Medellín floreció el domingo 11 de agosto con el majestuoso desfile de más de medio millar de campesinos cargando en sus espaldas enormes arreglos florales durante la edición 67 del Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores ante la mirada de unos 800 mil espectadores.
Después de abandonar en la madrugada sus pintorescas fincas en el caserío de Santa Elena, donde hace más de seis décadas nació esta florida tradición, los silleteros presentaron las obras de arte que diseñaron y elaboraron con las flores que ellos mismos cultivan en sus jardines.
Al ser el corazón de la feria, que cada año, durante agosto, llena de millones de flores a esta ciudad colombiana, los silleteros pasaron los últimos días concentrados en las creaciones, que fueron aclamadas en un recorrido de 2.8 kilómetros, vividos al ritmo de música tropical, aplausos y el canto de “vuelta, vuelta” que en cada tramo soltó la multitud para poder disfrutar de cada detalle de los arreglos.
Un hombre prepara su silleta para participar en la edición 67 del Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores. EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda (Luis Eduardo Noriega A/)
Con la silleta a cuestas, como sucedió en 1957 con el primer desfile realizado por cargueros del departamento de Antioquia, apareció en primera fila Juan Ortiz, de la vereda (aldea) El Placer, como el ganador absoluto del desfile al imponerse con su arreglo floral en la categoría ‘Monumental’.
“Estoy muy contento. El año pasado por un error me descalificaron. Me puse triste, pero mis hijos me animaron a hacer otra. Les dije que para este año iba a hacer casi la misma silleta porque sabía que con esa iba a estar entre los finalistas. Este premio gordo, como decimos, no me lo esperaba”, expresó a periodistas Ortiz.
Para el ganador este triunfo representó una “revancha” y un premio a hacer “las cosas con amor y en familia” luego de más de 18 horas de trabajo en la silleta que deslumbró al jurado.
También brillaron los silleteros ganadores María Carolina Atehortúa, en la categoría “Emblemática”; Edwin Camilo Ramírez, en “Artística”; Dórigo de Jesús Zapata, en “Tradicional”; Juan Camilo Atehortúa, en “Comercial”; Samuel Morales Henao, en “Junior”, y Julián Ramírez, en “Infantil”.
Una mujer carga una silleta durante la edición 67 del Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda
El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este miércoles que las actas del Consejo de Gabinete serán nuevamente públicas.
“Tal como me comprometí, las actas del Consejo de Gabinete volverán a ser públicas. A partir de hoy, que es la primera reunión, daremos acceso a la información que nunca debió dejar de ser pública”, informó Mulino en sus redes sociales.
Tal como me comprometí, las actas del Consejo de Gabinete volverán a ser públicas. A partir de hoy, que es la primera reunión, daremos acceso a la información que nunca debió dejar de ser pública. Empezamos a transparentar las acciones del gobierno desde el primer día y lo… pic.twitter.com/gB89I2M3pE
En 2021, el Ministerio de la Presidencia declaró que las actas, notas y archivos del presidente y vicepresidente de la República, así como del Consejo de Gabinete, eran de “acceso restringido”, por lo que no se podrían divulgar en un periodo de 10 años.
Polémica medida
La polémica medida adoptada aquella vez también abarcó a todos los registros o “constancias de las discusiones o actividades” en las que participara el expresidente Laurentino Cortizo y todos sus ministros, aunque excluyó aquella información relacionada con las aprobaciones de los contratos del Estado.
Así fue consignado en la Resolución 71 del 4 de agosto de 2021, firmada por el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, en su condición de ministro de la Presidencia. También colocó su rúbrica el exviceministro Carlos García Molino.
Carrizo y García fundamentaron su decisión en el artículo 14 de la Ley 6 de 2002 (ley de transparencia), que señala que toda información será de acceso restringido “cuando así sea declarado por el funcionario competente, de acuerdo con la presente ley”. El mismo artículo señala que la información no podrá ser divulgada por 10 años, contados a partir de su clasificación como de acceso restringido.
Sin embargo, la resolución firmada por Carrizo y García nunca brindó detalles sobre cuáles eran las razones que justificaron que esa información fuera declarada de acceso restringido.
Fiscalización
Luego del anuncio de Mulino, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana calificó como “positivo” que el presidente brinde ejemplo de transparencia con las actas del Consejo de Gabinete.
Ahora la organización espera que otras juntas directivas de entidades gubernamentales, que optaron por la opacidad, sigan el ejemplo y pasen a la transparencia que exige la ley.
Una vez más, los bancos de sangre de la Caja de Seguro Social (CSS) se han quedado sin el software que requieren para el manejo de los datos, lo que impide acceder a la base de donantes en el país. Esta situación se debe a que la CSS adeuda casi un millón de dólares a la empresa proveedora DiaMed Panamá Corp., S.A., por el uso y servicio de mantenimiento.
En febrero pasado, la empresa retiró el software debido a una deuda de $434,628.17 por el uso y mantenimiento durante el año 2023. A pesar de un acuerdo para extender el servicio hasta el 1 de julio, la situación se repite y ahora se solicita una extensión hasta diciembre, pudo conocer La Prensa.
Esta falta de software ha provocado la pérdida de trazabilidad de la información sensible de donantes y pacientes, impidiendo el acceso a historiales de donaciones, resultados de pruebas infectocontagiosas, alertas por condiciones del donante, entre otros.
El personal de los bancos de sangre de la CSS destaca que el sistema les proporcionaba un historial detallado de pacientes con información relevante sobre pruebas pre transfusionales, unidades transfundidas, efectos adversos, entre otros datos importantes. También, señalan la falta de acceso a historiales de pacientes con antecedentes de trasplante de progenitores hematopoyéticos.
Otro problema que enfrenta el personal de los bancos de sangre es el aumento en los tiempos de espera de los procesos de donación, que ahora tardan hasta 90 minutos en lugar de los 30 habituales. Además, se han limitado los cupos para la atención de donantes, con horarios restringidos de lunes a viernes y un número reducido de cupos disponibles. Esta situación ha generado críticas por parte de los donantes, quienes consideran que limitar los horarios y cupos es un obstáculo para la donación de sangre.
Por ejemplo, en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid se están habilitando 20 cupos para la atención de los donantes, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y 10 cupos de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. Mientras que los sábados, domingos y días feriados se otorgarán 20 cupos de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. La decisión se adoptó porque es muy difícil manejar alto volumen de donantes sin la información previa, especialmente de las enfermedades infecciosas.
Una vez más, los bancos de sangre de la CSS se han quedado sin el software que requieren para el manejo de los datos. Cortesía
Desde el 18 de diciembre de 2023, el personal técnico, médico y administrativo envió una misiva al director nacional de los Servicios de Salud de la entidad, Gustavo Santamaría, y al jefe nacional del Departamento de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud (Minsa), Carlos Montero, advirtiendo sobre las consecuencias del retiro del software.
Los propios laboratoristas de la CSS plantean que están incumpliendo con la Resolución No.7 del 17 de abril de 2013, que aprueba las “normas técnicas y administrativas que regulan los bancos de sangre y servicios de medicina transfunsional”.
La resolución en el artículo 133 indica que cuando se use un sistema informático se recomienda que exista la siguiente documentación desarrollo del programa si se ha hecho internamente, designación numérica de las versiones, validación de la funcionalidad del sistema, instalación del sistema, formación continua del personal, validación y monitorización de la integridad de los datos, programa y procedimiento de mantenimiento y operaciones, así como un sistema de revisión de datos antes de su aceptación final.
Además, subraya que se debe disponer de un sistema alternativo que asegure la continuidad en caso de fallo del sistema.
Este medio solicitó una versión a la CSS de la situación, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
En el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el banco de sangre esta otorgando 30 cupos por día. Cortesía
Extender la vigencia de los contratos con las tres empresas que brindaron el servicio de recolección, transporte y disposición final de la basura en cerro Patacón hasta el pasado mes de junio, y que fueron gestionados por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), es parte del plan de acción rápida que implementará el presidente de la República, José Raúl Mulino.
En su discurso de toma de posesión del pasado 1 de julio, el mandatario declaró: “Vamos a extender hasta diciembre los contratos que se vencieron para que el desastre no sea peor. Pero tendremos bajo control a las empresas que cumplen a medias y cobran el total”, sentenció.
Discurso del presidente José Raúl Mulino durante su toma de posesión en el centro de convenciones Atlapa. Captura de pantalla
La extensión que se hará de los contratos, que en la administración pasada tuvo un costo de $24 millones, forma parte de las medidas para hacer frente a la crisis de la recolección de basura que se registra en la ciudad capital.
Entre estas empresas aparecen el Consorcio Covella Panamá, que operó la zona 1 y que comprende los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón (con excepción de la Autoridad del Canal de Panamá), Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo. La empresa Metropolitana de Aseo, S.A., que trabajó en la zona 2, comprende Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco.
Por su lado, la empresa Pronto Aseo, S.A., se encargó de la zona 3, en Chilibre, Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba Campos y Caimitillo.
“En la recolección y tratamiento de la basura vendrá un cambio total para que empecemos a tener ciudades limpias y rellenos sanitarios sustentables”, prometió el presidente Mulino durante su primer discurso oficial.
