El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza en los estudios para la rehabilitación del puente de Las Américas y ya ha identificado los principales componentes que requerirán intervención para garantizar la operación segura de la estructura.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, durante un recorrido por el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, donde se refirió al estado actual de una de las infraestructuras viales más importantes del país.

Según explicó el funcionario, la estructura principal del puente se mantiene en buenas condiciones, por lo que los trabajos no estarán enfocados en sus elementos de soporte, sino en componentes específicos que presentan desgaste por el paso del tiempo y el uso continuo.

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“Se está haciendo el estudio; está avanzado lo que se debe hacer para rehabilitarlo. Principalmente, la estructura está muy bien; sí es cierto que va a necesitar pintura y otras reparaciones menores. El problema está en la losa, que está fatigada”, indicó Andrade.

El ministro precisó que la losa corresponde a la superficie por la que circulan diariamente miles de vehículos. La denominada fatiga estructural ocurre cuando un elemento acumula desgaste debido a las cargas repetitivas y al tránsito constante durante décadas, lo que puede provocar un deterioro progresivo y reducir su capacidad de resistencia.

Construido en 1962, el puente de Las Américas ha sido durante más de seis décadas una pieza clave para la conectividad entre la capital y el interior del país, soportando un elevado volumen de tráfico vehicular.

Restricciones seguirán vigentes

Andrade también se refirió a las restricciones de carga que actualmente rigen sobre la infraestructura y aseguró que estas medidas continuarán aplicándose.

Explicó que dichas limitaciones fueron establecidas hace aproximadamente nueve años, aunque no siempre fueron cumplidas por administraciones anteriores.

“Nosotros las vamos a cumplir. Es necesario que la gente entienda que tenemos que cuidar ese puente hasta que el Cuarto Puente esté en funcionamiento, para luego poder darle mantenimiento y dejarlo renovado”, sostuvo.

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Infraestructura bajo vigilancia

La necesidad de monitorear permanentemente el estado del puente ha cobrado relevancia en los últimos años debido a diversos incidentes registrados en sus inmediaciones. Entre ellos figura la explosión de un camión cisterna que obligó al cierre temporal de la vía mientras se verificaban las condiciones de seguridad de la infraestructura.

Durante el recorrido por el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, Andrade reiteró que los estudios en curso permitirán definir el alcance de las obras necesarias para rehabilitar el puente y prolongar su vida útil.

El Ministerio de Salud (Minsa) activó un plan nacional de preparación hospitalaria para fortalecer la respuesta del sistema sanitario ante el riesgo de casos importados de sarampión, en momentos en que la enfermedad registra un aumento sostenido a nivel mundial.

La estrategia incluye la adecuación de áreas de aislamiento en hospitales, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la actualización de protocolos de atención, medidas que retoman parte de las acciones implementadas durante la pandemia de covid-19.

Aunque Panamá mantiene bajo control la situación, con tres casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, las autoridades sanitarias consideran necesario reforzar la capacidad de respuesta ante el incremento de viajeros internacionales y el resurgimiento de la enfermedad en distintos países.

El doctor Humberto Vanegas, de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud del Minsa, explicó que hace dos semanas se realizó una revisión de las capacidades instaladas en hospitales y regiones de salud para verificar la disponibilidad de recursos y el nivel de preparación del personal.

“Estamos aprovechando la experiencia adquirida durante la pandemia de covid-19 y adoptando las medidas necesarias para garantizar una respuesta eficiente y coordinada ante cualquier eventualidad”, señaló.

Como parte del plan, los hospitales han identificado y acondicionado espacios para el aislamiento seguro de pacientes con sospecha de sarampión, con el fin de evitar la exposición de otros usuarios dentro de las instalaciones de salud.

Las autoridades también reforzaron los procesos de vigilancia epidemiológica y de triaje en las salas de urgencias para detectar de manera temprana a personas con síntomas compatibles con la enfermedad y antecedentes recientes de viaje.

Además, el personal médico y de enfermería recibe capacitación sobre protocolos de atención, bioseguridad y manejo clínico de casos sospechosos.

El llamado del Minsa coincide con un escenario internacional preocupante. Entre enero y mediados de mayo de este año se notificaron 184,489 casos de sarampión en 155 países, según datos citados por la entidad. Más de la mitad de esos casos fueron confirmados, lo que refleja una expansión sostenida de la enfermedad a nivel global.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir contagios y evitar brotes.

