Detrás de las respuestas rápidas, las imágenes, los videos y las diversas herramientas que ofrece la inteligencia artificial (IA), existe una infraestructura que requiere grandes cantidades de electricidad, sistemas de refrigeración y recursos naturales para funcionar. Se trata de los centros de datos, instalaciones que, con el auge de la IA, han generado preocupación por su impacto ambiental.

Este fue uno de los principales temas que abordó la activista ambiental estadounidense Erin Brockovich durante su participación en el Congreso Mundial de Turismo de Reuniones, celebrado en Panamá, donde advirtió sobre las consecuencias que podría tener el crecimiento acelerado de estas instalaciones en el suministro de agua, las redes eléctricas y las comunidades.

“Esto no se trata de querer detener la innovación”.

Erin Brockovich, activista ambiental.

“Se trata de hacer las preguntas adecuadas sobre lo que estos centros de datos de inteligencia artificial a hiperescala harán con el suministro de agua, lo que podrían hacer con el aire”, manifestó la activista, conocida por su lucha contra la contaminación del agua en Hinkley, California.

Ante los asistentes, planteó dos preguntas puntuales: “¿De cuánta tierra estamos hablando? ¿Quién va a pagar toda la electricidad de esto?”. Además, cuestionó la velocidad con la que se desarrolla esta infraestructura tecnológica y destacó la necesidad de evaluar sus consecuencias antes de que las instalaciones entren en funcionamiento.

Para Brockovich, el crecimiento de la IA plantea un desafío que va más allá de la innovación tecnológica, ya que la demanda de energía y agua de los centros de datos podría aumentar la presión sobre recursos que, según advirtió, ya enfrentan dificultades en diferentes regiones.

“Muchos de nuestros recursos ya están bajo presión, y esto podría ser un punto de quiebre para todos nosotros”.

Erin Brockovich, activista ambiental.

La activista advirtió que, además de las consecuencias ambientales, podrían existir repercusiones económicas en las comunidades donde se instalan los grandes centros de datos. Aseguró que está observando reportes de incrementos significativos en los costos de los servicios públicos en estas áreas, algo que atribuyó a la presión asociada con la expansión de estas instalaciones.

Sin embargo, la activista no precisó los países, períodos ni las fuentes estadísticas correspondientes a esos incrementos.

También señaló que algunas comunidades han comenzado a manifestar oposición ante la posibilidad de perder terrenos agrícolas, enfrentar mayores costos energéticos o experimentar dificultades en el suministro eléctrico.

“Les preocupa la cadena alimentaria. Les preocupa la infraestructura. Les preocupa la demanda de electricidad y que provoque apagones”, expresó.

A su juicio, estos temores están relacionados con la incertidumbre sobre los efectos que tendrán los proyectos tecnológicos en la vida cotidiana de las personas y en los recursos disponibles.

También explicó que ha comenzado a recopilar información sobre los centros de datos de IA y las preocupaciones de las comunidades en diferentes partes del mundo. Señaló que, hasta el momento, recibe reportes de 20 países.

Manifestó, además, que uno de los aspectos que más le llama la atención es la falta de información pública sobre algunos de estos proyectos. Según aseguró, al analizar los casos, identificó un elemento recurrente: la utilización de acuerdos de confidencialidad durante el desarrollo de las instalaciones.

La activista no detalló el número de proyectos incluidos en ese análisis, pero insistió en que la transparencia y la participación ciudadana son fundamentales para evitar conflictos entre las empresas tecnológicas y las comunidades.

“Las comunidades quieren tener un lugar en la mesa. Quieren participar. Quieren hacer preguntas”.

Erin Brockovich, activista ambiental.

De acuerdo con Brockovich, la oposición ciudadana no surge necesariamente de un rechazo a la tecnología, sino de la falta de información y de oportunidades para participar en decisiones que pueden afectar los recursos naturales y las condiciones de vida de la población.

“Quieren ser escuchadas. Y su primera intención no es oponerse. Quieren ser incluidas”, añadió.

