Irán eligió a su nuevo líder supremo.

Mojtaba Jamenei sucederá a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, que murió en los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado 28 de febrero.

La nueva autoridad tendrá el poder absoluto y se convertirá en el máximo referente político y religioso del país que su progenitor lideró durante casi cuatro décadas.

En su cargo, controlará a una nación donde la religión dicta la política y casi todos los aspectos de la vida de sus habitantes.

Con la elección de Jamenei hijo comienza un nuevo capítulo en el que el régimen pareciera seguir intacto, aunque aún es pronto para proyectar el alcance que tendrá este conflicto y sus consecuencias.

Pero Irán no siempre estuvo bajo una teocracia, en la que la autoridad última se atribuye a Dios y es ejercida por autoridades religiosas.

Su fortaleza se explica por elementos históricos y teológicos, pero también por factores políticos.

Su capacidad para afianzar el sistema institucional que sostiene al régimen ha sido vital para su supervivencia, pero también lo ha sido su apuesta sistemática para evitar el surgimiento de cualquier oposición, le dicen a BBC Mundo varios expertos.

El líder todopoderoso

La teocracia de Irán es singular.

Es un país con un parlamento y un presidente electos popularmente, pero en el que todo el poder se concentra en una figura: el líder supremo.

Su investidura tiene un poder casi sin contrapesos.

Puede vetar e influir decisivamente en las principales políticas públicas y, además de ser el jefe de Estado, es la máxima autoridad política y religiosa del país.

Actúa como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y todos los nombramientos militares de alto rango dependen de su decisión.

También designa al jefe del poder judicial y al director de la radiodifusión estatal, que mantiene el monopolio de la radio y la televisión en el país.

“Es como tener otro rey, pero un rey religioso”, dice el periodista sénior del Servicio Persa de la BBC Siavash Ardalan.

El Consejo de Guardianes y la Asamblea de Expertos son los otros pilares teocráticos del sistema.

El primero tiene como función principal revisar la legislación parlamentaria: toda ley aprobada por el parlamento debe recibir su aprobación antes de entrar en vigor.

“El Consejo también desempeña un papel de filtro en los procesos electorales, evaluando a todos los candidatos para las elecciones parlamentarias, presidenciales y de la Asamblea de Expertos”, detalla Naser Ghobadzadeh, experto en teología política islámica y profesor asociado de Política y Relaciones Internacionales en la American University de Bulgaria.

La Asamblea de Expertos, que tuvo la misión de elegir como nuevo líder supremo a Mojtaba Jamenei, es un organismo de 88 miembros, cuyos integrantes son elegidos por votación popular.

Sin embargo, todos ellos deben ser hombres y poseer el rango de mojtahed, por lo que está compuesta exclusivamente por clérigos.

Entre sus principales funciones está elegir a la máxima autoridad y supervisar su desempeño, aunque este rol no se cumple en la práctica.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) es también un elemento vital para la protección del régimen teocrático.

Fue creado como un ejército paralelo después de la revolución justamente para defenderla y se ha mantenido leal al régimen.

El peso de la teocracia iraní se expresa más allá de su entramado institucional.

Se siente también en las calles, donde las mujeres deben llevar el hiyab por obligación y donde si no cumplen con las reglas impuestas por el ayatolá, la policía de la moral las puede detener.

Como le pasó a Mahsa Amini, la joven iraní de origen kurdo de 22 años que murió en manos de ese organismo tras ser arrestada en 2022, provocando masivas protestas en el país.

Pero ¿cómo se instala este régimen en Irán?

El camino a la teocracia

Antes de la revolución de 1979, cuando se erige el régimen teocrático de los ayatolás, Irán era una monarquía en la que el clero tenía un poder limitado.

El levantamiento contra el sha Mohammad Reza Pahlavi tuvo lugar cuando diversos sectores de Irán coincidieron en su oposición.

La modernización autoritaria que impulsó durante años era vista por el mundo islámico como un sometimiento ante Occidente, particularmente ante Estados Unidos.

Y aunque en sus orígenes no fue una revolución exclusivamente religiosa, la consolidación del liderazgo del ayatolá Ruhollah Jomeini fue crucial para que la teocracia se instalara en Irán.

Fue el líder carismático y erudito religioso quien antes, en el exilio, promovió la idea que hoy está en el corazón de la régimen iraní: que el clero debía tener un poder de tutelaje directo sobre el poder político.

Se trató de una reinterpretación radical del concepto del velayat-e faqih o tutela del jurista islámico, que rompió completamente con la lectura tradicional del mundo chiita, rama del islam que se había vuelto la religión oficial bajo la dinastía de los safávidas en el siglo XVI.

Hasta la reinterpretación de Jomeini, los chiitas entendían ese concepto como una necesaria influencia de los clérigos sobre los asuntos de la vida pública, pero no como una participación directa en las estructuras gubernamentales.

La doctrina original deviene de una creencia fundamental del islam chiita y particularmente de su rama duodecimana.

Sus seguidores creen que los sucesores espirituales de Mahoma son doce imanes, considerados guías espirituales con autoridad para interpretar el islam.

Pero, más importante, profesan que el duodécimo imán no murió sino que entró en ocultación y que algún día regresará para instaurar el orden prometido.

Durante siglos, muchos clérigos defendieron que mientras ese líder espiritual permaneciera oculto, ninguna figura política podía arrogarse la legitimidad plena en su nombre.

Pero cuando su ocultamiento se prolongó, la idea de que un erudito en jurisprudencia islámica podía administrar los asuntos de la comunidad musulmana, se consolidó.

“El islam chiita nunca fue apolítico…Lo que históricamente evitó fue la toma directa de las instituciones estatales, es decir, la maquinaria formal de gobierno”, explica Ghobadzadeh.

Bajo esa premisa y durante siglos, el poder político y el religioso en Irán permanecieron vinculados, aunque relativamente separados.

Hasta que Ruhollah Jomeini llevó el concepto de la tutela del jurista islámico a otro nivel.

“Lo que hizo Jomeini con su teoría del velayat-e faqih fue romper fundamentalmente con esa tradición", remarca el profesor Ghobadzadeh.

“Argumentó que, precisamente porque la ocultación se había prolongado tanto tiempo y porque una parte importante de la ley islámica tiene dimensiones sociales y políticas, los clérigos no solo estaban autorizados, sino obligados, a asumir el gobierno en nombre del imán ausente para aplicar esas leyes”, agrega.

Ante la creciente impopularidad del sha, y aunque la clase clerical estaba dividida respecto de la reinterpretación de Jomeini, el clima antimonárquico resultó propicio para que su idea ganara respaldo.

Tras la caída de la monarquía, los iraníes aprobaron mediante referéndum la creación de una República Islámica basada en esa interpretación del velayat-e faqih, que quedó institucionalizada en la Constitución, y con Jomeini como su primer Líder Supremo.

La roca institucional

Los expertos coinciden en que la supremacía constitucional de las instituciones del régimen, y en particular los amplios poderes formales otorgados al líder supremo, fueron fundamentales en su consolidación.

La religión en sí misma, y la imagen pública de incorruptibilidad que tenía el clero tras la revolución, desempeñaron un papel decisivo en ese sentido.

“En los años inmediatamente posteriores, esa popularidad y credibilidad se tradujeron, a través de procesos electorales, en un dominio casi incontestado de las instituciones que estaban tomando forma”, dice el profesor Ghobadzadeh.

El académico recuerda que las elecciones para la Asamblea de Expertos para redactar la constitución fueron ilustrativas, porque pese a que fue elegida en una competencia abierta, un alto porcentaje de los escaños quedó en manos de los clérigos.

Luego utilizaron esa mayoría con habilidad y, cuando su popularidad decayó, no perdieron su posición.

“La Constitución que ellos mismos habían redactado garantizó que su dominio institucional sobreviviera incluso a la pérdida de su prestigio público. La opinión popular cambió, pero la arquitectura del poder no”, agrega Ghobadzadeh.

“Tanto Jomeini como Jamenei explotaron al máximo estas prerrogativas y, en numerosas ocasiones, fueron incluso más allá de sus ya amplias atribuciones constitucionales para asegurar la supervivencia del sistema y su propio control sobre él”, remarca.

El factor externo

Pero también hubo factores externos al régimen que le permitieron afianzarse.

Poco después de la revolución, el Irak de Saddam Hussein le declaró la guerra a Irán.

Y el conflicto, que se extendió durante casi 8 años, fue aprovechado por Jomeini para consolidar el nuevo régimen y solidificar sus estructuras de poder.

La narrativa del régimen respecto de la guerra se enmarcó en la idea de una “defensa sagrada”, lo que en el plano político sirvió para acallar a la oposición.

Tras la muerte de Jomeini en 1989, y el ascenso de Alí Jamenei, el sistema profundizó su omnipresencia.

Durante su mandato, la institucionalidad teocrática se expandió ampliamente.

Si con Jomeini la oficina del líder supremo había sido una estructura relativamente pequeña, bajo Jamenei se expandió de manera exponencial.

Eso le permitió, tras el surgimiento del movimiento reformista en el propio establishment revolucionario, desmantelar esa oposición por distintas vías.

“El régimen marginó a todos los grupos de oposición desde el inicio”, explica el periodista del Servicio Persa de la BBC Siavash Ardalan.

“La revolución tuvo éxito de la mano de todos los grupos —nacionalistas, comunistas, socialistas, socialdemócratas—, pero cuando los religiosos formaron el gobierno, expulsaron a todos los demás.

“Luego también hubo divisiones entre ellos mismos: algunos se volvieron sectores de línea dura y otros se convirtieron en moderados y reformistas dentro de la clase religiosa. Y ahí, nuevamente, los sectores duros los expulsaron.

“Ha sido simplemente un proceso de radicalización y eliminación de todos los opositores”, agrega.

Pero el autoritarismo del régimen también se desplegó en las calles.

Una muestra reciente fue la represión a las protestas de enero de este año en que, según diversas estimaciones, murieron miles de iraníes que salieron a manifestar su malestar por la situación económica que vive el país de casi 90 millones de habitantes.

¿Por qué sigue en pie?

El entramado institucional que el régimen ha logrado fortalecer durante décadas y ha utilizado como un arma para perpetuar su poder, no es el único factor que explica su resistencia al colapso.

También lo es el hecho de que hoy no exista una alternativa clara para su reemplazo.

“Uno de los logros más importantes de la República Islámica ha sido la supresión sistemática de cualquier alternativa viable a sí misma”, dice Ghobadzadeh.

“La oposición —especialmente la que opera fuera de Irán— no ha producido una figura ni un movimiento capaces de reunir un amplio apoyo popular dentro del país”, agrega.

La única figura prominente que ha surgido es el hijo del sha, el príncipe Reza Pahlavi.

Y si bien ha ganado visibilidad sobre todo entre la diáspora iraní y algunos sectores del país, no es claro aún si su figura podría aglutinar un apoyo suficiente.

En contraste con la pérdida de respaldo popular del régimen, expertos también advierten sobre un grupo amplio de iraníes que tienen intereses económicos en su continuidad.