“La mejor herramienta para prevenir el sarampión sigue siendo la vacunación. Panamá ha logrado mantener el control de esta enfermedad gracias a las altas coberturas de inmunización”, destacó Vanegas.

El Minsa exhortó a la población a verificar y completar sus esquemas de vacunación, especialmente antes de realizar viajes internacionales o en caso de existir dudas sobre las dosis recibidas.

La integración de los servicios públicos de salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) comienza a reflejar cambios concretos en la organización hospitalaria de la región de Azuero.

A cinco meses de la puesta en marcha del proceso en Herrera y Los Santos, las autoridades anunciaron que tres de los principales hospitales de Azuero asumirán funciones especializadas como parte del nuevo modelo de integración.

Durante un taller sobre los avances del proceso, Carlos Abadía, presidente de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos en Salud, informó que el Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero, en Herrera, se proyecta como hospital materno infantil, mientras que el Hospital Nelson Collado fortalecerá su papel como centro de cirugías y especialidades.

Por su parte, el Hospital Anita Moreno, en Los Santos, concentrará la atención de pacientes oncológicos de la región, como parte de una estrategia orientada a especializar los servicios y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Aunque las autoridades delinearon el nuevo perfil que asumirán los hospitales de Azuero, no precisaron cuándo comenzarán a aplicarse estos cambios ni el cronograma para su implementación. Tampoco se detalló si la reorganización requerirá nuevas inversiones en infraestructura, equipamiento o personal médico.

Según Abadía, estos cambios forman parte de un modelo que busca fortalecer la atención primaria y reorganizar la red pública sanitaria en función de las necesidades de la población.

“De esta manera comenzaremos a desarrollar la atención primaria, que es la clave para transformar el modelo actual de atención espontánea en una atención planificada y centrada en las necesidades de la población”, señaló.

Hospital con compleja situación operativa

El anuncio sobre el futuro del Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero se produce en momentos en que el principal centro hospitalario de Herrera enfrenta una compleja situación operativa.

Esta semana, el Minsa suspendió de forma indefinida todas las cirugías electivas del hospital tras detectar problemas estructurales y de bioseguridad en el bloque quirúrgico.

Un informe interno reveló que, de los cinco quirófanos del hospital, solo uno permanece operativo y está destinado exclusivamente a la atención de urgencias. Además, se reportó un incremento de infecciones en heridas quirúrgicas, así como limitaciones relacionadas con el suministro de agua potable, la disponibilidad de ropa quirúrgica y las condiciones necesarias para mantener el programa de cirugías electivas.

La suspensión afecta procedimientos de Cirugía General, Ginecología, Oftalmología, Anestesiología y Odontología, lo que reduce significativamente la capacidad quirúrgica del principal hospital de la región.

Aunque las autoridades no vincularon directamente la reorganización hospitalaria con la crisis actual, el anuncio ocurre en un contexto de desafíos operativos para una instalación que se perfila como centro de referencia materno infantil dentro del nuevo modelo integrado de atención.

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Atención oncológica para Azuero

Otro de los cambios relevantes anunciados durante la jornada es la consolidación del Hospital Anita Moreno como centro de referencia para pacientes oncológicos de Azuero.

El presidente del Patronato del Instituto Oncológico Nacional y asesor del Despacho Superior del Minsa, Alex González, indicó que la integración de los servicios especializados continúa avanzando para beneficiar tanto a pacientes asegurados como no asegurados.

González destacó que la Unidad Oncológica del Hospital Anita Moreno atiende actualmente a 1,654 pacientes de la región, mientras que el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud continúa ampliando la atención especializada para pacientes de distintas provincias.

Asimismo, adelantó que el fortalecimiento de la red oncológica se extenderá próximamente al Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, y al Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera.

La integración se extenderá al resto del país

Las autoridades informaron que la experiencia desarrollada en Herrera y Los Santos servirá como modelo para la expansión del proceso a otras regiones.

De acuerdo con Abadía, las próximas provincias en incorporarse serán Chiriquí y Bocas del Toro en al menos unos 45 días. Posteriormente, el programa se extenderá a Coclé, Veraguas y al resto del país.

