A la complejidad de la imputación del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha sumado ahora la participación de una familia venezolana ligada al chavismo, cercana a la presidenta Delcy Rodríguez, que controla una red de sociedades en Panamá.

Se trata de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, identificados como “administradores solidarios” de Inteligencia Prospectiva SL, una sociedad limitada con domicilio en el Paseo de la Habana, en Madrid, que hizo pagos por 561,440 euros ($652,730 al cambio actual) a Whathefav SL, la agencia de mercadeo digital que manejan las hijas de Rodríguez Zapatero.

La investigación al expresidente, que inicialmente nació alrededor del rescate con fondos públicos de Plus Ultra Líneas Aéreas, ha derivado en el hallazgo de una compleja estructura societaria y jerarquizada que, según el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional de España, orbitaba alrededor de Rodríguez Zapatero y cuyo objetivo era el ejercicio de influencias de carácter ilícito.

El pasado 18 de mayo, el juez Calama firmó el auto judicial que declara abierta la investigación al expolítico socialista. La Prensa tuvo acceso a ese documento, así como a dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España en los que se ha basado el juez para imputar al expresidente, los cuales mencionan en numerosas ocasiones a los hermanos Amaro Chacón y muestran la gran relevancia que adquirieron en la estructura que está bajo investigación.

Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo son hijos de Domingo Amaro Rangel, fundador de Seguros Altamira y de Ingenieros Chacón, Amaro & Asociados. Con esta última empresa supuestamente construyó 18 estaciones de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). En su página de internet, Amaro Rangel presume del crecimiento sostenido, la “capacidad de adaptación” y la “innovación continua” de sus negocios mientras Venezuela atraviesa su peor crisis política, económica y social.

El nombre de Amaro Rangel aparece como director y/o dignatario en 19 sociedades inscritas en el Registro Público de Panamá; seis están suspendidas y una, disuelta. En la mayoría también figura su hijo Domingo Amaro Chacón.

El auto del juez Calama destaca que los vínculos de los Amaro Chacón y sus negocios internacionales, particularmente centrados en Venezuela, “exceden ampliamente las capacidades de un empresario corriente, al proyectarse directamente sobre asuntos de Estado de máximo nivel, ajenos por completo al marco normal de una actividad mercantil”.

En algunas conversaciones intervenidas por los investigadores policiales hay referencias a Delcy Rodríguez, a quien apodan la “Dama”. En particular, está la transcripción de una comunicación con Julio Martínez Martínez, hombre de confianza de Rodríguez Zapatero, en la que Domingo Amaro Chacón le informa que el suizo Philippe Apikian, presidente de Swissoil Trading, S.A., y los “chinos” están “listos para comprar barcos”.

Esa conversación ocurrió el 23 de enero de 2024; tres años antes, el 19 de enero de 2021, Apikian y Swissoil Trading, con sede en Ginebra, fueron incluidos en la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por supuestamente facilitar la venta de crudo venezolano para posteriormente enviarlo clandestinamente a China. Apikian y Swissoil Trading fueron retirados de la lista de la OFAC el 29 de junio de 2023.

Aquel mensaje interceptado por la UDEF continúa con Domingo Amaro Chacón informando que Apikian y los chinos están “listos para viajar a reunirse con la Dama y el ministro de Petróleo”. Indica que estos clientes deben canalizar la gestión a través de Rodríguez Zapatero, a quien deberán dirigir la carta de intención (LOI), y añade que Delcy Rodríguez, que en aquella época era vicepresidenta de Venezuela, es quien asigna directamente los barcos.

“Lo anterior pone de manifiesto el modo de proceder, observándose la participación e influencia de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone del acceso a personas de la más alta responsabilidad política. Además, al emplearse la expresión ‘debemos tener claro que vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino’, se deduce la implicación o participación en la operativa del negocio que se estaría realizando”, señala el informe de la UDEF.

Las comunicaciones también dejan en evidencia las intenciones de los Amaro por expandir los negocios de la red a Emiratos Árabes Unidos, en busca de clientes interesados en explorar mercados de habla hispana. No se sabe si ese plan se concretó.

Los pagos a Zapatero, en 3 vías

El juez Calama identificó que la mayoría de los pagos que los Amaro hicieron a Rodríguez Zapatero, fue a través de Inteligencia Prospectiva.