Pero ha pasado poco más de una semana desde el inicio del conflicto y los expertos coinciden en que aún es demasiado pronto para concluir que el sistema podrá sostener su actual equilibrio a largo plazo.

En eso la guerra será decisiva.

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El futuro del vapeo en Panamá entró en debate en una subcomisión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Ayer, los diputados comenzaron a analizar tres proyectos de ley que van desde la prohibición total de los cigarrillos electrónicos hasta la regulación de su uso, importación y comercialización.”

Tras escuchar a representantes del sector salud, organizaciones civiles y gremios empresariales, la mayoría de los participantes coincidió en la necesidad de crear una mesa técnica para evaluar las tres propuestas con base en evidencia científica.

El primero de ellos es el proyecto de ley 263, que propone prohibir el uso, la importación y la comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, como cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, contengan o no nicotina.

Para conocer todos los detalles, lea aquí el proyecto de ley:

El segundo, el proyecto 347, plantea modificar la Ley 13 del 24 de enero de 2008 para incluir la prohibición del uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina en espacios públicos y privados.

Aquí puede leer el proyecto de ley completo:

El tercer proyecto, el 467, busca regular el uso, la comercialización, la publicidad, la calidad y la seguridad de los sistemas electrónicos de administración de nicotina. También abarca bolsas para consumo oral, productos de tabaco calentado para inhalación, líquidos de vapeo y dispositivos similares sin nicotina. Además, propone modificar artículos de la Ley 45 de 1995 y establecer otras disposiciones relacionadas.

Revise aquí el proyecto de ley:

Durante la reunión de la subcomisión, los representantes de la sociedad civil y autoridades compartieron sus perspectivas sobre los proyectos, aportando al análisis de la regulación del vapeo en Panamá.

Debate entre prohibición y regulación

El primero en intervenir fue el director regional de la organización Crime Stoppers Panama, Alejo Campos, quien expuso sus planteamientos sobre el proyecto de ley 263. A su juicio, las decisiones regulatorias que se adopten en torno a los cigarrillos electrónicos podrían determinar si este mercado queda bajo el control del Estado o del crimen organizado, que —según señaló— ya utiliza y se aprovecha de Panamá, al igual que de otros países de la región, para sus operaciones.

Campos sostuvo que el debate no debería centrarse únicamente en permitir o prohibir estos dispositivos. Explicó que, cuando el Estado prohíbe completamente un producto que tiene demanda real entre adultos, el mercado no desaparece, sino que pasa a manos del comercio ilícito.

Añadió que, en algunos países donde los vapeadores han sido prohibidos, el mercado ilegal ha crecido rápidamente, lo que ha terminado financiando organizaciones criminales y redes de contrabando.

El representante de Crime Stoppers advirtió que una prohibición total no elimina la demanda, sino que podría crear un nuevo negocio multimillonario para redes criminales que ya operan en la región.

Según explicó, cuando un mercado pasa a la ilegalidad se producen cuatro consecuencias graves: el Estado pierde el control sobre la actividad; los consumidores quedan expuestos a productos sin control sanitario; los menores de edad pueden acceder con mayor facilidad, ya que el mercado ilegal no exige identificación; y, finalmente, se fortalece la capacidad operativa de las organizaciones criminales al incorporar un nuevo producto a sus actividades ilícitas.

Por ello, Campos abogó por una regulación en la que el Ministerio de Salud (Minsa) tenga el control de la actividad en el país.

Riesgos para la salud y posición de expertos

Por su parte, la doctora Sabrina Trejos, en representación de la Asociación Panameña de Neumología y Cirugía del Tórax, afirmó que los cigarrillos electrónicos —ya sea que contengan nicotina, aerosoles saborizados u otras sustancias— pueden causar daños pulmonares y cardiovasculares. Señaló que existen estudios científicos y metaanálisis publicados desde 2024 que advierten sobre estos riesgos, los cuales afectan especialmente a la población joven.

Explicó que los adolescentes son más vulnerables debido a que su cerebro aún está en desarrollo, lo que los hace más susceptibles a la adicción. Además, advirtió que algunos de estos dispositivos pueden contener productos cannabinoides.

Otro de los participantes en la discusión fue Juan Carlos Reynardus, quien acudió a la reunión en representación del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).

Durante su intervención, señaló que dentro de las propuestas en análisis existen iniciativas que se contradicen, ya que una plantea la prohibición total del uso, la importación y la comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, mientras otra propone establecer un marco de regulación para estos productos.

Lea también: La prohibición de los vapeadores no reduce su consumo, advierten los industriales

Reynardus expresó el rechazo del SIP al proyecto de ley 263, presentado en 2025, que plantea la prohibición total de estos dispositivos. A su juicio, esta medida vulnera principios de igualdad y libre competencia, además de incentivar el comercio informal.

En contraste, el gremio del SIP manifestó su respaldo al proyecto de ley 467, que propone una regulación integral del mercado. Entre los aspectos destacados, mencionó controles específicos para evitar el acceso de menores, la creación de un marco fiscal que permita captar ingresos de una actividad que hoy opera fuera del sistema, así como un mayor control sanitario y aduanero para combatir el comercio ilícito.

Antonio Chang, de la Coalición Panameña contra el Tabaquismo, señaló que es posible impulsar un proyecto de ley que restrinja o prohíba el uso de los vapeadores en el país.

Sin embargo, advirtió que, de permitirse su uso, debería hacerse bajo supervisión médica para comprobar si realmente funciona como un mecanismo de reducción del tabaquismo y no como una puerta de entrada al consumo de tabaco.

De hecho, Chang también recomendó la creación de una mesa técnica para revisar los tres proyectos en conjunto.

Vacío legal tras fallo de la Corte

Por su parte, Reina Roa, punto focal para el control del tabaco en el Convenio Marco y coordinadora dentro del Minsa y reconocida internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su trayectoria de más de 20 años en esta materia, planteó que la nicotina es una droga comprobada con un alto nivel de adicción y que es precisamente esta sustancia la que se comercializa a través de los dispositivos electrónicos.

Explicó que, independientemente de que estos productos se prohíban o se regulen, lo que finalmente se está ofreciendo a los jóvenes es una sustancia altamente adictiva.

Añadió que tanto los productos de tabaco convencionales como los dispositivos electrónicos han utilizado estrategias de manufactura y comercialización orientadas a aumentar los niveles de adicción entre los consumidores.

También planteó la necesidad de regular los aditivos que se incorporan al tabaco, como el mentol y otros saborizantes, que resultan atractivos para jóvenes y adultos.

Roa señaló, además, que en discusiones anteriores sobre este tema los intereses comerciales han prevalecido sobre los criterios de salud pública.

Finalmente, reiteró que el objetivo de las políticas públicas durante más de dos décadas ha sido promover la cesación del consumo de tabaco, por lo que consideró necesario prohibir la adición de saborizantes y aplicar controles similares a los que rigen para otros productos de tabaco.

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El debate legislativo se da en un contexto de vacío normativo en Panamá, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En mayo de 2024, la Corte declaró inconstitucional la Ley 315 de 2022, que prohibía el uso, la importación y la comercialización de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo, al considerar que se habían vulnerado procedimientos constitucionales.

Este fallo dejó sin efecto la prohibición absoluta, impulsando ahora a los legisladores a buscar un nuevo marco regulatorio basado en evidencia científica para proteger la salud pública y evitar que el mercado quede en manos del comercio ilegal.

Como respuesta a esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió la Resolución No.146 del 31 de enero de 2025, publicada en Gaceta Oficial el 13 de febrero, que prohíbe el uso y la venta de cigarrillos electrónicos y sistemas similares —con o sin nicotina— a menores de edad, así como su publicidad, promoción, patrocinio y propaganda. La normativa también regula depósitos, cartuchos, recargas, accesorios, productos de tabaco calentado convencionales (PTC) y de nicotina oral (PNO), entre otros.

La resolución entró en vigor seis meses después de su promulgación, es decir, a partir del 31 de julio de 2025, marcando un primer paso concreto en la regulación y control de estos productos en Panamá.

Lea también: Corte Suprema declara inconstitucional la ley que prohíbe los cigarrillos electrónicos y vaporizadores de tabaco

El 8 de marzo (8M) no nació entre flores ni felicitaciones. Nació entre el humo de las fábricas y el clamor de las calles. Lo que hoy conocemos como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es la herencia de miles de mujeres que, a principios del siglo XX, decidieron que el silencio no era una opción frente a la explotación laboral y a la ausencia de derechos políticos, consolidándose esta fecha como un símbolo de resistencia. En pleno 2026, Panamá se enfrenta a una interrogante amarga: ¿estamos avanzando hacia la equidad o desmantelando lo poco que hemos construido?

La situación de la mujer en Panamá atraviesa una profunda contradicción. Mientras el discurso oficial habla de progreso, las decisiones políticas cuentan otra historia. En octubre de 2025, el Consejo de Gabinete aprobó la eliminación del Ministerio de la Mujer para restituir el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) como una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Esto no es un simple cambio de nombre en un organigrama. Representa un debilitamiento de la jerarquía institucional para gestionar políticas públicas de género. En un país donde la violencia doméstica no da tregua, desarticular la mayor instancia encargada de protegernos es un retroceso alarmante. Las políticas públicas requieren más que voluntad. Necesitan autonomía, personal capacitado, presupuesto y estructura sólida que no quede diluida en carteras ministeriales más amplias.

La violencia de género en Panamá no es una percepción subjetiva. Es una realidad en datos que condiciona la vida de las mujeres y niñas. Según la última encuesta de Ciudadanía y Derechos del El Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), existe una brecha de 12 puntos porcentuales en la percepción de seguridad. Mientras el 33.2% de los hombres siente que vive en un país seguro, sólo el 21.3% de las mujeres comparte esa sensación.

Esta inseguridad tiene raíces profundas en la violencia estructural. Ya sea física, psicológica, sexual, vicaria o incluso obstétrica, la violencia contra la mujer es uno de los problemas más graves de nuestra sociedad. Es cierto que hay un despertar social. El 87.7% de la población reconoce que esta violencia ha existido siempre, pero que ahora se denuncia más. Sin embargo, denunciar no es suficiente si el Estado no garantiza la vida tras la llamada de auxilio y si la violencia no disminuye.

El año 2025 cerró con una cifra dolorosa: 20 femicidios. Lo más alarmante es que muchas de estas víctimas contaban con órdenes de alejamiento contra sus agresores. Este dato es una sentencia contra el sistema. Las medidas de protección actuales son trozos de papel que no salvan vidas. El Estado falla cuando permite que perdamos vidas de esta forma.

A esto se suma la herida abierta de la desprotección infantil. Las recientes denuncias por presuntos abusos sexuales y maltrato en albergues estatales, que afectan a niñas y adolescentes, evidencian que el sistema de cuidados está roto desde su base. Si el Estado no es capaz de proteger a las menores bajo su tutela, ¿qué esperanza hay para el resto de las mujeres en situación de vulnerabilidad?