Por su parte, la directora nacional de Servicios de Salud de la CSS, Marlín Cedeño, aseguró que las adecuaciones necesarias se realizarán de acuerdo con la disponibilidad de recursos, infraestructura y personal de salud.

“La integración avanza según la planificación prevista. También se evaluarán los mecanismos de compensación de costos entre las instalaciones, respetando las competencias tanto del Minsa, como ente rector, como de la Caja de Seguro Social”, manifestó.

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La Comisión de Integración de los Servicios Públicos en Salud fue creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 26 del 26 de noviembre de 2025 y está integrada por el Minsa, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, la CSS y representantes de los patronatos de salud.

El Gobierno sostiene que la integración permitirá aprovechar mejor los recursos de ambas instituciones, reducir duplicidades y facilitar el acceso de la población a servicios especializados, en un proceso que ya comienza a transformar la organización hospitalaria de Azuero.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un avance aproximado de 37% tras un año y diez meses de ejecución, informó este 3 de junio el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Se trata de una de las obras de infraestructura más importantes del país, concebida para mejorar la conectividad entre el sector oeste y la ciudad de Panamá, una zona que durante años ha enfrentado problemas de congestión vehicular.

Durante un recorrido por la obra, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que el proyecto se encuentra actualmente en la fase de cimentación y trabajos estructurales. Entre las labores que se ejecutan destacan la construcción de pilotes, la reubicación de utilidades, la instalación de columnas de grava y el desarrollo de las primeras estructuras en el lado este del proyecto.

En el área de cerro Sosa ya son visibles varios de los componentes que formarán parte de la futura infraestructura. Allí se observan pilas principales, columnas tipo H y excavaciones en desarrollo, elementos que reflejan el avance alcanzado por la obra durante los últimos meses.

De acuerdo con el cronograma oficial, la fase de pilotes debe concluir a finales de julio. Una vez culminada esta etapa, los trabajos se concentrarán en la construcción de viaductos y otras estructuras principales que conformarán el puente y sus accesos.

La obra mantiene como fecha de entrega diciembre de 2028, plazo que Andrade ratificó durante la inspección. Según indicó, el objetivo es mantener el ritmo de ejecución para cumplir con el calendario previsto y completar uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que se desarrollan actualmente en el país.

La obra también ha tenido un impacto importante en la generación de empleo. De acuerdo con las cifras oficiales, pasó de aproximadamente 300 trabajadores en sus primeras etapas a más de 2,000 empleos directos en la actualidad. Esto representa cerca de 6,000 plazas entre empleos directos e indirectos vinculados a la construcción y a las actividades asociadas al proyecto.

Las autoridades prevén que esta cifra continúe aumentando durante los próximos meses. Las proyecciones apuntan a que el proyecto podría alcanzar los 3,000 empleos directos y mantener alrededor de 6,000 empleos indirectos a medida que avancen nuevas fases constructivas, especialmente las relacionadas con los accesos, los cabezales de fundación y otras estructuras principales.

Durante el recorrido, Andrade recordó que, al inicio de la actual administración, el proyecto registraba un avance cercano al 1% o menos. Además, aseguró que la estructura operativa destinada a darle seguimiento era limitada, ya que apenas dos personas dentro del MOP estaban asignadas a supervisar la megaobra.

El ministro señaló que el 24 de agosto de 2024 marcó un punto de inflexión para el proyecto, con el inicio de la primera excavación permanente. A su juicio, esa etapa permitió impulsar de manera efectiva la ejecución de la obra luego de varios intentos previos que no llegaron a concretarse.

Desde entonces, afirmó, los trabajos han avanzado de forma continua. Para fortalecer la supervisión y la coordinación institucional, el MOP creó una oficina especializada de alto nivel integrada por ingenieros con experiencia en grandes proyectos de infraestructura.

Esta unidad tiene la responsabilidad de facilitar la coordinación entre distintas instituciones, entre ellas la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), concesionarios portuarios y otras entidades involucradas en el desarrollo de la obra. Asimismo, se encarga de atender y resolver situaciones técnicas o administrativas que puedan afectar el cronograma de ejecución.

En cuanto a la operación futura del Cuarto Puente, el proyecto contempla la implementación de un sistema de peaje administrado por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). El monto de la tarifa aún no ha sido definido, aunque las autoridades sostienen que este mecanismo será necesario para contribuir al mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura una vez entre en funcionamiento.

