Definitivamente, en Panamá pareciera que vivimos en una realidad paralela. Existe una parte de la clase política tan desconectada de los problemas cotidianos de la ciudadanía que da la impresión de haberse encerrado en una burbuja de privilegios, dependencia del erario, redes de favores políticos y una preocupante falta de autocrítica. En muchos casos, pareciera confirmarse aquella idea de que el poder no solo distancia de la realidad, sino que también puede nublar la capacidad de comprenderla.

Hoy se debate sobre una Asamblea Nacional con más de 8,000 funcionarios. Una cifra de tal magnitud debería traducirse en una institución moderna, eficiente, productiva y reconocida por la calidad de su trabajo legislativo. Si se pretende justificar semejante estructura administrativa, especialmente cuando una parte importante de esos nombramientos no responde a concursos públicos ni a procesos transparentes de selección, entonces el resultado tendría que reflejarse en una mejor producción normativa, en debates de alto nivel y en una gestión parlamentaria ejemplar. Sin embargo, la percepción ciudadana apunta precisamente en la dirección contraria. Lejos de representar una fortaleza institucional, esta cifra se ha convertido en un símbolo de las deficiencias y contradicciones del propio sistema.

La discusión, además, no debería centrarse únicamente en cuántos funcionarios tiene la Asamblea Nacional, sino en qué resultados produce para el país. ¿Cuántas leyes han generado un impacto real en la vida de los ciudadanos? ¿Cuántos debates parlamentarios se han desarrollado con el rigor técnico que exigen los problemas nacionales? ¿Cuántos mecanismos de fiscalización han contribuido efectivamente a combatir la corrupción, mejorar la transparencia o elevar la calidad de la gestión pública? Cuando una estructura administrativa crece de forma constante, pero sus resultados siguen siendo cuestionados por la ciudadanía, el problema deja de ser presupuestario para convertirse en una evidencia de deterioro institucional.

Lo más paradójico es que Panamá no enfrenta una crisis derivada de la falta de recursos humanos dentro del Estado, sino una crisis de calidad institucional y de gestión pública. Mientras miles de panameños deben competir por oportunidades laborales en el sector privado, obtener títulos universitarios, especializaciones y experiencia profesional para acceder a un empleo, buena parte de la lógica política continúa funcionando bajo esquemas de recomendación, lealtad partidaria y favores personales. Esto no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que transmite un mensaje profundamente desalentador a las nuevas generaciones: que el mérito, el esfuerzo y la preparación valen menos que los contactos políticos y la cercanía con quienes detentan el poder.

La situación resulta aún más difícil de justificar cuando se observa la experiencia de otros países. Democracias latinoamericanas como Uruguay, Costa Rica y Chile han demostrado que la fortaleza de un parlamento no depende de la cantidad de funcionarios que acumule ni de la capacidad de distribuir nombramientos discrecionales, sino de la calidad técnica de su trabajo, la profesionalización de su personal, la transparencia de sus procedimientos y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Del mismo modo, países como Alemania, España, Dinamarca y Países Bajos han construido instituciones sólidas sobre la base del mérito, la eficiencia administrativa y una estricta cultura de responsabilidad pública. Los parlamentos mejor valorados no son aquellos que poseen las planillas más extensas, sino aquellos que producen mejores leyes, ejercen una fiscalización efectiva y generan confianza en la población.

Si el tamaño de la planilla legislativa fuera sinónimo de excelencia institucional, Panamá debería contar con uno de los parlamentos más eficientes, productivos y mejor valorados de América Latina. Sin embargo, la realidad demuestra que la confianza ciudadana en la Asamblea Nacional continúa siendo reducida y que el debate público sigue marcado por cuestionamientos relacionados con el clientelismo, los nombramientos discrecionales y la falta de resultados tangibles. La conclusión parece evidente: el problema no es la cantidad de personas contratadas, sino el modelo político e institucional que ha convertido el empleo público en una herramienta de poder antes que en un instrumento al servicio de la nación.

Resulta igualmente difícil de comprender que algunos diputados consideren un motivo de orgullo haber ocupado una curul durante décadas, cuando muchas de las comunidades a las que representan continúan enfrentando problemas estructurales de pobreza, abandono, clientelismo y atraso institucional. La permanencia prolongada en el cargo no constituye, por sí misma, un mérito político. Al contrario, debería ser objeto de evaluación permanente a la luz de los resultados obtenidos y del impacto real de su gestión en la calidad de vida de sus representados. En una democracia sana, la experiencia puede ser valiosa, pero jamás debe convertirse en un privilegio ni en una justificación para perpetuarse en el poder.