Este 8 de marzo no es un día para “celebrar”. Es un día para exigir que el derecho a la vida no dependa de la efectividad de un papel o de la voluntad de un presupuesto recortado. La restitución de derechos y el fortalecimiento de las instituciones no pueden esperar. Deben ser atendidos con celeridad e importancia, con planes estructurales a corto, mediano y largo plazo, destinados a estar al servicio de quiénes más lo necesitan.

En Panamá, la lucha de las mujeres sigue siendo por supervivencia. Mientras haya una mujer con miedo y un Estado que retroceda en su protección, el 8M seguirá siendo el recordatorio de una deuda histórica que, al parecer, las autoridades de Panamá aún no tiene intención ni capacidad para resolver.

Es papel de todos y todas involucrarnos para crear un Panamá donde podamos vivir sin miedo y donde ser mujer no nos cueste la vida.

La autora es estudiante de Relaciones Internacionales, investigadora y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.

El pasado domingo se llevó a cabo un nuevo proceso electoral en la hermana República de Colombia. En él coincidieron varios episodios que hacen probable que los resultados no definan con claridad hacia dónde se inclinará el voto de esa hermana nación.

Los colombianos escogieron a quienes integrarán las dos asambleas de su Congreso: el Senado, que funciona como cámara alta, y la Cámara de Representantes, que constituye la cámara baja y concentra el mayor número de cargos elegidos en esta jornada.

De igual manera, se votó en las llamadas elecciones “interpartidistas”, en las que varios candidatos propuestos por distintos partidos o movimientos aceptan competir en una primera ronda de la que surge un solo candidato, posteriormente respaldado por los demás para constituir un bloque que, supuestamente, se vería fortalecido.

Solo en una de las consultas interpartidistas hubo una cantidad significativa de candidatos. En ella resultó electa la actual senadora Paloma Valencia, para quien el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue vital para imponerse en la “Gran Consulta Nacional” frente a otros nueve aspirantes. Sin embargo, desde mi balcón, quien se robó el “show” fue el segundo en la votación, Juan Daniel Oviedo, que obtuvo una cantidad de votos impresionante. A la senadora se le había sugerido hacerse acompañar por el propio expresidente, quien no resultó electo para el Senado. No obstante, en los pasillos se comenta que ya se lo ofreció a Oviedo, quien podría aportarle votos que, en otras circunstancias, estarían lejos de su alcance.

También se ha hablado intensamente de la posibilidad de que, en la búsqueda de una unificación de la derecha, su mentor político “imparta” instrucciones para alcanzar acuerdos con el otro candidato que marcaba considerablemente en las encuestas: Abelardo De La Espriella, un abogado colombiano-italiano de poca trayectoria política y que, según diversas fuentes en internet, ha sido vinculado profesionalmente a casos que la Sociedad Interamericana de Prensa ha considerado de acoso judicial. Esta posibilidad, sin embargo, la veo un poco más remota.

Por el lado de la izquierda, quien encabeza las encuestas generales, Iván Cepeda, no pudo participar en esta etapa y decidió ir directamente a la elección general de mayo. En ese mismo sector participó en una consulta distinta Roy Barreras, que ha pasado por casi tantos partidos como hay hielo derretido en un vaso de agua y cuyo resultado en esa consulta fue, por decir lo menos, decepcionante.

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien participó en la llamada “consulta de las soluciones”, arrasó a su único contendiente, Leonardo Huerta. Sin embargo, la votación obtenida la deja en serios aprietos. Mucho se ha hablado de la posibilidad de que ella y el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo —quien no participó en ninguna de las consultas— unan esfuerzos para ubicarse en un espacio de centroizquierda que busque atraer a quienes no quieren verse obligados a escoger entre extremos. De concretarse esa alianza, podrían dar una sorpresa en las elecciones de mayo y convertirse en una de las alternativas para la segunda vuelta.

Todo parece indicar que el partido del presidente Petro se alzaría con la victoria en el Senado, seguido por el del expresidente Uribe Vélez. Entre ambos obtendrían cerca de 40 de las 108 curules. Los demás escaños se repartirían entre partidos tradicionales y otros que, aunque no lograron una representación significativa, podrían marcar diferencias en la conformación de la cámara alta. En la Cámara de Representantes los resultados también apuntan a un balance, liderado por el Centro Democrático, lo que obligaría a negociar acuerdos para que quien gane la presidencia pueda, al menos, gobernar con cierta estabilidad.

Son muchos los panoramas que podrían surgir de este primer ejercicio democrático del año en Colombia. Sigo pensando que, si no se producen alianzas entre los posibles candidatos de izquierda, derecha y centro, veremos una primera vuelta muy fragmentada, con entre tres y cinco aspirantes fuertes. Ese escenario podría arrojar un resultado preocupante para muchos y de gran decepción para otros.

Lo que sí es cierto es que, de aquí a mayo, habrá que comprar mucho millo y ver cómo termina esta película.

El Ministerio de Educación (Meduca) inició esta semana la entrega de alimentos del Programa de Almuerzo Escolar Saludable en las 16 regiones educativas del país, con el objetivo de garantizar que los estudiantes de escuelas oficiales reciban una alimentación adecuada, nutritiva y segura durante el período escolar.

Gilda Montenegro, directora nacional de Nutrición y Salud Escolar de Meduca, informó que este año se incorporaron 1,001 nuevas escuelas al programa, beneficiando a 47 mil estudiantes adicionales. Con esta expansión, la cobertura alcanza los 2,001 centros educativos y un total de 284 mil estudiantes en todo el país.

Montenegro aseguró que el proceso de adquisición de alimentos es continuo, con el fin de garantizar que todos los alumnos tengan acceso a menús saludables y balanceados.

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“Esta entrega de insumos es fundamental para iniciar la preparación de los almuerzos, que representan una gran ayuda para nuestros estudiantes”, expresó Jessenia Velázquez, directora del Centro Educativo Manuel José Hurtado, en el corregimiento de El Chorrillo, una de las escuelas que recibió los alimentos esta semana.

Los almuerzos del Programa de Almuerzo Escolar Saludable incluyen una combinación de proteínas magras, como pollo, carne, pescado, huevo y legumbres; cereales integrales, como arroz, pasta y avena; así como verduras variadas y frutas frescas.

Además, incorporan lácteos bajos en grasa, que aportan hierro, calcio y vitaminas esenciales para cubrir las necesidades nutricionales de los estudiantes.

Los menús cubren aproximadamente el 30% de los requerimientos dietéticos diarios de cada alumno y se adaptan a la cultura y geografía de cada región, complementando la dieta familiar. Esto contribuye al crecimiento, al desarrollo integral y al bienestar nutricional de los estudiantes.

Todos los platillos son elaborados por nutricionistas dietistas, siguiendo las Guías Alimentarias para Panamá y las recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsa), garantizando calidad, seguridad y valor nutricional, sostuvo Montenegro.

Con esta entrega, el Meduca asegura que el programa llegue a todos los estudiantes beneficiados, cumpliendo con su objetivo de promover hábitos alimenticios saludables y de apoyar el aprendizaje y desarrollo integral de la población escolar panameña.

Para el año escolar 2025, el Meduca realizó una inversión de al menos 18 millones de dólares para la compra de alimentos destinados al Programa de Almuerzo Escolar Saludable. El costo de preparación de cada plato de comida oscilará entre 1.89 y 2.10 dólares, garantizando menús nutritivos y balanceados para todos los estudiantes beneficiados.

El monto destinado para el año en curso aún no ha sido dado a conocer por la institución

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) dio a conocer esta semana los requisitos y la documentación que deben presentar los padres y representantes de los estudiantes de primaria, premedia y media de escuelas públicas y privadas que resultaron preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Para participar, los alumnos debían registrar su solicitud en el portal web del Ifarhu y contar con un promedio académico mínimo de 4.5 sobre 5.0.

Entre los documentos solicitados se incluyen: una foto tamaño carné; dos copias por ambos lados de la cédula juvenil o del certificado de nacimiento del estudiante (para nacionales) o de las páginas generales del pasaporte (para extranjeros); y dos copias de la cédula de identidad del representante legal.

Los estudiantes extranjeros también deben presentar dos copias de la certificación del Servicio Nacional de Migración que acredite residencia de más de 10 años.

Además, se requieren dos copias del boletín del año anterior (2025), dos copias de la matrícula del año en curso (2026), documentación que respalde la información socioeconómica y certificación bancaria con el número de cuenta del estudiante.

El Ifarhu aclaró que la persona registrada como representante legal en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el documento de aceptación.

El cumplimiento de estos requisitos es obligatorio para formalizar la beca y garantizar el acceso a los beneficios económicos del programa, señaló la institución.

A las 9:00 a.m. de este martes 10 de marzo, el Ifarhu divulgará en su página web la lista de los preseleccionados. La institución comunicó que, tras una extensa labor, logró incluir a poco más de 100 mil aspirantes en este beneficio.

Hoy 10 de marzo, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) inaugura la feria Expocomer 2026, considerada una de las principales vitrinas comerciales de la región. El encuentro se desarrollará hasta el 12 de marzo en el Panama Convention Center, en Amador.

El evento reúne delegaciones empresariales de más de 30 países, entre ellos Grecia y Suiza, que participan por primera vez como naciones expositoras.

Durante tres días, empresarios, compradores e inversionistas provenientes de Latinoamérica, Europa y Asia participarán en una agenda orientada a fortalecer el intercambio comercial y generar nuevas oportunidades de negocios, en un espacio que busca consolidar a Panamá como un punto de encuentro para el comercio internacional.

De forma paralela se desarrollan varias exposiciones especializadas: Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Eléctrica Internacional Panamá y Expo Tech. Cada una está enfocada en sectores estratégicos como comercio, transporte y cadena de suministro, innovación tecnológica, energía y turismo.

La cobertura completa del evento podrá seguirla a través de todas las redes sociales y la página web de La Prensa.

Además, los lectores pueden consultar la revista especial de la feria, donde se presentan detalles de los expositores, la agenda del evento y el contexto comercial que rodea a esta edición de Expocomer.

En las últimas cinco administraciones, la historia del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha estado marcada por dos constantes: el crecimiento sostenido de su presupuesto y los escándalos que han rodeado la entrega de auxilios económicos no reembolsables.

En 1990, el presupuesto del Ifarhu era de apenas $17.3 millones. Para 2026, la institución manejará $500.1 millones, lo que representa un incremento cercano al 2,790% en poco más de tres décadas.

En los primeros gobiernos posteriores a la invasión de 1989, el presupuesto del Ifarhu se mantenía en niveles relativamente modestos. Durante la administración de Guillermo Endara se destinaron $162.9 millones a la institución; bajo el mandato de Ernesto Pérez Balladares la cifra ascendió a $246.6 millones, mientras que en el gobierno de Mireya Moscoso el presupuesto acumulado alcanzó los $238.5 millones.

No obstante, el presupuesto de esta entidad se disparó tras la aparición de los polémicos auxilios económicos. Fue a finales de 2004 cuando esta figura quedó establecida formalmente en la normativa del Ifarhu mediante el Reglamento de Becas, Asistencia Económica Educativa y Auxilios Económicos, aprobado el 30 de diciembre de ese año, en los primeros meses de la administración de Martín Torrijos.