El esquema vial también incluirá conexiones con la vía Roberto F. Chiari y el Corredor Norte. Como alternativa, los conductores podrán seguir utilizando el puente de las Américas, que continuará operando como una ruta complementaria y que, según adelantó Andrade, será rehabilitado para cumplir una función más local.

El Gobierno sostiene que, pese a los desafíos enfrentados durante las etapas iniciales, el Cuarto Puente ha entrado en una fase de ejecución sostenida y se perfila como una obra clave para mejorar la movilidad y la conectividad en el área metropolitana.

Una crisis estructural y de bioseguridad obligó al Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Herrera a suspender de forma indefinida todos los programas quirúrgicos electivos del Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero. La medida se adopta tras un reporte interno emitido el 29 de mayo de 2026, en el que se evidencian graves deficiencias operativas en el bloque quirúrgico del nosocomio.

El informe fue elaborado por el jefe del Servicio de Ginecología-Obstetricia, el doctor José Luis Segovia de León, mediante la Nota No. 043 GINECO-HRDCAC-2026, dirigida a la directora médica del hospital, la doctora Sindy J. Flores G. En dicho documento se ordenó la suspensión inmediata del programa electivo del servicio, debido a condiciones críticas en el área quirúrgica.

El reporte detalla que el hospital cuenta con cinco quirófanos; sin embargo, solo el quirófano No. 1 permanece operativo y está restringido exclusivamente a la atención de urgencias. En tanto, los quirófanos No. 2 y No. 5 se encuentran bajo intervención técnica, mientras que los quirófanos No. 3 y No. 4 permanecen fuera de servicio. Esta situación deja sin capacidad real al programa de cirugías electivas y limita de manera significativa la atención quirúrgica del hospital.

El mismo documento advierte, además, un incremento de infecciones en heridas quirúrgicas, con al menos tres casos registrados en un periodo de dos semanas, lo que encendió las alertas sanitarias dentro del centro hospitalario.

El doctor Segovia condicionó la reanudación del programa quirúrgico al cumplimiento de requisitos mínimos indispensables, entre ellos el suministro continuo de agua potable, la disponibilidad de ropa quirúrgica adecuada y la capacidad permanente para atender urgencias médicas.

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La situación se agravó el 2 de junio de 2026, cuando la directora médica del hospital, la doctora Sindy J. Flores G., emitió la Circular N.° 071-DM-HRDCAC-2026, mediante la cual extendió la suspensión a la totalidad de las cirugías programadas. La medida afecta a especialidades como Cirugía General, Ginecología, Oftalmología, Anestesiología y Odontología.

Posteriormente, la sede central del Minsa respaldó la decisión y señaló que se trata de una acción preventiva y correctiva orientada a garantizar la seguridad de los pacientes y del personal sanitario. La institución indicó que el quirófano No. 1 permanecerá habilitado únicamente para la atención de urgencias, mientras se ejecutan intervenciones técnicas en las áreas afectadas con el objetivo de cumplir con los estándares de bioseguridad.

La suspensión reduce de manera significativa la capacidad quirúrgica del principal hospital de la región de Azuero, dejando a cientos de pacientes en lista de espera y a la expectativa de la reanudación de los servicios electivos.

El desembolso de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) comenzará el 15 de octubre de 2029. En tanto, el proceso de registro ya supera las 268,000 personas, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El MEF oficializó la reglamentación de la Ley 506 del 15 de enero de 2026, que establece el pago de los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes y crea los Cepanim.

La medida fue formalizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 19 de abril de 2026, publicado en la Gaceta Oficial, el cual regula la emisión, entrega y redención de estos certificados.

De acuerdo con el MEF, al 1 de junio de 2026 se habían inscrito 268,874 personas en el proceso, lo que representa un avance del 65.1% de la meta establecida.

¡El proceso de registros CEPANIM avanza! Al 1 de junio de 2026 se han registrado 268,874 personas, lo que representa un 65.1 % de cumplimiento de la meta establecida.

De este total, 191,699 son beneficiarios vivos y 77,175 corresponden a sobrevivientes de beneficiarios… pic.twitter.com/1f6FJEY16i

— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 2, 2026

Del total registrado, 191,699 son beneficiarios vivos, mientras que 77,175 corresponden a sobrevivientes de personas fallecidas, quienes también tienen derecho al reconocimiento económico.