Anunció un proceso de limpieza rápida y efectiva para terminar con los cientos de “pataconcitos” que hay en el país. El operativo ha sido denominado “La City sin Basura”, donde han intervenido 50 camiones volquetes y 20 retroexcavadoras que han sido puestas por las empresas.
Alonso Filos, director de operaciones de la AAUD, señaló que están tratando de no utilizar ningún carro de la autoridad, para no afectar otras áreas donde se realizan los recorridos de recolección, ya que actualmente la recolección domiciliaria y comercial la realiza personal de la Autoridad.
Seguimos trabajando en el operativo "La City sin Basura", nuestros colaboradores realizan jornada de mantenimiento de limpieza en El Chorrillo, Santa Ana y Calidonia, simultáneamente nos encontramos en las áreas de Ancón, Pueblo Nuevo y Río Abajo.#SOMOSAAUD#LaCitySinBasurapic.twitter.com/E0Jhw3VXPl
Filos explicó que con este operativo de limpieza, el primer día se recolectaron 676 toneladas de basura, mientras que el segundo día (el pasado 2 de julio) fueron 506 toneladas.
“Podemos decir que los números de basura han bajado considerablemente y, a medida que van pasando los días, va a ir bajando paulatinamente”, acotó.
El operativo se ha mantenido en los corregimientos de El Chorrillo, Santa Ana, puntos cercanos al Instituto Nacional y cerca de la policlínica Presidente Remón, así como en Calidonia. En estos sectores existe infinidad de desechos. También se estarán desplazando las cuadrillas hacia el área este de la capital para poder cubrir los 26 corregimientos.
En el operativo intervenido 50 camiones volquetes y 20 retroexcavadoras que han sido puestos por las empresas. Cortesía
Filos señaló que en corregimientos como el de Curundú, el operativo duró dos días debido a la magnitud del problema que registra ese sector. Además, están terminando en el corregimiento de Ancón, Balboa, La Boca, Tavernilla y posteriormente el sector de Diablo. De ahí, entonces, los ríos Cárdenas y Corozal, y luego ingresarán a Albrook.
Por su parte, los voceros de los trabajadores han señalado que para volver a invertir en un contrato millonario con estas tres empresas, la AAUD debe comprar equipo rodante nuevo y suplir a las diferentes zonas.
Eduardo Hernández, vocero de los trabajadores de aseo, explicó que actualmente hay 46 camiones compactadores, de los cuales unos nueve están fuera de circulación, mientras que tienen cuatro vehículos tipo roll-on, retroexcavadoras y varios camiones tipo rejilla que son los que se utilizan para recoger la basura domiciliaria.
Sin embargo, no se dan abasto para cubrir la demanda de las cinco zonas de trabajo. El nuevo director de la AAUD, Ovil Oriel Moreno, realizó ayer 3 de julio una inspección por las diversas zonas para conocer la realidad de los trabajadores y los equipos rodantes.
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario realiza operativo denominado “la city sin basura”, donde buscan eliminar los pataconcitos de la ciudad capital. Cortesía
Un grupo de diputados impulsó una propuesta que fue rechazada la tarde de este miércoles 3 de julio con 51 votos en contra y 14 a favor en el pleno de la Asamblea Nacional.
La propuesta fue presentada por el diputado Ernesto Cedeño, de Movimiento Otro Camino (Moca).
Entre los que votaron a favor están Cedeño, Grace Hernández y José Pérez Barboni de MOCA. También votaron a favor Ariana Coba, Medín Jiménez, Roberto Archibold, Bolívar Escala y José Luis Varela, del partido Panameñista; Julio De la Guardia y Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático; Luis Eduardo Camacho, Tomás Benavides y Alaín Cedeño, de Realizando Metas, e Isaac Mosquera, del Molirena.
De acuerdo con Cedeño, la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional estas licencias. Su objetivo, dijo, era seguir ejerciendo “en defensa” de la ciudadanía y enumeró una serie de fallos sobre diversos temas en los que ha ganado.
Una votación histórica
Por primera vez en la historia, la Asamblea ha votado en contra de la resolución que permitía a los diputados ejercer la abogacía mientras desempeñan su mandato.
— Neftali Zamora 🇵🇦 Panamá Norte (@neftalizamorai) July 4, 2024
Antecedentes
La secretaria general de la Asamblea Nacional, el martes 2 julio, primer día de sesiones ordinarias del quinquenio 2024-2029, pretendió conceder licencia para ejercer la profesión de abogado a 14 diputados principales y cuatro suplentes, algunos de los cuales se han labrado un perfil público como defensores en sonoros casos de narcotráfico y lavado de activos.
La primera en aquella lista original fue la diputada Shirley Castañeda. Ella y Jamis Acosta (quien estaba también en esa lista) son abogados del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Martinelli eludió la orden de captura al ingresar a la embajada de Nicaragua en Panamá, el 7 de febrero pasado. Desde entonces, se encuentra en esa sede diplomática. Castañeda y Acosta militan en Realizando Metas (RM), el partido fundado por Martinelli.
Castañeda, además, es abogada de Jorge Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales. La sentencia se encuentra en firme desde diciembre pasado, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acordara no admitir un recurso de casación a su favor. También tiene un proceso por drogas relacionado a la operación Neptuno.
Con posterioridad, y tras ser rechazado el primer intento de aprobar esta resolución, este miércoles 3 de julio, se presentó una segunda lista, ahora con menos diputados. Incluían a Ernesto Cedeño, Issac Mosquera, Hilda Guzmán, Ariana Coba, Gertudris Rodríguez y Arnulfo Arias Olivares. Esta fue la resolución que no se aprobó hoy, dando por terminado la discusión del tema.
Nuestra bancada votó en bloque en contra de esta resolución que permitía a algunos diputados ejercer como abogados mientras ocupan el cargo de diputados. https://t.co/pLVLCPdXGJ
Venezuela y Estados Unidos, sin relaciones desde 2019, retomaron este miércoles sus conversaciones tras varios meses en vaivén y con las inminentes presidenciales del próximo 28 de julio en el país caribeño como telón de fondo, seguidas de cerca por Washington.
Tal y como lo anunció el mandatario Nicolás Maduro el lunes, ambos países celebraron este miércoles, de manera virtual, una primera reunión, durante la que se comprometieron, según Caracas, a “trabajar de forma conjunta para ganar confianza y mejorar las relaciones” y a “mantener las comunicaciones de manera respetuosa y constructiva”.
A través de X, el jefe negociador de Maduro, Jorge Rodríguez -también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)-, señaló que la delegación venezolana rechazó las “tergiversaciones que, sobre este diálogo y de manera reiterada, han publicado voceros del Gobierno” estadounidense.
Asimismo, insistió en que estas conversaciones deben “limitarse a lo acordado” con la mediación de Catar, que contempla, fundamentalmente, el levantamiento de sanciones.
El diálogo -con el que Maduro logró, en diciembre, la liberación del empresario colombiano Alex Saab- estuvo congelado tras su último desencuentro, en abril, cuando Washington revirtió el alivio parcial de sanciones otorgado en octubre a Caracas, al considerar que este no cumplió, en su totalidad, con el Acuerdo de Barbados -suscrito entre el chavismo y la oposición mayoritaria-, que establece garantías electorales.
Sin ‘manipulaciones’
Rodríguez -también jefe negociador en el diálogo con el antichavismo- indicó en su mensaje que, para “seguir recuperando la confianza mutua y las relaciones” entre ambos Gobiernos, “se deben respetar los principios de autodeterminación, soberanía y reciprocidad”, lo que para Venezuela significa abstenerse de injerir en sus asuntos internos, entre ellos, las presidenciales.
El lunes, Maduro -candidato a la reelección- adelantó que esta nueva ronda de negociación, que dijo haber aceptado tras recibir propuestas durante dos meses, se basará en “restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulaciones”, y en que Estados Unidos “cumpla con los acuerdos firmados en Catar”.
Por su parte, Estados Unidos insistió este miércoles en que está abierto a un diálogo con el Gobierno de Maduro de “buena fe”, y reafirmó la solicitud de que las presidenciales del 28 de julio sean “competitivas e inclusivas”.
La Casa Blanca, según dijo en una rueda de prensa su portavoz, Karine Jean-Pierre, es “consciente de que el cambio democrático no será fácil y requiere de un compromiso serio”.
Desde marzo de 2022, cuando una delegación de la Casa Blanca viajó a Caracas a reunirse con Maduro, las conversaciones bilaterales han sido intermitentes y con altibajos.
Si bien el Gobierno chavista asegura haber vencido “el bloqueo criminal”, casi a diario exige el levantamiento de las sanciones, a las que suele llamar “medidas coercitivas unilaterales”, y recientemente esta solicitud también ha ocupado espacios en pancartas de Caracas.
Las reacciones
La principal coalición opositora venezolana, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), considera positivo el reinicio del proceso de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, ya que las diferencias “se deben tratar de resolver por la vía pacífica”.
Según dijo el secretario ejecutivo de la alianza, Omar Barboza, este sector opositor no participará en el diálogo, al ser un proceso bilateral entre Gobiernos, pero -dijo- se activó una comisión negociadora de la coalición para estar atenta a “intervenir en cualquier espacio que sea posible trabajar por la normalidad del proceso electoral y por el respeto a las garantías democráticas”.