El director del Ifarhu en ese momento era Samuel Buitrago, a quien recientemente la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá confirmó una sentencia de ocho años de prisión por el delito de peculado agravado.

La trama judicial que condujo a esta condena se originó en 2011, cuando auditorías internas y de la Contraloría detectaron irregularidades por $155 mil en el programa de Auxilio Económico Complementario.

Últimos cinco gobiernos

Durante la administración de Martín Torrijos (2004-2009), el presupuesto del Ifarhu sumó $403.2 millones entre 2005 y 2009, en un período en el que la institución aún manejaba una escala presupuestaria inferior a la que alcanzaría en los años siguientes.

Con la llegada de Ricardo Martinelli (2009-2014), los recursos destinados al Ifarhu crecieron con fuerza. Entre 2010 y 2014 la entidad recibió $1,160 millones, lo que representó un incremento de 187.8 % respecto al monto manejado durante el quinquenio anterior.

En el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), la tendencia al alza se mantuvo. Entre 2015 y 2019 el Ifarhu recibió $1,868.7 millones, consolidando un aumento sostenido en los fondos asignados a la institución encargada de administrar becas y programas de asistencia educativa.

En la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), el crecimiento continuó. Los presupuestos preparados entre 2020 y 2024 asignaron al Ifarhu un total de $2,210.5 millones, el monto más alto registrado por la institución en un quinquenio.

Fue durante esta gestión cuando Bernardo Meneses desempeñó un papel central desde la dirección del Ifarhu. Durante ese período se gestionaron más de $300 millones en auxilios económicos.

Tras el cambio de gobierno en 2024, Meneses pasó de ocupar una posición clave en la administración anterior a enfrentar varias investigaciones penales relacionadas con el manejo de estos recursos. Las auditorías impulsadas por la Contraloría y las pesquisas del Ministerio Público se centraron en la entrega de estos beneficios durante su gestión, entre 2019 y 2023, un esquema que terminó convertido en uno de los mayores escándalos recientes vinculados al uso de fondos públicos destinados a educación.

En julio de 2025, las investigaciones dieron un giro judicial cuando el Ministerio Público ordenó su aprehensión y un juez de garantías le imputó cargos por presunto enriquecimiento injustificado, tras detectar un aumento patrimonial que las autoridades consideran sin sustento.

Desde entonces, Meneses permanece bajo detención preventiva mientras avanzan otros procesos por posibles delitos de peculado y blanqueo de capitales, todos vinculados al manejo de los auxilios económicos durante su paso por la entidad.

Administración Mulino

Con el inicio del gobierno de José Raúl Mulino, los presupuestos aprobados para 2025 y 2026 destinan al Ifarhu $1,004.7 millones, lo que mantiene a la institución entre las entidades con mayor volumen de recursos dentro del aparato estatal. En 2025 el presupuesto fue de $504.6 millones y para 2026 asciende a $500.1 millones, aunque esta cifra podría modificarse a lo largo del año.

El programa de auxilios económicos, por su parte, entró en una fase de revisión tras el escándalo que marcó la administración anterior. Auditorías de la Contraloría y pesquisas del Ministerio Público se han concentrado en la entrega de estos beneficios durante los últimos años, en medio de cuestionamientos por la discrecionalidad en su asignación y la falta de controles claros sobre el destino de los fondos públicos destinados a educación.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales y administrativas, el gobierno también ha planteado cambios en los criterios de otorgamiento de becas y auxilios económicos. En la Asamblea Nacional de Panamá se discute una propuesta para reformar la ley del Ifarhu, que ya fue aprobada en primer debate el año pasado.

Las autoridades han señalado que los nuevos apoyos deberán responder a evaluaciones socioeconómicas y al mérito académico, en un intento por reducir la discrecionalidad que rodeó al programa en el pasado. Entretanto, el Ifarhu mantiene la revisión de expedientes y busca ordenar el sistema de ayudas educativas en medio de la presión pública por mayor transparencia.

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea (UE), informó este martes de que el pasado mes de febrero fue el quinto más cálido desde que hay registros, con una temperatura 1.49°C superior a los niveles preindustriales.

“Con temperaturas globales que alcanzaron 1.49 °C por encima de los niveles preindustriales (el quinto febrero más cálido jamás registrado), Europa experimentó fuertes contrastes de temperatura”, dijo en un comunicado Samantha Burgess, responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM).

Burgess aludió también a la serie de intensas tormentas y precipitaciones vividas en Europa Occidental, región que incluye a España, y el norte de África, que causaron “daños generalizados y la pérdida de vidas y medios de subsistencia”, constató Copernicus.

Dichas lluvias se debieron a “unos ríos atmosféricos (bandas estrechas de aire muy húmedo) que “provocaron lluvias de récord e inundaciones generalizadas en Europa occidental y meridional”, según Burgess.

En febrero de este año, “gran parte del oeste y el sur de Europa fue más húmedo de lo habitual, mientras que el resto del continente fue en su mayor parte más seco de lo habitual”, señaló el boletín más reciente de Copernicus.

Fuera del Viejo Continente, hubo más humedad de lo normal en buena parte de Australia, el sureste de Brasil, el norte de Norteamérica y zonas de Asia Central, al tiempo que entre las regiones más secas de lo habitual se incluye el sur de EE. UU. y norte de México, el extremo oriental de China, partes de Sudamérica y el sureste africano.

Temperatura media de 13.26 ºC

A nivel mundial, la temperatura media del aire en superficie fue de 13.26 ºC.

Esa temperatura supera en 0.53 ºC la media para febrero dentro del periodo 1991-2020.

Para Europa, el pasado mes de febrero fue uno de los más fríos en los últimos catorce años, con una temperatura media de -0.07 ºC.

Dicha temperatura se sitúa 0.10 ºC por debajo de la media de febrero dentro del periodo comprendido entre 1991 y 2020.

Según los datos de Copernicus, “hubo un fuerte contraste en la temperatura media en toda Europa, ya que el oeste, el sur y el sureste de Europa registraron temperaturas superiores a la media, mientras que Fennoscandia, los Estados bálticos y el noroeste de Rusia tuvieron condiciones frías”.

Más allá de Europa, las temperaturas en febrero fueron “superiores a la media” en EE. UU., el noreste de Canadá, Oriente Medio, Asia central y el este de la Antártida, al tiempo que las condiciones fueron “frías en Alaska, el norte de Canadá, Groenlandia y el norte de Rusia”.

El quinto invierno boreal más cálido

A nivel global, el último invierno boreal, periodo que abarcó desde diciembre de 2025 a febrero de 2026, fue el quinto más cálido, pues la temperatura media en el planeta fue algo más de medio grado (0.51 ºC) superior a la calidez media del periodo comprendido entre 1991 y 2020.

Sin embargo, en Europa, “el invierno pasado fue uno de los dos más fríos de los últimos 13 años, con 0.09 °C por encima de la media de 1991-2020”, indicó el boletín de Copernicus.

En el mar, la superficie marina entre los 60° S y los 60° N tuvo una temperatura de 20,88 °C en febrero de 2026, el segundo valor más alto registrado para ese mes.

Temperaturas que favorecen tormentas

Según Copernicus, hubo una notable variación de temperatura entre las frías zonas del centro y oeste del océano Atlántico Norte y las cálidas del océano Antlántico Norte subtropical, circunstancia que podría haber contribuido al desarrollo de las tormentas que llegaron a Europa.

En los polos, el hielo marino en el océano Ártico experimentó una extensión media un 5 % inferior a la media, la tercera extensión más baja registrada en un mes de febrero, mientras que en el océano Antártico “es probable” que alcanzara su mínimo estival el pasado 22 de febrero, según el boletín de Copernicus.

El dato definitivo sobre el hielo marino antártico se confirmará a finales de marzo, pero el registrado en febrero es cercano a la media de los últimos 48 años, lo que contrasta con los mínimos “de récord o casi récord” de los cuatro años anteriores.

THE MASK. Finalmente, este lunes 9 de marzo, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, llevó a la Asamblea el proyecto que penaliza con prisión el uso de máscaras y capuchas en manifestaciones y protestas. Vamos a ver cuánto tiempo tarda la Comisión de Gobierno en incluirlo en la agenda del día.

TURBINA. La Presidencia divulgó la resolución del Gabinete en la que se aprueba la compra de un helicóptero a Agusta Westland por casi $10.2 millones. En el documento se indica que la aeronave será utilizada para atender misiones humanitarias. Eso mismo dijeron cuando utilizaron donaciones de Taiwán para adquirir el avión Embraer Legacy 600, en la administración Martinelli. Al final, el aparato terminó transportando periquitas y cosas de esas.

OLIVO. Pérez Barboni dice que está tratando de “que las aguas se calmen” con Yamirelis Chong, luego del rifirrafe de la semana pasada por la votación, en segundo debate, del proyecto de ley sobre incentivos en los cascos antiguos de Panamá y de Colón. No obstante, Pérez Barboni insistió en que no hay una buena razón para que un diputado se marche del pleno durante una sesión. “El panameño espera que estemos ahí en todo momento”. Menos mal que no quiere más broncas.

CHIFEO. La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, debe acudir a la Asamblea este martes, para presentar la memoria de la institución correspondiente al año 2026. Sin embargo, todavía no responde el cuestionario de 43 preguntas que le enviaron hace un mes y ni siquiera hay fecha para su eventual comparecencia. ¿Cuál es el orden de prioridades?

TORTOLITOS. Ante las críticas por acompañar al presidente Mulino en sus citas oficiales en el extranjero, la primera dama respondió que es parte de su dinámica de pareja. “Siempre lo he acompañado en todos sus viajes”, respondió en el programa Debate Abierto. ¿Acaso también lo acompañó a Costa Rica, en aquel viaje que Mulino realizó una semana antes de las elecciones, con Falabella o Michael Soto Movilla? ¿O es que esa regla de viajar juntos aplica a partir del momento en que se convirtió en gobernante?

En el firmamento de los sueños cumplidos, hay algunos que pueden transformarse en verdaderas pesadillas. Y eso es lo que parece haber ocurrido con una concesión e la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT): un negocio que generaría millones de dólares ha terminado en un lío que ha trascendido las fronteras de la opacidad. Se trata de una de las oportunidades listadas en una “agenda” particular que elaboró el abogado Luis Acevedo Ureña, mano derecha y exoperador del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo.

Este “negocio” podría ser uno de tantos esquemas utilizados en otros más que aparecen en la agenda privada de Acevedo. Está descrito en la página 2 de ese documento secreto, en el punto 9, bajo el título de “oportunidades”.

Se trata de un cuadro en el que hay una lista de 19 “oportunidades” de negocio, algunos ya concretados, como la “oportunidad” No. 15: dar en concesión la digitalización de los revisados vehiculares de la ATTT.

Esta concesión de la ATTT –la No. 17-22– se adjudicó bajo la gestión del entonces director de la institución, Carlos Boris Ordoñez, a 3Tech Latin America, Corp., una sociedad presidida por Eric Barrios Vergara.