El decreto establece al Banco Nacional de Panamá como agente pagador y fija un cronograma de redención por periodos.

Para los años 1972–1974, el pago será el 15 de octubre de 2029; para 1975–1977, el 15 de octubre de 2030; para 1978–1980, el 15 de octubre de 2031; y para 1981–1983, el 15 de octubre de 2032.

La reglamentación también permite que los Cepanim puedan ser negociados antes de su vencimiento. Además, las ganancias derivadas de su venta estarán exentas del pago de impuestos nacionales, según lo establecido en el decreto.

El MEF será la entidad encargada de coordinar el proceso, incluyendo la validación de beneficiarios y la emisión de los certificados.

La posibilidad de realizar evaluaciones médicas a funcionarios próximos a jubilarse ha generado inquietud entre los médicos, mientras la Dirección Nacional de Salud Ocupacional de la Caja de Seguro Social (CSS) sostiene que este tipo de valoraciones responde a criterios de prevención y vigilancia de la salud laboral.

La preocupación fue expresada públicamente por la Asociación Médica Nacional, que advirtió, mediante un comunicado, que permanecerá vigilante para evitar que estas valoraciones sean utilizadas como mecanismo para despedir trabajadores o evadir el pago de los beneficios que les corresponden al finalizar su vida laboral.

El pronunciamiento surge en medio del debate sobre el alcance que podrían tener las evaluaciones de salud ocupacional en funcionarios que se encuentran en etapas avanzadas de su carrera profesional, una práctica que la CSS defiende como parte de sus responsabilidades legales en materia de salud y seguridad en el trabajo.

El gremio interpreta la medida como la intención de responsabilizar al personal médico de los problemas que enfrenta el sistema sanitario.

Sostuvo que muchas de las dificultades que atraviesa el sector obedecen a problemas de gestión y administración, más que al desempeño de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud.

Para la organización, si estas valoraciones tienen como propósito conocer el estado de salud de quienes están próximos a culminar su vida laboral y garantizarles la atención necesaria, podrían representar una medida positiva. Sin embargo, advirtió que persisten dudas entre los trabajadores sobre el uso que podría darse a los resultados.

“Estaremos vigilantes para que dichos exámenes no sean utilizados como mecanismo para despedir a compañeros de trabajo y así evadir el pago de beneficios que las instituciones del Estado otorgan a sus funcionarios al momento de su retiro”, señaló.

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¿Qué explica la CSS?

Por su parte, la Dirección Nacional de Salud Ocupacional de la CSS, bajo la administración de Elsa Granda Landucci, sostiene que las evaluaciones médicas forman parte de los programas de vigilancia de la salud de los trabajadores y responden a obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

De acuerdo con la institución, el objetivo principal es identificar oportunamente condiciones de salud que puedan afectar al trabajador o representar riesgos para terceros, especialmente en áreas donde las funciones desempeñadas tienen impacto directo sobre pacientes o usuarios.

La CSS enfatiza que estos exámenes no tienen como finalidad excluir a trabajadores por razón de edad ni determinar automáticamente su salida de la institución.

Según la entidad, las valoraciones se realizan de manera individual y buscan analizar la relación entre el estado de salud de cada funcionario, sus capacidades funcionales y las exigencias específicas del cargo que desempeña.

Según Granda Landucci, la edad cronológica, por sí sola no constituye un criterio para determinar la aptitud laboral de una persona.

Lea la explicación interna de la CSS:

¿Quiénes pueden ser evaluados?

Las evaluaciones de salud ocupacional no están dirigidas exclusivamente a funcionarios próximos a jubilarse.

La CSS, en documentos de comunicación interna, señala que estos procesos también pueden aplicarse a trabajadores expuestos a riesgos laborales específicos, personas con enfermedades crónicas, funcionarios con discapacidad, colaboradores que regresan tras incapacidades prolongadas o aquellos con restricciones médicas previamente identificadas.

Entre los objetivos de estas valoraciones figuran la detección temprana de enfermedades relacionadas con el trabajo, la identificación de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, la adaptación de funciones cuando sea necesario y la evaluación de las medidas preventivas implementadas por la institución.