Para eso se inventaron “contratos ficticios” entre Inteligencia Perspectiva y tres supuestos “proveedores”: Whathefav, Análisis Relevante y la asociación The Global Analysis & Trends in Emerging Regions Center, un think tank también conocido como Gate Center.

Las administradoras y socias de Whathefav son Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente español, considerado el “principal beneficiario de los fondos”. En 2024, el diario digital El Economista informó que Alba y Laura buscaban personal para expandir las operaciones de su agencia en Venezuela, un país que Rodríguez Zapatero ya frecuentaba como mediador político y gestor de mesas de diálogo con otros expresidentes como Martín Torrijos, de Panamá, y Lionel Fernández, de República Dominicana.

Rodríguez Zapatero figura además como “consultor” de Análisis Relevante, sociedad que controla su amigo Julio Martínez y que recibió 380,208 euros ($441,997) de los Amaro. Por cierto, Análisis Relevante aparece en la lista de clientes de Whathefav, según la nota de El Economista. Todo queda en familia.

Los agentes policiales ya registraron las oficinas de Whathefav. Aunque la empresa supuestamente cobró por elaborar informes y consultorías para Análisis Relevante, la investigación indica que “su labor consistiría en la maquetación de unos informes que a priori ya estarían elaborados”, según consta en un informe del 22 de abril de 2026 elaborado por la UDEF.

En tanto, Gate Center, que recibió 266,200 euros ($309,611) de Inteligencia Prospectiva, se define en su sitio de internet como “una puerta abierta al diálogo y a la cooperación”. El think tank fue fundado en Madrid en 2022 y tiene a Rodríguez Zapatero como presidente de su consejo asesor. En el auto de imputación se menciona que Gate Center remitió 352,980 euros ($410,518) a Rodríguez Zapatero y 171,727 euros ($199,741) a Whathefav, la agencia manejada por sus dos hijas.

Supuestamente hubo más pagos.

Víctor de Aldama, un español implicado en varios casos de corrupción y cercano a Delcy Rodríguez, afirmó en el programa de televisión Horizonte que Plus Ultra Líneas Aéreas habría transferido 10 millones de euros “a Panamá” para pagar las comisiones a Rodríguez Zapatero.

De momento, en el auto judicial de Calama no hay nada que respalde ese señalamiento.

A LA DERIVA. Parece que el presidente Mulino era el único jefe de Gobierno presente en la feria marítima Posidonia 2026 (sin contar al primer ministro griego, por tratarse del país anfitrión del evento). ¿Será que ese no era un lugar para presidentes? ¿Acaso el administrador de la AMP es tan incapaz que no podía encargarse él mismo de conducir la delegación panameña?

ALÓ. Por cierto, el presidente no parece haberse dado por enterado de lo ocurrido en La Joyita. Hasta anoche, en las cuentas @presidenciapma y @JoseRaulMulino no había una sola referencia a la fuga. Sí había mensajes sobre la actividad marítima, los negocios del sector e incluso uno de apoyo a la Selección de Fútbol. Parece estar más preocupado por esos asuntos que por la seguridad de los ciudadanos del país que gobierna.

ABANDERAMIENTO. El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien acompaña al presidente Mulino en Posidonia 2026, anunció que cuatro embarcaciones de Saco Shipping, que serán entregadas en 2028, llevarán la bandera de Panamá. ¡Felicidades! ¿Con qué firma se van a abanderar? Ya sabemos que hay dos abogados especialistas en derecho marítimo presentes en la convención: Mulino y su hijo.

NECIOS. El pasado martes, siete miembros del Consejo General Universitario de la Unachi se presentaron en el despacho de la ministra de Educación, Lucy Molinar. El grupo —con el vicerrector Jorge Bonilla a la cabeza— pretendía que la rectora permaneciera un par de meses más en el cargo antes de presentar su renuncia. La ministra se les plantó y les dijo que de ninguna manera. Querían tomarla por tonta por segunda vez.

EVIDENCIA. Todo el mundo recuerda haber visto al vicerrector académico de Unachi, Jorge Bonilla, presunto ungido de Etelvina, llevando una trituradora, aunque no de granos de café, sino de papeles. ¿Estaremos al borde de un nuevo Unachigate?

