El Ministerio Público adelanta 10 investigaciones relacionadas con manejos irregulares de fondos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), con una lesión patrimonial que supera los $76 millones.

Estadísticas del Ministerio Público (MP) detallan que las investigaciones abiertas por las fiscalías anticorrupción dan cuenta de que siete de ellas están relacionadas directamente con la gestión de los denominados auxilios económicos.

De estas carpetas, tres son por la presunta comisión del delito de peculado, tres por el delito de blanqueo de capitales y en otra se investiga el delito de enriquecimiento injustificado.

Los auxilios económicos del Ifarhu eran ayudas para financiar estudios, pero el programa quedó bajo investigación después de que se detectaran asignaciones sin controles suficientes, beneficiarios que no justificaron el uso del dinero y montos que no correspondían al costo de las carreras. Además, la Fiscalía investiga un presunto esquema de devolución de dinero (cashback), mediante el cual parte de los recursos habría regresado a cuentas vinculadas al entonces director de la institución.

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La lesión patrimonial investigada por las autoridades asciende exactamente a $76 millones 208 mil, mientras que el número de personas imputadas alcanza un total de 36, de las cuales 35 enfrentan cargos por el delito de peculado.

Entre los imputados por el caso de los auxilios económicos se encuentra el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, quien también afronta cargos por los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Meneses se encuentra detenido provisionalmente en la cárcel La Nueva Joya, mientras la Fiscalía concluye las investigaciones.

También entre los imputados figuran Héctor Sambrano, exdirector de Becas, y Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas —ambos exfuncionarios del Ifarhu a quienes la Fiscalía vincula con la entrega de auxilios económicos a personas con alto poder adquisitivo y que no calificaban para estos beneficios.

La Fiscalía presentó un informe de actuación financiera de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en el que se detalla que Sambrano y Rivera facilitaron contratos con empresas privadas a las que se entregaron fondos del Ifarhu sin que existieran convenios con la entidad.

La mayoría de los imputados en el caso de los auxilios económicos son estudiantes que no calificaban para este beneficio o que no cumplieron con los estudios para los que recibieron la ayuda.

Investigaciones del Pase-U

La Fiscalía también adelanta tres investigaciones relacionadas con el manejo del Pase-U. Dos de ellas son por el delito de peculado y otra por el delito de blanqueo de capitales.

En septiembre pasado, un juez de garantías imputó cargos por blanqueo de capitales al exdirector del Ifarhu de Panamá Este Manuel Lamela, y a la cajera de esa entidad, Jennifer Estrada.

Según la investigación, Lamela y Estrada, quienes también están imputados por el delito de peculado, se asociaron para apropiarse de fondos pertenecientes a becas de asistencia social y del beneficio de Pase-U, destinado a estudiantes de escasos recursos del sector este de la provincia de Panamá.

La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación en 2022, tras una denuncia presentada por el Ifarhu y la entrega de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el que se reflejaban irregularidades en la tramitación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social correspondientes a programas de becas del Ifarhu y del Pase-U manejados en la sede regional de Panamá Este.

Por estos casos, la Fiscalía analiza la existencia de una lesión patrimonial que asciende a la suma de $146,279.

La juez electoral Edmara Jaén dará a conocer en los próximos días su veredicto en torno al litigio por la última de las siete curules de la Asamblea Nacional en el circuito 8-2 (San Miguelito), pugna que libran la exdiputada Zulay Rodríguez, y Omar Ortega, del partido Realizando Metas (RM).

En la audiencia que el Juzgado Segundo Administrativo Electoral celebró este miércoles 3 de julio, Jaén pidió tiempo para traspasar el acta de audiencia e informó que dará a conocer su decisión a través de un edicto. Se espera que decida si declara la nulidad de la proclamación de Ortega como diputado de la Asamblea y convoque a elecciones parciales, o proclama directamente a Rodríguez luego de anular la proclamación de su contrincante.

La audiencia, que empezó a la 1:25 p.m., y concluyó a las 4:00 p.m. se desarrolló a puertas cerradas.

Rodríguez, quien intentó retener su silla de diputada con la bandera de libre postulación, impugnó la proclamación de Ortega, alegando que detectaron irregularidades en nueve actas.

De acuerdo con su abogado Herbert Young, en la audiencia quedó en evidencia que hay cinco actas donde no se pueden determinar resultados porque se detectaron múltiples alteraciones. Mientras que en las otras cuatro −añadió− encontraron errores, alteraciones, e inconsistencias.

