Las tres universidades privadas que recientemente obtuvieron la Certificación de Acreditación Institucional del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) obtuvieron el respaldo de entre seis y siete votos favorables de los miembros del organismo, según consta en el acta de la sesión del 31 de marzo de 2026.

La documentación adquiere relevancia luego de que la ministra de Educación y presidenta del Coneaupa, Lucy Molinar, cuestionara públicamente la forma en que se aprueban instituciones dentro del sistema universitario.

Se trata de la Universidad Hosanna, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Hispanoamericana, cuyas acreditaciones fueron aprobadas por el pleno del Consejo y posteriormente formalizadas mediante resoluciones emitidas ese mismo día y publicadas en la Gaceta Oficial el pasado 3 de junio.

Durante una intervención pública, Molinar manifestó que dentro del sistema universitario se estaban aprobando instituciones sin suficiente sustento académico o investigativo.

“Hay que aprobar tres universidades, pim, pam, fuera. ¿Sobre qué sustento académico o investigativo? Cero”, expresó la funcionaria.

Las actas de la sesión del Coneaupa muestran que las acreditaciones de las tres universidades fueron sometidas a votación formal tras analizar los informes finales de evaluación elaborados por pares académicos externos, uno de los requisitos establecidos en el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.

Cómo votó el Coneaupa

Según el acta de la sesión, la Universidad Hosanna obtuvo la acreditación institucional por cinco años. La decisión fue aprobada con siete votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra.

Posteriormente, el Consejo evaluó el informe final correspondiente a la Universidad Iberoamericana. En este caso, la acreditación institucional por seis años recibió seis votos favorables, tres abstenciones y ningún voto en contra.

La Universidad Hispanoamericana obtuvo una acreditación institucional por seis años. La propuesta fue respaldada por siete votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra.

Aunque ninguna de las propuestas recibió votos en contra, ninguna fue aprobada por unanimidad. Entre dos y tres consejeros se abstuvieron en cada caso, lo que evidencia que las acreditaciones no concitaron un respaldo unánime entre los miembros del organismo.

Además de las acreditaciones, el Coneaupa sometió a consideración las solicitudes de permiso definitivo de funcionamiento para la Universidad Hispanoamericana y la Universidad Hosanna.

Ambas solicitudes fueron aprobadas con ocho votos a favor, una abstención y ningún voto en contra.

El proceso de acreditación

De acuerdo con las resoluciones, las tres universidades cumplieron los estándares, indicadores y criterios de calidad establecidos en el Modelo de Evaluación y Acreditación Institucional vigente.

El proceso incluyó la realización de autoevaluaciones institucionales, la elaboración y presentación de informes internos, así como una evaluación externa desarrollada por pares académicos designados por el Coneaupa.

Tras analizar los resultados obtenidos en cada una de las etapas, el Consejo concluyó que las tres instituciones reunían las condiciones necesarias para recibir la certificación institucional.

La acreditación constituye uno de los principales instrumentos utilizados por el Estado para verificar la calidad de las universidades que operan en el país. Entre otros aspectos, examina la gestión administrativa, la oferta académica, la docencia, la investigación, la extensión universitaria, los servicios estudiantiles, la infraestructura y los mecanismos de aseguramiento de la calidad.

Las resoluciones establecen, además, que las universidades acreditadas deberán presentar, en un plazo de tres meses, un Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado, que será evaluado y monitoreado por el organismo acreditador.

El caso de la Universidad Iberoamericana

Entre las universidades acreditadas figura la Universidad Iberoamericana, una institución que también ha llamado la atención pública debido a que su rectora y administradora es Ethel Mayte Bonagas, hija de Etelvina Medianero de Bonagas, quien recientemente presentó su renuncia a la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

Fundada en 2014 y con sede principal en David, Chiriquí, la Universidad Iberoamericana obtuvo una acreditación institucional por seis años tras recibir seis votos favorables y tres abstenciones por parte de los miembros del Coneaupa.

La salida de Medianero de Bonagas de la rectoría de la Unachi, efectiva a partir del próximo 8 de junio, marca el cierre de una de las administraciones más prolongadas y controvertidas de la educación superior panameña.

Durante más de trece años al frente de la universidad estatal chiricana, enfrentó cuestionamientos relacionados con reformas a la Ley Orgánica de la Unachi, denuncias sobre concentración de poder, el crecimiento de la planilla universitaria y diversas investigaciones que mantuvieron a la institución bajo escrutinio público.

La publicación de la acreditación de la Universidad Iberoamericana coincide con una semana de intensa atención sobre el sector universitario, marcada por el relevo en la rectoría de la principal universidad pública de Chiriquí y por el debate nacional sobre la calidad de la educación superior.

Debate abierto

Las acreditaciones de estas tres universidades se producen en medio de un creciente escrutinio público sobre el sistema de educación superior.

Mientras las resoluciones oficiales certifican que las tres instituciones cumplieron con los estándares de calidad establecidos en la normativa vigente y superaron los procesos de autoevaluación y evaluación externa requeridos por el Coneaupa, las declaraciones de la ministra Molinar han reabierto el debate sobre la transparencia, el rigor académico y la efectividad de los mecanismos de supervisión que deben regir la educación universitaria en Panamá.

Las actas del organismo muestran que las decisiones fueron sometidas a votación formal y respaldadas por una mayoría de sus integrantes. Sin embargo, la discusión sobre la calidad, la fiscalización y el crecimiento de la oferta universitaria privada continúa ocupando un lugar central en la agenda educativa nacional.

La provincia de Darién concentró el primer gran brote documentado del virus Oropouche en Centroamérica y fue identificada como un territorio clave para detectar y anticipar la expansión futura de esta enfermedad hacia otros países de la región, según una investigación científica liderada por el Centro Carson de Investigación en Salud y Ecosistemas, en colaboración con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), el Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat AIP), entre otras instituciones.

El estudio, basado en vigilancia clínica, análisis genómicos y modelos climáticos, aporta nuevas evidencias sobre el comportamiento de este arbovirus emergente y ayuda a explicar por qué Panamá registró un brote meses después de que el virus alcanzara niveles históricos de transmisión en Sudamérica.

Jean-Paul Carrera, investigador panameño, CEO y fundador del Centro Carson, explicó que el virus Oropouche se propagó por varios países de América durante 2024 y registró uno de sus mayores picos en Brasil en enero de ese año. Sin embargo, el corredor migratorio de Darién no reportó brotes hasta casi doce meses después, una situación que generó interrogantes entre los científicos.