MANAGER. Popi Varela se ha convertido en el jefe de campaña del diputado presidente y aspirante a la reelección Jorge Herrera. Destaca que Herrera mantiene una “buena comunicación” con todos: con los gremios, con los medios, con Vamos, con Moca... En cambio, los miembros de RM —colectivo en el que hay dos aspirantes a presidir la Asamblea— viven en permanente confrontación y “enredando el ambiente”. Varela los conoce como si hubieran sido aliados. ¡Ah! Es que en otra vida sí lo fueron.

MOROSIDAD. El 22 de abril pasado, el vicerrector de Unachi, Pedro González, reconoció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea que la universidad adeudaba $12.4 millones en cuotas obrero-patronales a la CSS. Han transcurrido 42 días y todo sigue igual, salvo el monto de la deuda, que seguramente ha aumentado. Ese tipo de conducta, ¿ya dejó de ser delito? Esto demuestra la falacia de la autonomía universitaria: son autónomos cuando tienen rectores que se conducen como si la universidad fuera un feudo familiar, pero cuando surge una deuda con la CSS, ¿con qué bienes van a responder? Con los bienes de la Unachi, que son del Estado. Es decir, nosotros pagamos la cuenta. Algún día alguien tendrá el valor de acabar con esta sinvergüenzura.

LEJANO OESTE. La noche del pasado lunes fue vandalizado un vehículo de MiBus en Avenida Rayitos, Ciudad Bolívar, por el conductor de un automóvil que obstruía la vía. Además, al chofer del autobús le apuntaron con un arma de fuego. Van a tener que poner un marshal en cada unidad de la flota, como si se tratara de un avión.

CHIFEO. El presidente Mulino ha sostenido reuniones —por separado— con los diputados de RM, el PRD (sin Bolota), el Panameñista y CD, pero no con la bancada independiente, que sigue siendo la más numerosa de todas. Tal vez estaba esperando que regresara Juan Diego.

AMNESIA. El partido Realizando Metas (RM) debe de tener algún disgusto con Mulino, porque escribió en redes sociales que actualmente no hay separación de poderes, sino una “intromisión de unos sobre otros”. La mayoría de los miembros de ese colectivo alardeaba del control omnímodo que existía en el gobierno del asilado, cuando todos los órganos del Estado respondían a una sola persona. Y al que no se doblegaba, lo expulsaban. Si no, que se lo pregunten a Ana Matilde.

GOLAZO. La Asamblea está tramitando la compra de 29 televisores, con sus correspondientes soportes de pared, a un costo de $6,512. En la orden de compra solo faltó exigir que los aparatos fueran entregados antes del 11 de junio, cuando inicia el Mundial.

Los aumentos salariales adoptados por el excontralor Gerardo Solís seis meses antes de dejar el cargo han sido derogados, ya que nunca existió la partida presupuestaria para hacerlos efectivos.

Así lo decidió el actual contralor Anel “Bolo” Flores, quien reemplazó a Solís el pasado 2 de enero.

Los ajustes salariales para todo el personal de la Contraloría General de la República (CGR), al igual que una nueva escala de sueldos, debían implementarse a partir de la primera quincena de enero pasado. Sin embargo, Flores encontró que, cuando Solís adoptó los aumentos, lo hizo sin contar con los fondos necesarios, lo cual atenta frontalmente con la “regla de oro de la administración presupuestaria”.

“La obtención de los fondos para hacer frente a la nueva escala salarial requiere cumplir con la regla de oro de la administración presupuestaria, definida en la Ley 454 del 14 de noviembre de 2024 [que establece el presupuesto general del Estado para 2025], lo que obliga a las instituciones a no autorizar el trámite de ningún gasto si no se cuenta con la asignación en la partida específica y no existe sostenibilidad financiera”, apuntó Flores en la Resolución 517-DC del 18 de febrero de 2025, que fue firmada por él, junto al actual secretario general de la CGR, Ventura Vega O.

La Resolución 517-DC deroga otra (la número 486-24-DNDRH del 23 de abril de 2024) que firmaron Solís y la entonces secretaria general de la CGR, Zenia Vásquez, a través de la cual se aprobó un “reglamento de la política de aumento de sueldos por mérito” para los 4,003 funcionarios con estatus permanente que entonces había en la planilla de la entidad. Actualmente, hay 3,869.

