La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aseguró este jueves 4 de junio que se mantendrá en el cargo pese a las fuertes críticas contra el gobierno por la fuga masiva de reos de la cárcel La Joyita, ubicada al este de la capital.
“Yo aquí voy a estar hasta que el presidente tome una decisión”, dijo Montalvo durante rueda de presenta en la que actualizó la cifra de reos capturados: 148 de 195 evadidos.
Según Montalvo, su permanencia o no en el cargo se conocerá luego de los hallazgos de las investigaciones, que en la actualidad están en proceso.
Adelantó, sin dar más detalles para no entorpecer las pesquisas, que han destituido a funcionarios. “Estamos en un movimiento total”, afirmó, al tiempo que admitió que situación “no fue normal”.
Todos los funcionarios que estuvieron de turno en el centro penitenciaron, dijo, están bajo investigación. “Estoy hablando por el Sistema Penitenciario. Es un hecho que ocurre dentro del sistema y mi responsablemente me toca dar la cara de lo que ocurrió allí”, añadió.
Sostuvo que en la actualidad “todas las cabezas” están a disposición del mandatario, quien esta semana ha estado en una gira oficial por Grecia.
“Hemos estado en constante comunicación con el presidente. Nuestra prioridad en estos momentos es la recuperación de esos privados de libertad”, dijo. En la conferencia estuvo presente Jorge Torregroza, director del Sistema Penitenciario.
Sabre las investigaciones por la fuga de presos, la ministra dijo que la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía y el Ministerio Público llevan adelante las investigaciones. Por el momento, agregó, no puede ofrecer muchos detalles.
Durante la conferencia, Montalvo reiteró que 3 murieron durante el motín.
También contó que le han hecho llegar notas que indican que probablemente otros cuatro reos se entregarán en las próximas horas.
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que hasta el momento se han recuperado 148 privados de libertad tras los hechos ocurridos en el centro penitenciario La Joya, mientras que aproximadamente 47 aún permanecen pendientes de ser ubicados y reingresados.… pic.twitter.com/ofwJSia8al
El pasado lunes 1 de junio se registró una fuga masiva en la cárcel La Joyita, en momentos en que se desarrollaba un traslado de privados de libertad. Se reportó la fuga de 195 detenidos, 3 fallecidos y 44 por recapturar.
Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno. LP/José González Pinilla
La pugna entre el alcalde de Colón, Diógenes Galván, y un grupo de representantes de corregimiento se agudizó en los últimos días.
Galván acusó a 11 ediles colonenses de intentar ejecutar una “especie de golpe de Estado institucional” tras aprobar un acuerdo que, según sostiene, dejó fuera de la planilla municipal a más de 300 funcionarios.
De acuerdo con el alcalde, la medida responde a una supuesta presión de los representantes para que se les aprueben gastos de representación por $2,000 mensuales, recursos que, asegura, el Municipio de Colón no está en capacidad de asumir.
“Están en postura de lucha porque no se les aprueban dos mil dólares de gastos de representación en el presupuesto de 2026. Ellos me han dicho claramente que cuando yo les apruebe los dos mil, que al final son 30 mil dólares porque son 15 representantes, en ese momento todo esto acaba”, afirmó Galván.
Las diferencias entre el alcalde y la mayoría del Concejo Municipal se remontan al año pasado. En octubre de 2025, 11 de los 15 representantes aprobaron un acuerdo para derogar el “Manual de Organización y Funciones del Municipio de Colón.
Según Galván, el objetivo de los representantes era sacar a los gerentes municipales que nombró tras asumir el cargo el 1 de julio de 2024.
El alcalde intentó frenar la medida en varias ocasiones. Incluso propuso gestionar un pago de $1,000 mensuales en concepto de gastos de representación. Sin embargo, asegura que la oferta fue rechazada.
“Dicen que no. Dicen: ‘Nosotros queremos nuestros dos mil dólares, no queremos mil; de lo contrario, no pasa nada en el municipio’”, sostuvo.
