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En Nicaragua, hasta rezar requiere permiso, denuncian dos exiliados
La policía vigilaba día y noche la casa donde vivía Gabriel Putoy. Hacía menos de cuatro meses que había salido de la cárcel, donde estuvo un año porque se negó a grabar un video hablando mal de los sacerdotes.
Un día, cuando intentó salir de su casa, un agente lo detuvo en la puerta y amenazó con sembrarle droga para encarcelarlo otra vez.
Entonces, entendió que si se quedaba, volvería a prisión, y se fue.
Hoy vive refugiado en Costa Rica, sin nacionalidad, sin casa y sin títulos. En 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le quitó la ciudadanía, le confiscó la vivienda, borró su inscripción del registro civil y anuló sus diplomas de docente.
Putoy es maestro de matemáticas. Nació en Monimbó, una comunidad indígena de Masaya, y fue dirigente de los educadores. Lo encarcelaron en 2018, durante las protestas contra la dictadura. En los interrogatorios nadie le preguntó qué había hecho él. Le preguntaban directamente por los sacerdotes. Por la iglesia católica.
“Querían que hablara en contra de ellos. Dije que no sabía nada y me comenzaron a golpear”, le cuenta a La Prensa una calurosa mañana de octubre, durante la semana en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sesionó en Panamá.
La comunidad indígena a la que pertenece es muy creyente y él participaba en las procesiones. Esa cercanía con la Iglesia, asegura, le costó más de un año de aislamiento.
“A mí no me preguntaron qué fue lo que hice yo; me preguntaron qué era lo que yo sabía que habían hecho los sacerdotes”.
Gabriel Putoy, maestro perseguido por el régimen Ortega Murillo
El fraile perseguido
A su lado está fray Rafael Aragón, dominico de origen español y nicaragüense por decisión, con casi 50 años de trabajo pastoral en el país centroamericano.
Exiliados en Costa Rica, fundaron un centro de derechos humanos. Ante la CIDH denunciaron la persecución religiosa, junto con el colectivo Nicaragua Nunca Más.
Aragón tenía una emisora en Chinandega, en el noroccidente de Nicaragua, cerca de la frontera con Honduras. Se llamaba Radio Veritas. En 2018, la radio apoyó a los manifestantes, denunció los siete muertos que hubo en la zona y dio el nombre del hombre que, según la emisora, mató a uno de los jóvenes.
Desde entonces el asedio no cesó. El sacerdote entregó la radio y viajó a España para atender su salud y descansar. Cuando intentó volver, el 29 de noviembre de 2022, las autoridades le negaron la entrada.
También perdió la misa dominical que transmitía desde hacía 44 años por otra emisora. Le pusieron una condición. O se ajustaba al pensamiento de “doña Rosario” o salía del aire.
“Yo no puedo someter mi pensamiento ni el Evangelio a los criterios del régimen”.
Rafael Arangón, fray dominico.
Una Iglesia abierta, pero vigilada
En Nicaragua los templos siguen abiertos y las parroquias tienen sacerdotes. Pero el recuento del centro de derechos humanos de Aragón suma 394 religiosos desterrados, entre ellos cuatro obispos.
Uno de ellos es monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal, a quien el régimen expulsó en 2024. Otro es Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. En 2023, Álvarez se negó a subir al avión que lo llevaría desterrado a Estados Unidos, y el régimen lo devolvió a la cárcel.
Recuperó la libertad en enero de 2024, tras una negociación con el Vaticano, y hoy vive en Roma.
Para Aragón, el objetivo del régimen no es cerrar templos. “Quieren controlar el liderazgo y el pensamiento de la Iglesia”, explica.
Desde abril de 2018, los curas predicaban sobre derechos humanos, democracia y respeto a la vida. Ese mensaje choca con el proyecto de Murillo, hoy copresidenta, que aspira a guiar la fe de todos los cristianos del país.
El control alcanza los detalles más minúsculos. Según los dos exiliados, el régimen fija cuánto debe durar una homilía y qué debe decir. Cada lunes, enviados del partido pasan por las parroquias y piden cuentas de la colecta del domingo. El sacerdote debe informar a dónde va cuando sale de la iglesia, y en el sitio alguien lo espera para comprobarlo. Un retiro exige reportar el tema, el lugar y la lista de asistentes.
“¿Quién quiere ir a una iglesia controlada?”, pregunta Putoy. La gente tiene miedo, dice, porque quienes vigilan son policías o paramilitares vestidos de civil.
Procesiones con permiso
Durante años, el régimen prohibió las procesiones. Aragón lo explica con cifras. La de San Jerónimo, en Masaya, reúne unos 20,000 peregrinos, y la de Santo Domingo, en Managua, hasta 30,000. Pero una multitud en la calle es justo lo que la dictadura no tolera.
Recientemente, narran, autorizaron cuatro procesiones, pero con reglas. Se requiere permisos de las autoridades, del secretario departamental del partido y de la parroquia.
Además, el cura responde por todo lo que ocurra en el recorrido. Para los entrevistados, la medida busca aliviar la presión internacional e intentar limpiar la imagen de la pareja presidencial.
La fe de Murillo
Aragón describe a la copresidenta como una mujer de tradición católica, pero con una espiritualidad marcada por el movimiento hippie de los años 60, el esoterismo y el sincretismo.
Cada mediodía, cuenta, habla por los medios oficiales, al estilo del papa León XIV, “con mensajes de amor y paz”.
“Que ella habla, sí. Que la gente escuche es otra cosa”, añade el fraile.
Persecución sin fronteras
Putoy pone la mirada en las cárceles. Según sus datos, 36 mujeres presas políticas permanecen en condición de desaparecidas, entre ellas dos menores de edad.
El exilio tampoco garantiza la seguridad. Putoy menciona el caso del mayor en retiro Roberto Samcam, crítico del régimen, a quien asesinaron a balazos en junio de 2025 en San José, Costa Rica.
Según su cuenta, ya suman 11 asesinatos de opositores nicaragüenses en Costa Rica. Por eso pidieron a la CIDH medidas cautelares para los perseguidos fuera del país. También piden que los gobiernos de acogida frenen las extradiciones que Managua solicita a través de Interpol.
Las demandas
Aragón estuvo en la marcha del Día de las Madres, aquel 30 de mayo de 2018, en Managua.
Ese día murieron 16 personas, según su relato. “Yo lo vi y lo tuve que denunciar”, dice.
Ocho años después, sigue denunciando, ahora desde el otro lado de la frontera.
© AFP
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