La secretaría general de la Asamblea Nacional, en el primer día de sesiones ordinarias del quinquenio 2024-2029, pretendió conceder licencia para ejercer la profesión de abogado a 14 diputados principales y cuatro suplentes, algunos de los cuales se han labrado un perfil público como defensores en sonoros casos de narcotráfico y lavado de activos.

La primera de la lista es la diputada Shirley Castañeda. Ella y Jamis Acosta son abogados del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Martinelli eludió la orden de captura al ingresar a la embajada de Nicaragua en Panamá, el 7 de febrero pasado. Desde entonces, se encuentra en esa sede diplomática. Castañeda y Acosta militan en Realizando Metas (RM), el partido fundado por Martinelli.

Castañeda, además, es abogada de Jorge Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales. La sentencia se encuentra en firme desde diciembre pasado, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acordara no admitir un recurso de casación a su favor. También tiene un proceso por drogas relacionado a la operación Neptuno.

Lea aquí la nota "Las entrañas del 'indictment' de Jorge Camargo Clarke"

El 2 de marzo de 2023, Camargo fue extraditado de Costa Rica a California, donde se le acusa desde el año 2017 de conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos. Panamá también había solicitado su extradición a las autoridades ticas, pero como el requerimiento de Estados Unidos llegó primero, fue enviado a ese país.

Diputados independientes durante la sesión del pleno legislativo, este martes 2 de julio de 2024. LA PRENSA/Elysee Fernández

Otro diputado que podría ejercer la abogacía desde su curul es Isaac Mosquera, quien estuvo detenido preventivamente por delitos de tráfico de droga y blanqueo de capitales. Mosquera, que es el único diputado electo por el Molirena, fue acusado en abril de 2011 de ser uno de los presuntos cabecillas de una red criminal vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la cual utilizaba una pequeña escuela de aviación en Albrook como fachada para transportar droga. En enero de 2023, un juez lo exoneró de cargos.

Sorpresa e indignación

La lista de los 14 diputados que son idóneos para ejercer la abogacía la completan Dana Castañeda y Didiano Pinilla, presidenta y primer vicepresidente de la AN, respectivamente; Jorge Isaac Bloise Iglesias, Miguel Ángel Campos, Ernesto Cedeño, Walkiria Chandler, Jorge Alberto González López, Nelson Jackson, Augusto Palacios, Jairo Salazar Ramírez, Lein Ulate y Roberto Zúñiga.

También están los diputados suplentes Hilda Guzmán, Arnulfo Arias Olivares, Ana María Poveda y Daryelis Aponte.

Algunos ni siquiera sabían de que sus nombres estaban en esa lista. Se enteraron cuando en la sesión de este martes, Cedeño solicitó la lectura del “proyecto de resolución” para conceder la licencia para ejercer, que en ese momento reposaba en la secretaría general y esperaba su turno para ser discutido en el pleno.

Proyecto de la resolución que se pretende aprobar para que un grupo de diputados tenga licencia para ejercer el derecho, mientras ocupa la curul.

El proyecto fue retirado del orden del día. Luego se observó que alguien había tachado, a mano, los nombres de Bloise, Campos, Chandler, González, Palacios y Zúñiga. Ni uno de ellos conocía esta propuesta, a pesar de que el proyecto de resolución indica, en unos de sus párrafos, que esos diputados había “solicitado licencia para ejercer”, lo cual es falso.

Que quede claro, que yo como diputado no he solicitado NINGÚN tipo de licencia para ejercer la profesión de la abogacía mientras sea diputado.

No ejerceré la profesión de la abogacía durante estos 5 años, ya que lo considero un conflicto de interés.

— Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) July 3, 2024

Zúñiga, de la bancada independiente, anunció después que ni pidió ni quiere esa licencia, ya que no pretende ejercer como abogado mientras ocupe la curul, ya que considera que hay un conflicto de interés. No entiende por qué su nombre fue incluido en la resolución, dado que nunca lo autorizó. Agregó que incluso podría incluirse una prohibición expresa, aprovechando que se ha presentado un anteproyecto de ley que reforma el reglamento interno de la AN.

Chandler dijo que ella tampoco solicitó ser incluida en la lista y que no quiere gozar de dicha licencia.

Este miércoles 3 de julio, el proyecto de resolución sería sometido a votación.

Los antecedentes

La resolución de la discordia recuerda que la Constitución, en su artículo 158, permite que los diputados que son abogados puedan ejercer ante el Órgano Judicial, “fuera del periodo de sesiones o dentro de este mediante licencia concedida por el pleno de la Asamblea Nacional”.

