El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este miércoles que las actas del Consejo de Gabinete serán nuevamente públicas.
“Tal como me comprometí, las actas del Consejo de Gabinete volverán a ser públicas. A partir de hoy, que es la primera reunión, daremos acceso a la información que nunca debió dejar de ser pública”, informó Mulino en sus redes sociales.
Tal como me comprometí, las actas del Consejo de Gabinete volverán a ser públicas. A partir de hoy, que es la primera reunión, daremos acceso a la información que nunca debió dejar de ser pública. Empezamos a transparentar las acciones del gobierno desde el primer día y lo… pic.twitter.com/gB89I2M3pE
En 2021, el Ministerio de la Presidencia declaró que las actas, notas y archivos del presidente y vicepresidente de la República, así como del Consejo de Gabinete, eran de “acceso restringido”, por lo que no se podrían divulgar en un periodo de 10 años.
Polémica medida
La polémica medida adoptada aquella vez también abarcó a todos los registros o “constancias de las discusiones o actividades” en las que participara el expresidente Laurentino Cortizo y todos sus ministros, aunque excluyó aquella información relacionada con las aprobaciones de los contratos del Estado.
Así fue consignado en la Resolución 71 del 4 de agosto de 2021, firmada por el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, en su condición de ministro de la Presidencia. También colocó su rúbrica el exviceministro Carlos García Molino.
Carrizo y García fundamentaron su decisión en el artículo 14 de la Ley 6 de 2002 (ley de transparencia), que señala que toda información será de acceso restringido “cuando así sea declarado por el funcionario competente, de acuerdo con la presente ley”. El mismo artículo señala que la información no podrá ser divulgada por 10 años, contados a partir de su clasificación como de acceso restringido.
Sin embargo, la resolución firmada por Carrizo y García nunca brindó detalles sobre cuáles eran las razones que justificaron que esa información fuera declarada de acceso restringido.
Fiscalización
Luego del anuncio de Mulino, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana calificó como “positivo” que el presidente brinde ejemplo de transparencia con las actas del Consejo de Gabinete.
Ahora la organización espera que otras juntas directivas de entidades gubernamentales, que optaron por la opacidad, sigan el ejemplo y pasen a la transparencia que exige la ley.
Una vez más, los bancos de sangre de la Caja de Seguro Social (CSS) se han quedado sin el software que requieren para el manejo de los datos, lo que impide acceder a la base de donantes en el país. Esta situación se debe a que la CSS adeuda casi un millón de dólares a la empresa proveedora DiaMed Panamá Corp., S.A., por el uso y servicio de mantenimiento.
En febrero pasado, la empresa retiró el software debido a una deuda de $434,628.17 por el uso y mantenimiento durante el año 2023. A pesar de un acuerdo para extender el servicio hasta el 1 de julio, la situación se repite y ahora se solicita una extensión hasta diciembre, pudo conocer La Prensa.
Esta falta de software ha provocado la pérdida de trazabilidad de la información sensible de donantes y pacientes, impidiendo el acceso a historiales de donaciones, resultados de pruebas infectocontagiosas, alertas por condiciones del donante, entre otros.
El personal de los bancos de sangre de la CSS destaca que el sistema les proporcionaba un historial detallado de pacientes con información relevante sobre pruebas pre transfusionales, unidades transfundidas, efectos adversos, entre otros datos importantes. También, señalan la falta de acceso a historiales de pacientes con antecedentes de trasplante de progenitores hematopoyéticos.
Otro problema que enfrenta el personal de los bancos de sangre es el aumento en los tiempos de espera de los procesos de donación, que ahora tardan hasta 90 minutos en lugar de los 30 habituales. Además, se han limitado los cupos para la atención de donantes, con horarios restringidos de lunes a viernes y un número reducido de cupos disponibles. Esta situación ha generado críticas por parte de los donantes, quienes consideran que limitar los horarios y cupos es un obstáculo para la donación de sangre.