Sin embargo, Carlos De Icaza, del equipo de abogados de Omar Ortega, alegó que la parte demandante no aportó ninguna prueba en las que se estableciera alteraciones en las actas del circuito 8-2.

También explicó que se solicitó al tribunal la comparecencia de los jurados de mesa que realizaron el conteo de los votos, pero que esa prueba fue denegada por el juzgado.

En tanto, Guillermo Santamaría, también del equipo de abogados de Ortega explicó que durante la sesión se realizó un análisis de las nueve actas en las que Zulay Rodríguez alegó se dieron anomalías, pero que los abogados de la impugnante no pudieron probar que esas supuestas inconsistencias afectaron el resultado de las votaciones en el circuito 8-2.

Satamaría explicó que las actas impugnadas fueron usadas para la proclamación del resto de los diputados electos en San Miguelirto, por lo que aquí ha ocurrido el fenómeno de sustracción de materia.

Ortega llegó a la sede del Juzgado Segundo Administrativo Electoral acompañado por al menos 200 personas que le gritaron consignas a Rodríguez. “Te robaste los lingotes de oro, no te vas a robar la curul”, fueron algunos de los coros.

Durante toda la audiencia los simpatizantes de Ortega se mantuvieron en vigilia en las afueras del juzgado gritando consignas en las que solicitaban al juzgado justicia para el diputado.

Rodríguez llegó acompañada del abogado Herbert Young y de su amiga Maite Pellegrini, entre otras personas.

Rodríguez fue sacada del juzgado por su equipo de seguridad, sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

Al lugar llegaron el exdiputado del Molirena, Miguel Fanovich; y el actual diputado de RM, Luis Eduardo Camacho, quien contó que fue a darle ánimo a su copartidario Omar Ortega.

Una demanda contencioso-administrativa de indemnización por daños y perjuicios, hasta por la suma de $1 millón fue presentada en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debido a la mala prestación de los servicios por parte de la dirección de Correos y Telégrafos (Cotel) del Ministerio de Gobierno.

La demanda fue interpuesta por el abogado Víctor Orobio, en representación del empresario Ramsés Humberto Paulette Dopeso, quien afirmó haber sufrido pérdidas por $1 millón a causa de los retrasos en los envíos de productos electrónicos que debían recibir sus clientes.

En la demanda se plantea que en 2023 Cotel suspendió los servicios de envíos al caer en morosidad en los pagos con la aerolínea encargada de transportar los correos a Estados Unidos. Según el recurso, esta situación fue hecha pública a través de una noticia de La Prensa el 22 de junio de 2023, en su página 6A.

No obstante, la demanda argumenta que a pesar de esa publicación, esta situación no fue comunicada oportunamente por las autoridades de los correos a los usuarios y que, como resultado, su cliente realizó más de 102 envíos de artículos que no pudieron ser entregados con puntualidad.

Según Orobio su cliente se dedica a la venta de electrodomésticos a través de la plataforma EBay, y los retrasos en la entrega de los productos le han generado pérdidas y una mala calificación para su negocio. De hecho, el presunto “daño moral” lo calcula en unos 892 mil dólares.

Una persona demanda a Correos Nacionales por $1 millón debido a la mala prestación de los servicios.
Se dedica a la venta de productos por Ebay y el presunto retraso en los servicios le ocasionó pérdidas y malas reseñas.
¿Está de acuerdo con la demanda?https://t.co/d0NiW59Ex6

— La Prensa Panamá (@prensacom) March 23, 2024

Además, precisa que se enviaron notas a Cotel sobre sus reclamos y le respondieron que no le resarcirían el daño, ya que los envíos fueron entregados a los destinatarios.

En junio de 2023, el director de Cotel, Julio Ramírez, reconoció a La Prensa que mantenían dificultades con la correspondencia de salida para Estados Unidos, ya que se estaba reestructurando el contrato con la línea aérea que tradicionalmente ha manejado estos destinos. En esa ocasión, Ramírez aseguró que dichos inconvenientes tienen que ver con la tramitología del contrato y con la burocracia gubernamental.

Consultado al respecto, un vocero de Cotel dijo que tramitaría una respuesta a través de Asesoría Legal. Al cierre de esta nota, esta comunicación no había llegado.

La demanda de indemnización se presentó ante la Sala Tercera de la Corte.