Así lo establece una resolución de la entidad, publicada recientemente en la Gaceta Oficial.
Esta herramienta, utilizada por pequeños contribuyentes para emitir facturas electrónicas sin costo, solo podrá ser empleada por empresas que generen ingresos anuales de hasta 36,000 dólares.
Aquellas que superen esa cifra estarán obligadas a utilizar los servicios de un Proveedor Autorizado de Facturación Electrónica (PAC).
De no cumplir con lo dispuesto en la resolución, los contribuyentes podrían enfrentar sanciones.
Según la DGI, la medida busca optimizar el proceso de adopción del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá.
Un grupo de diputados impulsó una propuesta que fue rechazada la tarde de este miércoles 3 de julio con 51 votos en contra y 14 a favor en el pleno de la Asamblea Nacional.
La propuesta fue presentada por el diputado Ernesto Cedeño, de Movimiento Otro Camino (Moca).
Entre los que votaron a favor están Cedeño, Grace Hernández y José Pérez Barboni de MOCA. También votaron a favor Ariana Coba, Medín Jiménez, Roberto Archibold, Bolívar Escala y José Luis Varela, del partido Panameñista; Julio De la Guardia y Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático; Luis Eduardo Camacho, Tomás Benavides y Alaín Cedeño, de Realizando Metas, e Isaac Mosquera, del Molirena.
De acuerdo con Cedeño, la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional estas licencias. Su objetivo, dijo, era seguir ejerciendo “en defensa” de la ciudadanía y enumeró una serie de fallos sobre diversos temas en los que ha ganado.
Una votación histórica
Por primera vez en la historia, la Asamblea ha votado en contra de la resolución que permitía a los diputados ejercer la abogacía mientras desempeñan su mandato.
— Neftali Zamora 🇵🇦 Panamá Norte (@neftalizamorai) July 4, 2024
Antecedentes
La secretaria general de la Asamblea Nacional, el martes 2 julio, primer día de sesiones ordinarias del quinquenio 2024-2029, pretendió conceder licencia para ejercer la profesión de abogado a 14 diputados principales y cuatro suplentes, algunos de los cuales se han labrado un perfil público como defensores en sonoros casos de narcotráfico y lavado de activos.
La primera en aquella lista original fue la diputada Shirley Castañeda. Ella y Jamis Acosta (quien estaba también en esa lista) son abogados del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Martinelli eludió la orden de captura al ingresar a la embajada de Nicaragua en Panamá, el 7 de febrero pasado. Desde entonces, se encuentra en esa sede diplomática. Castañeda y Acosta militan en Realizando Metas (RM), el partido fundado por Martinelli.
Castañeda, además, es abogada de Jorge Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales. La sentencia se encuentra en firme desde diciembre pasado, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acordara no admitir un recurso de casación a su favor. También tiene un proceso por drogas relacionado a la operación Neptuno.
Con posterioridad, y tras ser rechazado el primer intento de aprobar esta resolución, este miércoles 3 de julio, se presentó una segunda lista, ahora con menos diputados. Incluían a Ernesto Cedeño, Issac Mosquera, Hilda Guzmán, Ariana Coba, Gertudris Rodríguez y Arnulfo Arias Olivares. Esta fue la resolución que no se aprobó hoy, dando por terminado la discusión del tema.
Nuestra bancada votó en bloque en contra de esta resolución que permitía a algunos diputados ejercer como abogados mientras ocupan el cargo de diputados. https://t.co/pLVLCPdXGJ
En su primer discurso como presidenta de la Asamblea Nacional este 1 de julio, Dana Castañeda, aseguró que comenzará a revisar las planillas 001,002 y 172.
“De manera que el que no trabaja no va a recibir su salario a partir de mañana”, aseguró la diputada en el acto de toma de posesión de José Raúl Mulino.
También aseguró que buscará la fórmula para disminuir y eliminar los “gastos innecesarios” de ese órgano del Estado, como alquileres, viáticos, viajes al exterior y alimentación.
Indicó que de esta forma se podrá reducir el presupuesto del legislativo, el cual en los últimos años ha sido superior a los $250 millones. Castañeda sugirió al Ejecutivo que los recursos que se ahorraría la Asamblea con estos recortes se destinen para el hospital Oncológico para atender a los pacientes con cáncer.
“Esta Asamblea se compromete a discutir y fiscalizar el presupuesto general del Estado, de manera que no exista acuerdo de recámaras ni reuniones secretas para que sea aprobado de manera transparente”, dijo.
Adelantó que propondrá una “revisión integral” del Reglamento Interno del legislativo para que entre todos y de manera consensuada “logremos los cambios, para que tengamos una Asamblea nueva y con buena imagen”.
Castañeda invitó a la bancada Vamos a lograr consensos en los principales temas que llegarán al pleno.
Diputada Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea Nacional.
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