Por ejemplo, en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid se están habilitando 20 cupos para la atención de los donantes, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y 10 cupos de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. Mientras que los sábados, domingos y días feriados se otorgarán 20 cupos de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. La decisión se adoptó porque es muy difícil manejar alto volumen de donantes sin la información previa, especialmente de las enfermedades infecciosas.
Una vez más, los bancos de sangre de la CSS se han quedado sin el software que requieren para el manejo de los datos. Cortesía
Desde el 18 de diciembre de 2023, el personal técnico, médico y administrativo envió una misiva al director nacional de los Servicios de Salud de la entidad, Gustavo Santamaría, y al jefe nacional del Departamento de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud (Minsa), Carlos Montero, advirtiendo sobre las consecuencias del retiro del software.
Los propios laboratoristas de la CSS plantean que están incumpliendo con la Resolución No.7 del 17 de abril de 2013, que aprueba las “normas técnicas y administrativas que regulan los bancos de sangre y servicios de medicina transfunsional”.
La resolución en el artículo 133 indica que cuando se use un sistema informático se recomienda que exista la siguiente documentación desarrollo del programa si se ha hecho internamente, designación numérica de las versiones, validación de la funcionalidad del sistema, instalación del sistema, formación continua del personal, validación y monitorización de la integridad de los datos, programa y procedimiento de mantenimiento y operaciones, así como un sistema de revisión de datos antes de su aceptación final.
Además, subraya que se debe disponer de un sistema alternativo que asegure la continuidad en caso de fallo del sistema.
Este medio solicitó una versión a la CSS de la situación, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
En el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el banco de sangre esta otorgando 30 cupos por día. Cortesía
Extender la vigencia de los contratos con las tres empresas que brindaron el servicio de recolección, transporte y disposición final de la basura en cerro Patacón hasta el pasado mes de junio, y que fueron gestionados por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), es parte del plan de acción rápida que implementará el presidente de la República, José Raúl Mulino.
En su discurso de toma de posesión del pasado 1 de julio, el mandatario declaró: “Vamos a extender hasta diciembre los contratos que se vencieron para que el desastre no sea peor. Pero tendremos bajo control a las empresas que cumplen a medias y cobran el total”, sentenció.
Discurso del presidente José Raúl Mulino durante su toma de posesión en el centro de convenciones Atlapa. Captura de pantalla
La extensión que se hará de los contratos, que en la administración pasada tuvo un costo de $24 millones, forma parte de las medidas para hacer frente a la crisis de la recolección de basura que se registra en la ciudad capital.
Entre estas empresas aparecen el Consorcio Covella Panamá, que operó la zona 1 y que comprende los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón (con excepción de la Autoridad del Canal de Panamá), Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo. La empresa Metropolitana de Aseo, S.A., que trabajó en la zona 2, comprende Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco.
Por su lado, la empresa Pronto Aseo, S.A., se encargó de la zona 3, en Chilibre, Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba Campos y Caimitillo.
“En la recolección y tratamiento de la basura vendrá un cambio total para que empecemos a tener ciudades limpias y rellenos sanitarios sustentables”, prometió el presidente Mulino durante su primer discurso oficial.
Anunció un proceso de limpieza rápida y efectiva para terminar con los cientos de “pataconcitos” que hay en el país. El operativo ha sido denominado “La City sin Basura”, donde han intervenido 50 camiones volquetes y 20 retroexcavadoras que han sido puestas por las empresas.
Alonso Filos, director de operaciones de la AAUD, señaló que están tratando de no utilizar ningún carro de la autoridad, para no afectar otras áreas donde se realizan los recorridos de recolección, ya que actualmente la recolección domiciliaria y comercial la realiza personal de la Autoridad.