Igualmente, menciona que la Corte Suprema de Justicia, en un fallo del 29 de noviembre de 2017, declaró que no es inconstitucional la Resolución 1 del 2 de julio de 2014 (similar a la que se quiere aprobar ahora), mediante la cual la AN concedió licencia para ejercer la profesión de abogado a nueve diputados de aquella época.

José Pérez Barboni, Grace Hernández, Ernesto Cedeño y Dana Castañeda. LA PRENSA/Elysee Fernández

Esta licencia permite que se den situaciones surrealistas. Como ejemplo está lo sucedido el 29 de junio de 2020, en una audiencia de cambio de medida cautelar ante una juez de garantías, en la que se presentaron la entonces diputada Zulay Rodríguez y Kevin Moncada, como defensores del sujeto procesado. Moncada, desde el 2 de julio de 2019, está en la planilla permanente de la AN, con un salario de $3,000 al mes.

Poco antes de que iniciara la audiencia, se le comunicó Rodríguez y Moncada que el investigado tenía nuevo abogado y que ellos no podían permanecer en la sala, porque el aforo estaba restringido. Hay que recordar que entonces la pandemia de la covid-19 había sido declarada apenas cuatro meses antes. Según un relato escrito de Moncada, la juez le dijo a la diputada: “¡No están respetando el distanciamiento! ¡Salga de aquí! ¡Salga o la sanciono!” Aquello fue suficiente para que, al día siguiente, presentaran una queja contra la juez por “grosera y descortés”, y por infringir normas constitucionales, “puesto que es sabido que solo el pleno de la Corte puede procesar y sancionar a un diputado”.

La queja contra la juez no fue admitida.

José Raúl Mulino ya es presidente de la República.

Este lunes 1 de julio, a las 2:56 p.m., fue juramentado en un acto protocolar en el teatro Anayansi del centro de convenciones Atlapa, donde prometió una reforma integral del Estado.

“Ahora, este hombre de familia se debe a Panamá”, dijo Mulino al auditorio.

A sus ministros les pidió comprometerse a “hacerlo distinto”.

“Salgamos en 5 años con la frente en alto”, y contó que uno de sus sueños era ser presidente de la República. Posteriormente dijo que no protegerá a nadie, “aunque sean de los míos”.

Reivindicó su participación en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), como ministro de Seguridad Pública. “Me enorgullece haber sido parte de ese gobierno”, y se refirió a Martinelli como su amigo. Mulino, que en campaña dijo que haría lo posible por “ayudar” a Martinelli, erradicó esas expresiones de su discurso de toma de posesión. Martinelli, que tiene una condena de 10 años de prisión por blanqueo de capitales, está en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el 7 de febrero pasado.

Lo mismo pasó con la constituyente originaria: la repitió en campaña una y otra vez, pero no la mencionó este lunes en Atlapa.

Sigue en directo la instalación de la Asamblea Nacional y toma de posesión de José Raúl Mulino.
Gracias a @masmovilpanama https://t.co/7RVMuVHMmK

— La Prensa Panamá (@prensacom) July 1, 2024

Al invocar sus años como ministro de Seguridad, recordó que entonces “la receta fue simple: continuar lo que ya estaba bien, cambiar lo que no funcionaba y hacer lo que faltaba”.

Reconoció que entonces recibieron un país en mejores que condiciones que ahora y de eso agradeció al expresidente Martín Torrijos (2004-2009). De hecho, el gobierno saliente de Laurentino Cortizo (2019-2024) dobló la deuda pública y Mulino dice que por eso se siente impotente e indignado.

“Recibimos una economía seriamente afectada. No solo perdimos el grado de inversión, sino miles de empleos y la confianza de invertir en nuestro país... El presupuesto creció el doble, pero la calidad de vida de los panameños cayó”, remarcó.

“La fiesta llega a su fin y la cuenta la van a pagar quienes la gozaron, no quienes la padecieron”, indicó.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, toma juramento durante su investidura este lunes, en la Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco (Bienvenido Velasco/)

Se refirió a la conformación de su Gabinete. “Estoy seguro que varios de ellos no votaron por mi, pero están capacitados y tenemos un objetivo común: hacer crecer a este gran país”, señaló. También en su discurso invitó al país a unir fuerzas y dejar las diferencias atrás.

Habló de la “lucha visceral” en la clase política, donde los adversarios “pasaron a ser enemigos... contaminó de odio el uso del poder”.

“Ese Panamá de revanchas rompió la institucionalidad, yendo por cabezas y no por justicia... Como abogado, nadie me echa cuenta de lo que pasó”. Dijo haber sido víctima de esa herramienta “de opresión y de judicialización”, lo que además conllevó el abandono de obras esenciales, como hospitales y hasta el programa de implementación de radares italianos, caso por el que fue investigado y detenido preventivamente.