Para los médicos, la principal inquietud radica en conocer si una condición médica detectada durante una evaluación ocupacional podría tener consecuencias sobre su permanencia laboral o incidir en los beneficios económicos acumulados durante años de servicio.

Aunque este tipo de exámenes forma parte de las estrategias de prevención de riesgos en numerosos sistemas laborales, especialistas en salud ocupacional señalan que su aplicación requiere transparencia, criterios técnicos claros y garantías de confidencialidad para generar confianza entre los trabajadores.

La propia CSS ha indicado que la información médica obtenida durante estas valoraciones está protegida por normas de confidencialidad y que los procesos deben desarrollarse respetando la privacidad de los funcionarios.

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Los pacientes que utilicen cannabis medicinal en Panamá deberán registrarse oficialmente ante el Ministerio de Salud (Minsa), luego de la aprobación de un formulario que permitirá incorporarlos al sistema nacional que regula el acceso a este tipo de tratamientos.

La medida forma parte de la implementación de la Resolución No. 0416 del 12 de mayo de 2026 de la Dirección General de Salud Pública, publicada en Gaceta Oficial, la cual aprueba los formularios y certificaciones médicas necesarios para el registro de pacientes y acompañantes autorizados.

La normativa representa un paso clave en la aplicación de la Ley 242 de octubre de 2021, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados en el país.

El sistema permitirá el registro de pacientes en la plataforma digital del Ministerio de Salud denominada Sistema para la Identificación de Usuarios de Cannabis Medicinal y Acompañantes Autorizados (Siucmaa), donde se concentrará la información oficial de los usuarios que reciben este tipo de tratamiento bajo prescripción médica.

Entre los datos requeridos figuran el nombre completo del paciente, número de identidad o pasaporte, fecha de nacimiento, dirección de residencia, información de contacto y datos del médico tratante. Además, el formulario deberá incluir la condición médica que motiva el tratamiento y la autorización correspondiente para el uso de cannabis medicinal.

La normativa también establece el registro de acompañantes autorizados, especialmente en casos de menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad que requieran asistencia durante el tratamiento.

La directora general de Salud Pública, Yelkis Gill, explicó que el formulario fue desarrollado junto a asociaciones médicas y tiene como objetivo ordenar el acceso, la prescripción y la dispensación en farmacias autorizadas.

“Se trabajó con las asociaciones para tener un formulario robusto que incluya por lo menos los síntomas, la edad del paciente y el nombre del médico que lo está prescribiendo”, indicó.

Gill recalcó que el acceso al cannabis medicinal no tiene restricciones por tipo de institución, ya que podrán acceder pacientes del Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y clínicas privadas, siempre que exista indicación médica.

“No hay limitaciones para el acceso, salvo la indicación médica, porque son medicamentos de uso controlado para uso medicinal”, afirmó Gill.

El proceso establece que, una vez el paciente cuenta con receta médica y completa el formulario, la certificación será inmediata, lo que permitirá agilizar la dispensación del medicamento en farmacias autorizadas bajo supervisión de la Dirección de Farmacias y Drogas.

Actualmente, el sistema cuenta con alrededor de 400 pacientes registrados, cifra que las autoridades están validando para la planificación de compras y abastecimiento.

La resolución detalla que la certificación médica deberá incluir diagnóstico, indicación terapéutica, dosis recomendada, vía de administración, frecuencia y duración del tratamiento, y deberá ser emitida por un profesional reconocido por el Consejo Técnico de Salud Pública.

Las autoridades sanitarias señalaron que el objetivo del sistema es garantizar la trazabilidad, el control y la supervisión de los productos derivados del cannabis, evitando usos indebidos y fortaleciendo la vigilancia sanitaria.

En cuanto a las enfermedades asociadas, la Ley 242 permite el uso de cannabis medicinal en casos de epilepsia refractaria, dolor crónico de difícil manejo, esclerosis múltiple y enfermedades neurológicas, así como para aliviar síntomas relacionados con tratamientos oncológicos como náuseas, vómitos, pérdida de apetito y dolor persistente.

No obstante, su acceso no será automático. Cada caso deberá ser evaluado por un médico, quien determinará si el tratamiento es clínicamente adecuado para el paciente.

El Minsa estima que el sistema completo de registro y dispensación podría estar listo en menos de un mes, cuando se realice el lanzamiento oficial del programa con estadísticas consolidadas de su implementación.