Seguimos trabajando en el operativo "La City sin Basura", nuestros colaboradores realizan jornada de mantenimiento de limpieza en El Chorrillo, Santa Ana y Calidonia, simultáneamente nos encontramos en las áreas de Ancón, Pueblo Nuevo y Río Abajo.#SOMOSAAUD#LaCitySinBasurapic.twitter.com/E0Jhw3VXPl
Filos explicó que con este operativo de limpieza, el primer día se recolectaron 676 toneladas de basura, mientras que el segundo día (el pasado 2 de julio) fueron 506 toneladas.
“Podemos decir que los números de basura han bajado considerablemente y, a medida que van pasando los días, va a ir bajando paulatinamente”, acotó.
El operativo se ha mantenido en los corregimientos de El Chorrillo, Santa Ana, puntos cercanos al Instituto Nacional y cerca de la policlínica Presidente Remón, así como en Calidonia. En estos sectores existe infinidad de desechos. También se estarán desplazando las cuadrillas hacia el área este de la capital para poder cubrir los 26 corregimientos.
En el operativo intervenido 50 camiones volquetes y 20 retroexcavadoras que han sido puestos por las empresas. Cortesía
Filos señaló que en corregimientos como el de Curundú, el operativo duró dos días debido a la magnitud del problema que registra ese sector. Además, están terminando en el corregimiento de Ancón, Balboa, La Boca, Tavernilla y posteriormente el sector de Diablo. De ahí, entonces, los ríos Cárdenas y Corozal, y luego ingresarán a Albrook.
Por su parte, los voceros de los trabajadores han señalado que para volver a invertir en un contrato millonario con estas tres empresas, la AAUD debe comprar equipo rodante nuevo y suplir a las diferentes zonas.
Eduardo Hernández, vocero de los trabajadores de aseo, explicó que actualmente hay 46 camiones compactadores, de los cuales unos nueve están fuera de circulación, mientras que tienen cuatro vehículos tipo roll-on, retroexcavadoras y varios camiones tipo rejilla que son los que se utilizan para recoger la basura domiciliaria.
Sin embargo, no se dan abasto para cubrir la demanda de las cinco zonas de trabajo. El nuevo director de la AAUD, Ovil Oriel Moreno, realizó ayer 3 de julio una inspección por las diversas zonas para conocer la realidad de los trabajadores y los equipos rodantes.
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario realiza operativo denominado “la city sin basura”, donde buscan eliminar los pataconcitos de la ciudad capital. Cortesía
Un grupo de diputados impulsó una propuesta que fue rechazada la tarde de este miércoles 3 de julio con 51 votos en contra y 14 a favor en el pleno de la Asamblea Nacional.
La propuesta fue presentada por el diputado Ernesto Cedeño, de Movimiento Otro Camino (Moca).
Entre los que votaron a favor están Cedeño, Grace Hernández y José Pérez Barboni de MOCA. También votaron a favor Ariana Coba, Medín Jiménez, Roberto Archibold, Bolívar Escala y José Luis Varela, del partido Panameñista; Julio De la Guardia y Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático; Luis Eduardo Camacho, Tomás Benavides y Alaín Cedeño, de Realizando Metas, e Isaac Mosquera, del Molirena.
De acuerdo con Cedeño, la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional estas licencias. Su objetivo, dijo, era seguir ejerciendo “en defensa” de la ciudadanía y enumeró una serie de fallos sobre diversos temas en los que ha ganado.
Una votación histórica
Por primera vez en la historia, la Asamblea ha votado en contra de la resolución que permitía a los diputados ejercer la abogacía mientras desempeñan su mandato.
— Neftali Zamora 🇵🇦 Panamá Norte (@neftalizamorai) July 4, 2024
Antecedentes
La secretaria general de la Asamblea Nacional, el martes 2 julio, primer día de sesiones ordinarias del quinquenio 2024-2029, pretendió conceder licencia para ejercer la profesión de abogado a 14 diputados principales y cuatro suplentes, algunos de los cuales se han labrado un perfil público como defensores en sonoros casos de narcotráfico y lavado de activos.