“De mi parte ya di vuelta a esa triste página. No se puede ir de frente con los ojos en la nuca”, pero advirtió que eso no significa que habrá complicidad de su parte ante la comisión de delitos y despilfarro de fondos públicos.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (c), recibe la banda presidencial de parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda. A la izquierda está Carlos Mastellari, de la empresa organizadora de eventos Pompa. EFE/ Bienvenido Velasco (Bienvenido Velasco/)

A partir del 1 de agosto, pondrá en marcha el programa “mi primer empleo”, para beneficiar a mil jóvenes.

También prometió darle “seguimiento personal” a la licitación del nuevo hospital oncológico, que además contará con un hotel para los pacientes del interior. Igualmente, habló de la apertura de centros en otras provincias, para descongestionar la atención en el ION.

Sobre la basura, dijo que extenderá hasta diciembre los contratos de las empresas que se dedican a la recolección, pero que estará pendiente de su desempeño.

Llamará a una licitación pública para construir un hospital de mascotas y prometió completar y entregar los proyectos de vivienda que ya están en desarrollo.

En cuanto al flujo migratorio en Darién (donde estuvo de visita el pasado viernes), dijo que en la ruta hay grupos delincuenciales operando y que el problema se ha convertido en una gran crisis migratoria.

Lea aquí la nota 'Mulino espera firmar acuerdo sobre Darién con Estados Unidos'

“Cada país debe resolver sus problemas. Los panameños no me votaron para mirar para otro lado, aceptar esas aberraciones ni aceptar como bueno algo que está mal”, y dijo que Panamá no podrá seguir financiado ese flujo migratorio ilegal; tampoco permitirá que los agentes de Senafront atiendan ese problema migratorio. “Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales”.

Ante estas palabras, alguien del público gritó: “Oye, Petro”, en alusión al presidente colombiano Gustavo Petro, presente en la ceremonia en Atlapa.

También dijo que llevará agua potable a todo el país, pero “bajo ningún concepto” eso debe ser entendido que se privatizará el Idaan.

Sobre la reactivación del turismo, dijo que medirá los resultados por ocupación hotelera y optimizará el programa stop over de Copa Airlines. “Haremos paquetes turísticos accesibles, para competir con el resto de la región”, y parte de esos paquetes serán al interior del país.

Repitió que la obra cumbre de su gobierno será el tren Panamá-David y que incluso habló de esa obra más temprano, en una reunión con el rey de España. Agregó que quiere hacer realidad la producción de biocombusible. Calculó que la producción de un combustible más limpio y eficiente podría generar 20 mil empleos.

Pero, ¿de dónde saldrá la plata para financiar todo esto?

“No llegué a mis 65 años maquillando realidades”, dijo, y anunció la implementación de un plan de austeridad pública, replanteando prioridades.

“Por ejemplo, se lo quitaremos a la politiquería y el clientelismo... Así lograremos hacer las obras anunciadas”.

Mulino se refirió a que Panamá sufre la estigmatización de estar en la lista sancionatoria de varios organismos, lo que obligó a Panamá a aprobar leyes que han acabado prácticamente con el modelo de negocios de Panamá. Se quejó porque esos países que sancionan a Panamá utilizan el Canal, participan en las licitaciones del país y establecen organismos en Panamá. Entonces dijo que el caso Mossack Fonseca fue una “patraña” montada para socavar la dignidad del país.

Al respecto, 28 personas acusados de presunto blanqueo de capitales por el referido caso, fueron absueltas por una juez penal el pasado viernes.

Sobre las elecciones del pasado 5 de mayo, reconoció que el resultado en las urnas refleja el “hartazgo” del electorado. Instó a los diputados más “veteranos” a contagiarse con la nueva “camada”, que aspira a hacer las cosas de forma distinta, sin el “juega vivo descarado”, el “matraqueo”, del “pretexto de servir, pero servirse de la política”.

Advirtió al país que no tiene intermediarios y que si alguien pide un soborno, “por favor, denúncienlo”.

“Nadie habla por mí. Yo soy un hombre abierto y franco, que no llegó a este cargo para hacer negocios”.

“No voy a permitir que nadie manche el nombre de mi gobierno ni el mío propio”, indicó.

Sobre las ayudas y auxilios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), prometió que será para estudiantes con méritos, de familias que tengan ingresos de menos de $2,000 al mes.