Hasta ahora existían dos posibles explicaciones: que el virus hubiera circulado de forma silenciosa durante meses sin ser detectado por los sistemas de vigilancia o que hubiera ingresado recientemente al país y encontrado condiciones favorables para una rápida transmisión.

La investigación concluye que la segunda hipótesis es la más probable. Mediante la reconstrucción genética del virus, los científicos determinaron que el brote registrado en Panamá se originó a partir de una única introducción reciente, ocurrida alrededor de octubre de 2024. El análisis no encontró evidencia de una circulación oculta prolongada ni de adaptaciones genéticas que sugirieran una presencia más antigua en el país.

Carrera explicó que el análisis genómico también permitió reconstruir la ruta más probable seguida por el virus antes de llegar a Panamá. Según los hallazgos, las variantes detectadas en el país están relacionadas con linajes que circularon previamente en Brasil, Bolivia y Cuba.

“Esa es la ruta que desciframos que siguió el virus”, indicó el investigador.

Los resultados se basan en el análisis de 1,040 personas evaluadas durante el brote. De ellas, el 43% dio positivo al virus Oropouche, una cifra que refleja una intensa transmisión comunitaria en las áreas afectadas.

Los investigadores también identificaron diferencias clínicas entre el Oropouche y otros arbovirus que circulan habitualmente en Panamá, especialmente el dengue. Entre los pacientes infectados, el dolor de cabeza fue significativamente más frecuente, un hallazgo que podría facilitar la identificación temprana de casos durante futuros brotes.

Uno de los resultados más relevantes fue la facilidad con la que el virus se propagó dentro de los hogares. El estudio estimó una tasa de ataque secundario del 56 %, lo que significa que más de la mitad de las personas expuestas a un caso dentro de una vivienda terminaron infectándose.

Además, los investigadores identificaron factores asociados con el riesgo de infección. Entre ellos destacó la quema de residuos, que apareció como un predictor independiente de contagio. Aunque el estudio no profundiza en los mecanismos detrás de esta relación, los autores consideran que el hallazgo podría ser útil para diseñar estrategias preventivas en comunidades vulnerables.

Darién, territorio centinela

La investigación resalta la importancia estratégica de Darién en la epidemiología regional. La provincia constituye uno de los principales puntos de conexión entre Sudamérica y Centroamérica y forma parte de una de las rutas migratorias más transitadas del continente.

Esa ubicación la convierte en una zona especialmente vulnerable a la introducción de enfermedades emergentes y, al mismo tiempo, en un punto clave para la vigilancia epidemiológica.

Los autores sostienen que Darién puede funcionar como un territorio centinela para detectar la llegada de nuevos arbovirus antes de que estos se propaguen a otros países de la región.

Los modelos predictivos desarrollados por el equipo respaldan esa hipótesis. Utilizando variables climáticas y ambientales, los científicos concluyeron que amplias zonas de Panamá presentan condiciones adecuadas para la transmisión del virus.

De acuerdo con Carrera, la introducción del Oropouche coincidió con una combinación de factores ambientales y sociales que favorecieron su rápida dispersión.

“Fue como un momento perfecto para la introducción del virus”, señaló.

El investigador explicó que, antes de la llegada del patógeno, Darién registraba altos niveles de humedad seguidos de intensas precipitaciones, en una región caracterizada además por una elevada movilidad humana. La combinación de estos factores habría facilitado el aumento acelerado de casos observado durante el brote.

Después de Darién, las provincias con mayor susceptibilidad a futuros brotes son Bocas del Toro y Los Santos. Según los modelos desarrollados por el equipo, ambas reúnen condiciones ambientales favorables para la transmisión del virus y podrían convertirse en áreas de riesgo ante nuevas introducciones del patógeno.

El estudio advierte sobre limitaciones en los sistemas tradicionales de vigilancia. Debido a que los síntomas del Oropouche pueden confundirse con los de otras enfermedades transmitidas por mosquitos, algunos casos podrían pasar inadvertidos o ser diagnosticados como dengue u otras infecciones febriles.

Por ello, los autores recomiendan fortalecer la vigilancia epidemiológica, ampliar las capacidades diagnósticas e incorporar pruebas específicas para detectar el virus en las zonas de mayor riesgo.

Investigación de alcance regional

El estudio fue liderado por Xacdiel Rodríguez, biólogo y epidemiólogo egresado de la Universidad de Panamá, con una maestría en Epidemiología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en Lima. Actualmente se desempeña como investigador del Centro Carson.

El estudio contó con financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) y el Ejército de Estados Unidos.

Según Carrera, el proyecto requirió una inversión aproximada de 300 mil dólares destinada a actividades de vigilancia epidemiológica, secuenciación genómica, análisis de laboratorio y modelación climática.

Para los científicos, el brote ocurrido en Darién constituye una señal de alerta sobre la capacidad de los arbovirus para desplazarse entre países y establecer nuevos focos de transmisión cuando encuentran condiciones ambientales favorables.

Los autores concluyen que los hallazgos identifican a Darién como un nuevo foco regional del virus Oropouche en Centroamérica y advierten sobre su potencial de propagación hacia otros territorios del istmo.

Además, sostienen que la experiencia panameña demuestra la importancia de combinar vigilancia clínica, análisis genómicos y monitoreo climático para detectar oportunamente amenazas emergentes y anticipar posibles brotes antes de que alcancen una mayor escala.

Casos disminuyen en 2026

A pesar de los hallazgos del estudio, los datos más recientes de vigilancia epidemiológica muestran una reducción significativa de la enfermedad en Panamá.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, durante la semana epidemiológica 10 de 2026 no se notificaron nuevos casos de fiebre por virus Oropouche, por lo que el acumulado nacional se mantiene en cinco casos.

Para la misma fecha de 2025 se habían reportado 223 casos acumulados, incluidos 11 nuevos contagios durante esa semana epidemiológica, lo que refleja una disminución sustancial de la transmisión en comparación con el año anterior.

Aunque la incidencia actual es considerablemente menor, los investigadores advierten que las condiciones ambientales y los patrones de movilidad humana que favorecieron el brote continúan presentes. Por ello, recomiendan mantener una vigilancia epidemiológica activa en las zonas identificadas como de mayor riesgo.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza en los estudios para la rehabilitación del puente de Las Américas y ya ha identificado los principales componentes que requerirán intervención para garantizar la operación segura de la estructura.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, durante un recorrido por el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, donde se refirió al estado actual de una de las infraestructuras viales más importantes del país.