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado cuestionó hoy, durante una entrevista con El Tiempo de Colombia, el “interés repentino de restablecer las conversaciones”.
“Quien ha violado sistemáticamente el proceso ha sido el régimen de Maduro”, dijo la exdiputada, quien aseguró que la PUD cumplió con “todo” lo establecido en el Acuerdo de Barbados.
Mientras, el diputado chavista Roy Daza, segundo vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración del Legislativo, calificó como “extraordinaria” la reanudación de las conversaciones, que -señaló- confirma “el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, según publicó el partido gobernante PSUV en una nota de prensa.
Fotografía de un cartel contra las sanciones impuestas por Estados Unidos, el 28 de junio del 2024 en Caracas (Venezuela). EFE
La secretaría general de la Asamblea Nacional, en el primer día de sesiones ordinarias del quinquenio 2024-2029, pretendió conceder licencia para ejercer la profesión de abogado a 14 diputados principales y cuatro suplentes, algunos de los cuales se han labrado un perfil público como defensores en sonoros casos de narcotráfico y lavado de activos.
La primera de la lista es la diputada Shirley Castañeda. Ella y Jamis Acosta son abogados del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Martinelli eludió la orden de captura al ingresar a la embajada de Nicaragua en Panamá, el 7 de febrero pasado. Desde entonces, se encuentra en esa sede diplomática. Castañeda y Acosta militan en Realizando Metas (RM), el partido fundado por Martinelli.
Castañeda, además, es abogada de Jorge Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales. La sentencia se encuentra en firme desde diciembre pasado, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acordara no admitir un recurso de casación a su favor. También tiene un proceso por drogas relacionado a la operación Neptuno.
El 2 de marzo de 2023, Camargo fue extraditado de Costa Rica a California, donde se le acusa desde el año 2017 de conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos. Panamá también había solicitado su extradición a las autoridades ticas, pero como el requerimiento de Estados Unidos llegó primero, fue enviado a ese país.
Diputados independientes durante la sesión del pleno legislativo, este martes 2 de julio de 2024. LA PRENSA/Elysee Fernández
Otro diputado que podría ejercer la abogacía desde su curul es Isaac Mosquera, quien estuvo detenido preventivamente por delitos de tráfico de droga y blanqueo de capitales. Mosquera, que es el único diputado electo por el Molirena, fue acusado en abril de 2011 de ser uno de los presuntos cabecillas de una red criminal vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la cual utilizaba una pequeña escuela de aviación en Albrook como fachada para transportar droga. En enero de 2023, un juez lo exoneró de cargos.
Sorpresa e indignación
La lista de los 14 diputados que son idóneos para ejercer la abogacía la completan Dana Castañeda y Didiano Pinilla, presidenta y primer vicepresidente de la AN, respectivamente; Jorge Isaac Bloise Iglesias, Miguel Ángel Campos, Ernesto Cedeño, Walkiria Chandler, Jorge Alberto González López, Nelson Jackson, Augusto Palacios, Jairo Salazar Ramírez, Lein Ulate y Roberto Zúñiga.
También están los diputados suplentes Hilda Guzmán, Arnulfo Arias Olivares, Ana María Poveda y Daryelis Aponte.
Algunos ni siquiera sabían de que sus nombres estaban en esa lista. Se enteraron cuando en la sesión de este martes, Cedeño solicitó la lectura del “proyecto de resolución” para conceder la licencia para ejercer, que en ese momento reposaba en la secretaría general y esperaba su turno para ser discutido en el pleno.
Proyecto de la resolución que se pretende aprobar para que un grupo de diputados tenga licencia para ejercer el derecho, mientras ocupa la curul.
El proyecto fue retirado del orden del día. Luego se observó que alguien había tachado, a mano, los nombres de Bloise, Campos, Chandler, González, Palacios y Zúñiga. Ni uno de ellos conocía esta propuesta, a pesar de que el proyecto de resolución indica, en unos de sus párrafos, que esos diputados había “solicitado licencia para ejercer”, lo cual es falso.
Que quede claro, que yo como diputado no he solicitado NINGÚN tipo de licencia para ejercer la profesión de la abogacía mientras sea diputado.
No ejerceré la profesión de la abogacía durante estos 5 años, ya que lo considero un conflicto de interés.
— Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) July 3, 2024
Zúñiga, de la bancada independiente, anunció después que ni pidió ni quiere esa licencia, ya que no pretende ejercer como abogado mientras ocupe la curul, ya que considera que hay un conflicto de interés. No entiende por qué su nombre fue incluido en la resolución, dado que nunca lo autorizó. Agregó que incluso podría incluirse una prohibición expresa, aprovechando que se ha presentado un anteproyecto de ley que reforma el reglamento interno de la AN.
Chandler dijo que ella tampoco solicitó ser incluida en la lista y que no quiere gozar de dicha licencia.
Este miércoles 3 de julio, el proyecto de resolución sería sometido a votación.
Los antecedentes
La resolución de la discordia recuerda que la Constitución, en su artículo 158, permite que los diputados que son abogados puedan ejercer ante el Órgano Judicial, “fuera del periodo de sesiones o dentro de este mediante licencia concedida por el pleno de la Asamblea Nacional”.
Igualmente, menciona que la Corte Suprema de Justicia, en un fallo del 29 de noviembre de 2017, declaró que no es inconstitucional la Resolución 1 del 2 de julio de 2014 (similar a la que se quiere aprobar ahora), mediante la cual la AN concedió licencia para ejercer la profesión de abogado a nueve diputados de aquella época.
José Pérez Barboni, Grace Hernández, Ernesto Cedeño y Dana Castañeda. LA PRENSA/Elysee Fernández
Esta licencia permite que se den situaciones surrealistas. Como ejemplo está lo sucedido el 29 de junio de 2020, en una audiencia de cambio de medida cautelar ante una juez de garantías, en la que se presentaron la entonces diputada Zulay Rodríguez y Kevin Moncada, como defensores del sujeto procesado. Moncada, desde el 2 de julio de 2019, está en la planilla permanente de la AN, con un salario de $3,000 al mes.
Poco antes de que iniciara la audiencia, se le comunicó Rodríguez y Moncada que el investigado tenía nuevo abogado y que ellos no podían permanecer en la sala, porque el aforo estaba restringido. Hay que recordar que entonces la pandemia de la covid-19 había sido declarada apenas cuatro meses antes. Según un relato escrito de Moncada, la juez le dijo a la diputada: “¡No están respetando el distanciamiento! ¡Salga de aquí! ¡Salga o la sanciono!” Aquello fue suficiente para que, al día siguiente, presentaran una queja contra la juez por “grosera y descortés”, y por infringir normas constitucionales, “puesto que es sabido que solo el pleno de la Corte puede procesar y sancionar a un diputado”.
La queja contra la juez no fue admitida.
Shirley Castañeda, diputada de la bancada de RM. LA PRENSA/Isaac Ortega
La juez electoral Edmara Jaén dará a conocer en los próximos días su veredicto en torno al litigio por la última de las siete curules de la Asamblea Nacional en el circuito 8-2 (San Miguelito), pugna que libran la exdiputada Zulay Rodríguez, y Omar Ortega, del partido Realizando Metas (RM).
En la audiencia que el Juzgado Segundo Administrativo Electoral celebró este miércoles 3 de julio, Jaén pidió tiempo para traspasar el acta de audiencia e informó que dará a conocer su decisión a través de un edicto. Se espera que decida si declara la nulidad de la proclamación de Ortega como diputado de la Asamblea y convoque a elecciones parciales, o proclama directamente a Rodríguez luego de anular la proclamación de su contrincante.
La audiencia, que empezó a la 1:25 p.m., y concluyó a las 4:00 p.m. se desarrolló a puertas cerradas.
Rodríguez, quien intentó retener su silla de diputada con la bandera de libre postulación, impugnó la proclamación de Ortega, alegando que detectaron irregularidades en nueve actas.
De acuerdo con su abogado Herbert Young, en la audiencia quedó en evidencia que hay cinco actas donde no se pueden determinar resultados porque se detectaron múltiples alteraciones. Mientras que en las otras cuatro −añadió− encontraron errores, alteraciones, e inconsistencias.
Sin embargo, Carlos De Icaza, del equipo de abogados de Omar Ortega, alegó que la parte demandante no aportó ninguna prueba en las que se estableciera alteraciones en las actas del circuito 8-2.
También explicó que se solicitó al tribunal la comparecencia de los jurados de mesa que realizaron el conteo de los votos, pero que esa prueba fue denegada por el juzgado.
En tanto, Guillermo Santamaría, también del equipo de abogados de Ortega explicó que durante la sesión se realizó un análisis de las nueve actas en las que Zulay Rodríguez alegó se dieron anomalías, pero que los abogados de la impugnante no pudieron probar que esas supuestas inconsistencias afectaron el resultado de las votaciones en el circuito 8-2.
Satamaría explicó que las actas impugnadas fueron usadas para la proclamación del resto de los diputados electos en San Miguelirto, por lo que aquí ha ocurrido el fenómeno de sustracción de materia.
Ortega llegó a la sede del Juzgado Segundo Administrativo Electoral acompañado por al menos 200 personas que le gritaron consignas a Rodríguez. “Te robaste los lingotes de oro, no te vas a robar la curul”, fueron algunos de los coros.