Lea aquí la nota 'El listado que el Ifarhu no quería que vieras'

En el quinquenio del gobierno de Cortizo, el Ifarhu gastó $2,215.2 millones. La Prensa presentó una base de datos interactiva con el nombre de 2,144 personas que se beneficiaron con auxilios económicos no reembolsables, repartidos por la entidad a discreción, sin ningún requisito formal. La mayoría fue a favor de parientes, copartidarios, proveedores y personas allegadas al poder.

“Haremos una investigación para convertir esas ayudas económicas en préstamos y que empiecen a pagar lo que se llevaron”, prometió Mulino. Agregó que el Ifarhu fue una institución que estuvo “secuestrada” por la política en los cinco años del gobierno de Cortizo y que solo sirvió para ayudar “a los amiguitos del poder”.

Sobre la Dirección de Asistencia Social (antiguo PAN), advirtió que la misma desaparecerá.

Luego se refirió a los fondos repartidos por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) a alcaldes y representantes de corregimiento que militan en el PRD, al margen de lo que dicta la ley.

“Conmigo muere la descentralización paralela y su delictiva manera de utilizarla”, clamó.

En los cinco años del gobierno que ayer terminó, la AND gastó $1,164.8 millones.

Pidió que renuncien a aquellos que permanecen en sus cargos “atornillados”, porque viene con un equipo y tiene claro cómo quiere reactivar la economía. No precisó a qué cargos o a quiénes se refiere.

‘El chen chen’ y la CSS

Mulino prometió que en su gobierno se reactivará el empleo en el sector privado, y que hará recortes en el presupuesto de la Asamblea y en los gastos excesivos del gobierno. “Eso es más chen chen pa’ tí”.

Habló de la impostergable respuesta que necesitan los programas de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) y que las soluciones “cosméticas” no funcionan más. Propone una reforma “de fondo”, que debe resolver también el problema de la mora quirúrgica y de la falta de medicamentos, para lo cual prometió abrir las licitaciones a más competidores. Todo ellos sin privatizar la CSS.

Considera reprochable que alcaldes, representantes y empresas deban cuotas a la CSS, y que va tras ellos.

Pidió a los laboratorios y distribuidores de medicinas que “afilen” el lápiz para tener ganancias, sin que eso afecten a los pacientes.

Sobre la mina en Donoso

Un gobierno “débil” no podía garantizar un acuerdo justo con la mina, y menos uno saliente, como el de Cortizo. Prometió respetar las leyes, el fallo de la Corte y el clamor del pueblo, y ordenará una estricta auditoría de la concesión de Minera Panamá en Donoso.

“El plan de abrir para cerrar de forma definitiva y segura para el país dependerá de ese estudio ambiental”, advirtió.

La investidura

La banda presidencial se la colocó la diputada Dana Castañeda, quien más temprano fue escogida como presidente de la Asamblea Nacional. Su esposa Maricel sostenía la Biblia sobre la que Mulino puso una mano, al momento de ser juramentado. Mulino se emocionó con los aplausos del público, mientras la Banda Republicana entonaba La marcha Panamá.

Detrás, acomodados en tres filas en el escenario, observaba el resto de los diputados. En un extremo del escenario estaban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el otro lado estaban los jefes de gobiernos de Colombia, Costa Rica, Honduras y República Dominicana y el rey Felipe VI de España.

Imposición de la banda presidencial al presidente José Raúl Mulino por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional. Captura de pantalla

Mezclados en las primeras filas del teatro estaban los ministros que le acompañaran en su gestión, los cuales deberán tomar posesión posteriormente, en el Palacio de las Garzas. También sentadas estaban la expresidenta Mireya Moscoso (1999-2004) y la exprimera dama Marta Linares de Martinelli, así como Gerardo Solís, contralor de la República hasta el próximo 31 de diciembre, y los procuradores de la Nación y de la Administración, Javier Caraballo y Rigoberto González, respectivamente.

Cuando Mulino, en su discurso, mencionó a María Eugenia López Arias, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el público la abucheó.

Mulino, un abogado de 65 años de edad, ganó con el 34% de los votos y fue postulado por los partidos Realizando Metas y Alianza.

El acto terminó con la entonación del himno nacional.

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), que fue centro de varios escándalos de titulación durante el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), será dirigida por un abogado que se desempeñó como diplomático durante ese quinquenio y que además tiene una estrecha relación con Luis Enrique “Quique” Martinelli Linares.

Se trata de Andrés Fernando Pagés Chanis, quien fue designado este lunes 17 de junio como administrador de la Anati por el presidente electo José Raúl Mulino. Rosario Cárdenas será la subadministradora. Los nombramientos todavía debes ser ratificado por la Asamblea Nacional.