Según explicó el funcionario, la estructura principal del puente se mantiene en buenas condiciones, por lo que los trabajos no estarán enfocados en sus elementos de soporte, sino en componentes específicos que presentan desgaste por el paso del tiempo y el uso continuo.

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“Se está haciendo el estudio; está avanzado lo que se debe hacer para rehabilitarlo. Principalmente, la estructura está muy bien; sí es cierto que va a necesitar pintura y otras reparaciones menores. El problema está en la losa, que está fatigada”, indicó Andrade.

El ministro precisó que la losa corresponde a la superficie por la que circulan diariamente miles de vehículos. La denominada fatiga estructural ocurre cuando un elemento acumula desgaste debido a las cargas repetitivas y al tránsito constante durante décadas, lo que puede provocar un deterioro progresivo y reducir su capacidad de resistencia.

Construido en 1962, el puente de Las Américas ha sido durante más de seis décadas una pieza clave para la conectividad entre la capital y el interior del país, soportando un elevado volumen de tráfico vehicular.

Restricciones seguirán vigentes

Andrade también se refirió a las restricciones de carga que actualmente rigen sobre la infraestructura y aseguró que estas medidas continuarán aplicándose.

Explicó que dichas limitaciones fueron establecidas hace aproximadamente nueve años, aunque no siempre fueron cumplidas por administraciones anteriores.

“Nosotros las vamos a cumplir. Es necesario que la gente entienda que tenemos que cuidar ese puente hasta que el Cuarto Puente esté en funcionamiento, para luego poder darle mantenimiento y dejarlo renovado”, sostuvo.

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Infraestructura bajo vigilancia

La necesidad de monitorear permanentemente el estado del puente ha cobrado relevancia en los últimos años debido a diversos incidentes registrados en sus inmediaciones. Entre ellos figura la explosión de un camión cisterna que obligó al cierre temporal de la vía mientras se verificaban las condiciones de seguridad de la infraestructura.

Durante el recorrido por el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, Andrade reiteró que los estudios en curso permitirán definir el alcance de las obras necesarias para rehabilitar el puente y prolongar su vida útil.

El Ministerio de Salud (Minsa) activó un plan nacional de preparación hospitalaria para fortalecer la respuesta del sistema sanitario ante el riesgo de casos importados de sarampión, en momentos en que la enfermedad registra un aumento sostenido a nivel mundial.

La estrategia incluye la adecuación de áreas de aislamiento en hospitales, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la actualización de protocolos de atención, medidas que retoman parte de las acciones implementadas durante la pandemia de covid-19.

Aunque Panamá mantiene bajo control la situación, con tres casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, las autoridades sanitarias consideran necesario reforzar la capacidad de respuesta ante el incremento de viajeros internacionales y el resurgimiento de la enfermedad en distintos países.

El doctor Humberto Vanegas, de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud del Minsa, explicó que hace dos semanas se realizó una revisión de las capacidades instaladas en hospitales y regiones de salud para verificar la disponibilidad de recursos y el nivel de preparación del personal.

“Estamos aprovechando la experiencia adquirida durante la pandemia de covid-19 y adoptando las medidas necesarias para garantizar una respuesta eficiente y coordinada ante cualquier eventualidad”, señaló.

Como parte del plan, los hospitales han identificado y acondicionado espacios para el aislamiento seguro de pacientes con sospecha de sarampión, con el fin de evitar la exposición de otros usuarios dentro de las instalaciones de salud.

Las autoridades también reforzaron los procesos de vigilancia epidemiológica y de triaje en las salas de urgencias para detectar de manera temprana a personas con síntomas compatibles con la enfermedad y antecedentes recientes de viaje.

Además, el personal médico y de enfermería recibe capacitación sobre protocolos de atención, bioseguridad y manejo clínico de casos sospechosos.

El llamado del Minsa coincide con un escenario internacional preocupante. Entre enero y mediados de mayo de este año se notificaron 184,489 casos de sarampión en 155 países, según datos citados por la entidad. Más de la mitad de esos casos fueron confirmados, lo que refleja una expansión sostenida de la enfermedad a nivel global.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir contagios y evitar brotes.

“La mejor herramienta para prevenir el sarampión sigue siendo la vacunación. Panamá ha logrado mantener el control de esta enfermedad gracias a las altas coberturas de inmunización”, destacó Vanegas.

El Minsa exhortó a la población a verificar y completar sus esquemas de vacunación, especialmente antes de realizar viajes internacionales o en caso de existir dudas sobre las dosis recibidas.

La integración de los servicios públicos de salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) comienza a reflejar cambios concretos en la organización hospitalaria de la región de Azuero.

A cinco meses de la puesta en marcha del proceso en Herrera y Los Santos, las autoridades anunciaron que tres de los principales hospitales de Azuero asumirán funciones especializadas como parte del nuevo modelo de integración.

Durante un taller sobre los avances del proceso, Carlos Abadía, presidente de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos en Salud, informó que el Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero, en Herrera, se proyecta como hospital materno infantil, mientras que el Hospital Nelson Collado fortalecerá su papel como centro de cirugías y especialidades.

Por su parte, el Hospital Anita Moreno, en Los Santos, concentrará la atención de pacientes oncológicos de la región, como parte de una estrategia orientada a especializar los servicios y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Aunque las autoridades delinearon el nuevo perfil que asumirán los hospitales de Azuero, no precisaron cuándo comenzarán a aplicarse estos cambios ni el cronograma para su implementación. Tampoco se detalló si la reorganización requerirá nuevas inversiones en infraestructura, equipamiento o personal médico.

Según Abadía, estos cambios forman parte de un modelo que busca fortalecer la atención primaria y reorganizar la red pública sanitaria en función de las necesidades de la población.

“De esta manera comenzaremos a desarrollar la atención primaria, que es la clave para transformar el modelo actual de atención espontánea en una atención planificada y centrada en las necesidades de la población”, señaló.

Hospital con compleja situación operativa

El anuncio sobre el futuro del Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero se produce en momentos en que el principal centro hospitalario de Herrera enfrenta una compleja situación operativa.

Esta semana, el Minsa suspendió de forma indefinida todas las cirugías electivas del hospital tras detectar problemas estructurales y de bioseguridad en el bloque quirúrgico.

Un informe interno reveló que, de los cinco quirófanos del hospital, solo uno permanece operativo y está destinado exclusivamente a la atención de urgencias. Además, se reportó un incremento de infecciones en heridas quirúrgicas, así como limitaciones relacionadas con el suministro de agua potable, la disponibilidad de ropa quirúrgica y las condiciones necesarias para mantener el programa de cirugías electivas.