Durante toda la audiencia los simpatizantes de Ortega se mantuvieron en vigilia en las afueras del juzgado gritando consignas en las que solicitaban al juzgado justicia para el diputado.
Rodríguez llegó acompañada del abogado Herbert Young y de su amiga Maite Pellegrini, entre otras personas.
Rodríguez fue sacada del juzgado por su equipo de seguridad, sin dar declaraciones a los medios de comunicación.
Al lugar llegaron el exdiputado del Molirena, Miguel Fanovich; y el actual diputado de RM, Luis Eduardo Camacho, quien contó que fue a darle ánimo a su copartidario Omar Ortega.
Omar Ortega, diputado proclamado de RM en San Miguelito. Foto: Juan Manuel Díaz
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) −que declara inconstitucional la Ley No. 20 de 2006− tendrá varias implicaciones importantes para la gestión del Canal de Panamá.
Este fallo no solo vuelve ampliar los límites de la cuenca, sino que también plantea significativos desafíos para las actividades mineras en la región, algo que no se había anticipado inicialmente.
Al declarar inconstitucional la Ley No. 20 de 21 de junio de 2006, se restauran los límites de la cuenca a los establecidos previamente por la Ley 44 de 31 de agosto de 1999. Así, se vuelve a incluir en la región Occidental y por ende Río Indio para su preservación por Canal de Panamá.
Esta acción tiene implicaciones significativas para la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que ahora recupera jurisdicción sobre estas áreas críticas.
Una vez que la decisión sea publicada en la Gaceta Oficial, la ACP retomará el control de las cuencas conforme a los límites de 1999.
Esto, en teoría, les permite avanzar con la ejecución de proyectos hídricos que incluyan la utilización del agua de la cuenca de río Indio, para mejorar la estabilidad del suministro de agua y las operaciones del Canal.
No hay que olvidar que para avanzar en el plan hídrico que ha visualizado la administración de la ACP, además de ampliar los límites de la cueca, se requiere la creación de embalses.
La decisión de la CSJ también afectaría las operaciones mineras en la región, dado que la cuenca del río Coclé del Norte vuelve a estar bajo la custodia del Canal de Panamá.
El desarrollo de Minera Panamá se registra en áreas de la cuenca del río Coclé del Norte (cuenca n.°105) y en la cuenca del río Belén (cuenca n.°103).
El exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano, explicó a La Prensa que aunque la ACP no es propietaria de los terrenos, su rol de supervisión asegura que cualquier actividad en esta área debe contar con su anuencia para garantizar la protección ambiental y la gestión sostenible del recurso hídrico.
Cuando la ACP visualizó el año pasado el desarrollo de su plan hídrico, solo incluía la cuenca entera de rio Indio, no así todo lo que estaba amparado bajo la Ley N° 44 de 1999.
En septiembre, la junta directiva de la ACP envió un proyecto de ley al Ejecutivo que incluía la delimitación completa de la cuenca del río Indio. Ahora, la CSJ ha reconfigurado el escenario al restablecer los límites de 1999.
La ACP deberá decidir si ajusta la propuesta enviada al Ejecutivo para reflejar estos cambios o si incorpora solo la parte baja de la cuenca del río Indio que no estaba incluida en la delimitación original de la Ley 44.
La ACP informó que en cumplimiento con el fallo, le corresponde ahora ejercer su facultad constitucional sobre el área geográfica contenida en la Ley n.° 44 de 1999, a fin de salvaguardar sus recursos hídricos.
“La junta directiva del Canal y su administración coordinarán con la administración del presidente José Raúl Mulino las acciones necesarias para avanzar en la búsqueda de soluciones de largo plazo a la crisis hídrica que ha enfrentado Panamá, y así garantizar permanentemente el agua necesaria para el consumo de la población y las operaciones de la vía interoceánica”.
La cuenca del rio Coclé del Norte está nuevamente bajo la jurisdicción del Canal.
El Canal de Panamá recobra los límites de la cuenca hidrográfica que tenía fijados en 1999 de acuerdo a la Ley 44 del 31 de agosto de ese año.
Así lo indicó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), al señalar en un comunicado que está en conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante el cual declara inconstitucional la Ley n.° 20 de 2006, y con lo cual recobra su vigencia la Ley No. 44 del 31 de agosto de 1999, sobre los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP).
Canal de Panamá informa sobre fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la Ley n.° 20 de 2006.
En tal sentido, dice que con ese falló le corresponde ahora al Canal de Panamá ejercer su facultad constitucional sobre el área geográfica contenida en la Ley No. 44 de 1999, a fin de salvaguardar sus recursos hídricos. Dentro de esas áreas esta río Indio, según informó a La Prensa, Publio Cortés, abogado demandando de la ley 20 de 2006 ante la Corte Suprema de Justicia.
La ACP dijo que la facultad sobre la cuenca hidrográfica con los límites restituidos al año 1999, se hará en estrecha coordinación con las instituciones respectivas, conforme lo señala la Constitución Política de la República de Panamá.
Mapa de los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal según la Ley 44. Fuente ACP
“La Junta Directiva del Canal y su Administración coordinarán con la administración del presidente José Raúl Mulino las acciones necesarias para avanzar en la búsqueda de soluciones de largo plazo a la crisis hídrica que ha enfrentado Panamá, y así garantizar permanentemente el agua necesaria para el consumo de la población y las operaciones de la vía interoceánica”.
Desde el Palacio Municipal Demetrio H. Brid, se realizó este martes la instalación de los nuevos ediles, la toma de posesión del alcalde Mayer Mizrachiy la elección de la directiva del Consejo Municipal de Panamá para el período 2024-2029.
Cerca de las 12:30 p.m., Mizrachi tomó la palabra y dijo que solo no podrá realizar este trabajo en la Alcaldía de Panamá, y que para eso se ha rodeado de personas experimentadas, como su vicealcalde, Roberto Ruíz Díaz.
“Se acabaron los tiempos de favoritismos y de las juntas comunales favoritas”, advirtió.
Según el nuevo alcalde, su alcaldía no será de excusas, sino de resultados, con lo cual mantendrá contacto directo con el Gobierno central y exhortó a la empresa privada a que se involucre en el mejoramiento de la ciudad de Panamá.
“Recibí una administración en decadencia y en desidia, con las finanzas en estado crítico y un organigrama politizado. Los números están en rojo, pero vamos a resolver los problemas y crear un municipio más próspero en la región”, acotó.
Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá, saludando a su padre Aaron Mizrachi. Isaac Ortega
Se refirió a crear una ciudad sana y moderna, así como a cuidar cada centavo y cortar los privilegios. “El que no trabaja no cobra, y con ese ahorro vamos a llegar a todos los corregimientos”, añadió.
Mayer Mizrachi junto a su mamá Rebeca Matalon. Isaac Ortega.
En el acto de toma de posesión Mayer estuvo acompañado por su familia y además estaba presente la exprimera dama Marta Linares de Martinelli.
El alcalde Mayer Mizrachi junto a la exprimera dama Marta Linares de Martinelli. Isaac Ortega
Roberto Ruiz Díaz, vicealcalde junto con el alcalde de distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. Isaac Ortega
Este lunes 1 de julio, a las 2:56 p.m., fue juramentado en un acto protocolar en el teatro Anayansi del centro de convenciones Atlapa, donde prometió una reforma integral del Estado.
“Ahora, este hombre de familia se debe a Panamá”, dijo Mulino al auditorio.
A sus ministros les pidió comprometerse a “hacerlo distinto”.
“Salgamos en 5 años con la frente en alto”, y contó que uno de sus sueños era ser presidente de la República. Posteriormente dijo que no protegerá a nadie, “aunque sean de los míos”.
Reivindicó su participación en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), como ministro de Seguridad Pública. “Me enorgullece haber sido parte de ese gobierno”, y se refirió a Martinelli como su amigo. Mulino, que en campaña dijo que haría lo posible por “ayudar” a Martinelli, erradicó esas expresiones de su discurso de toma de posesión. Martinelli, que tiene una condena de 10 años de prisión por blanqueo de capitales, está en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el 7 de febrero pasado.
Lo mismo pasó con la constituyente originaria: la repitió en campaña una y otra vez, pero no la mencionó este lunes en Atlapa.
Al invocar sus años como ministro de Seguridad, recordó que entonces “la receta fue simple: continuar lo que ya estaba bien, cambiar lo que no funcionaba y hacer lo que faltaba”.
Reconoció que entonces recibieron un país en mejores que condiciones que ahora y de eso agradeció al expresidente Martín Torrijos (2004-2009). De hecho, el gobierno saliente de Laurentino Cortizo (2019-2024) dobló la deuda pública y Mulino dice que por eso se siente impotente e indignado.
“Recibimos una economía seriamente afectada. No solo perdimos el grado de inversión, sino miles de empleos y la confianza de invertir en nuestro país... El presupuesto creció el doble, pero la calidad de vida de los panameños cayó”, remarcó.
“La fiesta llega a su fin y la cuenta la van a pagar quienes la gozaron, no quienes la padecieron”, indicó.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, toma juramento durante su investidura este lunes, en la Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco (Bienvenido Velasco/)
Se refirió a la conformación de su Gabinete. “Estoy seguro que varios de ellos no votaron por mi, pero están capacitados y tenemos un objetivo común: hacer crecer a este gran país”, señaló. También en su discurso invitó al país a unir fuerzas y dejar las diferencias atrás.