La primera en aquella lista original fue la diputada Shirley Castañeda. Ella y Jamis Acosta (quien estaba también en esa lista) son abogados del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Martinelli eludió la orden de captura al ingresar a la embajada de Nicaragua en Panamá, el 7 de febrero pasado. Desde entonces, se encuentra en esa sede diplomática. Castañeda y Acosta militan en Realizando Metas (RM), el partido fundado por Martinelli.
Castañeda, además, es abogada de Jorge Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales. La sentencia se encuentra en firme desde diciembre pasado, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acordara no admitir un recurso de casación a su favor. También tiene un proceso por drogas relacionado a la operación Neptuno.
Con posterioridad, y tras ser rechazado el primer intento de aprobar esta resolución, este miércoles 3 de julio, se presentó una segunda lista, ahora con menos diputados. Incluían a Ernesto Cedeño, Issac Mosquera, Hilda Guzmán, Ariana Coba, Gertudris Rodríguez y Arnulfo Arias Olivares. Esta fue la resolución que no se aprobó hoy, dando por terminado la discusión del tema.
Nuestra bancada votó en bloque en contra de esta resolución que permitía a algunos diputados ejercer como abogados mientras ocupan el cargo de diputados. https://t.co/pLVLCPdXGJ
Venezuela y Estados Unidos, sin relaciones desde 2019, retomaron este miércoles sus conversaciones tras varios meses en vaivén y con las inminentes presidenciales del próximo 28 de julio en el país caribeño como telón de fondo, seguidas de cerca por Washington.
Tal y como lo anunció el mandatario Nicolás Maduro el lunes, ambos países celebraron este miércoles, de manera virtual, una primera reunión, durante la que se comprometieron, según Caracas, a “trabajar de forma conjunta para ganar confianza y mejorar las relaciones” y a “mantener las comunicaciones de manera respetuosa y constructiva”.
A través de X, el jefe negociador de Maduro, Jorge Rodríguez -también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)-, señaló que la delegación venezolana rechazó las “tergiversaciones que, sobre este diálogo y de manera reiterada, han publicado voceros del Gobierno” estadounidense.
Asimismo, insistió en que estas conversaciones deben “limitarse a lo acordado” con la mediación de Catar, que contempla, fundamentalmente, el levantamiento de sanciones.
El diálogo -con el que Maduro logró, en diciembre, la liberación del empresario colombiano Alex Saab- estuvo congelado tras su último desencuentro, en abril, cuando Washington revirtió el alivio parcial de sanciones otorgado en octubre a Caracas, al considerar que este no cumplió, en su totalidad, con el Acuerdo de Barbados -suscrito entre el chavismo y la oposición mayoritaria-, que establece garantías electorales.
Sin ‘manipulaciones’
Rodríguez -también jefe negociador en el diálogo con el antichavismo- indicó en su mensaje que, para “seguir recuperando la confianza mutua y las relaciones” entre ambos Gobiernos, “se deben respetar los principios de autodeterminación, soberanía y reciprocidad”, lo que para Venezuela significa abstenerse de injerir en sus asuntos internos, entre ellos, las presidenciales.
El lunes, Maduro -candidato a la reelección- adelantó que esta nueva ronda de negociación, que dijo haber aceptado tras recibir propuestas durante dos meses, se basará en “restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulaciones”, y en que Estados Unidos “cumpla con los acuerdos firmados en Catar”.
Por su parte, Estados Unidos insistió este miércoles en que está abierto a un diálogo con el Gobierno de Maduro de “buena fe”, y reafirmó la solicitud de que las presidenciales del 28 de julio sean “competitivas e inclusivas”.
La Casa Blanca, según dijo en una rueda de prensa su portavoz, Karine Jean-Pierre, es “consciente de que el cambio democrático no será fácil y requiere de un compromiso serio”.
Desde marzo de 2022, cuando una delegación de la Casa Blanca viajó a Caracas a reunirse con Maduro, las conversaciones bilaterales han sido intermitentes y con altibajos.