La suspensión afecta procedimientos de Cirugía General, Ginecología, Oftalmología, Anestesiología y Odontología, lo que reduce significativamente la capacidad quirúrgica del principal hospital de la región.

Aunque las autoridades no vincularon directamente la reorganización hospitalaria con la crisis actual, el anuncio ocurre en un contexto de desafíos operativos para una instalación que se perfila como centro de referencia materno infantil dentro del nuevo modelo integrado de atención.

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Atención oncológica para Azuero

Otro de los cambios relevantes anunciados durante la jornada es la consolidación del Hospital Anita Moreno como centro de referencia para pacientes oncológicos de Azuero.

El presidente del Patronato del Instituto Oncológico Nacional y asesor del Despacho Superior del Minsa, Alex González, indicó que la integración de los servicios especializados continúa avanzando para beneficiar tanto a pacientes asegurados como no asegurados.

González destacó que la Unidad Oncológica del Hospital Anita Moreno atiende actualmente a 1,654 pacientes de la región, mientras que el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud continúa ampliando la atención especializada para pacientes de distintas provincias.

Asimismo, adelantó que el fortalecimiento de la red oncológica se extenderá próximamente al Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, y al Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera.

La integración se extenderá al resto del país

Las autoridades informaron que la experiencia desarrollada en Herrera y Los Santos servirá como modelo para la expansión del proceso a otras regiones.

De acuerdo con Abadía, las próximas provincias en incorporarse serán Chiriquí y Bocas del Toro en al menos unos 45 días. Posteriormente, el programa se extenderá a Coclé, Veraguas y al resto del país.

Por su parte, la directora nacional de Servicios de Salud de la CSS, Marlín Cedeño, aseguró que las adecuaciones necesarias se realizarán de acuerdo con la disponibilidad de recursos, infraestructura y personal de salud.

“La integración avanza según la planificación prevista. También se evaluarán los mecanismos de compensación de costos entre las instalaciones, respetando las competencias tanto del Minsa, como ente rector, como de la Caja de Seguro Social”, manifestó.

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La Comisión de Integración de los Servicios Públicos en Salud fue creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 26 del 26 de noviembre de 2025 y está integrada por el Minsa, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, la CSS y representantes de los patronatos de salud.

El Gobierno sostiene que la integración permitirá aprovechar mejor los recursos de ambas instituciones, reducir duplicidades y facilitar el acceso de la población a servicios especializados, en un proceso que ya comienza a transformar la organización hospitalaria de Azuero.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un avance aproximado de 37% tras un año y diez meses de ejecución, informó este 3 de junio el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Se trata de una de las obras de infraestructura más importantes del país, concebida para mejorar la conectividad entre el sector oeste y la ciudad de Panamá, una zona que durante años ha enfrentado problemas de congestión vehicular.

Durante un recorrido por la obra, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que el proyecto se encuentra actualmente en la fase de cimentación y trabajos estructurales. Entre las labores que se ejecutan destacan la construcción de pilotes, la reubicación de utilidades, la instalación de columnas de grava y el desarrollo de las primeras estructuras en el lado este del proyecto.

En el área de cerro Sosa ya son visibles varios de los componentes que formarán parte de la futura infraestructura. Allí se observan pilas principales, columnas tipo H y excavaciones en desarrollo, elementos que reflejan el avance alcanzado por la obra durante los últimos meses.

De acuerdo con el cronograma oficial, la fase de pilotes debe concluir a finales de julio. Una vez culminada esta etapa, los trabajos se concentrarán en la construcción de viaductos y otras estructuras principales que conformarán el puente y sus accesos.

La obra mantiene como fecha de entrega diciembre de 2028, plazo que Andrade ratificó durante la inspección. Según indicó, el objetivo es mantener el ritmo de ejecución para cumplir con el calendario previsto y completar uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que se desarrollan actualmente en el país.

La obra también ha tenido un impacto importante en la generación de empleo. De acuerdo con las cifras oficiales, pasó de aproximadamente 300 trabajadores en sus primeras etapas a más de 2,000 empleos directos en la actualidad. Esto representa cerca de 6,000 plazas entre empleos directos e indirectos vinculados a la construcción y a las actividades asociadas al proyecto.

Las autoridades prevén que esta cifra continúe aumentando durante los próximos meses. Las proyecciones apuntan a que el proyecto podría alcanzar los 3,000 empleos directos y mantener alrededor de 6,000 empleos indirectos a medida que avancen nuevas fases constructivas, especialmente las relacionadas con los accesos, los cabezales de fundación y otras estructuras principales.

Durante el recorrido, Andrade recordó que, al inicio de la actual administración, el proyecto registraba un avance cercano al 1% o menos. Además, aseguró que la estructura operativa destinada a darle seguimiento era limitada, ya que apenas dos personas dentro del MOP estaban asignadas a supervisar la megaobra.

El ministro señaló que el 24 de agosto de 2024 marcó un punto de inflexión para el proyecto, con el inicio de la primera excavación permanente. A su juicio, esa etapa permitió impulsar de manera efectiva la ejecución de la obra luego de varios intentos previos que no llegaron a concretarse.

Desde entonces, afirmó, los trabajos han avanzado de forma continua. Para fortalecer la supervisión y la coordinación institucional, el MOP creó una oficina especializada de alto nivel integrada por ingenieros con experiencia en grandes proyectos de infraestructura.

Esta unidad tiene la responsabilidad de facilitar la coordinación entre distintas instituciones, entre ellas la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), concesionarios portuarios y otras entidades involucradas en el desarrollo de la obra. Asimismo, se encarga de atender y resolver situaciones técnicas o administrativas que puedan afectar el cronograma de ejecución.

En cuanto a la operación futura del Cuarto Puente, el proyecto contempla la implementación de un sistema de peaje administrado por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). El monto de la tarifa aún no ha sido definido, aunque las autoridades sostienen que este mecanismo será necesario para contribuir al mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura una vez entre en funcionamiento.

El esquema vial también incluirá conexiones con la vía Roberto F. Chiari y el Corredor Norte. Como alternativa, los conductores podrán seguir utilizando el puente de las Américas, que continuará operando como una ruta complementaria y que, según adelantó Andrade, será rehabilitado para cumplir una función más local.

El Gobierno sostiene que, pese a los desafíos enfrentados durante las etapas iniciales, el Cuarto Puente ha entrado en una fase de ejecución sostenida y se perfila como una obra clave para mejorar la movilidad y la conectividad en el área metropolitana.