Habló de la “lucha visceral” en la clase política, donde los adversarios “pasaron a ser enemigos... contaminó de odio el uso del poder”.
“Ese Panamá de revanchas rompió la institucionalidad, yendo por cabezas y no por justicia... Como abogado, nadie me echa cuenta de lo que pasó”. Dijo haber sido víctima de esa herramienta “de opresión y de judicialización”, lo que además conllevó el abandono de obras esenciales, como hospitales y hasta el programa de implementación de radares italianos, caso por el que fue investigado y detenido preventivamente.
“De mi parte ya di vuelta a esa triste página. No se puede ir de frente con los ojos en la nuca”, pero advirtió que eso no significa que habrá complicidad de su parte ante la comisión de delitos y despilfarro de fondos públicos.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (c), recibe la banda presidencial de parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda. A la izquierda está Carlos Mastellari, de la empresa organizadora de eventos Pompa. EFE/ Bienvenido Velasco (Bienvenido Velasco/)
A partir del 1 de agosto, pondrá en marcha el programa “mi primer empleo”, para beneficiar a mil jóvenes.
También prometió darle “seguimiento personal” a la licitación del nuevo hospital oncológico, que además contará con un hotel para los pacientes del interior. Igualmente, habló de la apertura de centros en otras provincias, para descongestionar la atención en el ION.
Sobre la basura, dijo que extenderá hasta diciembre los contratos de las empresas que se dedican a la recolección, pero que estará pendiente de su desempeño.
Llamará a una licitación pública para construir un hospital de mascotas y prometió completar y entregar los proyectos de vivienda que ya están en desarrollo.
En cuanto al flujo migratorio en Darién (donde estuvo de visita el pasado viernes), dijo que en la ruta hay grupos delincuenciales operando y que el problema se ha convertido en una gran crisis migratoria.
“Cada país debe resolver sus problemas. Los panameños no me votaron para mirar para otro lado, aceptar esas aberraciones ni aceptar como bueno algo que está mal”, y dijo que Panamá no podrá seguir financiado ese flujo migratorio ilegal; tampoco permitirá que los agentes de Senafront atiendan ese problema migratorio. “Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales”.
Ante estas palabras, alguien del público gritó: “Oye, Petro”, en alusión al presidente colombiano Gustavo Petro, presente en la ceremonia en Atlapa.
También dijo que llevará agua potable a todo el país, pero “bajo ningún concepto” eso debe ser entendido que se privatizará el Idaan.
Sobre la reactivación del turismo, dijo que medirá los resultados por ocupación hotelera y optimizará el programa stop over de Copa Airlines. “Haremos paquetes turísticos accesibles, para competir con el resto de la región”, y parte de esos paquetes serán al interior del país.
Repitió que la obra cumbre de su gobierno será el tren Panamá-David y que incluso habló de esa obra más temprano, en una reunión con el rey de España. Agregó que quiere hacer realidad la producción de biocombusible. Calculó que la producción de un combustible más limpio y eficiente podría generar 20 mil empleos.
Pero, ¿de dónde saldrá la plata para financiar todo esto?
“No llegué a mis 65 años maquillando realidades”, dijo, y anunció la implementación de un plan de austeridad pública, replanteando prioridades.
“Por ejemplo, se lo quitaremos a la politiquería y el clientelismo... Así lograremos hacer las obras anunciadas”.
Mulino se refirió a que Panamá sufre la estigmatización de estar en la lista sancionatoria de varios organismos, lo que obligó a Panamá a aprobar leyes que han acabado prácticamente con el modelo de negocios de Panamá. Se quejó porque esos países que sancionan a Panamá utilizan el Canal, participan en las licitaciones del país y establecen organismos en Panamá. Entonces dijo que el caso Mossack Fonseca fue una “patraña” montada para socavar la dignidad del país.
Al respecto, 28 personas acusados de presunto blanqueo de capitales por el referido caso, fueron absueltas por una juez penal el pasado viernes.
Sobre las elecciones del pasado 5 de mayo, reconoció que el resultado en las urnas refleja el “hartazgo” del electorado. Instó a los diputados más “veteranos” a contagiarse con la nueva “camada”, que aspira a hacer las cosas de forma distinta, sin el “juega vivo descarado”, el “matraqueo”, del “pretexto de servir, pero servirse de la política”.
Advirtió al país que no tiene intermediarios y que si alguien pide un soborno, “por favor, denúncienlo”.
“Nadie habla por mí. Yo soy un hombre abierto y franco, que no llegó a este cargo para hacer negocios”.
“No voy a permitir que nadie manche el nombre de mi gobierno ni el mío propio”, indicó.
En el quinquenio del gobierno de Cortizo, el Ifarhu gastó $2,215.2 millones. La Prensa presentó una base de datos interactiva con el nombre de 2,144 personas que se beneficiaron con auxilios económicos no reembolsables, repartidos por la entidad a discreción, sin ningún requisito formal. La mayoría fue a favor de parientes, copartidarios, proveedores y personas allegadas al poder.
“Haremos una investigación para convertir esas ayudas económicas en préstamos y que empiecen a pagar lo que se llevaron”, prometió Mulino. Agregó que el Ifarhu fue una institución que estuvo “secuestrada” por la política en los cinco años del gobierno de Cortizo y que solo sirvió para ayudar “a los amiguitos del poder”.
Sobre la Dirección de Asistencia Social (antiguo PAN), advirtió que la misma desaparecerá.
Luego se refirió a los fondos repartidos por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) a alcaldes y representantes de corregimiento que militan en el PRD, al margen de lo que dicta la ley.
En los cinco años del gobierno que ayer terminó, la AND gastó $1,164.8 millones.
Pidió que renuncien a aquellos que permanecen en sus cargos “atornillados”, porque viene con un equipo y tiene claro cómo quiere reactivar la economía. No precisó a qué cargos o a quiénes se refiere.
‘El chen chen’ y la CSS
Mulino prometió que en su gobierno se reactivará el empleo en el sector privado, y que hará recortes en el presupuesto de la Asamblea y en los gastos excesivos del gobierno. “Eso es más chen chen pa’ tí”.
Habló de la impostergable respuesta que necesitan los programas de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) y que las soluciones “cosméticas” no funcionan más. Propone una reforma “de fondo”, que debe resolver también el problema de la mora quirúrgica y de la falta de medicamentos, para lo cual prometió abrir las licitaciones a más competidores. Todo ellos sin privatizar la CSS.
Considera reprochable que alcaldes, representantes y empresas deban cuotas a la CSS, y que va tras ellos.
Pidió a los laboratorios y distribuidores de medicinas que “afilen” el lápiz para tener ganancias, sin que eso afecten a los pacientes.
Sobre la mina en Donoso
Un gobierno “débil” no podía garantizar un acuerdo justo con la mina, y menos uno saliente, como el de Cortizo. Prometió respetar las leyes, el fallo de la Corte y el clamor del pueblo, y ordenará una estricta auditoría de la concesión de Minera Panamá en Donoso.
“El plan de abrir para cerrar de forma definitiva y segura para el país dependerá de ese estudio ambiental”, advirtió.
La investidura
La banda presidencial se la colocó la diputada Dana Castañeda, quien más temprano fue escogida como presidente de la Asamblea Nacional. Su esposa Maricel sostenía la Biblia sobre la que Mulino puso una mano, al momento de ser juramentado. Mulino se emocionó con los aplausos del público, mientras la Banda Republicana entonaba La marcha Panamá.
Detrás, acomodados en tres filas en el escenario, observaba el resto de los diputados. En un extremo del escenario estaban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el otro lado estaban los jefes de gobiernos de Colombia, Costa Rica, Honduras y República Dominicana y el rey Felipe VI de España.
Imposición de la banda presidencial al presidente José Raúl Mulino por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional. Captura de pantalla
Mezclados en las primeras filas del teatro estaban los ministros que le acompañaran en su gestión, los cuales deberán tomar posesión posteriormente, en el Palacio de las Garzas. También sentadas estaban la expresidenta Mireya Moscoso (1999-2004) y la exprimera dama Marta Linares de Martinelli, así como Gerardo Solís, contralor de la República hasta el próximo 31 de diciembre, y los procuradores de la Nación y de la Administración, Javier Caraballo y Rigoberto González, respectivamente.
Cuando Mulino, en su discurso, mencionó a María Eugenia López Arias, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el público la abucheó.
Mulino, un abogado de 65 años de edad, ganó con el 34% de los votos y fue postulado por los partidos Realizando Metas y Alianza.
El acto terminó con la entonación del himno nacional.
José Raúl Mulino se dirige al país en su primer discurso como presidente de la República. EFE
En su primer discurso como presidenta de la Asamblea Nacional este 1 de julio, Dana Castañeda, aseguró que comenzará a revisar las planillas 001,002 y 172.
“De manera que el que no trabaja no va a recibir su salario a partir de mañana”, aseguró la diputada en el acto de toma de posesión de José Raúl Mulino.
