con números menores, incluyendo Bocas del Toro, Los Santos, San Miguelito, y Veraguas, entre otras.

Entre las víctimas, se cuenta con 10 menores de edad, incluyendo un bebé de apenas 10 meses en Bocas del Toro, además de 38 adultos mayores de 65 años.

¡Convierte el lavado de manos en un hábito! Lavarte las manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas de prevenir enfermedades. #MinsaPreviene pic.twitter.com/Xr9EaDf03L

— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) June 23, 2024

El informe detalla que el 96% de las defunciones ocurrieron en personas que no estaban vacunadas contra la influenza y presentaban factores de riesgo como problemas metabólicos, cardiovasculares, y enfermedades respiratorias.

Además, 122 personas continúan hospitalizadas debido a la enfermedad respiratoria, de las cuales 18 están en unidades de cuidados intensivos. Los hospitales con más hospitalizados son el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Hospital Regional Nicolás A. Solano, y Ciudad de la Salud, entre otros, donde se está brindando atención especializada.

Ante esta situación, el Minsa hace un llamado urgente a la población para que participe en la jornada de vacunación contra la influenza, que se está llevando a cabo en diversos centros hospitalarios y espacios públicos del país. Esta iniciativa busca prevenir nuevos casos y reducir la gravedad de la enfermedad entre los grupos más vulnerables.

El acoso escolar es una situación preocupante, no solo en el ámbito educativo, sino también en el familiar y social. El bullying, también conocido con su término en inglés, es una problemática ignorada por varios educadores en las aulas de clases de Panamá.

El Ministerio de Educación (Meduca) reconoce que hay un problema de bullying en las escuelas que debe ser atendido.

Las estadísticas del Meduca indican que el año pasado los Gabinetes Psicopedagógicos registraron un total de 75 casos de bullying en las escuelas oficiales del país . En lo que va del año 2023, se han registrado 39 casos.

Mientras que hay datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) que indican que 1 de cada 3 estudiantes en el mundo es víctima de bullying en las aulas de clases.

Pedro —el nombre ficticio que escogió el niño de 13 años de edad— es uno de estos tres niños que de manera sistemática sufrió agresión física, verbal y psicológica por parte de unos compañeros de primer año o séptimo grado durante todo el año escolar 2022 en el Instituto Fermín Naudeau, ubicado en la ciudad de Panamá. Muchas veces lo reportó a los docentes de la escuela, pero no recibió el apoyo esperado.

La realidad de Pedro es la que viven o han vivido decenas de jóvenes en el país durante su etapa escolar y no han recibido la ayuda de sus instituciones educativas.

En el 2022, luego de terminar su sexto grado, Pedro ingresó al Instituto Fermín Naudeau, ya que obtuvo un cupo para estudiar ahí por sus buenas calificaciones. Allí llegó luego de dos años de cursar primaria en la modalidad virtual, por la pandemia de covid-19.

Los inconvenientes de Pedro se iniciaron desde el primer trimestre, ya que tenía compañeros que lo molestaban, intimidaban con palabras soeces y lo acorralaban en el baño. El joven denunció la situación a la profesora consejera, pero no se tomó ninguna acción al respecto.

La madre de Pedro cuenta que nunca fue llamada por un docente o administrativo del centro educativo y tampoco percibió nada de lo que podría estar pasando su hijo en la escuela.

El bullying contra Pedro se intensificó en el segundo trimestre del año escolar justo cuando comenzaron los comportamientos no propios de él. Dejó de ser un niño alegre, pasó a estar encerrado en su habitación por horas, perdió el apetito y fracasó tres materias cuando en primaria era un niño de 4.5, narra su madre.

Pedro cuenta que no se enfrentaba solo a dos compañeros de su aula, sino también a otros estudiantes de cuarto y quinto año que eran primos de uno de los agresores de su salón.

La madre de Pedro conoció de la situación y llevó una nota a la escuela contando a los educadores lo sucedido, quienes la recibieron y la firmaron, pero nunca realizaron una reunión con los involucrados y tampoco se tomaron acciones contra los acosadores, salvo un llamado de atención verbal.

Transcurridos los meses llegó un día en el que Pedro se cansó de ser objeto de bullying, reaccionó con ira y se fue a los golpes con uno de sus agresores en el aula de clases, mientras el resto de los compañeros grababa la situación para publicarla en las redes sociales.

Ante este hecho, la madre fue a la escuela a reportar la situación y dejar otra nota con fotos impresas de los golpes que había recibido su acudido. En ese momento, la profesora consejera indicó que tenía conocimiento de la situación y los dos niños involucrados en la situación fueron suspendidos.

Todo este panorama originó malas conductas del niño, bajó su rendimiento escolar, incluso no quería ir a la escuela, por lo que hubo que llevarlo a tratamiento psicológico y hasta el sol de hoy sigue asistiendo a sus citas. Pedro cursa su segundo año en otro colegio y poco a poco se recupera del bullying del que fue víctima el año pasado.

Actualmente, Pedro se siente cómodo con sus compañeros que conoció este año, al punto de que ya tiene amigos con los que comparte el recreo hablando y jugando. Incluso, las calificaciones mejoraron este primer trimestre tras haber cambiado de ambiente.