Una crisis estructural y de bioseguridad obligó al Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Herrera a suspender de forma indefinida todos los programas quirúrgicos electivos del Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero. La medida se adopta tras un reporte interno emitido el 29 de mayo de 2026, en el que se evidencian graves deficiencias operativas en el bloque quirúrgico del nosocomio.

El informe fue elaborado por el jefe del Servicio de Ginecología-Obstetricia, el doctor José Luis Segovia de León, mediante la Nota No. 043 GINECO-HRDCAC-2026, dirigida a la directora médica del hospital, la doctora Sindy J. Flores G. En dicho documento se ordenó la suspensión inmediata del programa electivo del servicio, debido a condiciones críticas en el área quirúrgica.

El reporte detalla que el hospital cuenta con cinco quirófanos; sin embargo, solo el quirófano No. 1 permanece operativo y está restringido exclusivamente a la atención de urgencias. En tanto, los quirófanos No. 2 y No. 5 se encuentran bajo intervención técnica, mientras que los quirófanos No. 3 y No. 4 permanecen fuera de servicio. Esta situación deja sin capacidad real al programa de cirugías electivas y limita de manera significativa la atención quirúrgica del hospital.

El mismo documento advierte, además, un incremento de infecciones en heridas quirúrgicas, con al menos tres casos registrados en un periodo de dos semanas, lo que encendió las alertas sanitarias dentro del centro hospitalario.

El doctor Segovia condicionó la reanudación del programa quirúrgico al cumplimiento de requisitos mínimos indispensables, entre ellos el suministro continuo de agua potable, la disponibilidad de ropa quirúrgica adecuada y la capacidad permanente para atender urgencias médicas.

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La situación se agravó el 2 de junio de 2026, cuando la directora médica del hospital, la doctora Sindy J. Flores G., emitió la Circular N.° 071-DM-HRDCAC-2026, mediante la cual extendió la suspensión a la totalidad de las cirugías programadas. La medida afecta a especialidades como Cirugía General, Ginecología, Oftalmología, Anestesiología y Odontología.

Posteriormente, la sede central del Minsa respaldó la decisión y señaló que se trata de una acción preventiva y correctiva orientada a garantizar la seguridad de los pacientes y del personal sanitario. La institución indicó que el quirófano No. 1 permanecerá habilitado únicamente para la atención de urgencias, mientras se ejecutan intervenciones técnicas en las áreas afectadas con el objetivo de cumplir con los estándares de bioseguridad.

La suspensión reduce de manera significativa la capacidad quirúrgica del principal hospital de la región de Azuero, dejando a cientos de pacientes en lista de espera y a la expectativa de la reanudación de los servicios electivos.

El desembolso de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) comenzará el 15 de octubre de 2029. En tanto, el proceso de registro ya supera las 268,000 personas, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El MEF oficializó la reglamentación de la Ley 506 del 15 de enero de 2026, que establece el pago de los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes y crea los Cepanim.

La medida fue formalizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 19 de abril de 2026, publicado en la Gaceta Oficial, el cual regula la emisión, entrega y redención de estos certificados.

De acuerdo con el MEF, al 1 de junio de 2026 se habían inscrito 268,874 personas en el proceso, lo que representa un avance del 65.1% de la meta establecida.

¡El proceso de registros CEPANIM avanza! Al 1 de junio de 2026 se han registrado 268,874 personas, lo que representa un 65.1 % de cumplimiento de la meta establecida.

De este total, 191,699 son beneficiarios vivos y 77,175 corresponden a sobrevivientes de beneficiarios… pic.twitter.com/1f6FJEY16i

— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 2, 2026

Del total registrado, 191,699 son beneficiarios vivos, mientras que 77,175 corresponden a sobrevivientes de personas fallecidas, quienes también tienen derecho al reconocimiento económico.

El decreto establece al Banco Nacional de Panamá como agente pagador y fija un cronograma de redención por periodos.

Para los años 1972–1974, el pago será el 15 de octubre de 2029; para 1975–1977, el 15 de octubre de 2030; para 1978–1980, el 15 de octubre de 2031; y para 1981–1983, el 15 de octubre de 2032.

La reglamentación también permite que los Cepanim puedan ser negociados antes de su vencimiento. Además, las ganancias derivadas de su venta estarán exentas del pago de impuestos nacionales, según lo establecido en el decreto.

El MEF será la entidad encargada de coordinar el proceso, incluyendo la validación de beneficiarios y la emisión de los certificados.

La posibilidad de realizar evaluaciones médicas a funcionarios próximos a jubilarse ha generado inquietud entre los médicos, mientras la Dirección Nacional de Salud Ocupacional de la Caja de Seguro Social (CSS) sostiene que este tipo de valoraciones responde a criterios de prevención y vigilancia de la salud laboral.

La preocupación fue expresada públicamente por la Asociación Médica Nacional, que advirtió, mediante un comunicado, que permanecerá vigilante para evitar que estas valoraciones sean utilizadas como mecanismo para despedir trabajadores o evadir el pago de los beneficios que les corresponden al finalizar su vida laboral.

El pronunciamiento surge en medio del debate sobre el alcance que podrían tener las evaluaciones de salud ocupacional en funcionarios que se encuentran en etapas avanzadas de su carrera profesional, una práctica que la CSS defiende como parte de sus responsabilidades legales en materia de salud y seguridad en el trabajo.

El gremio interpreta la medida como la intención de responsabilizar al personal médico de los problemas que enfrenta el sistema sanitario.

Sostuvo que muchas de las dificultades que atraviesa el sector obedecen a problemas de gestión y administración, más que al desempeño de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud.

Para la organización, si estas valoraciones tienen como propósito conocer el estado de salud de quienes están próximos a culminar su vida laboral y garantizarles la atención necesaria, podrían representar una medida positiva. Sin embargo, advirtió que persisten dudas entre los trabajadores sobre el uso que podría darse a los resultados.

“Estaremos vigilantes para que dichos exámenes no sean utilizados como mecanismo para despedir a compañeros de trabajo y así evadir el pago de beneficios que las instituciones del Estado otorgan a sus funcionarios al momento de su retiro”, señaló.

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¿Qué explica la CSS?

Por su parte, la Dirección Nacional de Salud Ocupacional de la CSS, bajo la administración de Elsa Granda Landucci, sostiene que las evaluaciones médicas forman parte de los programas de vigilancia de la salud de los trabajadores y responden a obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

De acuerdo con la institución, el objetivo principal es identificar oportunamente condiciones de salud que puedan afectar al trabajador o representar riesgos para terceros, especialmente en áreas donde las funciones desempeñadas tienen impacto directo sobre pacientes o usuarios.