En el comunicado que divulgó la oficina de Mulino se informó que Pagés se ha desempeñado como asistente de defensor de oficio en el Órgano Judicial, abogado en la firma Kosmas & Kosmas y socio en el bufete Borrell Cano Pagés. También se anotó que “laboró en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industrias, Turismo y Comercio de Madrid”, España.

Andres Pagés (Izq.) y Luis Enrique Martinelli.

Lo que no se dijo es que fue cónsul de Panamá en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en la administración de Martinelli. Incluso, le acompaño en un viaje oficial que este realizó en el año 2010. En la comitiva, además, estaban el entonces vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, y Riccardo Francolini, presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros en aquella época.

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— Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) June 17, 2024

Hay otro socio de Borrell Cano Pages que se sumará al gobierno de Mulino. Se trata del abogado Juan Francisco Borrell, que fue designado viceministro de Gobierno. Como Pages, Borrell también trabajó en Kosmas & Kosmas, la firma de Jorge Kosmas, embajador y cónsul de Panamá en Japón entre 2009-2014.

Varios escándalos en la Anati (Juan Hombrón, el relleno del florista…) dejaron al descubierto el lucrativo negocio de la titulación casi gratuita de tierras en la administración Martinelli, a favor de allegados al poder, incluyendo ministros.

Lea aquí la nota titulada 'Tierras, el millonario negocio del quinquenio Martinelli'

Para eso fue fundamental la aprobación de la Ley 80 del 31 de diciembre de 2009, que reconoce derechos posesorios de tierras nacionales y regula la titulación de las zonas costeras y el territorio insular, a favor de cualquier persona que demuestre haber ejercido el dominio material “con ánimo de dueño”, por cinco años o más.

Jaime Trujillo Castillo, quien asumirá como director del Servicio de Protección Institucional (SPI) a partir del próximo 1 de julio, redactó una carta dirigida al juez Raymond Dearie de la Corte del Distrito Este de Nueva York, solicitando clemencia para Luis Enrique Martinelli Linares.

La carta, fechada el 30 de enero de 2022, fue entregada a la Corte el 29 de abril de 2022, tres semanas antes de que se llevara a cabo la audiencia en la que el juez Dearie condenó a Luis Enrique y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares a 36 meses de prisión. Ambos admitieron conspirar para lavar al menos $28 millones en sobornos recibidos de la constructora Odebrecht, utilizando el sistema financiero estadounidense.

Trujillo se presentó ante el juez Dearie como especialista en seguridad, destacando sus 32 años como jefe de seguridad en los Súper 99, propiedad de la familia del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), donde Luis Enrique había sido presidente y gerente general de la cadena de supermercados.

Sin embargo, su larga trayectoria laboral en la empresa de la familia Martinelli no fue mencionada en el comunicado que la oficina del presidente electo José Raúl Mulino divulgó, con motivo de su designación. Sí se menciona su desempeño en otros cargos.

De Izq. a Der.: Luis Martinelli Linares, James McGovern, Justin Horton y Ricardo Martinelli Linares, en un boceto del tribunal, elaborado el 20 de mayo de 2022, el día de la lectura de sentencia en el tribunal del juez Raymond Dearie. Court art/Jane Rosenberg

En su carta, Trujillo elogió a Luis Enrique como una persona excepcionalmente buena, amable, honesta y trabajadora, expresando su “gratitud” por haber tenido el placer de conocerlo y trabajar junto a él. Afirmó que lo consideraba no solo como un excelente jefe, sino también como un ser humano admirable.

La carta de Trujillo fue una de las 18 enviadas por los abogados de Luis Enrique al juez antes de la lectura de la sentencia. También se incluyeron notas de familiares directos (madre, esposa, hermana, tíos), amigos de la infancia y de estudios, así como del capellán de la cárcel de Brooklyn. Un ejercicio similar fue realizado por los abogados de su hermano Ricardo.

Nota de Jaime Trujillo al juez Raymond Dearie.

Además, Trujillo estuvo cerca de Martinelli durante los cinco años de su presidencia, primero como secretario del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y luego como director del SPI.

En otro contexto, cuando la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada investigó el paradero de equipos utilizados para interceptar comunicaciones de unas 150 personas (políticos, empresarios, periodistas, diplomáticos, sindicalistas) entre 2012 y 2014, dos agentes del CSN declararon haber transportado un “anaquel negro” de metal desde una villa en Ancón, propiedad del Consejo, hasta las oficinas administrativas del Súper 99 en Monte Oscuro.