También aseguró que buscará la fórmula para disminuir y eliminar los “gastos innecesarios” de ese órgano del Estado, como alquileres, viáticos, viajes al exterior y alimentación.
Indicó que de esta forma se podrá reducir el presupuesto del legislativo, el cual en los últimos años ha sido superior a los $250 millones. Castañeda sugirió al Ejecutivo que los recursos que se ahorraría la Asamblea con estos recortes se destinen para el hospital Oncológico para atender a los pacientes con cáncer.
“Esta Asamblea se compromete a discutir y fiscalizar el presupuesto general del Estado, de manera que no exista acuerdo de recámaras ni reuniones secretas para que sea aprobado de manera transparente”, dijo.
Adelantó que propondrá una “revisión integral” del Reglamento Interno del legislativo para que entre todos y de manera consensuada “logremos los cambios, para que tengamos una Asamblea nueva y con buena imagen”.
Castañeda invitó a la bancada Vamos a lograr consensos en los principales temas que llegarán al pleno.
Diputada Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea Nacional.
El presidente electo José Raúl Mulino, repitió la fórmula de otros gobiernos al momento de designar el director del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), entidad que ha estado en la mira pública por los escándalos con la distribución política del millonario programa de auxilios económicos.
El nuevo jefe de esa institución Jaime Díaz es uno de los líderes de la juventud de su partido Realizando Metas (RM), estrategia que empleó el gobierno de Laurentino Cortizo, cuando encargó a Bernardo Meneses en ese puesto, quien fungía como secretario del frente de la juventud del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La nominación de Díaz para el Ifarhu surgió el pasado jueves 27 de junio. De acuerdo con un comunicado de la Oficina del Presidente Electo, en su equipo estarán Gabriel Cajiga y María García como secretaria general.
Una vez se dio a conocer la noticia, la cuenta de la juventud de RM en Instagram, lo felicitó.
Según el boletín de prensa de la oficina del presidente electo, Díaz tiene una licenciatura en comercio internacional de la Universidad Interamericana de Panamá y un máster en administración y dirección de empresas de Eude Business School, Madrid, España. De acuerdo con los planes del gobierno que tomará el control del país el próximo 1 de julio, los nombrados, realizarán una auditoría para conocer la realidad de las ayudas económicas y transformar esos beneficios en préstamos si fueron otorgados en forma irregular. Además, afirman que las ayudas económicas se otorgarán por mérito a estudiantes cuyo ingreso familiar no supere los $2,000 mensuales.
Una base de datos interactiva elaborada por La Prensa reveló que el Ifarhu otorgó subsidios no reembolsables a familiares de varios altos funcionarios, incluyendo a una sobrina del propio presidente Cortizo. Sin embargo, el Ifarhu ha mantenido en secreto el nombre de casi 3 mil beneficiarios de los auxilios económicos que se repartieron entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023. Eso implicó un desembolso de al menos $141.6 millones.
Otros casos
Sin embargo, la práctica también se ha dado en otros gobiernos. Juan Carlos Varela (2014-2019) nombró a Yesenia Rodríguez, quien era la secretaria de la Mujer del Partido Panameñista, por aquella época.
Mientras que el Martín Torrijos (2004-2009) designó a Samuel Buitrago, quien era dirigente de la juventud perredista y miembro del poderoso Comité Ejecutivo Nacional.
El ultimo informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) muestra que hasta el 20 de junio, se han reportado un total de 48 defunciones relacionadas con la influenza, con un incremento de 6 fallecimientos en la última semana.
Panamá Oeste lidera las estadísticas con 11 defunciones, seguido de cerca por Chiriquí, con 9, y Panamá metro con 6. Otras regiones también han sido afectadas, como Coclé, con 5 defunciones, y el resto de las regiones con números menores, incluyendo Bocas del Toro, Los Santos, San Miguelito, y Veraguas, entre otras.
Entre las víctimas, se cuenta con 10 menores de edad, incluyendo un bebé de apenas 10 meses en Bocas del Toro, además de 38 adultos mayores de 65 años.
¡Convierte el lavado de manos en un hábito! Lavarte las manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas de prevenir enfermedades. #MinsaPrevienepic.twitter.com/Xr9EaDf03L
— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) June 23, 2024
El informe detalla que el 96% de las defunciones ocurrieron en personas que no estaban vacunadas contra la influenza y presentaban factores de riesgo como problemas metabólicos, cardiovasculares, y enfermedades respiratorias.
Además, 122 personas continúan hospitalizadas debido a la enfermedad respiratoria, de las cuales 18 están en unidades de cuidados intensivos. Los hospitales con más hospitalizados son el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Hospital Regional Nicolás A. Solano, y Ciudad de la Salud, entre otros, donde se está brindando atención especializada.
Ante esta situación, el Minsa hace un llamado urgente a la población para que participe en la jornada de vacunación contra la influenza, que se está llevando a cabo en diversos centros hospitalarios y espacios públicos del país. Esta iniciativa busca prevenir nuevos casos y reducir la gravedad de la enfermedad entre los grupos más vulnerables.
Las autoridades de salud solicitan a la población acudir a vacunarse contra la influenza. Archivo
Se trata de Andrés Fernando Pagés Chanis, quien fue designado este lunes 17 de junio como administrador de la Anati por el presidente electo José Raúl Mulino. Rosario Cárdenas será la subadministradora. Los nombramientos todavía debes ser ratificado por la Asamblea Nacional.
En el comunicado que divulgó la oficina de Mulino se informó que Pagés se ha desempeñado como asistente de defensor de oficio en el Órgano Judicial, abogado en la firma Kosmas & Kosmas y socio en el bufete Borrell Cano Pagés. También se anotó que “laboró en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industrias, Turismo y Comercio de Madrid”, España.
Andres Pagés (Izq.) y Luis Enrique Martinelli.
Lo que no se dijo es que fue cónsul de Panamá en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en la administración de Martinelli. Incluso, le acompaño en un viaje oficial que este realizó en el año 2010. En la comitiva, además, estaban el entonces vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, y Riccardo Francolini, presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros en aquella época.
— Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) June 17, 2024
Hay otro socio de Borrell Cano Pages que se sumará al gobierno de Mulino. Se trata del abogado Juan Francisco Borrell, que fue designado viceministro de Gobierno. Como Pages, Borrell también trabajó en Kosmas & Kosmas, la firma de Jorge Kosmas, embajador y cónsul de Panamá en Japón entre 2009-2014.
Varios escándalos en la Anati (Juan Hombrón, el relleno del florista…) dejaron al descubierto el lucrativo negocio de la titulación casi gratuita de tierras en la administración Martinelli, a favor de allegados al poder, incluyendo ministros.
Para eso fue fundamental la aprobación de la Ley 80 del 31 de diciembre de 2009, que reconoce derechos posesorios de tierras nacionales y regula la titulación de las zonas costeras y el territorio insular, a favor de cualquier persona que demuestre haber ejercido el dominio material “con ánimo de dueño”, por cinco años o más.
De Izq. a Der.: Andrés Pagés, Luis Enrique Martinelli y Adolfo 'Chichi' De Obarrio.
Jaime Trujillo Castillo, quien asumirá como director del Servicio de Protección Institucional (SPI) a partir del próximo 1 de julio, redactó una carta dirigida al juez Raymond Dearie de la Corte del Distrito Este de Nueva York, solicitando clemencia para Luis Enrique Martinelli Linares.
La carta, fechada el 30 de enero de 2022, fue entregada a la Corte el 29 de abril de 2022, tres semanas antes de que se llevara a cabo la audiencia en la que el juez Dearie condenó a Luis Enrique y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares a 36 meses de prisión. Ambos admitieron conspirar para lavar al menos $28 millones en sobornos recibidos de la constructora Odebrecht, utilizando el sistema financiero estadounidense.
Trujillo se presentó ante el juez Dearie como especialista en seguridad, destacando sus 32 años como jefe de seguridad en los Súper 99, propiedad de la familia del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), donde Luis Enrique había sido presidente y gerente general de la cadena de supermercados.
Sin embargo, su larga trayectoria laboral en la empresa de la familia Martinelli no fue mencionada en el comunicado que la oficina del presidente electo José Raúl Mulino divulgó, con motivo de su designación. Sí se menciona su desempeño en otros cargos.
De Izq. a Der.: Luis Martinelli Linares, James McGovern, Justin Horton y Ricardo Martinelli Linares, en un boceto del tribunal, elaborado el 20 de mayo de 2022, el día de la lectura de sentencia en el tribunal del juez Raymond Dearie. Court art/Jane Rosenberg
En su carta, Trujillo elogió a Luis Enrique como una persona excepcionalmente buena, amable, honesta y trabajadora, expresando su “gratitud” por haber tenido el placer de conocerlo y trabajar junto a él. Afirmó que lo consideraba no solo como un excelente jefe, sino también como un ser humano admirable.
La carta de Trujillo fue una de las 18 enviadas por los abogados de Luis Enrique al juez antes de la lectura de la sentencia. También se incluyeron notas de familiares directos (madre, esposa, hermana, tíos), amigos de la infancia y de estudios, así como del capellán de la cárcel de Brooklyn. Un ejercicio similar fue realizado por los abogados de su hermano Ricardo.
Nota de Jaime Trujillo al juez Raymond Dearie.