La CSS enfatiza que estos exámenes no tienen como finalidad excluir a trabajadores por razón de edad ni determinar automáticamente su salida de la institución.

Según la entidad, las valoraciones se realizan de manera individual y buscan analizar la relación entre el estado de salud de cada funcionario, sus capacidades funcionales y las exigencias específicas del cargo que desempeña.

Según Granda Landucci, la edad cronológica, por sí sola no constituye un criterio para determinar la aptitud laboral de una persona.

Lea la explicación interna de la CSS:

¿Quiénes pueden ser evaluados?

Las evaluaciones de salud ocupacional no están dirigidas exclusivamente a funcionarios próximos a jubilarse.

La CSS, en documentos de comunicación interna, señala que estos procesos también pueden aplicarse a trabajadores expuestos a riesgos laborales específicos, personas con enfermedades crónicas, funcionarios con discapacidad, colaboradores que regresan tras incapacidades prolongadas o aquellos con restricciones médicas previamente identificadas.

Entre los objetivos de estas valoraciones figuran la detección temprana de enfermedades relacionadas con el trabajo, la identificación de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, la adaptación de funciones cuando sea necesario y la evaluación de las medidas preventivas implementadas por la institución.

Para los médicos, la principal inquietud radica en conocer si una condición médica detectada durante una evaluación ocupacional podría tener consecuencias sobre su permanencia laboral o incidir en los beneficios económicos acumulados durante años de servicio.

Aunque este tipo de exámenes forma parte de las estrategias de prevención de riesgos en numerosos sistemas laborales, especialistas en salud ocupacional señalan que su aplicación requiere transparencia, criterios técnicos claros y garantías de confidencialidad para generar confianza entre los trabajadores.

La propia CSS ha indicado que la información médica obtenida durante estas valoraciones está protegida por normas de confidencialidad y que los procesos deben desarrollarse respetando la privacidad de los funcionarios.

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Los pacientes que utilicen cannabis medicinal en Panamá deberán registrarse oficialmente ante el Ministerio de Salud (Minsa), luego de la aprobación de un formulario que permitirá incorporarlos al sistema nacional que regula el acceso a este tipo de tratamientos.

La medida forma parte de la implementación de la Resolución No. 0416 del 12 de mayo de 2026 de la Dirección General de Salud Pública, publicada en Gaceta Oficial, la cual aprueba los formularios y certificaciones médicas necesarios para el registro de pacientes y acompañantes autorizados.

La normativa representa un paso clave en la aplicación de la Ley 242 de octubre de 2021, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados en el país.

El sistema permitirá el registro de pacientes en la plataforma digital del Ministerio de Salud denominada Sistema para la Identificación de Usuarios de Cannabis Medicinal y Acompañantes Autorizados (Siucmaa), donde se concentrará la información oficial de los usuarios que reciben este tipo de tratamiento bajo prescripción médica.

Entre los datos requeridos figuran el nombre completo del paciente, número de identidad o pasaporte, fecha de nacimiento, dirección de residencia, información de contacto y datos del médico tratante. Además, el formulario deberá incluir la condición médica que motiva el tratamiento y la autorización correspondiente para el uso de cannabis medicinal.

La normativa también establece el registro de acompañantes autorizados, especialmente en casos de menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad que requieran asistencia durante el tratamiento.

La directora general de Salud Pública, Yelkis Gill, explicó que el formulario fue desarrollado junto a asociaciones médicas y tiene como objetivo ordenar el acceso, la prescripción y la dispensación en farmacias autorizadas.

“Se trabajó con las asociaciones para tener un formulario robusto que incluya por lo menos los síntomas, la edad del paciente y el nombre del médico que lo está prescribiendo”, indicó.

Gill recalcó que el acceso al cannabis medicinal no tiene restricciones por tipo de institución, ya que podrán acceder pacientes del Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y clínicas privadas, siempre que exista indicación médica.

“No hay limitaciones para el acceso, salvo la indicación médica, porque son medicamentos de uso controlado para uso medicinal”, afirmó Gill.

El proceso establece que, una vez el paciente cuenta con receta médica y completa el formulario, la certificación será inmediata, lo que permitirá agilizar la dispensación del medicamento en farmacias autorizadas bajo supervisión de la Dirección de Farmacias y Drogas.

Actualmente, el sistema cuenta con alrededor de 400 pacientes registrados, cifra que las autoridades están validando para la planificación de compras y abastecimiento.

La resolución detalla que la certificación médica deberá incluir diagnóstico, indicación terapéutica, dosis recomendada, vía de administración, frecuencia y duración del tratamiento, y deberá ser emitida por un profesional reconocido por el Consejo Técnico de Salud Pública.

Las autoridades sanitarias señalaron que el objetivo del sistema es garantizar la trazabilidad, el control y la supervisión de los productos derivados del cannabis, evitando usos indebidos y fortaleciendo la vigilancia sanitaria.

En cuanto a las enfermedades asociadas, la Ley 242 permite el uso de cannabis medicinal en casos de epilepsia refractaria, dolor crónico de difícil manejo, esclerosis múltiple y enfermedades neurológicas, así como para aliviar síntomas relacionados con tratamientos oncológicos como náuseas, vómitos, pérdida de apetito y dolor persistente.

No obstante, su acceso no será automático. Cada caso deberá ser evaluado por un médico, quien determinará si el tratamiento es clínicamente adecuado para el paciente.

El Minsa estima que el sistema completo de registro y dispensación podría estar listo en menos de un mes, cuando se realice el lanzamiento oficial del programa con estadísticas consolidadas de su implementación.

Una vez más, los bancos de sangre de la Caja de Seguro Social (CSS) se han quedado sin el software que requieren para el manejo de los datos, lo que impide acceder a la base de donantes en el país. Esta situación se debe a que la CSS adeuda casi un millón de dólares a la empresa proveedora DiaMed Panamá Corp., S.A., por el uso y servicio de mantenimiento.

En febrero pasado, la empresa retiró el software debido a una deuda de $434,628.17 por el uso y mantenimiento durante el año 2023. A pesar de un acuerdo para extender el servicio hasta el 1 de julio, la situación se repite y ahora se solicita una extensión hasta diciembre, pudo conocer La Prensa.