Estos agentes, llamados Júbilo Graell y Javier Quirós, testificaron bajo juramento que llevaron el anaquel en un vehículo oficial Toyota Hi Lux blanco, acompañados por Ronny Rodríguez, alias Didier (imputado en el caso pinchazos, pero nunca enjuiciado debido a su paradero desconocido). Graell y Quirós afirmaron que Didier llamó a Jaime Trujillo antes de la mudanza. Después de la llamada, Didier se unió al grupo y dirigieron el vehículo hacia vía España, llegando finalmente a las oficinas de Importadora Ricamar, operadora de los Súper 99.

Esta fue la última vez que Graell y Quirós vieron el anaquel.

Lea aquí la nota 'Pinchadora fue a parar a empresa de Martinelli en Monte Oscuro'

Después de que concluyó el gobierno de Martinelli, Trujillo desapareció de la escena hasta el 28 de junio de 2017, cuando la Fiscalía Segunda Anticorrupción ordenó la detención provisional de un grupo de personas por presunto tráfico de armas, incluido Trujillo.

El caso se inició cuando Eric Estrada, entonces director del SPI, presentó una denuncia el 28 de julio de 2014, al encontrar siete armas Glock en el área de armamento de la entidad, a pesar de que pertenecían a ciudadanos particulares. Posteriormente, se descubrió que seis de esas siete armas eran parte de un lote de 406 Glock importadas exclusivamente por la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), mientras estaba vigente una veda en la importación de armas. Las armas estaban destinadas a ciertos funcionarios. Finalmente, solo se vendieron 250, y el SPI adquirió las restantes.

“Por instrucciones del señor Jaime Trujillo, exdirector del SPI, fue el enlace en Panamá para recibir las armas, pues en el conocimiento del embarque, la responsabilidad de éstas en Panamá estuvo a cargo del prenombrado”, señaló la denuncia presentada por Estrada.

Trujillo fue investigado por delitos contra la administración pública (corrupción y peculado) y contra la seguridad colectiva.

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— Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) June 13, 2024

En enero de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sustituyó la medida cautelar de detención preventiva por la de impedimento de salida del país y notificación cada 15 días.

Trujillo y los demás investigados fueron absueltos primero por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales y luego por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

El 24 de agosto de 2023, la Sala Penal de la CSJ, con ponencia de la magistrada Maribel Cornejo, rechazó un recurso de casación presentado por la fiscalía, dando por cerrado el caso.

© Corprensa

En medio de sus enconadas diferencias, Grupo Empresas Bern (GEB) y Costa del Este Town Center, S.A. (o Grupo Town Center) han coincidido en algo: el laudo arbitral que condenó al primero a pagar $85.8 millones en daños, costas e incumplimientos en la construcción del centro comercial Town Center debe ser “corregido”.

Ambos grupos en discordia, socios en aquel centro comercial en Costa del Este, han presentado sendas solicitudes de corrección al tribunal integrado por los árbitros Adán Arnulfo Arjona (presidente), Narciso Arellano Moreno y Jaime Mora, del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP). La Prensa pudo conocer el contenido de ambos escritos.

Si bien los fallos arbitrales son “finales, obligatorios y vinculantes”, sí admiten la presentación de recursos de corrección y de interpretación.

Aunque fue favorecido en el arbitraje, Grupo Town Center -conformado a su vez por las sociedades Inversiones Panamá Viejo y Townshare, representadas por Casimiro López Arango y Alberto Motta Page, respectivamente- comunicó al tribunal arbitral que hay un “error de cálculo” en el total que GEB debe pagar en daños, costas e incumplimientos, específicamente en el rubro relacionado al hotel.

Los árbitros ordenaron a GEB pagar $85.8 millones a Grupo Town Center, pero este monto incluye $8 millones “en concepto de compra de superficie ocupada por el hotel que pertenece a Costa del Este Town Center, S.A.”.

El propio laudo reconoce que Bern no tiene derechos sobre el terreno y las mejoras del hotel.

Si se restan los $8 millones equivocadamente atribuidos, la cifra correcta que debe pagar GEB es $77.8 millones. De esa cantidad, $7.5 millones corresponden a costas y gastos del proceso de arbitraje, que se extendió por casi un año y medio.

La solicitud escrita de Town Center tiene seis páginas. La de GEB, en tanto, tiene 21 e incluye varios aspectos: también se refiere al tema del hotel, pero además reclama porque se le ha ordenado que pague $3.5 millones por equipos y materiales adicionales incluidos en el presupuesto de construcción. Esa cuantía incluso es superior a la solicitada por Grupo Town Center, que en su demanda había pedido $1.5 millones por este rubro.