A principios de la gestión del presidente Laurentino Cortizo (2019-2024) –y de la pandemia de la covid-19– el Gobierno comenzó un febril proceso para digitalizar decenas de servicios que presta el Estado. Uno de ellos era el de la revisión vehicular.

En agosto de 2022, la ATTT elaboró un reglamento para dar en concesión la prestación de ese servicio, por 10 años. En octubre de ese año, el reglamento fue aprobado por el superior jerárquico de la ATTT: el Ministerio de Gobierno, entonces a cargo de Janaina Tewaney.

Un mes después –en noviembre de 2022–, 3Tech Latin America concursó por la concesión. Le fue otorgada luego de que un comité de la ATTT determinara que cumplía con todos los requisitos, incluida una carta de compromiso para financiar el desarrollo del software que gestionaría los revisados vehiculares digitales.

En este caso, la carta promesa provino de la empresa Balboa Factoring, con la que el grupo empresarial de Barrios tenía relación desde 2013. De hecho, Balboa Factoring generó una carta a principios de este mes en la que afirmó lo anterior y que las empresas de Barrios (3Tech Latin America, Corp. y Moving Technology, S.A.) “tienen facilidades de crédito de siete cifras bajas”.

El 14 de noviembre de 2022, la ATTT emitió la Resolución OAL-894, que otorgó la concesión del revisado vehicular digital a 3Tech. Pero 10 días después, ocurrió algo que cambió las expectativas del negocio de 3Tech, como se verá más adelante.

Vieja conocida

Pero antes de llegar a ese punto, conviene examinar una “coincidencia”.

La carta de promesa de financiamiento de Balboa Factoring no parece encajar en esta historia, pero, al mismo tiempo, le da sentido al negocio de la ATTT que describió Acevedo en su “agenda”.

La mencionada carta de promesa –fechada el 25 de octubre de 2022– informaba a la ATTT que Balboa Factoring estaba “anuente a otorgar a la sociedad 3Tech Latin America, Corp. el financiamiento hasta por un monto de B/. 1,300,000.00 […] en caso de que le sea adjudicada la licitación pública en referencia”. Es decir, 3Tech presentó pruebas documentales que garantizaban los fondos para cumplir sus obligaciones contractuales.

Pero la carta de Balboa Factoring contenía otro detalle importante: estaba firmada por su oficial de cumplimiento, Pía Soto, abogada que coincidentemente tenía una larga historia con Acevedo.

Soto constituyó o tramitó, al menos, cuatro sociedades que hoy preside Acevedo. Tres de ellas sirvieron para concretar sus planes de negocio descritos en su “agenda”.

Además, Soto fue agente residente de una sociedad que habría servido para recaudar decenas de miles de dólares no declarados para la campaña del hoy expresidente Cortizo.

Específicamente, Soto fue suscriptora de White Star Properties, Inc., creada el 6 de octubre de 2020. A su nombre están las oficinas que albergan los bufetes de Acevedo en el corregimiento de Bella Vista (Estudio Jurídico y de Administración y Legaltax Advisory Company).

Un día después de constituir White Star Properties, Soto creó Lighthouse Investments & Construction, Inc., que hoy también preside Acevedo. En ambas sociedades, además de suscriptora, ella fue presidenta y agente residente antes de que entrara en escena Acevedo.

En septiembre de 2021, Soto también tramitó en el Registro Público la constitución de Organical Suppliers, Inc., una sociedad utilizada por Acevedo y su madre, Maritza Ureña González, para alquilar un puesto en la nave El Ejido, local EG-088B, en Merca Panamá –llamado Mercando 360– y que, según su aviso de operación, empezó a comerciar a principios de 2022. Hoy ese aviso está cancelado.

Pero la relación de Acevedo y Soto es aún más lejana.

En 2018, la abogada actuó como agente residente de Constructora Osma, S.A., que recibió decenas de miles de dólares de Constructora Bagatrac por supuestos servicios prestados, aunque el dinero presuntamente habría terminado en la campaña electoral de Cortizo. Y, siguiendo el patrón, tras salir Soto, al poco tiempo aparecía Acevedo como presidente y apoderado, en este caso, en mayo de 2023.

Mientras Soto trabajaba para Balboa Factoring como oficial de cumplimiento en 2022, simultáneamente era agente residente –desde 2018– de Constructora Osma, en la que actuó como tal hasta agosto de 2023, cuando el bufete de Acevedo –Estudio Jurídico y de Administración– asumió su rol y Acevedo su presidencia.

Soto respondió el cuestionario que le envió este medio. Dijo conocer a Acevedo desde 2018, “referido comercialmente”. Añadió que “a la fecha no mantenemos ninguna relación comercial activa”. Aunque trabaja como oficial de cumplimiento de Balboa Factoring, Soto afirma que ejerce profesionalmente este cargo, lo cual no es incompatible legalmente con el ejercicio de la profesión de abogada.

También aclaró que en el ejercicio de su profesión “me encuentro legalmente impedida para remitir comentarios, confirmar, negar o suministrar cualquier tipo de información relacionada con clientes, exclientes, terceras personas o procesos operativos internos de las instituciones para las cuales laboro o he laborado”.

Nuevo ‘inversionista’

Como se mencionó, el 14 de noviembre de 2022, la ATTT otorgó la concesión del revisado vehicular digital a 3Tech, pero días después –el 24 de noviembre de 2022– Barrios firmó un inexplicable acuerdo secreto con Jean Paul de Janon Arias, convirtiéndolo en “socio incidental” del contrato, en calidad de “inversionista”.

La abogada Soto le daba sentido al negocio, pues la empresa para la que trabajaba financiaría el proyecto identificado por Acevedo, pero la entrada de De Janon no tenía una buena explicación, pues su empresa –Panama Dynamics Int., S.A., representada por De Janon– pondría el dinero del financiamiento, como lo habría hecho Balboa Factoring.

Panama Dynamics, que originalmente se llamó Rent Contadora, S.A., fue creada en noviembre de 2019. Su principal objeto era “el arrendamiento y carros de golf [sic] y equipos en general…”. Su domicilio estaba en un muelle en la isla de Contadora, según describía su escritura de constitución. Así, de carritos de golf, esta sociedad pasó al desarrollo tecnológico… a cambio de una buena tajada.

El contrato de concesión de la ATTT establecía una pasarela de pagos electrónicos (que consiste en proporcionar servicios de comercio electrónico mediante pagos con tarjetas de crédito o pagos directos para negocios electrónicos). También establecía que 3Tech recibiría una comisión de $2.40 por cada vehículo revisado. Y ese era el corazón del negocio, que empezó a dar frutos desde julio de 2023.

Pero lo que recibiría 3Tech de comisión debía ahora dividirlo casi a la mitad para pagar el alegado financiamiento de Panama Dynamics.

Según el acuerdo secreto de inversión entre Panama Dynamics y 3Tech, esta última estaba “en una situación de imposibilidad financiera” para prestar el servicio que exigía el contrato con la ATTT. Pero, precisamente, para solucionar ese problema es que Balboa Factoring había emitido la carta promesa de financiamiento.

Entonces, ¿por qué 3Tech necesitaría de un inversionista que recibiría casi la mitad de sus ganancias para hacer exactamente lo que ya se había comprometido a hacer Balboa Factoring? Quizá ayude a entender un hecho que no es poca cosa en esta historia.

El firmante del “acuerdo de inversión” es, como ya se dijo, Jean Paul de Janon Arias. Él es esposo de María Carolina Carrizo Arauz, cuyo padre es Ignacio Carrizo, tío del exvicepresidente Gaby Carrizo o, lo que es lo mismo: María Carolina es prima hermana del exvicepresidente y su padre es el suegro de De Janon. La Prensa envió un cuestionario a Ignacio Carrizo, pero no obtuvo respuestas.

El ‘acuerdo’

Según el texto del acuerdo, 3Tech le solicitó a Panama Dynamics $1.4 millones para desarrollar el proyecto. Para obtener esos fondos, podía solicitar un préstamo ante una entidad crediticia, en cuyo caso el pago sería cubierto por Panama Dynamics o a través del aporte de fondos propios del socio inversionista.

La Prensa envió un cuestionario con 12 preguntas a De Janon, pero dijo por escrito que “he sido aconsejado no responderlas, por existir un claro, evidente y grave conflicto de interés que pudiera afectar la integridad y resultado de un proceso arbitral vigente entre las empresas antes mencionadas”, ya que una de las partes –Eric Barrios– está representada en un arbitraje por el presidente de Corporación La Prensa, S.A., Jorge Molina.

Preguntas sin respuestas

¿Por qué 3Tech buscó inicialmente a Balboa Factoring para obtener el financiamiento, si pudo haberlo hecho de antemano con De Janon y su empresa?

Si Panama Dynamics era inversionista y socio incidental, ¿por qué no podía pedir un préstamo directamente en lugar de hacerlo 3Tech? Y no menos importante: ¿por qué el acuerdo de inversión con 3Tech debía ser secreto?

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La selección de Panamá cerró su participación en el Clásico Mundial de Béisbol con una dolorosa derrota 4-3 ante Colombia, en el estadio Hiram Bithorn, resultado que selló su eliminación del torneo.

El revés dejó a Panamá en la última posición del grupo A con marca de 1-3, sin posibilidad de avanzar a la siguiente ronda y también sin boleto asegurado para la próxima edición del torneo.

El resultado final fue un duro golpe para una novena que llegaba al torneo con grandes expectativas. El equipo reunía a varias figuras de esta generación de peloteros con la consigna clara de avanzar de ronda y competir al más alto nivel.

Sin embargo, el balance final fue adverso, con derrotas cerradas ante Cuba (3-1), Puerto Rico (4-3) y Colombia (4-3), además de una única victoria ante Canadá por 4-3.

Más allá de los marcadores, cada uno de los encuentros estuvo marcado por pequeños detalles que terminaron inclinando la balanza en contra de Panamá.

Durante el torneo surgieron cuestionamientos sobre algunas decisiones del cuerpo técnico, desde la construcción de las alineaciones hasta momentos puntuales en los que se pudieron retar jugadas arbitrales o realizar cambios de lanzadores en situaciones determinantes.

En un torneo corto y de alta exigencia como el Clásico Mundial de Béisbol, esos detalles suelen marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.

Una ofensiva irregular

Otro de los factores que pesó fue la inconsistencia ofensiva. A la novena panameña le costó producir carreras y, en varios momentos, no logró aprovechar las oportunidades con corredores en posición anotadora.

Aun así, el equipo encontró la forma de mantenerse competitivo en cada partido, fabricando las anotaciones suficientes para mantenerse cerca en el marcador.

Entre los más destacados con el madero estuvo José Caballero, quien bateó para .267, con un jonrón y dos carreras impulsadas. También resaltó Christian Bethancourt, con promedio de .308, un doble, dos remolcadas y tres anotadas.

Además, el torneo dejó buenas sensaciones con la participación de los jóvenes prospectos Enrique Bradfield Jr. y Leo Bernal, quienes mostraron proyección para el futuro de la selección.