Esta falta de software ha provocado la pérdida de trazabilidad de la información sensible de donantes y pacientes, impidiendo el acceso a historiales de donaciones, resultados de pruebas infectocontagiosas, alertas por condiciones del donante, entre otros.

El personal de los bancos de sangre de la CSS destaca que el sistema les proporcionaba un historial detallado de pacientes con información relevante sobre pruebas pre transfusionales, unidades transfundidas, efectos adversos, entre otros datos importantes. También, señalan la falta de acceso a historiales de pacientes con antecedentes de trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Otro problema que enfrenta el personal de los bancos de sangre es el aumento en los tiempos de espera de los procesos de donación, que ahora tardan hasta 90 minutos en lugar de los 30 habituales. Además, se han limitado los cupos para la atención de donantes, con horarios restringidos de lunes a viernes y un número reducido de cupos disponibles. Esta situación ha generado críticas por parte de los donantes, quienes consideran que limitar los horarios y cupos es un obstáculo para la donación de sangre.

Por ejemplo, en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid se están habilitando 20 cupos para la atención de los donantes, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y 10 cupos de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. Mientras que los sábados, domingos y días feriados se otorgarán 20 cupos de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. La decisión se adoptó porque es muy difícil manejar alto volumen de donantes sin la información previa, especialmente de las enfermedades infecciosas.

Desde el 18 de diciembre de 2023, el personal técnico, médico y administrativo envió una misiva al director nacional de los Servicios de Salud de la entidad, Gustavo Santamaría, y al jefe nacional del Departamento de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud (Minsa), Carlos Montero, advirtiendo sobre las consecuencias del retiro del software.

Los propios laboratoristas de la CSS plantean que están incumpliendo con la Resolución No.7 del 17 de abril de 2013, que aprueba las “normas técnicas y administrativas que regulan los bancos de sangre y servicios de medicina transfunsional”.

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La resolución en el artículo 133 indica que cuando se use un sistema informático se recomienda que exista la siguiente documentación desarrollo del programa si se ha hecho internamente, designación numérica de las versiones, validación de la funcionalidad del sistema, instalación del sistema, formación continua del personal, validación y monitorización de la integridad de los datos, programa y procedimiento de mantenimiento y operaciones, así como un sistema de revisión de datos antes de su aceptación final.

Además, subraya que se debe disponer de un sistema alternativo que asegure la continuidad en caso de fallo del sistema.

Este medio solicitó una versión a la CSS de la situación, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

El ultimo informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) muestra que hasta el 20 de junio, se han reportado un total de 48 defunciones relacionadas con la influenza, con un incremento de 6 fallecimientos en la última semana.

Panamá Oeste lidera las estadísticas con 11 defunciones, seguido de cerca por Chiriquí, con 9, y Panamá metro con 6. Otras regiones también han sido afectadas, como Coclé, con 5 defunciones, y el resto de las regiones con números menores, incluyendo Bocas del Toro, Los Santos, San Miguelito, y Veraguas, entre otras.

Entre las víctimas, se cuenta con 10 menores de edad, incluyendo un bebé de apenas 10 meses en Bocas del Toro, además de 38 adultos mayores de 65 años.

¡Convierte el lavado de manos en un hábito! Lavarte las manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas de prevenir enfermedades. #MinsaPreviene pic.twitter.com/Xr9EaDf03L

— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) June 23, 2024

El informe detalla que el 96% de las defunciones ocurrieron en personas que no estaban vacunadas contra la influenza y presentaban factores de riesgo como problemas metabólicos, cardiovasculares, y enfermedades respiratorias.

Además, 122 personas continúan hospitalizadas debido a la enfermedad respiratoria, de las cuales 18 están en unidades de cuidados intensivos. Los hospitales con más hospitalizados son el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Hospital Regional Nicolás A. Solano, y Ciudad de la Salud, entre otros, donde se está brindando atención especializada.

Ante esta situación, el Minsa hace un llamado urgente a la población para que participe en la jornada de vacunación contra la influenza, que se está llevando a cabo en diversos centros hospitalarios y espacios públicos del país. Esta iniciativa busca prevenir nuevos casos y reducir la gravedad de la enfermedad entre los grupos más vulnerables.

El acoso escolar es una situación preocupante, no solo en el ámbito educativo, sino también en el familiar y social. El bullying, también conocido con su término en inglés, es una problemática ignorada por varios educadores en las aulas de clases de Panamá.

El Ministerio de Educación (Meduca) reconoce que hay un problema de bullying en las escuelas que debe ser atendido.

Las estadísticas del Meduca indican que el año pasado los Gabinetes Psicopedagógicos registraron un total de 75 casos de bullying en las escuelas oficiales del país . En lo que va del año 2023, se han registrado 39 casos.

Mientras que hay datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) que indican que 1 de cada 3 estudiantes en el mundo es víctima de bullying en las aulas de clases.

Pedro —el nombre ficticio que escogió el niño de 13 años de edad— es uno de estos tres niños que de manera sistemática sufrió agresión física, verbal y psicológica por parte de unos compañeros de primer año o séptimo grado durante todo el año escolar 2022 en el Instituto Fermín Naudeau, ubicado en la ciudad de Panamá. Muchas veces lo reportó a los docentes de la escuela, pero no recibió el apoyo esperado.

La realidad de Pedro es la que viven o han vivido decenas de jóvenes en el país durante su etapa escolar y no han recibido la ayuda de sus instituciones educativas.

En el 2022, luego de terminar su sexto grado, Pedro ingresó al Instituto Fermín Naudeau, ya que obtuvo un cupo para estudiar ahí por sus buenas calificaciones. Allí llegó luego de dos años de cursar primaria en la modalidad virtual, por la pandemia de covid-19.

Los inconvenientes de Pedro se iniciaron desde el primer trimestre, ya que tenía compañeros que lo molestaban, intimidaban con palabras soeces y lo acorralaban en el baño. El joven denunció la situación a la profesora consejera, pero no se tomó ninguna acción al respecto.

La madre de Pedro cuenta que nunca fue llamada por un docente o administrativo del centro educativo y tampoco percibió nada de lo que podría estar pasando su hijo en la escuela.

El bullying contra Pedro se intensificó en el segundo trimestre del año escolar justo cuando comenzaron los comportamientos no propios de él. Dejó de ser un niño alegre, pasó a estar encerrado en su habitación por horas, perdió el apetito y fracasó tres materias cuando en primaria era un niño de 4.5, narra su madre.

Pedro cuenta que no se enfrentaba solo a dos compañeros de su aula, sino también a otros estudiantes de cuarto y quinto año que eran primos de uno de los agresores de su salón.