Si bien el Gobierno chavista asegura haber vencido “el bloqueo criminal”, casi a diario exige el levantamiento de las sanciones, a las que suele llamar “medidas coercitivas unilaterales”, y recientemente esta solicitud también ha ocupado espacios en pancartas de Caracas.
Las reacciones
La principal coalición opositora venezolana, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), considera positivo el reinicio del proceso de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, ya que las diferencias “se deben tratar de resolver por la vía pacífica”.
Según dijo el secretario ejecutivo de la alianza, Omar Barboza, este sector opositor no participará en el diálogo, al ser un proceso bilateral entre Gobiernos, pero -dijo- se activó una comisión negociadora de la coalición para estar atenta a “intervenir en cualquier espacio que sea posible trabajar por la normalidad del proceso electoral y por el respeto a las garantías democráticas”.
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado cuestionó hoy, durante una entrevista con El Tiempo de Colombia, el “interés repentino de restablecer las conversaciones”.
“Quien ha violado sistemáticamente el proceso ha sido el régimen de Maduro”, dijo la exdiputada, quien aseguró que la PUD cumplió con “todo” lo establecido en el Acuerdo de Barbados.
Mientras, el diputado chavista Roy Daza, segundo vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración del Legislativo, calificó como “extraordinaria” la reanudación de las conversaciones, que -señaló- confirma “el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, según publicó el partido gobernante PSUV en una nota de prensa.
Fotografía de un cartel contra las sanciones impuestas por Estados Unidos, el 28 de junio del 2024 en Caracas (Venezuela). EFE
La secretaría general de la Asamblea Nacional, en el primer día de sesiones ordinarias del quinquenio 2024-2029, pretendió conceder licencia para ejercer la profesión de abogado a 14 diputados principales y cuatro suplentes, algunos de los cuales se han labrado un perfil público como defensores en sonoros casos de narcotráfico y lavado de activos.
La primera de la lista es la diputada Shirley Castañeda. Ella y Jamis Acosta son abogados del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Martinelli eludió la orden de captura al ingresar a la embajada de Nicaragua en Panamá, el 7 de febrero pasado. Desde entonces, se encuentra en esa sede diplomática. Castañeda y Acosta militan en Realizando Metas (RM), el partido fundado por Martinelli.
Castañeda, además, es abogada de Jorge Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales. La sentencia se encuentra en firme desde diciembre pasado, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acordara no admitir un recurso de casación a su favor. También tiene un proceso por drogas relacionado a la operación Neptuno.
El 2 de marzo de 2023, Camargo fue extraditado de Costa Rica a California, donde se le acusa desde el año 2017 de conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos. Panamá también había solicitado su extradición a las autoridades ticas, pero como el requerimiento de Estados Unidos llegó primero, fue enviado a ese país.
Diputados independientes durante la sesión del pleno legislativo, este martes 2 de julio de 2024. LA PRENSA/Elysee Fernández
Otro diputado que podría ejercer la abogacía desde su curul es Isaac Mosquera, quien estuvo detenido preventivamente por delitos de tráfico de droga y blanqueo de capitales. Mosquera, que es el único diputado electo por el Molirena, fue acusado en abril de 2011 de ser uno de los presuntos cabecillas de una red criminal vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la cual utilizaba una pequeña escuela de aviación en Albrook como fachada para transportar droga. En enero de 2023, un juez lo exoneró de cargos.
Sorpresa e indignación
La lista de los 14 diputados que son idóneos para ejercer la abogacía la completan Dana Castañeda y Didiano Pinilla, presidenta y primer vicepresidente de la AN, respectivamente; Jorge Isaac Bloise Iglesias, Miguel Ángel Campos, Ernesto Cedeño, Walkiria Chandler, Jorge Alberto González López, Nelson Jackson, Augusto Palacios, Jairo Salazar Ramírez, Lein Ulate y Roberto Zúñiga.