Pitcheo y defensa, los puntos altos

Si Panamá logró competir en cada uno de sus partidos fue, en gran parte, gracias al trabajo del cuerpo de lanzadores.

Los abridores Logan Allen, Ariel Jurado, Jaime Barría y Paolo Espino permitieron apenas cinco carreras en 16 entradas de trabajo, tomando en cuenta que cada uno tenía un límite de 65 lanzamientos.

El bullpen también respondió con actuaciones sólidas de serpentineros como Javy Guerra, Kenny Hernández, Miguel Cienfuegos y Dario Agrazal.

A esto se sumó una defensa que fue uno de los puntos más sólidos del equipo, con aportes importantes de Edmundo Sosa, Caballero, Bernal y Miguel Amaya en la receptoría, además de José Ramos, Bradfield Jr., Luis Castillo, Johan Camargo y Leo Jiménez.

Un cierre de ciclo

El torneo también representó la despedida de la selección para dos veteranos del béisbol panameño como lo son Paolo Espino y Rubén Tejada.

Tejada tuvo un momento memorable al ser el héroe de la victoria ante Selección de béisbol de Canadá con dos carreras impulsadas, mientras que Espino dejó una sólida actuación desde el montículo con 3.2 episodios frente a Colombia.

El sector de la construcción inició 2026 con señales de recuperación tras varios años de desaceleración y ajustes en el mercado inmobiliario.

Durante enero, el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones particulares alcanzó $115.6 millones, la cifra más alta registrada para ese mes en los últimos cinco años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). El monto representa un aumento de 29.3% frente a enero de 2025, cuando la inversión fue de $89.3 millones.

El repunte llega después de un año complejo para el sector. En 2025 la actividad inmobiliaria se vio afectada por la incertidumbre generada por los cambios en el régimen de interés preferencial, lo que impactó la aprobación de préstamos hipotecarios y ralentizó decisiones de compra.

El inicio de 2026 generaba expectativas entre promotores y corredores inmobiliarios, especialmente por la realización de la primera feria inmobiliaria tras los ajustes al programa de interés preferencial que entraron en vigor este año.

Los datos del INEC muestran que la mayor parte de la inversión en enero se concentró en el distrito de Panamá, que acumuló $93.5 millones en permisos de construcción. Le siguieron los distritos de Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago con $13.3 millones, mientras que Arraiján sumó $5.4 millones y Colón registró $3.1 millones.

Por tipo de proyecto, la construcción residencial continuó liderando el mercado. Durante enero de 2026 este segmento representó $75.7 millones del total de la inversión, mientras que las edificaciones no residenciales alcanzaron $39.8 millones.

La cifra confirma que la vivienda sigue siendo el principal motor del sector, aunque los proyectos comerciales también muestran signos de recuperación.

Dentro del segmento residencial, el distrito de Panamá concentró $65.8 millones en permisos de construcción. En el segmento no residencial, la capital también lideró con $27.7 millones en inversiones, seguida por el grupo de ciudades conformado por Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago con $8.6 millones.

Ubicación o espacio

Para los promotores inmobiliarios, el mercado actual refleja cambios claros en el perfil de los compradores. Aldo Stagnaro, presidente del Grupo Stagnaro y también expresidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), explica que el tipo de vivienda que hoy se vende con mayor rapidez son los apartamentos pequeños ubicados en el centro de la ciudad.

“Actualmente en el mercado lo que se está moviendo mucho son apartamentos más chicos. Ya los dinosaurios, los tamaños grandes, los oversized, ya no se están moviendo”, señala. Según explica, el rango de mayor demanda en la ciudad se ubica entre 40 y 125 metros cuadrados, con apartamentos diseñados para maximizar el espacio disponible.

El aumento en el costo por metro cuadrado de construcción es uno de los factores que ha impulsado esta tendencia. Los apartamentos más pequeños pueden alcanzar precios entre $3,800 y $4,000 por metro cuadrado, e incluso valores superiores cuando se trata de unidades completamente amobladas o listas para alquilar.

Muchos compradores buscan precisamente ese tipo de propiedades porque pueden mudarse de inmediato o destinarlas a alquiler como fuente de ingreso pasivo.

Otro elemento que impulsa las ventas es el régimen de interés preferencial. Según Stagnaro, muchos compradores buscan unidades de hasta 120 metros cuadrados para aprovechar los beneficios de la ley en la compra de su primera vivienda o patrimonio familiar.

El tamaño reducido de las unidades también ha obligado a los desarrolladores a replantear la distribución de los espacios. En apartamentos de 45 o 50 metros cuadrados se incorporan diseños funcionales con una recámara, un pequeño estudio o espacio de oficina y áreas compactas para lavandería.

“Son apartamentos muy prácticos”, explica el empresario, especialmente para compradores jóvenes o inversionistas, comentó el expresidente de Acobir.

En el mercado de casas la dinámica es diferente. La oferta disponible dentro de la ciudad es limitada o se encuentra en rangos de precio más elevados.

Según Stagnaro, zonas como Costa del Este, Costa Sur y el área de Juan Díaz mantienen demanda en el segmento residencial, mientras que Panamá Pacífico se ha consolidado como una de las áreas con mayor crecimiento en proyectos de casas.

En estos desarrollos los precios pueden superar los $400,000, pero el comprador ya no está buscando únicamente una vivienda tradicional. “El comprador ahora está buscando una experiencia”, afirma Stagnaro. Esto significa comunidades planificadas que incluyan seguridad privada, amenidades, parques, áreas deportivas y servicios cercanos como supermercados, hospitales y colegios.

El concepto responde a una evolución del mercado inmobiliario hacia proyectos tipo master plan, donde el desarrollo urbano se planifica de manera integral. En estos proyectos se incluyen garitas de seguridad, cableado soterrado, áreas recreativas y espacios comunitarios que elevan el valor de las propiedades y la calidad de vida de los residentes.

Stagnaro explica que muchos compradores están dispuestos a pagar más por este tipo de desarrollos porque ofrecen un entorno más seguro y organizado. “No están buscando solo cuatro paredes. Buscan un residencial privado, con amenidades y con accesibilidad a servicios”, señala.

Las amenidades también influyen en el precio final de las propiedades, ya que los costos de mantenimiento de parques, seguridad y áreas comunes se distribuyen entre los propietarios a través de las cuotas del PH. Para el empresario, este modelo ayuda a preservar el valor de las propiedades en el tiempo.

“Para asegurar tu inversión, trata de comprar en un lugar donde esté bajo el PH”, recomienda. Según explica, el mantenimiento colectivo de las áreas comunes garantiza que el entorno se mantenga en buenas condiciones, lo que protege el valor de las propiedades y mejora la calidad de vida de los residentes.

Mientras tanto, el comportamiento de los costos de construcción sigue siendo un factor clave para el sector. Las estadísticas del INEC muestran que en 2025 la producción de concreto premezclado disminuyó 6.3% frente a 2024, reflejando la desaceleración que experimentó la actividad constructiva durante el año pasado.

El comportamiento del mercado también está influenciado por la evolución del sector comercial. Un informe de la firma Colliers indica que la ocupación de plazas y centros comerciales en el área metropolitana alcanzó 89.6% al cierre de 2025, lo que evidencia una demanda sostenida por espacios comerciales.

El reporte señala además que el inventario total de plazas comerciales supera los 1.4 millones de metros cuadrados distribuidos en más de 360 propiedades, mientras que los centros comerciales suman más de 1.4 millones de metros cuadrados adicionales. La disponibilidad promedio ronda 10.4%, lo que refleja un mercado con baja vacancia y absorción estable.

Otro elemento que explica el dinamismo del mercado inmobiliario es la evolución de las preferencias de los compradores. Un análisis del portal especializado Panama Realty Zone señala que el mercado panameño ha cambiado de forma significativa en los últimos años, pasando de una lógica centrada en adquirir mayor espacio a una tendencia enfocada en simplicidad, funcionalidad y ubicaciones estratégicas.

Según el reporte “Dónde comprar en Panamá en 2026”, los compradores actuales son más selectivos y priorizan proyectos que combinen accesibilidad, servicios cercanos y potencial de valorización.

El informe destaca que el desarrollo inmobiliario en Panamá se concentra principalmente en zonas urbanas consolidadas como Costa del Este, San Francisco, Santa María, Punta Pacífica y Panamá Pacífico, donde se están lanzando nuevos proyectos residenciales y de uso mixto dirigidos tanto a compradores locales como internacionales.

Estos desarrollos suelen incorporar tecnologías de hogar inteligente, diseños más sostenibles y amenidades similares a las de un resort, una tendencia que busca responder a un mercado cada vez más exigente.

De acuerdo con el análisis del portal inmobiliario, la demanda más activa se concentra en viviendas de gama media con precios aproximados entre $160,000 y $350,000, un segmento que se vende con mayor rapidez que las propiedades de lujo.

Esta dinámica está llevando a muchos desarrolladores a enfocarse en edificios residenciales con apartamentos más compactos y eficientes, alineándose con las nuevas preferencias de los compradores y con el aumento en los costos de construcción.

El mismo informe también señala que los mercados de playa y las zonas turísticas del país vuelven a atraer interés de inversionistas y compradores extranjeros.

Para los actores del sector, el inicio de 2026 podría marcar el comienzo de una nueva etapa para la construcción si se consolida la recuperación de la demanda.

El sector construcción en Panamá proyecta un crecimiento moderado del 4% al 6% para el año 2026, impulsado por obras estatales (carreteras, puertos), inversión privada, y vivienda de interés preferencial.

La normalización del régimen de interés preferencial, sumado al regreso de ferias inmobiliarias y nuevos proyectos residenciales, podría impulsar nuevamente uno de los sectores que históricamente ha sido motor de la economía panameña.

En medio de un mercado que evoluciona hacia viviendas más compactas, comunidades planificadas y compradores que buscan experiencias completas de vida urbana, la construcción intenta recuperar el dinamismo perdido durante los últimos años.

La imputación de siete personas por presuntos delitos ambientales vinculados a un proyecto inmobiliario en Punta Chame vuelve a poner bajo la lupa la debilidad de la fiscalización ambiental en el país. La decisión de la jueza de garantías Ruth Aizpú se basa en una investigación impulsada por la fiscal Fátima Sánchez, pero el caso deja una pregunta más profunda: ¿cómo pudo avanzar un proyecto que presuntamente extraía arena y afectaba manglares sin una intervención oportuna del Estado?

Las irregularidades investigadas no surgieron de la noche a la mañana. Según los antecedentes, las denuncias sobre daños ambientales venían circulando desde hace meses, lo que sugiere una falta de vigilancia efectiva durante al menos dos administraciones. Cuando la supervisión falla, los ecosistemas quedan a merced de intereses particulares.

También es innegable la responsabilidad del promotor. Ningún desarrollo responsable puede justificarse sobre la destrucción de manglares o la alteración de ecosistemas costeros.

Cuidar el país exige más que discursos. Exige autoridades que fiscalicen y que no miren hacia otro lado cuando se destruye el patrimonio natural. Cuando el Estado se hace de la vista gorda, lo que se pierde no es solo un manglar, es la credibilidad de las instituciones y el futuro ambiental del país.

