El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. abrió el proceso para seleccionar empresas que se encargarán de la administración, operación y mantenimiento de los aeropuertos internacionales Enrique Malek, en David, Chiriquí, y Scarlett Martínez, en Río Hato, provincia de Coclé.

La gestión de ambas terminales se dará mediante contratos de administración con una duración inicial de 10 años. La infraestructura continuará siendo propiedad del Estado.

El proceso de precalificación comenzó formalmente el 6 de noviembre de 2026, luego de que el Consejo de Gabinete autorizara iniciar el proceso el pasado 29 de septiembre.

La decisión se produce en un contexto en el que ambos aeropuertos mantienen resultados financieros negativos. Según cifras de Tocumen, durante 2025 las terminales de David y Río Hato movilizaron en conjunto cerca de 398,000 pasajeros, pero registraron pérdidas en sus operaciones.

No es posible determinar qué proporción de la operación global de Tocumen representan los aeropuertos de David, en Chiriquí, y Scarlett Martínez, en Río Hato, Coclé, debido a que la empresa no presenta sus resultados financieros desglosados por aeropuerto.

Según la Nota 19, página 46, de sus estados financieros, la administración identifica un solo segmento de negocio, denominado operaciones y administración del Aeropuerto, sin distinguir los ingresos ni los resultados de cada terminal.

Tocumen tuvo un buen primer semestre del año.

Con el nuevo esquema, Tocumen busca que operadores especializados asuman la gestión cotidiana y comercial de las instalaciones. Deberán tener un plan para atraer nuevas rutas y fortalecer la conectividad aérea de ambas regiones.

La administración aeroportuaria mantendrá la titularidad de las instalaciones y continuará a cargo de las inversiones en infraestructura que ya tiene contempladas.

El calendario del proceso

Las empresas interesadas tendrán hasta el 27 de noviembre de 2026 para registrarse. Posteriormente, podrán participar en visitas técnicas a los aeropuertos, previstas para el 30 de noviembre en David y el 2 de diciembre en Río Hato.

La reunión de homologación de las bases se realizará el 4 de diciembre, mientras que el período para presentar consultas y solicitudes de aclaración concluirá el 21 de diciembre.

La entrega de los documentos de precalificación está programada para el 7 de enero de 2027.

Una comisión evaluadora revisará las propuestas entre el 14 y el 27 de enero. La lista de empresas que superen esta etapa se publicará el 2 de febrero de 2027, aunque el calendario contempla una posible extensión hasta el 11 de febrero.

Las compañías que resulten precalificadas podrán participar en la posterior licitación para adjudicar los contratos de administración de las dos terminales aéreas.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) −que declara inconstitucional la Ley No. 20 de 2006− tendrá varias implicaciones importantes para la gestión del Canal de Panamá.

Este fallo no solo vuelve ampliar los límites de la cuenca, sino que también plantea significativos desafíos para las actividades mineras en la región, algo que no se había anticipado inicialmente.

Al declarar inconstitucional la Ley No. 20 de 21 de junio de 2006, se restauran los límites de la cuenca a los establecidos previamente por la Ley 44 de 31 de agosto de 1999. Así, se vuelve a incluir en la región Occidental y por ende Río Indio para su preservación por Canal de Panamá.

Esta acción tiene implicaciones significativas para la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que ahora recupera jurisdicción sobre estas áreas críticas.

Una vez que la decisión sea publicada en la Gaceta Oficial, la ACP retomará el control de las cuencas conforme a los límites de 1999.

Esto, en teoría, les permite avanzar con la ejecución de proyectos hídricos que incluyan la utilización del agua de la cuenca de río Indio, para mejorar la estabilidad del suministro de agua y las operaciones del Canal.

No hay que olvidar que para avanzar en el plan hídrico que ha visualizado la administración de la ACP, además de ampliar los límites de la cueca, se requiere la creación de embalses.

La decisión de la CSJ también afectaría las operaciones mineras en la región, dado que la cuenca del río Coclé del Norte vuelve a estar bajo la custodia del Canal de Panamá.

El desarrollo de Minera Panamá se registra en áreas de la cuenca del río Coclé del Norte (cuenca n.°105) y en la cuenca del río Belén (cuenca n.°103).

El exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano, explicó a La Prensa que aunque la ACP no es propietaria de los terrenos, su rol de supervisión asegura que cualquier actividad en esta área debe contar con su anuencia para garantizar la protección ambiental y la gestión sostenible del recurso hídrico.

Cuando la ACP visualizó el año pasado el desarrollo de su plan hídrico, solo incluía la cuenca entera de rio Indio, no así todo lo que estaba amparado bajo la Ley N° 44 de 1999.

En septiembre, la junta directiva de la ACP envió un proyecto de ley al Ejecutivo que incluía la delimitación completa de la cuenca del río Indio. Ahora, la CSJ ha reconfigurado el escenario al restablecer los límites de 1999.

La ACP deberá decidir si ajusta la propuesta enviada al Ejecutivo para reflejar estos cambios o si incorpora solo la parte baja de la cuenca del río Indio que no estaba incluida en la delimitación original de la Ley 44.

La ACP informó que en cumplimiento con el fallo, le corresponde ahora ejercer su facultad constitucional sobre el área geográfica contenida en la Ley n.° 44 de 1999, a fin de salvaguardar sus recursos hídricos.

“La junta directiva del Canal y su administración coordinarán con la administración del presidente José Raúl Mulino las acciones necesarias para avanzar en la búsqueda de soluciones de largo plazo a la crisis hídrica que ha enfrentado Panamá, y así garantizar permanentemente el agua necesaria para el consumo de la población y las operaciones de la vía interoceánica”.