Más preocupante aún es la idea de que la antigüedad sirva para justificar mayores cuotas de poder o un número más elevado de nombramientos. Todos los diputados, independientemente de los años que lleven en la Asamblea, poseen exactamente las mismas atribuciones constitucionales. La función esencial de cada uno es legislar, fiscalizar y representar a la ciudadanía. No existen diputados de primera ni de segunda categoría. Por ello, resulta difícil sostener que el tiempo en el cargo otorgue algún supuesto derecho especial para ampliar estructuras burocráticas bajo control personal o convertir despachos legislativos en pequeños feudos políticos financiados con recursos públicos.

Esta realidad se vuelve todavía más preocupante cuando se analiza en el contexto financiero que enfrenta el país. Panamá atraviesa importantes desafíos en materia fiscal, sostenibilidad de la deuda pública, calidad de los servicios estatales y demandas sociales crecientes en áreas como salud, educación, agua potable, seguridad y empleo. En ese escenario, resulta legítimo que los ciudadanos cuestionen si los recursos destinados al sostenimiento de una burocracia legislativa tan extensa están generando un retorno proporcional en términos de productividad, control político y calidad normativa. Cada balboa proveniente de los contribuyentes debería estar justificado por resultados verificables y no por necesidades de supervivencia política o distribución de favores.

En este contexto, resulta pertinente recordar la reflexión de Giovanni Sartori en ¿Qué es la democracia? (1993). Sartori advertía que la democracia no puede limitarse a la mera existencia de elecciones periódicas ni al cumplimiento formal de procedimientos institucionales. La legitimidad democrática también depende de la capacidad de las instituciones para representar efectivamente a los ciudadanos, ejercer controles sobre el poder, rendir cuentas de sus actuaciones y responder de manera eficaz a las necesidades de la sociedad. Desde esta perspectiva, la fortaleza de una institución pública no se mide por el tamaño de su burocracia ni por la cantidad de recursos que administra, sino por su capacidad para cumplir las funciones para las cuales fue creada y por la confianza que logra generar entre la ciudadanía. Una Asamblea Nacional que aumenta constantemente su estructura administrativa sin que ello se traduzca en una mejora perceptible de la calidad legislativa, de la fiscalización o de la representación política enfrenta inevitablemente un problema de legitimidad institucional.

Lo verdaderamente alarmante no es solo la existencia de este problema, sino la aparente incapacidad de reconocerlo. En lugar de impulsar reformas orientadas a la eficiencia, la transparencia, la profesionalización del servicio público y la rendición de cuentas, algunos parecen sentirse orgullosos de un modelo que refleja precisamente aquello que debería corregirse. Cuando la respuesta ante una crítica legítima no consiste en buscar soluciones, sino en justificar los excesos e incluso presumir de ellos, el problema deja de ser administrativo para convertirse en una cuestión de cultura política.

La normalización de estas prácticas ha generado una peligrosa inversión de valores públicos. Lo excepcional se ha convertido en rutina; el privilegio se presenta como derecho adquirido; y el cuestionamiento ciudadano es tratado muchas veces como una amenaza en lugar de una oportunidad para corregir errores. Esta lógica erosiona progresivamente la confianza en las instituciones y profundiza la distancia entre gobernantes y gobernados, debilitando uno de los pilares esenciales de toda democracia: la credibilidad de quienes ejercen el poder.

Panamá merece instituciones que respondan a los intereses de los ciudadanos y no a los intereses de quienes temporalmente ocupan los cargos públicos. La discusión no debería girar en torno a cuántas personas puede nombrar un diputado, sino a cómo construir una Asamblea austera, profesional, transparente y eficiente; una institución capaz de recuperar la confianza pública y demostrar, con resultados concretos, que está al servicio de la nación y no de una élite política cada vez más distante de la realidad que vive la mayoría de los panameños.

Como sostenía Giovanni Sartori, la democracia exige mucho más que procedimientos formales: requiere instituciones capaces de representar, controlar, fiscalizar y rendir cuentas. La pregunta que Panamá debe hacerse no es cuántos funcionarios tiene su Asamblea Nacional, sino si esa estructura está produciendo mejores leyes, fortaleciendo el control democrático y representando adecuadamente los intereses de los ciudadanos. Si la respuesta continúa siendo negativa, el problema no es de cantidad, sino de calidad institucional y democrática. Porque ninguna democracia se fortalece aumentando privilegios; se fortalece construyendo instituciones sólidas, transparentes y responsables ante la ciudadanía.

El autor es abogado, investigador y doctor en Derecho.