Además, Trujillo estuvo cerca de Martinelli durante los cinco años de su presidencia, primero como secretario del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y luego como director del SPI.
En otro contexto, cuando la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada investigó el paradero de equipos utilizados para interceptar comunicaciones de unas 150 personas (políticos, empresarios, periodistas, diplomáticos, sindicalistas) entre 2012 y 2014, dos agentes del CSN declararon haber transportado un “anaquel negro” de metal desde una villa en Ancón, propiedad del Consejo, hasta las oficinas administrativas del Súper 99 en Monte Oscuro.
Estos agentes, llamados Júbilo Graell y Javier Quirós, testificaron bajo juramento que llevaron el anaquel en un vehículo oficial Toyota Hi Lux blanco, acompañados por Ronny Rodríguez, alias Didier (imputado en el caso pinchazos, pero nunca enjuiciado debido a su paradero desconocido). Graell y Quirós afirmaron que Didier llamó a Jaime Trujillo antes de la mudanza. Después de la llamada, Didier se unió al grupo y dirigieron el vehículo hacia vía España, llegando finalmente a las oficinas de Importadora Ricamar, operadora de los Súper 99.
Esta fue la última vez que Graell y Quirós vieron el anaquel.
Después de que concluyó el gobierno de Martinelli, Trujillo desapareció de la escena hasta el 28 de junio de 2017, cuando la Fiscalía Segunda Anticorrupción ordenó la detención provisional de un grupo de personas por presunto tráfico de armas, incluido Trujillo.
El caso se inició cuando Eric Estrada, entonces director del SPI, presentó una denuncia el 28 de julio de 2014, al encontrar siete armas Glock en el área de armamento de la entidad, a pesar de que pertenecían a ciudadanos particulares. Posteriormente, se descubrió que seis de esas siete armas eran parte de un lote de 406 Glock importadas exclusivamente por la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), mientras estaba vigente una veda en la importación de armas. Las armas estaban destinadas a ciertos funcionarios. Finalmente, solo se vendieron 250, y el SPI adquirió las restantes.
“Por instrucciones del señor Jaime Trujillo, exdirector del SPI, fue el enlace en Panamá para recibir las armas, pues en el conocimiento del embarque, la responsabilidad de éstas en Panamá estuvo a cargo del prenombrado”, señaló la denuncia presentada por Estrada.
Trujillo fue investigado por delitos contra la administración pública (corrupción y peculado) y contra la seguridad colectiva.
— Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) June 13, 2024
En enero de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sustituyó la medida cautelar de detención preventiva por la de impedimento de salida del país y notificación cada 15 días.
Trujillo y los demás investigados fueron absueltos primero por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales y luego por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
El 24 de agosto de 2023, la Sala Penal de la CSJ, con ponencia de la magistrada Maribel Cornejo, rechazó un recurso de casación presentado por la fiscalía, dando por cerrado el caso.
En medio de sus enconadas diferencias, Grupo Empresas Bern (GEB) y Costa del Este Town Center, S.A. (o Grupo Town Center) han coincidido en algo: el laudo arbitral que condenó al primero a pagar $85.8 millones en daños, costas e incumplimientos en la construcción del centro comercial Town Center debe ser “corregido”.
Ambos grupos en discordia, socios en aquel centro comercial en Costa del Este, han presentado sendas solicitudes de corrección al tribunal integrado por los árbitros Adán Arnulfo Arjona (presidente), Narciso Arellano Moreno y Jaime Mora, del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP). La Prensa pudo conocer el contenido de ambos escritos.
Si bien los fallos arbitrales son “finales, obligatorios y vinculantes”, sí admiten la presentación de recursos de corrección y de interpretación.
Aunque fue favorecido en el arbitraje, Grupo Town Center -conformado a su vez por las sociedades Inversiones Panamá Viejo y Townshare, representadas por Casimiro López Arango y Alberto Motta Page, respectivamente- comunicó al tribunal arbitral que hay un “error de cálculo” en el total que GEB debe pagar en daños, costas e incumplimientos, específicamente en el rubro relacionado al hotel.
Los árbitros ordenaron a GEB pagar $85.8 millones a Grupo Town Center, pero este monto incluye $8 millones “en concepto de compra de superficie ocupada por el hotel que pertenece a Costa del Este Town Center, S.A.”.
El propio laudo reconoce que Bern no tiene derechos sobre el terreno y las mejoras del hotel.
Si se restan los $8 millones equivocadamente atribuidos, la cifra correcta que debe pagar GEB es $77.8 millones. De esa cantidad, $7.5 millones corresponden a costas y gastos del proceso de arbitraje, que se extendió por casi un año y medio.
La solicitud escrita de Town Center tiene seis páginas. La de GEB, en tanto, tiene 21 e incluye varios aspectos: también se refiere al tema del hotel, pero además reclama porque se le ha ordenado que pague $3.5 millones por equipos y materiales adicionales incluidos en el presupuesto de construcción. Esa cuantía incluso es superior a la solicitada por Grupo Town Center, que en su demanda había pedido $1.5 millones por este rubro.
Bern también protesta porque aunque los abogados de Town Center (la firma Fábrega Molino) presentaron las facturas que sustentan sus honorarios y gastos, el tribunal utilizó una tabla de tarifas del Colegio Nacional de Abogados que, según GEB, corresponde a la jurisdicción ordinaria y, por tanto, no aplica en un proceso arbitral.
GEB también expresó su inconformidad porque el tribunal le ordenó reembolsar poco más de $102 mil de impuesto de inmueble y $786,677 por las cuotas de mantenimiento del PH. Al respecto, señala que la obligación de pagar el impuesto de inmueble es exclusivamente del propietario (es decir, Grupo Town Center) y las cuotas de mantenimiento se generan a partir de la expedición del permiso de ocupación, “y como quedó evidenciado, la estructura del hotel no cuenta con permiso de ocupación”, señala el escrito de corrección que presentó GEB, a través de la firma Figueroa Broce Abogados.
Pero la más “trascendental” de todas las aclaraciones es la que tiene que ver con los “aportes con fondos propios que habría hecho HB Holding, empresa vinculada a todas las sociedades que integran GEB. Se supone que desembolsó $13 millones a Constructora TECE, empresa del Grupo Bern que construyó el centro comercial. Figueroa Broce solicita se le aclare en qué parte del laudo se toma en consideración la existencia de dicha deuda.
Aunque los árbitros negaron las pretensiones monetarias de GEB (el grupo pedía una cuantía de $61.1 millones), sí destacaron que Grupo Town Center debía reconocer y respetar todos los derechos que la asisten como accionista minoritario de la sociedad Costa del Este Town Center Group. No obstante, esto no fue incluido en la parte resolutiva del laudo, por lo que piden que eso también sea corregido.
Bern también solicita aclarar la condena respecto al presupuesto excedente para ejecutar el proyecto y que se considere que los socios habían acordado una nueva fecha para la entrega de la obra. En 2018, se calculó que la construcción del centro comercial costaría casi $194 millones.
Aunque se recoge el testimonio de dos peritos que declararon que a Mercadeo y Análisis Integral, S.A. (Maisa) -una sociedad que es parte del grupo Bern- se le adeuda comisiones como comercializadora del centro comercial por $5.5 millones, el laudo no ordena a Grupo Town Center atender ese pago.
Los árbitros ahora tienen 10 días para resolver las solicitudes de corrección. Una vez resuelto, la única acción que cabe es una demanda de nulidad ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como dicta el artículo 66 de la Ley 131 de 2013, que regula el arbitraje en Panamá. En esa demanda solo se pueden invocar causales de forma, que no están relacionadas con la controversia o materia que haya sido resuelta mediante el arbitraje.
El proyecto, originalmente presupuestado en $186.1 millones, terminó costando $212.6 millones. Y el área de construcción, que debía ser de 182,744 m2, se elevó a 206,350 m2. ARCHIVO
Continúa la espera de los usuarios del transporte público para que 450 unidades de Metro Buses sean reparadas, reincorporadas a la flota operativa y puedan circular en las calles de los distritos de Panamá y San Miguelito.
Actualmente, este proceso de adquisición de las piezas se mantiene en pausa, a pesar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), concedió un amparo de garantías constitucionales a favor de la sociedad H3 Automation, Sdad. Ltda., a la cual la empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A. (Tmpsa), conocida como Mi Bus, le había rescindido el contrato para el suministro de piezas de reparación.
Tmpsa explicó que después de la notificación del fallo y una vez que el edicto se hizo firme el 27 de mayo, “están a la espera que la empresa nos envíe el detalle del flete y el seguro para poder incluirlo en la orden” del primer pedido de las piezas o refacciones de los aires acondicionados de los buses marca Torino y Gran Viale. Además Mi Bus ha dicho que acatará lo decidido por la Corte.
Más de 450 buses necesitan ser reparados para ponerlos en circulación. LP Elysée Fernández
Luis Campana, gerente general de Mi Bus, informó que están a la espera de que la empresa H3 Automation, Sdad. Ltda., envíe el detalle del flete y el seguro para poder incluirlo en la orden de pedido establecida en el contrato TMPSA-08-DC-2023.
Precisamente, para concretar detalles, Mi Bus se estará reuniendo la próxima semana con la empresa proveedora para conversar sobre los detalles técnicos de los pedidos.