Mientras las tensiones aumentaban, los representantes insistieron en la derogación del manual. Finalmente, el pasado 27 de mayo de 2026 fue publicado en la Gaceta Oficial el Acuerdo N.° 101-40-39, aprobado en octubre del año pasado.
Galván sostiene que con la decisión no solo salen los gerentes de la estructura municipal sino que arrastra a otros funcionarios, como policías municipales, entre otros. Según sus cálculos, más de 300 funcionarios están impactados.
Para evitar la paralización de la administración municipal, abogados de la Alcaldía presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia solicitando la suspensión provisional del acuerdo.
Mientras la Corte resuelve el caso, el alcalde anunció una redistribución de personal en las direcciones básicas contempladas en la Ley 37, que regula la descentralización de la administración pública.
“Con esas cinco o seis dependencias básicas vamos a insertar algunas posiciones para que el municipio no se detenga”, indicó.
La respuesta del Concejo
Carlos Lima, representante de Buena Vista por libre postulación y presidente del Concejo Municipal, refutó los señalamientos del alcalde.
Aseguró que es “falso” que los representantes hayan condicionado sus actuaciones al pago de gastos de representación. “Los gastos de representación nos competen por ley”, afirmó.
Según explicó, los representantes aún no han recibido los pagos correspondientes a 2025 ni tampoco se les han asignado partidas para 2026.
“Lo que pedimos es la equiparación de las juntas comunales, ya que solo cuatro cuentan con presupuestos altos, mientras que las demás apenas reciben 180 mil dólares”, manifestó.
Lima reconoció que la aprobación del acuerdo busca eliminar las gerencias creadas por la actual administración municipal.
“A nuestro juicio es un abuso, porque están ganando 2,500 dólares cada gerente y, por otro lado, nos están diciendo que no hay recursos. Creemos que es momento de que todos hagamos contención del gasto”, expresó.
Los representantes sustentan su decisión en la Circular N.° 21-2025-DC-DNFG, emitida por la Contraloría General de la República el 27 de febrero de 2025. El documento señala que, de acuerdo con la Ley 454 de 14 de noviembre de 2024, que aprueba el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025, y la Ley 32 de 1984, los gastos de representación de los gobiernos locales deben estar debidamente contemplados y aprobados dentro de sus respectivos presupuestos municipales.
La normativa establece que ese beneficio no podrá exceder los $2,000 mensuales.
Quiénes apoyaron el acuerdo
Los representantes que respaldaron la derogación del Manual de Organización y Funciones fueron:
Alfonso Pedro Santizo (Realizando Metas), de Barrio Sur.
Carlos Gabriel Lima (libre postulación), de Buena Vista.
Carlos Anthony Daley (Realizando Metas), de Cativá.
Luis Antonio Castillo (Partido Panameñista), de Ciricito.
Ricardo Cerrud Luján (PRD), de Cristóbal.
Hugo Castro (PRD), de Escobal.
Eleuterio Pérez (Realizando Metas), de Limón.
William Sánchez (PRD), de Nueva Providencia.
Diana Isabel Pájaro (libre postulación), de Sabanitas.
Juan Gabriel Ávila (Partido Panameñista), de San Juan.
Félix Ross (RM), de Cristóbal Este.
No firmaron el acuerdo:
Carlos Arturo De La Rosa (PRD), de Puerto Pilón.
Janessy Jasiel Bonilla (Partido Panameñista), de Salamanca.
Omar Antioco (PRD), de Santa Rosa.
Javier Lynch Hurtado (PRD), de Barrio Norte, quien permanece detenido provisionalmente por la presunta comisión del delito de peculado.
Así lo establece una resolución de la entidad, publicada recientemente en la Gaceta Oficial.
Esta herramienta, utilizada por pequeños contribuyentes para emitir facturas electrónicas sin costo, solo podrá ser empleada por empresas que generen ingresos anuales de hasta 36,000 dólares.
Aquellas que superen esa cifra estarán obligadas a utilizar los servicios de un Proveedor Autorizado de Facturación Electrónica (PAC).
De no cumplir con lo dispuesto en la resolución, los contribuyentes podrían enfrentar sanciones.
Según la DGI, la medida busca optimizar el proceso de adopción del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá.
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