La isla de Puerto Rico recibió este fin de semana a cientos de panameños en San Juan. Un fin semana de fiesta latina, con música y mucho béisbol.

Ahí tuve la oportunidad de vivir los días del Clásico Mundial tanto en el estadio Hiram Bithorn como en sus calles y sitios turísticos. Y esto confirma que el turismo deportivo sigue siendo la ruta indicada para impactar economías como la de San Juan, así como Panamá.

El béisbol fue el pretexto. Pero lo que realmente se mueve alrededor de un evento como el Clásico Mundial de Béisbol es mucho más grande que nueve entradas. San Juan lo sabe.

El impacto económico estimado es de 43.8 millones de dólares, una cifra nada despreciable para apenas cinco días de competencia. El cálculo incluye la llegada de aproximadamente 150 mil espectadores a lo largo de diez partidos en el Hiram Bithorn. Pero lo verdaderamente interesante está fuera del estadio.

Hoteles llenos. Restaurantes. Taxis, aplicaciones de transporte y operadores turísticos multiplicando viajes. Bares con música hasta tarde y calles llenas de camisas, gorras y banderas de distintos países. El Clásico convierte a la ciudad en una vitrina internacional. Eso es turismo deportivo.

El estudio de la firma Advantage Business Consulting proyectó la creación de 454 empleos vinculados a los servicios que demanda el torneo. Son cifras que no solo hablan de ingresos, sino de movimiento económico directo para comerciantes, trabajadores y emprendedores.

En otras palabras: el béisbol también es negocio... y promoción.

Porque cada fanático que llegó a San Juan no solo consumió durante el evento. También conoció la ciudad, visita el Viejo San Juan, probó la gastronomía local y, muchas veces, promete regresar.

Eso es construcción de marca país y es importante que aquí lo tengamos presente.

Hace 12 años, la visita de los Yankees de Nueva York y hace 13 meses el partido del Inter Miami.

Las imágenes del estadio lleno, la ciudad movilizada y miles de fanáticos buscando una foto o un recuerdo viajan por todo el mundo. Ese es el verdadero valor de estos eventos.

No solo lo que ocurre dentro del estadio, sino lo que ocurre alrededor.

Por eso no es casualidad que Panamá esté a punto de recibir a unos 2.000 atletas en los Juegos Suramericanos de la Juventud dentro de apenas unas semanas. Aunque el impacto mediático no será comparable al de Messi o al del Clásico Mundial, el concepto es el mismo.

Más delegaciones significa más hoteles ocupados. Más restaurantes trabajando. Más transporte. Más movimiento en la economía.

Pero también significa algo más importante: posicionamiento.

El deporte se ha convertido en una herramienta poderosa para proyectar ciudades y países. Las imágenes de estadios, fanáticos y paisajes viajan por televisión y redes sociales a millones de personas que quizá nunca habían pensado en ese destino.

San Juan lo aprovechó con el Clásico Mundial. Y ahora es nuestro turno.

El Canal de Panamá, por el que transita entre el 5% y el 6% del comercio marítimo mundial, depende del agua dulce para operar y garantizar la continuidad del paso de las embarcaciones.

El inicio del año 2026 ha sido positivo desde el punto de vista hídrico, con altos niveles de agua en los lagos Gatún y Alajuela que alimentan la vía interoceánica, indicó Ayax Murillo, gerente de hidrología de la Autoridad del Canal de Panamá en entrevista con La Prensa.

“Por primera vez en la historia, los niveles de los embalses Gatún y Alajuela para el mes de marzo se encuentran en los más altos en la historia hídrica registrada en el Canal de Panamá (...) Nuestras arcas hídricas se encuentran lo suficientemente robustas para enfrentar lo que queda de esta relativa temporada seca 2026”.

En términos de capacidad, el embalse de Alajuela se encuentra cerca del 99% de su capacidad, mientras que Gatún supera el 90%, lo que permite al Canal operar sin restricciones y mantener el calado máximo permitido para los buques.

Este lunes 9 de marzo el lago Gatún se encontraba con un nivel de agua de 88.32 pies, equivalente a 26.92 metros, cuando el nivel máximo operativo es de 88.93 pies (27.10 metros) y el lago Alajuela en 251.52 pies (equivalente a 76.66 metros) y el nivel máximo operativo es de 252 pies (76.81 metros).

Ante el incremento de los niveles en los lagos en los últimos meses, el Canal ha realizado varios vertidos de agua controlados en las represas Gatún y Madden en noviembre y también se realizaron en el mes de febrero.

Indicó que actualmente el tránsito por el Canal de Panamá oscila entre 38 y 40 cruces diarios de embarcaciones por las esclusas.

“El mes de febrero del 2026 ha sido el más húmedo desde los registros que tiene el Canal de Panamá de más de 132 años”, agrega Murillo, debido a las inusuales lluvias que se registraron.

Explicó que el sistema hídrico del Canal depende de enormes volúmenes de agua dulce para mantener su operación. Cada buque tipo panamax que cruza la vía interoceánica consume aproximadamente 200 millones de litros de agua, liberados desde los embalses durante el proceso de esclusaje.

En promedio, con cerca de 40 tránsitos diarios, el Canal utiliza alrededor de 10 mil millones de litros de agua cada día para permitir el paso de las embarcaciones entre los océanos Atlántico y Pacífico.

A este consumo operativo se suman otras presiones sobre el recurso hídrico. La evaporación en los lagos puede representar pérdidas de entre 1.5 y 2 hectómetros cúbicos diarios, lo que equivale a aproximadamente 2 mil millones de litros de agua al día, especialmente durante la temporada seca cuando aumentan la radiación solar y los vientos.

Además de la navegación, el gerente de Hidrología del Canal, comenta que el agua de los embalses también abastece a gran parte de la población del país. Actualmente funcionan entre ocho y nueve plantas potabilizadoras que captan agua cruda de los lagos Gatún y Alajuela, y se proyecta la construcción de nuevas instalaciones que incrementarán la demanda del recurso hídrico para consumo humano, por lo que es urgente el desarrollo de un nuevo reservorio de agua con el proyecto del embalse de río Indio.

Una nueva amenaza a partir de mayo

A pesar de los elevados niveles actuales, el Canal mantiene medidas de ahorro y están atentos a fenómenos que puedan afectar el nivel de los lagos.

Murillo indicó que desde diciembre de 2025 se implementa una estrategia para ahorrar más de mil millones de litros de agua diarios en las esclusas, como preparación ante el posible desarrollo del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026, que podría traer condiciones más secas para la cuenca.

Sin embargo, las autoridades advierten que el verdadero desafío podría sentirse en la temporada seca de 2027, cuando suelen reflejarse con mayor fuerza los efectos de los eventos de El Niño que pueden causar falta de lluvia en la cuenca del Canal.

El verdadero termómetro para saber cómo evolucionará la disponibilidad de agua en el Canal de Panamá llegará en mayo, cuando normalmente inicia la temporada lluviosa.

Aunque los pronósticos indican que las precipitaciones podrían comenzar ese mes, no se espera que lo hagan con gran intensidad, precisa Murillo, al citar reportes hidrometeorológicos. Por ello, las autoridades del Canal mantienen un monitoreo constante del clima y advierten que el comportamiento de esas lluvias será clave para decidir si se incrementan las medidas de ahorro de agua en las esclusas, especialmente ante la posible formación del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026.

El monitoreo del posible fenómeno de El Niño también se basa en la observación de la temperatura del océano Pacífico.

Según explicó Murillo, los científicos analizan el calentamiento de las aguas frente a las costas de Ecuador y Perú, considerado uno de los primeros indicios de este fenómeno climático. Estas anomalías de temperatura pueden alterar los patrones de lluvia en la región y afectar la disponibilidad de agua en la cuenca del Canal de Panamá. Actualmente, los análisis apuntan a un posible evento de El Niño de intensidad débil a moderada con mayor preocupación hacia lo que pasará en el año 2027.

Murillo advirtió que, aunque actualmente los niveles de agua son altos, la principal preocupación está en el mediano plazo. Explicó que la temporada seca de 2027 podría ser el verdadero desafío, especialmente si se consolida el fenómeno de El Niño en 2026.

“Lo que nos preocupa sería la temporada seca 2027, en vista que todavía no tenemos operativo el embalse de río Indio”.

Para ese momento, el nuevo embalse de río Indio aún no estaría operativo, ya que el proyecto se proyecta para entrar en funcionamiento entre 2031 y 2032, lo que limitaría la capacidad adicional de almacenamiento de agua para enfrentar períodos de sequía. La estrategia actual es ahorrar y maximizar el uso de las esclusas.

El conflicto militar en Medio Oriente, que ha disparado los precios del petróleo, ha paralizado parte de las exportaciones de crudo, además de afectar las rutas comerciales en el Golfo Pérsico hacia Europa y otros mercados. También tiene un efecto en el costo del combustible marítimo, o búnker, a nivel mundial.

Panamá es uno de los centros de suministro y abastecimiento de combustible marino para las embarcaciones que cruzan a diario el Canal y las que transitan tanto por el Pacífico como por el Atlántico. Por lo que cualquier impacto en los precios afecta también la comercialización de este insumo en las aguas panameñas, donde opera una zona de libre comercio de combustible búnker.

La venta de combustible marino en Panamá creció en 2025 a una tasa de 4.06% frente a 2024. El volumen pasó de más de 5.09 millones de toneladas en 2024, con 6,696 naves atendidas, a 5.30 millones de toneladas métricas al cierre de 2025 y un total de 7,466 naves atendidas, según cifras preliminares de la Autoridad Marítima de Panamá.

Parte del incremento se vincula, entre otros factores, al descenso de precios observado en el último trimestre de 2025; con un combustible más barato, las navieras pueden adquirir mayor volumen con el mismo presupuesto operativo.

El bunkering es estratégico porque permite capturar valor adicional del tránsito por el Canal de Panamá. Datos de la AMP y de la Cámara Marítima de Panamá revelan que esta actividad sostiene una flota cercana a 30 buques tanque dedicados al suministro, genera empleo marítimo especializado y articula una red de servicios técnicos, logísticos y portuarios.

Además, Panamá se mantiene entre los diez principales hubs de bunkering del mundo.

Impacto en los precios mundiales

Gerardo Bosques, director del comité de bunkering de la Cámara Marítima de Panamá, advierte que en una semana desde que comenzó el conflicto se registran aumentos de entre 12% y 16% en el precio de este combustible marino en el mercado internacional.

Datos de la plataforma Ship & Bunker reportaron que al cierre de la semana pasada la tonelada de VLSFO (Very Low Sulfur Fuel Oil), referido al combustible marino bajo en contenido de azufre, se cotizaba en 682 dólares la tonelada y al inicio de esta semana escaló a 716 dólares. Mientras que el combustible búnker MGO (Marine Gas Oil), un gasóleo marino destilado de alta calidad, rondaba el lunes 9 de marzo los 1,194 dólares la tonelada.