La madre de Pedro conoció de la situación y llevó una nota a la escuela contando a los educadores lo sucedido, quienes la recibieron y la firmaron, pero nunca realizaron una reunión con los involucrados y tampoco se tomaron acciones contra los acosadores, salvo un llamado de atención verbal.

Transcurridos los meses llegó un día en el que Pedro se cansó de ser objeto de bullying, reaccionó con ira y se fue a los golpes con uno de sus agresores en el aula de clases, mientras el resto de los compañeros grababa la situación para publicarla en las redes sociales.

Ante este hecho, la madre fue a la escuela a reportar la situación y dejar otra nota con fotos impresas de los golpes que había recibido su acudido. En ese momento, la profesora consejera indicó que tenía conocimiento de la situación y los dos niños involucrados en la situación fueron suspendidos.

Todo este panorama originó malas conductas del niño, bajó su rendimiento escolar, incluso no quería ir a la escuela, por lo que hubo que llevarlo a tratamiento psicológico y hasta el sol de hoy sigue asistiendo a sus citas. Pedro cursa su segundo año en otro colegio y poco a poco se recupera del bullying del que fue víctima el año pasado.

Actualmente, Pedro se siente cómodo con sus compañeros que conoció este año, al punto de que ya tiene amigos con los que comparte el recreo hablando y jugando. Incluso, las calificaciones mejoraron este primer trimestre tras haber cambiado de ambiente.

Sin suficiente personal

El director nacional de Servicios Psicoeducativos del Meduca, Vadim Moreno, manifestó que los casos de bullying que se registran a través de los Gabinetes Psicopedagógicos de los centros educativos del país hay un subregistro, debido a que no cuentan con suficiente personal psicoeducativo.

Sostuvo que para los 3 mil 102 centros educativos que hay en el país, se cuenta con 153 equipos interdisciplinarios denominados Gabinetes Psicopedagógicos, los cuales están conformados por 318 psicólogos, 149 trabajadores sociales y 8 especialistas en dificultades en el aprendizaje ubicados en centros educativos oficiales a lo largo de 12 regiones educativas. Cuando lo ideal es que en cada escuela exista un equipo, dijo.

Además, Moreno aclaró que estos equipos psicosociales, no solamente atienden situaciones de violencia escolar, sino que brindan apoyo técnico a la educación, a través de la prevención, detección y atención de problemáticas psicológicas, sociales y educativas, entre ellas la atención a estudiantes con dificultades en la adaptación escolar, problemas conductuales, familiares, sociales, emocionales, estrés, ansiedad, depresión, duelo, embarazo y necesidades educativas.

El director nacional de Servicios Psicoeducativos del Meduca indicó que son pocas las solicitudes que reciben por parte de los docentes para conocer sobre las herramientas que hay para el manejo del bullying, que van desde la atención, referencia hasta el seguimiento de casos de niños, niñas y adolescentes involucrados en situaciones de violencia o acoso escolar.

Falta de entrenamiento

En ese sentido, Moisés Attie, presidente de la organización no gubernamental Ni uno Más, señaló que en muchas ocasiones los docentes ignoran el bullying a falta de un entrenamiento sobre cuáles son las señales de alerta o, más preocupante aún, a causa de un protocolo de manejo de casos fallido.

Actualmente, Ni Uno Más junto al Meduca recomiendan a los docentes aplicar el Protocolo de Actuación de Casos de Bullying desarrollado en conjunto con las organizaciones miembro del proyectoescuelasegura.org.

La psicóloga y directora de Investigación de la Universidad Santa María La Antigua, Virgina Torres Lista, explicó que la persona que detecte que un estudiante es víctima de bullying, debe hacer la respectiva denuncia.

Puso como ejemplo que si es un docente el que conoce de la situación debe presentarlo al gabinete psicopedagógico, para que hagan los análisis del caso y puedan actuar de forma efectiva para prevenir impacto en la salud mental. En caso del tipo de bullying que constituya un delito, se debe denunciar ante las autoridades competentes. Lo que no se puede hacer es “no hacer nada ante dicho problema”, precisó.

Sostuvo que la forma de actuar de un niño que es víctima de acoso escolar va a depender del conocimiento que tenga sobre el tema. Si el niño tiene conocimiento, lo más correcto es acudir a sus cuidadores primarios e informar de lo sucedido, para presentar la denuncia a los profesores, acotó Torres Lista.

No obstante, en algunos casos los niños buscan ayuda directa en los docentes, por lo que es fundamental capacitarlos sobre el manejo, porque en algunos casos se normaliza y no es el camino más correcto, porque se coloca en riesgo tanto la víctima como el testigo.

Por otro lado, la organización Ni uno Más tiene la línea telefónica 800-6410 que proporciona orientación especial a los jóvenes, víctimas, testigos y acosadores sobre el acoso escolar (bullying) o cibernético (ciberbullying), en centros educativos y comunidades en todo el país.

El horario de atención de la línea será de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. de lunes a domingo, y fue seleccionado para adecuarse a las horas libres de la mayoría de los estudiantes.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en en inglés), plantea que toda forma de violencia en las escuelas es una vulneración de varios derechos de la infancia, entre ellos el derecho a la educación y a la protección. Estos derechos resultan especialmente dañados en el caso de las víctimas, pero también pueden verse perjudicados de diferentes formas en el caso de los agresores y los testigos. Ningún niño o niña puede desarrollarse adecuadamente en un entorno donde se toleran las agresiones.

El bullying puede surgir dentro de la escuela, pero no se limita al entorno escolar: puede prolongarse fuera de las horas lectivas, ya sea en el entorno del colegio, en el barrio o a través de dispositivos como móviles u ordenadores, produciéndose entonces ciberacoso, un tipo específico de bullying.

En la región de América Latina y el Caribe, el acoso escolar impide a niños, niñas y adolescentes que sufren estos maltratos ejercer sus derechos fundamentales y gozar de experiencias enriquecedoras de educación, interacción social, desarrollo y libre expresión de la personalidad, participación y a sentirse a salvo en la escuela como lugar desde donde es posible construir sociedades más justas y pacíficas, plantea la Unicef.

El silencio de las víctimas, de los testigo y los docentes ha contribuido al desconocimiento de la magnitud del problema.

El acoso escolar o 'bullying' (termino en inglés), es un fenómeno común en los entornos escolares de nuestros países de la América Latina y el Caribe, que afecta por igual a niñas, niños y adolescentes sin distinción de edad, etnia o nivel socioeconómico. Richard Bonilla