Bern también protesta porque aunque los abogados de Town Center (la firma Fábrega Molino) presentaron las facturas que sustentan sus honorarios y gastos, el tribunal utilizó una tabla de tarifas del Colegio Nacional de Abogados que, según GEB, corresponde a la jurisdicción ordinaria y, por tanto, no aplica en un proceso arbitral.

GEB también expresó su inconformidad porque el tribunal le ordenó reembolsar poco más de $102 mil de impuesto de inmueble y $786,677 por las cuotas de mantenimiento del PH. Al respecto, señala que la obligación de pagar el impuesto de inmueble es exclusivamente del propietario (es decir, Grupo Town Center) y las cuotas de mantenimiento se generan a partir de la expedición del permiso de ocupación, “y como quedó evidenciado, la estructura del hotel no cuenta con permiso de ocupación”, señala el escrito de corrección que presentó GEB, a través de la firma Figueroa Broce Abogados.

Pero la más “trascendental” de todas las aclaraciones es la que tiene que ver con los “aportes con fondos propios que habría hecho HB Holding, empresa vinculada a todas las sociedades que integran GEB. Se supone que desembolsó $13 millones a Constructora TECE, empresa del Grupo Bern que construyó el centro comercial. Figueroa Broce solicita se le aclare en qué parte del laudo se toma en consideración la existencia de dicha deuda.

Aunque los árbitros negaron las pretensiones monetarias de GEB (el grupo pedía una cuantía de $61.1 millones), sí destacaron que Grupo Town Center debía reconocer y respetar todos los derechos que la asisten como accionista minoritario de la sociedad Costa del Este Town Center Group. No obstante, esto no fue incluido en la parte resolutiva del laudo, por lo que piden que eso también sea corregido.

Bern también solicita aclarar la condena respecto al presupuesto excedente para ejecutar el proyecto y que se considere que los socios habían acordado una nueva fecha para la entrega de la obra. En 2018, se calculó que la construcción del centro comercial costaría casi $194 millones.

Aunque se recoge el testimonio de dos peritos que declararon que a Mercadeo y Análisis Integral, S.A. (Maisa) -una sociedad que es parte del grupo Bern- se le adeuda comisiones como comercializadora del centro comercial por $5.5 millones, el laudo no ordena a Grupo Town Center atender ese pago.

Los árbitros ahora tienen 10 días para resolver las solicitudes de corrección. Una vez resuelto, la única acción que cabe es una demanda de nulidad ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como dicta el artículo 66 de la Ley 131 de 2013, que regula el arbitraje en Panamá. En esa demanda solo se pueden invocar causales de forma, que no están relacionadas con la controversia o materia que haya sido resuelta mediante el arbitraje.

Un tribunal arbitral acaba de condenar al Grupo Empresas Bern (GEB) a pagar $77.7 millones en concepto de daños, costas e incumplimientos en la construcción del centro comercial Town Center, en Costa del Este.

El mismo tribunal también negó un reclamo presentado por GEB para que sus socios en el centro comercial le traspasaran una finca valorada en $19.5 millones sobre la cual se levanta un hotel que está casi terminado, así como comisiones por venta de locales comerciales, entre otras cosas. En total, GEB reclamaba una cuantía de $61.1 millones, pero no recibirá nada.

De este modo se intenta poner fin a un conflicto que enfrentó a dos poderosos grupos empresariales del país: por un lado GEB, un puñado de empresas manejadas por el ingeniero Hermán Bern y su hijo José Manuel Bern, y por el otro la sociedad Costa del Este Town Center Group, S.A., conformada a su vez por Inversiones Panamá Viejo, S.A. y Townshare, S.A., representadas por Raimundo Casimiro López Arango y Alberto Motta Page, respectivamente.

La decisión está contenida en un laudo de 241 páginas firmado el 24 de mayo pasado por el tribunal arbitral integrado por el exmagistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Adán Arnulfo Arjona (presidente), y los abogados Narciso Arellano Moreno y Jaime Mora, del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP). Los tres árbitros fueron seleccionados de común acuerdo entre las partes.

Originalmente, los dos grupos eran socios a partes iguales, según consta en un acuerdo de accionistas (SHA, por sus siglas en inglés) pactado el 24 de octubre de 2013, para la construcción de un proyecto inmobiliario comercial sobre tres fincas en Costa del Este, valoradas en $28 millones. Las fincas eran controladas por las familias López y Motta. El aporte de GEB sería de $28 millones, en “especie”.