El contrato para el suministro de piezas es multianual de $12.5 millones y consiste en el abastecimiento de repuestos del sistema de aire acondicionado Carrier, que debe suplir las necesidades de la flota de buses Gran Viale y Torino a medida que transcurre el tiempo. Cabe resaltar que el primer modelo de buses fue adquirido hace 14 años, y se estarían realizando los cambios de repuestos progresivamente en estas unidades.
Mi Bus mantiene en total 1,436 unidades, de las cuales 600 están operativas, 450 están dañadas esperando las refacciones de los aires acondicionados, 217 están en proceso de descarte y el resto presenta otras deficiencias. Este problema lleva más de un año sin solución.
Unos 400 mil usuarios utilizan diariamente el sistema de Metro Bus en los distritos de Panamá y San Miguelito. Esta demanda es cada vez más exigente, ya que no hay suficientes buses para movilizar a las personas.
Luis Torres, vocero de la Asociación de Usuarios del Transporte Público, ha manifestado en reiteradas ocasiones que en las calles hacen falta esas 450 unidades de buses, ya que la frecuencia es deficiente.
Torres señaló que en la Asamblea Nacional hay un anteproyecto para que se renueve la flota de los buses; sin embargo, está engavetado en la Comisión de Transporte. “Necesitamos optimizar los buses, renovarlos y mejorarlos en beneficio de los usuarios”, indicó.
Mi Bus manifestó que “están trabajando incansablemente para cumplir con todas las exigencias y agilizar la implementación de las soluciones necesarias, honrando el contrato y los tiempos establecidos por la ley”. Agregó que están realizando todos los esfuerzos para cumplir con la programación, optimizando los recursos con los 600 buses operativos, los cuales están programados para mantener todos al servicio, aumentando la rotación de los buses en puntos estratégicos de la ruta para asegurar una mayor cobertura en los sectores.
Gilberto Cruz Ríos, abogado de la firma Forense Cruz Ríos & Asociados, encargada de gestionar el amparo ante la CSJ en representación de H3 Automation, Sdad. Ltda., explicó en una entrevista con La Prensa el pasado 24 de mayo, que empezaría el acercamiento con la compañía fabricante de las piezas, además de Mi Bus y la compañía aseguradora Seguros Suramericana, S.A., con el fin de aclarar su situación legal.
Agregó que otro aspecto a analizar del equipo técnico son las capacidades mecánicas, físicas y técnicas de lo que se está comprando (refacciones) y si con el tiempo han cambiado para el distribuidor y para el fabricante. Los técnicos harán las inspecciones para ver si las piezas que hay que suministrar están discontinuadas, han sido modificadas por el fabricante o se mantienen.
CORPRENSA// ELYSÉE FERNÁNDEZ// FOTOGRAFÍA// 24-5-2024 // MAYO // Imágenes de gente caminando, de Metro Bus -Mi Bus,
Un tribunal arbitral acaba de condenar al Grupo Empresas Bern (GEB) a pagar $77.7 millones en concepto de daños, costas e incumplimientos en la construcción del centro comercial Town Center, en Costa del Este.
El mismo tribunal también negó un reclamo presentado por GEB para que sus socios en el centro comercial le traspasaran una finca valorada en $19.5 millones sobre la cual se levanta un hotel que está casi terminado, así como comisiones por venta de locales comerciales, entre otras cosas. En total, GEB reclamaba una cuantía de $61.1 millones, pero no recibirá nada.
De este modo se intenta poner fin a un conflicto que enfrentó a dos poderosos grupos empresariales del país: por un lado GEB, un puñado de empresas manejadas por el ingeniero Hermán Bern y su hijo José Manuel Bern, y por el otro la sociedad Costa del Este Town Center Group, S.A., conformada a su vez por Inversiones Panamá Viejo, S.A. y Townshare, S.A., representadas por Raimundo Casimiro López Arango y Alberto Motta Page, respectivamente.
La decisión está contenida en un laudo de 241 páginas firmado el 24 de mayo pasado por el tribunal arbitral integrado por el exmagistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Adán Arnulfo Arjona (presidente), y los abogados Narciso Arellano Moreno y Jaime Mora, del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP). Los tres árbitros fueron seleccionados de común acuerdo entre las partes.
Originalmente, los dos grupos eran socios a partes iguales, según consta en un acuerdo de accionistas (SHA, por sus siglas en inglés) pactado el 24 de octubre de 2013, para la construcción de un proyecto inmobiliario comercial sobre tres fincas en Costa del Este, valoradas en $28 millones. Las fincas eran controladas por las familias López y Motta. El aporte de GEB sería de $28 millones, en “especie”.
Posteriormente, Luzeo Corporation, una sociedad representada por Hermán Bern, dio en garantía la mitad de sus acciones en virtud de un préstamo que le otorgó Townshare. Al no cumplir con los términos del referido préstamo, se ejecutó la garantía, de tal modo que como accionistas de Costa del Este Town Center Group quedaron Luzeo, con 25%; Townshare, con otro 25%, e Inversiones Panamá Viejo, con 50%.
Hasta el 3 de julio de 2023, el presidente de Costa del Este Town Center Group fue José Manuel Bern.
El tribunal observó que entre 2013 y 2018, el control administrativo de todo el proyecto estuvo a cargo de los Bern: José Manuel, como presidente de Costa del Este Town Center Grupo, y su padre Hermán, como presidente de Luzeo. Esta situación originó circunstancias que, por cinco años, “no favorecieron el desempeño de actuaciones independientes” entre ambos grupos, según el tribunal arbitral. Como ejemplo está que ni siquiera se conformó un comité ejecutivo, en el que se suponía que debían estar cuatro directivos: dos por parte de GEB y dos por el grupo de Town Center, es decir, los Motta y los López.
Discrepancias
Los desencuentros entre los socios empezaron cinco años después de la firma del SHA, en 2018, por la gestión en la administración, construcción, comercialización y venta del proyecto. La mayoría de estas tareas, hasta entonces, fueron asumidas por GEB y sus empresas afiliadas. Costa del Este Town Center Group alegó que se ejecutaron obras y se adoptaron decisiones sin la aprobación de su junta de accionistas o su junta directiva, como estaba consignado en el acuerdo pactado en octubre de 2013.
Alberto Motta Page y José Manuel Bern.
Ese fue el caso, por ejemplo, de la construcción de un hotel, que GEB hizo sin consultar y que no estaba incluido en el plan maestro aprobado por los accionistas. Tampoco estaba contemplado en el contrato de construcción suscrito con Constructora Tece, S.A. (una subsidiaria de empresas Bern). Posteriormente, Herman Bern reconoció, en un correo electrónico enviado a Stanley Motta en el año 2017, que fue él quien adoptó la decisión de construir el hotel, porque consideraba que era un “asset” del mall, “más que un negocio”.
‘Partes relacionadas’
En el proceso arbitral se acreditó que José Manuel Bern firmó el contrato de construcción con Tece el 2 de diciembre de 2013, aunque entonces no era el representante legal del grupo. Tampoco había sido autorizado por la junta de accionistas ni la junta directiva de Costa del Este Town Center Group. En tanto, en nombre de la constructora firmó Juan Carlos Muñoz, “un empleado del grupo Bern”.
Aunque GEB, en su demanda, afirmó que Constructora Tece fue creada exclusivamente para la ejecución del centro comercial, hay informes periciales aportados por la contraparte que indican que también realizó obras en otras locaciones (como el hotel Playa Bonita), que al 31 de diciembre de 2022 sumaban $17.9 millones.
El proyecto, originalmente presupuestado en $186.1 millones, terminó costando $212.6 millones. Y el área de construcción, que debía ser de 182,744 m2, se elevó a 206,350 m2.
La conciliación fallida
En abril de 2022, las partes se sometieron a un proceso de conciliación, pero, ante la imposibilidad de dirimir sus diferencias, en noviembre de ese mismo año pasaron al siguiente nivel: el arbitraje. GEB demandó a Costa del Este Town Center Group y viceversa.
Luego de escuchar a las partes, testigos, abogados y peritos, los árbitros Arjona, Arellano y Mora rechazaron todas las pretensiones de GEB y, en cambio, le condenó a pagar $77.7 millones por el incumplimiento de sus deberes societarios, conforme fue pactado en el acuerdo de accionistas de octubre de 2013, así como de sus obligaciones como administrador del proyecto, daños causados por la construcción y negligencia en la comercialización de los locales del centro comercial. De esa cantidad, $7.5 millones corresponde a costa y gastos.
“El tribunal arbitral ha podido constatar el cúmulo de incumplimientos en que incurrió Grupo de Empresas Bern en cuanto a sus obligaciones como administrador del proyecto, inobservancia inexcusables del SHA, falta de obtención de autorizaciones de la junta directiva de Town Center para la contratación de servicios, entre otras”, señala el laudo.
En cuanto al hotel, el tribunal declaró que el terreno y las mejoras pertenecen “en su totalidad” a Grupo Town Center, “y que Grupo Empresas Bern no tiene derechos sobre ello”.
El laudo arbitral se fundamenta en la Constitución, los códigos de Comercio y Civil de Panamá, la Ley 131 de 2013 (que regula el arbitraje comercial) y el reglamento de arbitraje del CeCAP.
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