También están los diputados suplentes Hilda Guzmán, Arnulfo Arias Olivares, Ana María Poveda y Daryelis Aponte.
Algunos ni siquiera sabían de que sus nombres estaban en esa lista. Se enteraron cuando en la sesión de este martes, Cedeño solicitó la lectura del “proyecto de resolución” para conceder la licencia para ejercer, que en ese momento reposaba en la secretaría general y esperaba su turno para ser discutido en el pleno.
Proyecto de la resolución que se pretende aprobar para que un grupo de diputados tenga licencia para ejercer el derecho, mientras ocupa la curul.
El proyecto fue retirado del orden del día. Luego se observó que alguien había tachado, a mano, los nombres de Bloise, Campos, Chandler, González, Palacios y Zúñiga. Ni uno de ellos conocía esta propuesta, a pesar de que el proyecto de resolución indica, en unos de sus párrafos, que esos diputados había “solicitado licencia para ejercer”, lo cual es falso.
Que quede claro, que yo como diputado no he solicitado NINGÚN tipo de licencia para ejercer la profesión de la abogacía mientras sea diputado.
No ejerceré la profesión de la abogacía durante estos 5 años, ya que lo considero un conflicto de interés.
— Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) July 3, 2024
Zúñiga, de la bancada independiente, anunció después que ni pidió ni quiere esa licencia, ya que no pretende ejercer como abogado mientras ocupe la curul, ya que considera que hay un conflicto de interés. No entiende por qué su nombre fue incluido en la resolución, dado que nunca lo autorizó. Agregó que incluso podría incluirse una prohibición expresa, aprovechando que se ha presentado un anteproyecto de ley que reforma el reglamento interno de la AN.
Chandler dijo que ella tampoco solicitó ser incluida en la lista y que no quiere gozar de dicha licencia.
Este miércoles 3 de julio, el proyecto de resolución sería sometido a votación.
Los antecedentes
La resolución de la discordia recuerda que la Constitución, en su artículo 158, permite que los diputados que son abogados puedan ejercer ante el Órgano Judicial, “fuera del periodo de sesiones o dentro de este mediante licencia concedida por el pleno de la Asamblea Nacional”.
Igualmente, menciona que la Corte Suprema de Justicia, en un fallo del 29 de noviembre de 2017, declaró que no es inconstitucional la Resolución 1 del 2 de julio de 2014 (similar a la que se quiere aprobar ahora), mediante la cual la AN concedió licencia para ejercer la profesión de abogado a nueve diputados de aquella época.
José Pérez Barboni, Grace Hernández, Ernesto Cedeño y Dana Castañeda. LA PRENSA/Elysee Fernández
Esta licencia permite que se den situaciones surrealistas. Como ejemplo está lo sucedido el 29 de junio de 2020, en una audiencia de cambio de medida cautelar ante una juez de garantías, en la que se presentaron la entonces diputada Zulay Rodríguez y Kevin Moncada, como defensores del sujeto procesado. Moncada, desde el 2 de julio de 2019, está en la planilla permanente de la AN, con un salario de $3,000 al mes.
Poco antes de que iniciara la audiencia, se le comunicó Rodríguez y Moncada que el investigado tenía nuevo abogado y que ellos no podían permanecer en la sala, porque el aforo estaba restringido. Hay que recordar que entonces la pandemia de la covid-19 había sido declarada apenas cuatro meses antes. Según un relato escrito de Moncada, la juez le dijo a la diputada: “¡No están respetando el distanciamiento! ¡Salga de aquí! ¡Salga o la sanciono!” Aquello fue suficiente para que, al día siguiente, presentaran una queja contra la juez por “grosera y descortés”, y por infringir normas constitucionales, “puesto que es sabido que solo el pleno de la Corte puede procesar y sancionar a un diputado”.
La queja contra la juez no fue admitida.
