El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitó desde marzo pasado a las distintas instituciones del Estado implementar el uso compartido de vehículos en rutas definidas, como parte de las medidas para racionalizar el gasto público.

Sin embargo, las entidades “continúan incrementando el gasto con la compra de vehículos”. Ante esta situación, el MEF y la Contraloría General de la República emitieron una nueva circular en la que ordenan la suspensión de la adquisición de nuevos automóviles por parte de las instituciones públicas.

“Resulta necesario adoptar medidas de control adicionales que garanticen el uso eficiente y responsable de los recursos del Estado”, señala la circular, firmada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el contralor general de la República, Anel Flores.

El MEF indicó que desde este mes de septiembre “queda suspendida” la compra de vehículos. Sin embargo, si alguna entidad, ya sea por sus actividades operativas u otras necesidades que sean justificadas, requiere un vehículo, podrá gestionar la contratación de servicios de alquiler.

Estos contratos incluirán el mantenimiento y los seguros, y su vigencia no podrá exceder el periodo fiscal en curso. “Esta disposición no afecta los contratos de alquiler vigentes, que continuarán ejecutándose conforme a los términos establecidos”, indicó el MEF.

El contralor Flores había adelantado el lunes que firmaría la circular para suspender la compra de carros.

“Tenemos 32,000 vehículos en el Estado, de los cuales calculo yo que pueden haber 5,000 en chatarra”, anunció Flores ante los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. El contralor había acudido este lunes a sustentar el presupuesto de esa entidad.

Flores dijo que la suspensión de la compra de automóviles tiene el propósito de poner un “freno”, mientras se realiza un análisis sobre la forma en que el Estado administra y mantiene su flota.

Dijo que buena parte del problema es por la falta de talleres y los procesos burocráticos para reparar los vehículos. Un automóvil puede quedar fuera de circulación durante meses por una falla menor, como una batería o un alternador, hasta terminar deteriorándose y convertirse en una pérdida para el Estado.

Flores también adelantó que se está realizando “corridas financieras” para determinar qué modelo resulta más conveniente para el Estado: comprar o alquilar. Puso como ejemplo su experiencia en la empresa privada, donde, según dijo, optan por el alquiler (leasing) con mantenimiento, peajes en los corredores y seguro incluidos.

El proyecto de ley 491, que busca la creación de un fondo para la equiparación de los ingresos de jubilados y pensionados cuyos pagos sean inferiores a $600, sufrió un revés en el pleno legislativo.

La propuesta, que se encontraba en segundo debate, fue devuelta a primer debate.

Un grupo de diputados de diversas bancadas propuso devolver el proyecto a la comisión tras alegar que se le deben incorporar los cambios planteados en la mesa técnica, referentes a las distintas formas de financiamiento para la renta sustitutiva.

Además, consideraron que el proyecto debe ser sometido a una mayor consulta, en un proceso en el que participen las entidades públicas y privadas “que, de alguna manera, sean afectadas por la normativa, tanto en su implementación como por las consecuencias de esta”.

Grace Hernández, diputada de la bancada Seguimos y proponente del proyecto, consideró como un retroceso la decisión.

Dijo que el proyecto 491 tiene un objetivo sencillo: equiparar las pensiones para alcanzar ingresos mínimos dignos para quienes se jubilaron hace 20 o 25 años y hoy reciben montos que ya no corresponden con el costo de vida.

“¿Qué tiene de malo? Si la cifra no les gusta, y esto es con el Ejecutivo, si la cifra no les gusta pueden proponer otra. Si el mecanismo de recaudación no les gusta, pueden traer alternativas. Lo que hace falta es voluntad de aportar soluciones y, en el proceso que vivimos, no aportaron ninguna”, dijo.

La diputada espera que, en esta nueva oportunidad en primer debate, hagan sus propuestas, “porque no entiendo qué es lo que hace que al Órgano Ejecutivo no le guste una ley que busque ayudar a nuestros jubilados y pensionados, o quizás me equivoque y en esta segunda vuelta me demuestren lo contrario”.

“Esto no es populismo, es reconocer una realidad”, dijo Hernández, tras indicar que la inflación cambió el valor del dinero y que los jubilados son los más afectados.

De acuerdo con cifras de la Asociación de Jubilados de Panamá, unos 95 mil jubilados y pensionados tienen ingresos menores de $600.

La propuesta de Hernández plantea la creación de un fondo especial que se financiaría con el cobro de $1.50 por cada contenedor de 20 pies (TEU) manejado en los puertos panameños.