Posteriormente, Luzeo Corporation, una sociedad representada por Hermán Bern, dio en garantía la mitad de sus acciones en virtud de un préstamo que le otorgó Townshare. Al no cumplir con los términos del referido préstamo, se ejecutó la garantía, de tal modo que como accionistas de Costa del Este Town Center Group quedaron Luzeo, con 25%; Townshare, con otro 25%, e Inversiones Panamá Viejo, con 50%.

Hasta el 3 de julio de 2023, el presidente de Costa del Este Town Center Group fue José Manuel Bern.

El tribunal observó que entre 2013 y 2018, el control administrativo de todo el proyecto estuvo a cargo de los Bern: José Manuel, como presidente de Costa del Este Town Center Grupo, y su padre Hermán, como presidente de Luzeo. Esta situación originó circunstancias que, por cinco años, “no favorecieron el desempeño de actuaciones independientes” entre ambos grupos, según el tribunal arbitral. Como ejemplo está que ni siquiera se conformó un comité ejecutivo, en el que se suponía que debían estar cuatro directivos: dos por parte de GEB y dos por el grupo de Town Center, es decir, los Motta y los López.

Discrepancias

Los desencuentros entre los socios empezaron cinco años después de la firma del SHA, en 2018, por la gestión en la administración, construcción, comercialización y venta del proyecto. La mayoría de estas tareas, hasta entonces, fueron asumidas por GEB y sus empresas afiliadas. Costa del Este Town Center Group alegó que se ejecutaron obras y se adoptaron decisiones sin la aprobación de su junta de accionistas o su junta directiva, como estaba consignado en el acuerdo pactado en octubre de 2013.

Alberto Motta Page y José Manuel Bern.

Ese fue el caso, por ejemplo, de la construcción de un hotel, que GEB hizo sin consultar y que no estaba incluido en el plan maestro aprobado por los accionistas. Tampoco estaba contemplado en el contrato de construcción suscrito con Constructora Tece, S.A. (una subsidiaria de empresas Bern). Posteriormente, Herman Bern reconoció, en un correo electrónico enviado a Stanley Motta en el año 2017, que fue él quien adoptó la decisión de construir el hotel, porque consideraba que era un “asset” del mall, “más que un negocio”.

‘Partes relacionadas’

En el proceso arbitral se acreditó que José Manuel Bern firmó el contrato de construcción con Tece el 2 de diciembre de 2013, aunque entonces no era el representante legal del grupo. Tampoco había sido autorizado por la junta de accionistas ni la junta directiva de Costa del Este Town Center Group. En tanto, en nombre de la constructora firmó Juan Carlos Muñoz, “un empleado del grupo Bern”.

Aunque GEB, en su demanda, afirmó que Constructora Tece fue creada exclusivamente para la ejecución del centro comercial, hay informes periciales aportados por la contraparte que indican que también realizó obras en otras locaciones (como el hotel Playa Bonita), que al 31 de diciembre de 2022 sumaban $17.9 millones.

El proyecto, originalmente presupuestado en $186.1 millones, terminó costando $212.6 millones. Y el área de construcción, que debía ser de 182,744 m2, se elevó a 206,350 m2.

La conciliación fallida

En abril de 2022, las partes se sometieron a un proceso de conciliación, pero, ante la imposibilidad de dirimir sus diferencias, en noviembre de ese mismo año pasaron al siguiente nivel: el arbitraje. GEB demandó a Costa del Este Town Center Group y viceversa.

Luego de escuchar a las partes, testigos, abogados y peritos, los árbitros Arjona, Arellano y Mora rechazaron todas las pretensiones de GEB y, en cambio, le condenó a pagar $77.7 millones por el incumplimiento de sus deberes societarios, conforme fue pactado en el acuerdo de accionistas de octubre de 2013, así como de sus obligaciones como administrador del proyecto, daños causados por la construcción y negligencia en la comercialización de los locales del centro comercial. De esa cantidad, $7.5 millones corresponde a costa y gastos.

“El tribunal arbitral ha podido constatar el cúmulo de incumplimientos en que incurrió Grupo de Empresas Bern en cuanto a sus obligaciones como administrador del proyecto, inobservancia inexcusables del SHA, falta de obtención de autorizaciones de la junta directiva de Town Center para la contratación de servicios, entre otras”, señala el laudo.

En cuanto al hotel, el tribunal declaró que el terreno y las mejoras pertenecen “en su totalidad” a Grupo Town Center, “y que Grupo Empresas Bern no tiene derechos sobre ello”.

El laudo arbitral se fundamenta en la Constitución, los códigos de Comercio y Civil de Panamá, la Ley 131 de 2013 (que regula el arbitraje comercial) y el reglamento de arbitraje del CeCAP.

© Presentado por: Town Center Costa del Este