Precisamente, la resolución que ahora derogó Flores fue la norma invocada por Solís para reubicar a su personal de confianza en el organigrama de la entidad, a fin de que permanezca en la CGR luego de su partida. Y parece que lo consiguió, porque esos empleados siguen allí. Incluso Vásquez, a quien Flores intentó destituir el mes pasado, sin éxito.

Ni aumento ni reglamento

Flores descubrió que el supuesto “reglamento de la política de aumento de sueldos por mérito” no existe: nunca fue publicado en la Gaceta Oficial. Por tanto, no se sabía cómo aplicar los ajustes salariales que dejó su antecesor.

Antes de irse, Solís también derogó el denominado “Manual de clasificación de cargos de gestión por competencias y políticas de sueldos”. Con esa maniobra, dejó a los funcionarios de la Contraloría -según Flores- “en desamparo”.

Para llenar este vacío, el contralor ha encomendado a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica “restablecer las condiciones para asegurar los beneficios” que estaban vigentes cuando Solís firmó la Resolución 486-24-DNDRH de junio de 2024.

‘Insensatez’

Solís siempre supo que no contaba con los fondos para prometer aumentos salariales. En la resolución ahora derogada, se dejaba constancia de que había que “gestionar la consecución de los recursos presupuestarios correspondientes para hacer efectiva la aplicación de la nueva escala de sueldos a partir del 1 de enero de 2025″.

Cuando el presidente José Raúl Mulino se enteró de eso, intentó disuadirlo.

El 27 de junio de 2024, Mulino (que entonces era presidente electo) advirtió que esos aumentos eran una “insensatez”.

“Bien debería saber lo precario de nuestras finanzas y evitar estas decisiones que no serán posibles en el nuevo presupuesto”, advirtió el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Es toda una insensatez del Contralor pretender seguir con aumentos de sueldos aprobados a última hora del gobierno. Bien debería saber lo precario de nuestras finanzas y evitar estas decisiones q no serán posible en nuevo presupuesto.

— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 27, 2024

Solís no le hizo caso y respondió que “el presidente no es el jefe del contralor”.

Las consecuencias

El plan de ajuste salarial y el supuesto manual de clasificación de cargos elevaban el salario mínimo en la Contraloría de $750 a $800 mensuales. También le sirvió a Solís como herramienta para garantizar que su personal de confianza permaneciera dentro de la entidad, a fin de que el nuevo contralor aprovechara los “conocimientos adquiridos” por aquellos experimentados funcionarios que han ocupado una dirección, aunque uno de ellos ni siquiera tenía un año laborando en la CGR.

De ese modo, en diciembre pasado, Solís otorgó aumentos salariales a ocho directores y nueve subdirectores nacionales que lo acompañaron durante su gestión. A todos los nombró en la planilla con el mismo cargo: el de “asistente ejecutivo II” y un salario de $5,000. La mayoría sigue ahí, con esa posición, aunque otros han vuelto a ocupar una dirección.

Es el caso de Omar Arauz y Felipe Almanza, directores de Asesoría Económica y Financiera, y de Métodos y Sistema de Contabilidad, respectivamente.

También ocurrió con Jesús González y Yovanina Návalo, que ejercieron como directores de Tecnología y de la Academia de Control Gubernamental, respectivamente, con Solís, y ahora también con Flores.

Por su parte, Edgardo Infante pasó de ser subdirector a director de Participación Ciudadana.

El resto conserva el título de “asistente ejecutivo II”, entre ellos Diana King, Sarai Mendoza, Kelyneth Pérez, Elia Díaz, Samuel Moreno, Alexandra Rivera, Ariana Fernández, Damaris Meléndez, Hilda Martínez, Karen Morales, María de las Mercedes Pérez Ferreira y, como ya se mencionó, Zenia Vásquez.

La Contraloría General de la República, solicita a todas las entidades gubernamentales que a partir del lunes 10 de febrero de 2025, se abstengan de ejecutar nuevas acciones de personal relativas a nombramientos y ajustes salariales que ocasionen el incremento de la planilla… pic.twitter.com/1XwLuk7sra

— Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) February 7, 2025

Se desconoce qué ocurrirá con ellos ahora que Flores -que el 7 de febrero pasado anunció restricciones en los nombramientos y ajustes salariales en todo el sector público- derogó la norma que sustentó el plan de Solís.

En total, en la CGR hay 14 directores nacionales y 17 subdirectores.