Shirley Castañeda, diputada de la bancada de RM. LA PRENSA/Isaac Ortega
La juez electoral Edmara Jaén dará a conocer en los próximos días su veredicto en torno al litigio por la última de las siete curules de la Asamblea Nacional en el circuito 8-2 (San Miguelito), pugna que libran la exdiputada Zulay Rodríguez, y Omar Ortega, del partido Realizando Metas (RM).
En la audiencia que el Juzgado Segundo Administrativo Electoral celebró este miércoles 3 de julio, Jaén pidió tiempo para traspasar el acta de audiencia e informó que dará a conocer su decisión a través de un edicto. Se espera que decida si declara la nulidad de la proclamación de Ortega como diputado de la Asamblea y convoque a elecciones parciales, o proclama directamente a Rodríguez luego de anular la proclamación de su contrincante.
La audiencia, que empezó a la 1:25 p.m., y concluyó a las 4:00 p.m. se desarrolló a puertas cerradas.
Rodríguez, quien intentó retener su silla de diputada con la bandera de libre postulación, impugnó la proclamación de Ortega, alegando que detectaron irregularidades en nueve actas.
De acuerdo con su abogado Herbert Young, en la audiencia quedó en evidencia que hay cinco actas donde no se pueden determinar resultados porque se detectaron múltiples alteraciones. Mientras que en las otras cuatro −añadió− encontraron errores, alteraciones, e inconsistencias.
Sin embargo, Carlos De Icaza, del equipo de abogados de Omar Ortega, alegó que la parte demandante no aportó ninguna prueba en las que se estableciera alteraciones en las actas del circuito 8-2.
También explicó que se solicitó al tribunal la comparecencia de los jurados de mesa que realizaron el conteo de los votos, pero que esa prueba fue denegada por el juzgado.
En tanto, Guillermo Santamaría, también del equipo de abogados de Ortega explicó que durante la sesión se realizó un análisis de las nueve actas en las que Zulay Rodríguez alegó se dieron anomalías, pero que los abogados de la impugnante no pudieron probar que esas supuestas inconsistencias afectaron el resultado de las votaciones en el circuito 8-2.
Satamaría explicó que las actas impugnadas fueron usadas para la proclamación del resto de los diputados electos en San Miguelirto, por lo que aquí ha ocurrido el fenómeno de sustracción de materia.
Ortega llegó a la sede del Juzgado Segundo Administrativo Electoral acompañado por al menos 200 personas que le gritaron consignas a Rodríguez. “Te robaste los lingotes de oro, no te vas a robar la curul”, fueron algunos de los coros.
Durante toda la audiencia los simpatizantes de Ortega se mantuvieron en vigilia en las afueras del juzgado gritando consignas en las que solicitaban al juzgado justicia para el diputado.
Rodríguez llegó acompañada del abogado Herbert Young y de su amiga Maite Pellegrini, entre otras personas.
Rodríguez fue sacada del juzgado por su equipo de seguridad, sin dar declaraciones a los medios de comunicación.
Al lugar llegaron el exdiputado del Molirena, Miguel Fanovich; y el actual diputado de RM, Luis Eduardo Camacho, quien contó que fue a darle ánimo a su copartidario Omar Ortega.
Omar Ortega, diputado proclamado de RM en San Miguelito. Foto: Juan Manuel Díaz
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) −que declara inconstitucional la Ley No. 20 de 2006− tendrá varias implicaciones importantes para la gestión del Canal de Panamá.
Este fallo no solo vuelve ampliar los límites de la cuenca, sino que también plantea significativos desafíos para las actividades mineras en la región, algo que no se había anticipado inicialmente.
Al declarar inconstitucional la Ley No. 20 de 21 de junio de 2006, se restauran los límites de la cuenca a los establecidos previamente por la Ley 44 de 31 de agosto de 1999. Así, se vuelve a incluir en la región Occidental y por ende Río Indio para su preservación por Canal de Panamá.
Esta acción tiene implicaciones significativas para la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que ahora recupera jurisdicción sobre estas áreas críticas.