Brockovich, cuya trayectoria ambiental se hizo conocida internacionalmente por el caso de contaminación del agua relacionado con la empresa Pacific Gas and Electric (PG&E), advirtió que las consecuencias de ignorar las preocupaciones ambientales pueden extenderse durante décadas.

“He pasado 30 años viendo empresas demandadas por miles y miles de millones de dólares, con recursos destruidos y la salud puesta en peligro”, señaló.

En ese sentido, hizo un llamado a las grandes empresas tecnológicas para incorporar la seguridad, la protección de los recursos naturales y la participación de las comunidades desde las primeras etapas de sus proyectos.

Asimismo, reconoció que la inteligencia artificial ofrece oportunidades y manifestó que la discusión no consiste en elegir entre tecnología y protección ambiental, sino en encontrar mecanismos que permitan avanzar en la innovación sin comprometer los recursos naturales.

La trayectoria de Brockovich inspiró la película Erin Brockovich, estrenada en 2000 y protagonizada por Julia Roberts, quien ganó el Óscar a mejor actriz por su interpretación. La activista también tuvo una breve aparición en la cinta.

Más de dos décadas después, Brockovich continúa promoviendo la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades, esta vez con la mirada puesta en los desafíos que plantea la expansión de la inteligencia artificial.

IA, agua, energía y huella de carbono

El informe “Coste ambiental del uso energético de la IA: huellas de carbono, agua y suelo”, presentado en junio pasado, concluyó que para el año 2030, los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial consumirán 945 teravatios-hora de electricidad, casi el triple del consumo anual combinado de Pakistán, Bangladés y Nigeria, países que suman unos 650 millones de personas. Su huella hídrica equivaldrá a las necesidades básicas de agua de toda la población de África subsahariana (1,300 millones de personas), y su ocupación del suelo superará los 14,500 kilómetros cuadrados, el doble del área metropolitana de Yakarta.

El informe fue elaborado por el Instituto de la Universidad de la ONU para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud. Sus autores advierten de que hasta ahora solo se había medido la huella de carbono de los grandes modelos de IA, ignorando sistemáticamente el agua que consumen (para refrigeración y generación eléctrica) y el territorio que ocupan (infraestructuras energéticas y cadenas de suministro).

El reporte también alude a que el peso real de la IA es las consultas diaria y precisa que solo ChatGPT procesa unos 2,500 millones de consultas al día (383 gigavatios-hora al año) y que compensar sus emisiones de carbono requeriría 2.6 millones de plántulas de árboles durante 10 años, una superficie del tamaño de Manhattan.

De acuerdo con el reporte, en 2025, los centros de datos globales consumieron 448 teravatios-hora. Si fueran un país, serían el undécimo mayor consumidor de electricidad del mundo, por detrás de Francia y por delante de Arabia Saudí.

Los análisis de agua realizados en las áreas de captación de los ríos que abastecen las plantas potabilizadoras de San Francisco y Santiago, en la provincia de Veraguas, no detectaron rastros de arsénico ni de otros contaminantes, de acuerdo con información del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) divulgada este lunes 9 de noviembre, cuando se cumplió un mes del sismo de magnitud 7.5 con epicentro en la región de Azuero, que provocó un deslizamiento de tierra en la antigua mina El Remance.

De acuerdo con la entidad, las pruebas de metales efectuadas el pasado 19 de octubre arrojaron resultados “dentro de los parámetros de referencia establecidos para las captaciones evaluadas”.

De acuerdo con la información oficial, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) también informó que “sus controles no han identificado condiciones fuera de lo normal” en el agua que ingresa a las plantas potabilizadoras “ni en la que producen”. Sin embargo, las autoridades afirman que mantienen la vigilancia ambiental en el área afectada.

Hasta la fecha y tras el deslizamiento de tierra, Miambiente ha realizado 90 actividades de monitoreo y recolección de muestras de aguas superficiales y subterráneas, pozos, suelos y sedimentos.

El seguimiento forma parte de la primera fase de los trabajos de remediación ambiental en la antigua mina El Remance, ubicada en San Francisco de Veraguas, que permanece abandonada desde hace 27 años.