Con el precio del crudo, tanto Brent del Mar del Norte como el de Texas, sobre los 100 dólares, impactado por el conflicto militar, se temen mayores incrementos en los derivados tanto para el transporte terrestre como en este caso para el transporte marítimo.

Bosques explica que a finales del año 2025 el mercado de combustible marino mostraba una tendencia bajista, en línea con un precio del crudo Brent cercano a 60 dólares el barril en ese momento. Para el mes de enero, apunta, los valores comenzaron a estabilizarse, y hacia finales de febrero iniciaron un ajuste al alza. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, la tonelada de combustible ha aumentado entre 12% y 16%, con incrementos diarios de hasta 30 dólares por tonelada en algunos puertos.

Representantes de las empresas que venden combustible en Panamá indicaron a La Prensa que “las tarifas de combustible en Panamá se ajustan diariamente según los indicadores internacionales. El incremento del precio del crudo y de las primas de riesgo se está trasladando a los clientes, lo que eleva los costos de los viajes y podría influir en las tarifas de flete regionales si estas condiciones se prolongan”.

Sin riesgo de suministro en Panamá

El combustible que se comercializa en Panamá proviene principalmente del Golfo de Estados Unidos, Suramérica, el Caribe y, en menor medida, de Europa, complementado con operaciones de mezcla local.

“Si el conflicto se prolonga durante meses, podría afectar las cadenas de suministro y mantener la presión sobre los precios internacionales del bunker”, advirtió Bosques.

La paciencia frente a las ilegalidades, así como la búsqueda constante del bien común, la competitividad, la transparencia y la seguridad en los puertos, representan el compromiso que asumimos como organización y que renovamos cada día.

Hoy, más que nunca, es necesario fortalecer la moral de nuestros colaboradores, quienes han persistido con firmeza en estos objetivos aun cuando el trayecto no ha sido fácil. Su convicción —sostenida a lo largo del tiempo—, de que hacer las cosas bien sí vale la pena, y de que el desarrollo del país se fundamenta en principios claros, nos reafirma que estamos en el camino correcto.

La experiencia también nos ha dejado una enseñanza sencilla pero profunda: las acciones tienen consecuencias. Quien decide obrar mal, tarde o temprano enfrenta el resultado de sus actos. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Por eso, la nación no puede permitirse retrocesos ni volver a prácticas que tanto daño han causado en sectores estratégicos. Avanzar exige coherencia, convicción, responsabilidad y memoria.

Conducir esta nueva etapa —basada en reglas claras, institucionalidad y confianza— implica una responsabilidad histórica que al presidente de la República le ha correspondido liderar. Es justo reconocer los esfuerzos realizados y la firmeza con la que se ha proyectado esta transición.

No obstante, este proceso debe concluir de manera definitiva. Dejarlo inconcluso constituye un grave riesgo para la nación. Mantener vigentes las estructuras creadas por el concesionario saliente, Panama Ports Company (PPC), además de carecer de lógica estratégica, contradice el propósito de la transición. Haber aplicado un enfoque quirúrgico en la etapa inicial pierde todo sentido si falta la voluntad de desmantelar de raíz el esquema institucional que lo hizo posible.

Legitimar los mecanismos que dieron origen a prácticas cuestionables debilita nuestra posición frente al arbitraje internacional, pues rehabilita la imagen de la empresa a pesar de sus reiterados incumplimientos. Los instrumentos para garantizar la estabilidad de la fuerza laboral existen; por ello, no hay razón que justifique prolongar este andamiaje heredado. Permitir su continuidad implicaría validar las irregularidades del pasado. Todo quedaría intacto. Y quien terminaría pagando el costo sería Panamá.

Proteger el sistema nacional portuario y evitar la repetición de prácticas lesivas no es una opción: es un deber ineludible. Con esta premisa, resulta indispensable consolidar y promover la competitividad de la industria marítima auxiliar, pieza fundamental para la eficiencia y el desarrollo del sector portuario, y garantía de un crecimiento sólido y sostenible en el país.

La industria marítima está llamada a alinearse con el beneficio colectivo y el bienestar de la sociedad. El fin de las zonas grises abrirá una nueva etapa: la transparencia generará la confianza y la confianza impulsará la inversión.

“Las opiniones expresadas en este comunicado son responsabilidad única de su autor y de quienes sufragan su publicación”.

¿Cuál fue tu primer acercamiento al mundo financiero y qué te llevó a especializarte en Wealth Management dentro de una firma como Singular?

Inicié mi carrera en la banca tradicional en Bogotá y recorrí distintas jurisdicciones en el mundo del corretaje y los puestos de bolsa. Con el tiempo, me especialicé en gestión patrimonial, atraído por la posibilidad de ofrecer un servicio verdaderamente personalizado. Singular representa el siguiente nivel de esa evolución: una firma que no concibe al cliente como un producto, sino como una persona con necesidades únicas, abordadas desde una visión de banca privada integral y centrada completamente en las características del individuo.

¿Cómo describes tu enfoque al trabajar con clientes de alto patrimonio y cómo se alinea esto con la propuesta de valor de Singular?

Mi enfoque parte de entender al cliente de forma integral. En Singular, no intentamos encajar soluciones predefinidas. Nuestra propuesta de valor se basa en construir trajes a la medida. La gestión patrimonial hoy no se trata solo de elegir activos, sino de construir una relación sincera de largo plazo, donde el asesoramiento patrimonial y legal se funden con el financiero para proteger el legado del cliente.

Has trabajado en múltiples países. ¿Cómo ayuda esa experiencia a fortalecer el modelo de negocio de la firma?

Haber conocido clientes de distintas jurisdicciones es fundamental para el modelo de Singular. Aunque el inversionista latinoamericano comparte rasgos comunes, cada país tiene matices legales y fiscales distintos. Mi rol es identificar esas diferencias para potenciar nuestra visión regional integrada, permitiendo que Singular sea ese puente experto para quienes buscan seguridad y diversificación en Centroamérica y el Caribe.

¿Cómo está evolucionando la gestión patrimonial en Latinoamérica y qué rol juega la tecnología en Singular?

Estamos pasando de la asesoría masiva a una personalizada. En Singular, utilizamos la tecnología no para reemplazar el contacto humano, sino para potenciarlo. Esto nos permite una gestión de portafolios más eficiente y una asesoría integral que responde en tiempo real a las complejidades del mercado actual.

¿Qué diferencia la estrategia de inversión de Singular, especialmente en cuanto a activos alternativos y diversificación?

La diversificación es innegociable, pero en Singular vamos más allá de los mercados públicos. Nuestra propuesta de valor incluye el acceso a activos alternativos y emisiones exclusivas que permiten al cliente diversificar en la economía real. Mi regla es inquebrantable: solo invertimos en lo que entendemos. Nuestro rol es, precisamente, simplificar lo complejo para que el cliente tenga el control total de su estrategia.

¿Qué fue lo que más te atrajo de Singular al asumir este nuevo rol?

Sin duda, su capacidad para generar un valor verdaderamente diferencial. Singular cuenta con una plataforma sólida respaldada por custodios de talla mundial como Bank of New York Mellon, BNY Pershing y Swissquote. A esto se suman nuestras capacidades en productos alternativos, servicios corporativos, soluciones de pagos, banca de inversión y nuestro multifamily office, lo que nos posiciona de forma distinta frente a la gestión patrimonial tradicional en Panamá. Somos una firma que se atreve a ser diferente: integramos mercados, estructuramos soluciones exclusivas y construimos estrategias diseñadas para proteger y fortalecer el patrimonio de nuestros clientes en un entorno global cada vez más desafiante.

Panamá es clave en su estrategia. ¿Cómo ves el rol del país como hub financiero bajo la óptica de Singular?

Panamá se ha consolidado como un puerto seguro en la región. Su estabilidad jurídica, monetaria y su conectividad internacional lo posicionan como un hub estratégico para la estructuración y administración patrimonial. En ese contexto, Singular desempeña un rol clave: no solo capitaliza las fortalezas de la plaza, sino que contribuye activamente al desarrollo del mercado local, ofreciendo a sus clientes una plataforma sólida desde la cual estructurar, diversificar y proyectar su patrimonio hacia oportunidades en toda la región y los mercados globales.

¿Qué diferencia a un asesor excelente en Singular de uno promedio en el mercado?

Un asesor excelente en Singular es aquel que logra crear un hub para el patrimonio del cliente. No se limita a mirar el rendimiento de una acción; entiende el contexto legal, sucesorio y personal del inversionista. Ser un asesor aquí significa construir confianza a través del entendimiento profundo y la entrega de soluciones que trascienden el portafolio financiero.

https://singularwm.com

En Santa María Norte se desarrolla Arena, una propuesta residencial diseñada para quienes buscan exclusividad, privacidad y las mejores vistas frente al campo de golf en Panamá.

El proyecto ha sido concebido bajo un concepto claro: exclusividad, amplitud y calidad de vida. Con solo 68 apartamentos, dos por piso, Arena ofrece un nivel de privacidad poco común dentro del mercado inmobiliario de alto nivel, convirtiéndose en una de las propuestas más exclusivas dentro del entorno residencial de Santa María.

Sus amplias terrazas abiertas al campo de golf brindan panorámicas privilegiadas del paisaje natural que caracteriza a esta comunidad, creando una conexión permanente entre los espacios interiores y el entorno. La arquitectura del proyecto ha sido diseñada para aprovechar al máximo estas vistas, priorizando la amplitud de las áreas sociales y la entrada de luz natural.

Las residencias, de 217 m² a 271 m², con configuraciones de 3 y 4 recámaras, integran cocinas contemporáneas de diseño integral, espacios sociales generosos y acabados de gran formato que elevan cada ambiente y aportan una sensación de sofisticación y modernidad.

Arena cuenta con más de 1,800 m² de amenidades pensadas para complementar la experiencia de vida de sus residentes. Entre ellas se encuentran la piscina semiolímpica, cancha de pádel, gimnasio equipado, chef kitchen, pet spa, sauna, studio library, gimnasio, zona zen, áreas para niños y espacios sociales diseñados para el bienestar, la recreación y la convivencia.

Estas áreas han sido concebidas como extensiones naturales del hogar, ofreciendo espacios para el deporte, el descanso y la vida social dentro de un entorno privado y cuidadosamente diseñado.

El proyecto contará además con más de 30 estacionamientos de visita, un parque adyacente y se ubica en una calle sin salida, lo que brinda tranquilidad y seguridad adicional, especialmente para familias con niños que pueden disfrutar de un entorno protegido.

El diseño arquitectónico está a cargo de Mallol & Mallol Arquitectos, una de las firmas más reconocidas de la región, cuya propuesta combina elegancia, funcionalidad y una visión contemporánea del lujo residencial.

Arena es desarrollado por Casa Propia Signature, marca especializada en proyectos residenciales de alto nivel del grupo Casa Propia. Con más de dos décadas de trayectoria y proyectos emblemáticos como Buenavista en Santa María y Puntarenas en Coco del Mar, la firma aporta respaldo, calidad constructiva y visión patrimonial a largo plazo.

Para más información acerca del proyecto puede consultar en https://www.pharena.life/ o en nuestras redes sociales @pharenalife