Una vez que la decisión sea publicada en la Gaceta Oficial, la ACP retomará el control de las cuencas conforme a los límites de 1999.
Esto, en teoría, les permite avanzar con la ejecución de proyectos hídricos que incluyan la utilización del agua de la cuenca de río Indio, para mejorar la estabilidad del suministro de agua y las operaciones del Canal.
No hay que olvidar que para avanzar en el plan hídrico que ha visualizado la administración de la ACP, además de ampliar los límites de la cueca, se requiere la creación de embalses.
La decisión de la CSJ también afectaría las operaciones mineras en la región, dado que la cuenca del río Coclé del Norte vuelve a estar bajo la custodia del Canal de Panamá.
El desarrollo de Minera Panamá se registra en áreas de la cuenca del río Coclé del Norte (cuenca n.°105) y en la cuenca del río Belén (cuenca n.°103).
El exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano, explicó a La Prensa que aunque la ACP no es propietaria de los terrenos, su rol de supervisión asegura que cualquier actividad en esta área debe contar con su anuencia para garantizar la protección ambiental y la gestión sostenible del recurso hídrico.
Cuando la ACP visualizó el año pasado el desarrollo de su plan hídrico, solo incluía la cuenca entera de rio Indio, no así todo lo que estaba amparado bajo la Ley N° 44 de 1999.
En septiembre, la junta directiva de la ACP envió un proyecto de ley al Ejecutivo que incluía la delimitación completa de la cuenca del río Indio. Ahora, la CSJ ha reconfigurado el escenario al restablecer los límites de 1999.
La ACP deberá decidir si ajusta la propuesta enviada al Ejecutivo para reflejar estos cambios o si incorpora solo la parte baja de la cuenca del río Indio que no estaba incluida en la delimitación original de la Ley 44.
La ACP informó que en cumplimiento con el fallo, le corresponde ahora ejercer su facultad constitucional sobre el área geográfica contenida en la Ley n.° 44 de 1999, a fin de salvaguardar sus recursos hídricos.
“La junta directiva del Canal y su administración coordinarán con la administración del presidente José Raúl Mulino las acciones necesarias para avanzar en la búsqueda de soluciones de largo plazo a la crisis hídrica que ha enfrentado Panamá, y así garantizar permanentemente el agua necesaria para el consumo de la población y las operaciones de la vía interoceánica”.
La cuenca del rio Coclé del Norte está nuevamente bajo la jurisdicción del Canal.
El Canal de Panamá recobra los límites de la cuenca hidrográfica que tenía fijados en 1999 de acuerdo a la Ley 44 del 31 de agosto de ese año.
Así lo indicó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), al señalar en un comunicado que está en conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante el cual declara inconstitucional la Ley n.° 20 de 2006, y con lo cual recobra su vigencia la Ley No. 44 del 31 de agosto de 1999, sobre los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP).
Canal de Panamá informa sobre fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la Ley n.° 20 de 2006.
En tal sentido, dice que con ese falló le corresponde ahora al Canal de Panamá ejercer su facultad constitucional sobre el área geográfica contenida en la Ley No. 44 de 1999, a fin de salvaguardar sus recursos hídricos. Dentro de esas áreas esta río Indio, según informó a La Prensa, Publio Cortés, abogado demandando de la ley 20 de 2006 ante la Corte Suprema de Justicia.
La ACP dijo que la facultad sobre la cuenca hidrográfica con los límites restituidos al año 1999, se hará en estrecha coordinación con las instituciones respectivas, conforme lo señala la Constitución Política de la República de Panamá.
Mapa de los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal según la Ley 44. Fuente ACP
“La Junta Directiva del Canal y su Administración coordinarán con la administración del presidente José Raúl Mulino las acciones necesarias para avanzar en la búsqueda de soluciones de largo plazo a la crisis hídrica que ha enfrentado Panamá, y así garantizar permanentemente el agua necesaria para el consumo de la población y las operaciones de la vía interoceánica”.
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