Como parte de estas intervenciones, Miambiente informó sobre una inversión de $817,930.81 en proyectos de saneamiento y tratamiento de agua para las comunidades cercanas a la antigua mina.

Uno de los proyectos en ejecución es la construcción de seis soluciones sanitarias individuales en la comunidad de La Gorda, que incluyen baños y tanques sépticos para reducir la contaminación generada por aguas negras y residuales domésticas. De acuerdo con el ministerio, estos trabajos representan una inversión de $37,930.81 y registran un avance del 60%; se espera que estén concluidos en aproximadamente dos semanas.

Al mismo tiempo, se desarrolla la instalación de cuatro plantas modulares de tratamiento de agua que beneficiarán a las comunidades de La Gorda, Pato Arriba (Los Llanitos) y Las Mesillas. Este segundo proyecto implica una inversión de $780 mil y registra un avance del 40%. Las instalaciones incorporarán sistemas de electrofloculación, filtración, sensores de control de calidad del agua, equipos de bombeo y almacenamiento, además de mejoras en los tanques existentes. Según explicó la entidad, esta tecnología permitirá tratar el agua mediante procesos electroquímicos, sin necesidad de recurrir a la dosificación habitual de productos químicos.

Continúan evaluaciones en la antigua mina

Miambiente, junto con el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), mantiene evaluaciones técnicas para determinar las obras necesarias para contener y estabilizar el material que se desplazó durante el sismo.

Estas intervenciones buscan reducir el riesgo de nuevos deslizamientos y controlar el arrastre de sedimentos hacia la quebrada Veneno, una de las preocupaciones ambientales identificadas en el área afectada.

Mientras se definen las medidas de estabilización, las autoridades instalaron una malla perimetral de seguridad para restringir el acceso a la zona y disminuir los riesgos para la población.

No se ha precisado cuándo comenzarán las obras de estabilización del terreno.

El combate al narcotráfico y la cooperación en materia de seguridad fueron los principales temas de una conversación telefónica sostenida este lunes 9 de noviembre entre el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

Esto fue lo que divulgó la Presidencia de la República tras documentar la llamada entre ambos mandatarios. Se destacó la colaboración entre las dos naciones para enfrentar las actividades del crimen organizado y coincidieron en la importancia de mantener los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad.

“Estamos poniendo el pecho al narcoterrorismo juntos, que es lo que nos toca”, expresó Fernández, quien agradeció el trabajo desarrollado entre ambos gobiernos, según información compartida por el Gobierno panameño.

En octubre de 2026, el Gobierno de Fernández anunció la apertura del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), una megacárcel de máxima seguridad en Alajuela con capacidad para 5.100 reclusos. Ese mismo mes, declaró como organizaciones terroristas a seis cárteles mexicanos y tres grupos colombianos (incluido el Cartel de Sinaloa, el CJNG y el ELN).

Costa Rica se encuentra entre Nicaragua, al norte, y Panamá, al sureste, con los que comparte fronteras de 309 y 330 kilómetros, respectivamente. Como diría InSight Crime, la ubicación geográfica del país lo convierte en un corredor estratégico para el tránsito de cargamentos de cocaína.

Panamá, por su lado, por su posición geográfica y su conexión marítima internacional, hace que sus costas puedan ser utilizadas por organizaciones criminales como puntos de tránsito y salida de cargamentos de cocaína hacia Norteamérica, Europa y Oceanía.

En la llamada, Mulino calificó la cooperación entre Panamá y Costa Rica como un “esfuerzo mancomunado y muy firme”.

La conversación también abordó las relaciones bilaterales y los espacios de cooperación regional. Ante ello, Mulino extendió una invitación a la mandataria costarricense para participar en el Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe, que se celebrará en Panamá del 27 al 28 de enero de 2027.

“Vamos a valorarla. Para mí, Panamá es toda la prioridad, tenemos muchos temas de interés y en común. Si Dios me lo permite, allí estaré”, señaló Fernández.