Sin suficiente personal

El director nacional de Servicios Psicoeducativos del Meduca, Vadim Moreno, manifestó que los casos de bullying que se registran a través de los Gabinetes Psicopedagógicos de los centros educativos del país hay un subregistro, debido a que no cuentan con suficiente personal psicoeducativo.

Sostuvo que para los 3 mil 102 centros educativos que hay en el país, se cuenta con 153 equipos interdisciplinarios denominados Gabinetes Psicopedagógicos, los cuales están conformados por 318 psicólogos, 149 trabajadores sociales y 8 especialistas en dificultades en el aprendizaje ubicados en centros educativos oficiales a lo largo de 12 regiones educativas. Cuando lo ideal es que en cada escuela exista un equipo, dijo.

Además, Moreno aclaró que estos equipos psicosociales, no solamente atienden situaciones de violencia escolar, sino que brindan apoyo técnico a la educación, a través de la prevención, detección y atención de problemáticas psicológicas, sociales y educativas, entre ellas la atención a estudiantes con dificultades en la adaptación escolar, problemas conductuales, familiares, sociales, emocionales, estrés, ansiedad, depresión, duelo, embarazo y necesidades educativas.

El director nacional de Servicios Psicoeducativos del Meduca indicó que son pocas las solicitudes que reciben por parte de los docentes para conocer sobre las herramientas que hay para el manejo del bullying, que van desde la atención, referencia hasta el seguimiento de casos de niños, niñas y adolescentes involucrados en situaciones de violencia o acoso escolar.

Falta de entrenamiento

En ese sentido, Moisés Attie, presidente de la organización no gubernamental Ni uno Más, señaló que en muchas ocasiones los docentes ignoran el bullying a falta de un entrenamiento sobre cuáles son las señales de alerta o, más preocupante aún, a causa de un protocolo de manejo de casos fallido.

Actualmente, Ni Uno Más junto al Meduca recomiendan a los docentes aplicar el Protocolo de Actuación de Casos de Bullying desarrollado en conjunto con las organizaciones miembro del proyectoescuelasegura.org.

La psicóloga y directora de Investigación de la Universidad Santa María La Antigua, Virgina Torres Lista, explicó que la persona que detecte que un estudiante es víctima de bullying, debe hacer la respectiva denuncia.

Puso como ejemplo que si es un docente el que conoce de la situación debe presentarlo al gabinete psicopedagógico, para que hagan los análisis del caso y puedan actuar de forma efectiva para prevenir impacto en la salud mental. En caso del tipo de bullying que constituya un delito, se debe denunciar ante las autoridades competentes. Lo que no se puede hacer es “no hacer nada ante dicho problema”, precisó.

Sostuvo que la forma de actuar de un niño que es víctima de acoso escolar va a depender del conocimiento que tenga sobre el tema. Si el niño tiene conocimiento, lo más correcto es acudir a sus cuidadores primarios e informar de lo sucedido, para presentar la denuncia a los profesores, acotó Torres Lista.

No obstante, en algunos casos los niños buscan ayuda directa en los docentes, por lo que es fundamental capacitarlos sobre el manejo, porque en algunos casos se normaliza y no es el camino más correcto, porque se coloca en riesgo tanto la víctima como el testigo.

Por otro lado, la organización Ni uno Más tiene la línea telefónica 800-6410 que proporciona orientación especial a los jóvenes, víctimas, testigos y acosadores sobre el acoso escolar (bullying) o cibernético (ciberbullying), en centros educativos y comunidades en todo el país.

El horario de atención de la línea será de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. de lunes a domingo, y fue seleccionado para adecuarse a las horas libres de la mayoría de los estudiantes.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en en inglés), plantea que toda forma de violencia en las escuelas es una vulneración de varios derechos de la infancia, entre ellos el derecho a la educación y a la protección. Estos derechos resultan especialmente dañados en el caso de las víctimas, pero también pueden verse perjudicados de diferentes formas en el caso de los agresores y los testigos. Ningún niño o niña puede desarrollarse adecuadamente en un entorno donde se toleran las agresiones.

El bullying puede surgir dentro de la escuela, pero no se limita al entorno escolar: puede prolongarse fuera de las horas lectivas, ya sea en el entorno del colegio, en el barrio o a través de dispositivos como móviles u ordenadores, produciéndose entonces ciberacoso, un tipo específico de bullying.

En la región de América Latina y el Caribe, el acoso escolar impide a niños, niñas y adolescentes que sufren estos maltratos ejercer sus derechos fundamentales y gozar de experiencias enriquecedoras de educación, interacción social, desarrollo y libre expresión de la personalidad, participación y a sentirse a salvo en la escuela como lugar desde donde es posible construir sociedades más justas y pacíficas, plantea la Unicef.

El silencio de las víctimas, de los testigo y los docentes ha contribuido al desconocimiento de la magnitud del problema.

El acoso escolar o 'bullying' (termino en inglés), es un fenómeno común en los entornos escolares de nuestros países de la América Latina y el Caribe, que afecta por igual a niñas, niños y adolescentes sin distinción de edad, etnia o nivel socioeconómico. Richard Bonilla