La juez de garantías, Luzmila Jaramillo, imputó cargos por el delito de presunto enriquecimiento injustificado y aplicó la medida cautelar de arresto domiciliario e impedimento de salida del país a la exsecretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez de Palacios.

Durante una audiencia, que inició a las 4:30 p.m., la juez Jaramillo acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público, luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que la exfuncionaria no podía justificar la tenencia de $771,137 al momento de dejar el cargo.

La Fiscalía solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención provisional a Vásquez de Palacios, pero la juez desestimó dicha petición y en su defecto le aplicó una medida de casa por cárcel, notificación los días lunes y martes e impedimento de salida del país.

La fiscal anticorrupción Patricia Adela Herrera explicó que su despacho analiza apelar la decisión asumida por la juez Jaramillo y que aún está dentro del término para presentarla.

La fiscal Herrera relató que la imputada no ha podido justificar los $771 mil 137 que exceden el monto de sus ingresos como funcionaria de la contraloría.

Miientras que Jessica Canto, abogada defensora de Vásquez, alegó que su cliente puede justificar la procedencia de esos fondos.

Vásquez de Palacios llegó este viernes 5 de junio a las oficinas judiciales de Plaza Ágora, un día después de su captura.

En la audiencia la juez Jaramillo decretó la reserva del acto judicial de imputación de cargos, limitando la participación únicamente a las partes procesales involucradas.

La decisión se produjo tras una solicitud presentada por la abogada defensora Jessica Canto.

En tanto, el abogado Abdiel Sanchez también del equipo de defensa de Vásquez, alegó que el informe de auditoría de la contraloría contiene información imprecisa que requiere ser actualizada.

Culminada la audiencia la imputada fue escoltada por agente de la policía hasta su residencia para cumplir con la medida de arresto domiciliario. La imputada solo podrá salir de su residencia con permiso del juez.

Así fue la llegada de Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría, a las instalaciones judiciales, donde enfrentará una audiencia de garantías. La exfuncionaria arribó bajo custodia de las autoridades.
LP Juan Manuel Díaz pic.twitter.com/By3DHtIVF8

— La Prensa Panamá (@prensacom) June 5, 2026

Vásquez de Palacios fue aprehendida la mañana del jueves 4 de junio como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado. Según ha trascendido, la exfuncionaria no logró justificar el origen de $771,137.

Pasadas las 2:30 p.m. de este viernes, Vásquez de Palacios arribó al recinto judicial en un vehículo tipo pick-up de color negro con vidrios polarizados. La exfuncionaria fue trasladada bajo custodia policial.

A su llegada, expresó ante los presentes: “Lo que Dios permite en la vida de un justo es por su bien”.

El Ministerio Público tendrá un año más para investigar la presunta vinculación de Ali Zaki Hage Jalil con la explosión de un avión de Alas Chiricanas ocurrida en 1994, hecho que causó la muerte de 21 personas.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales accedió a una solicitud presentada por la fiscal Geomara Guerra para extender el término de investigación dentro de este proceso.

La decisión se fundamentó en que se trata de un caso relacionado con delincuencia organizada y en la necesidad de practicar múltiples diligencias judiciales antes de concluir la investigación.

No obstante, el tribunal rechazó una petición de la Fiscalía para que el expediente continuara bajo reserva.

Por su parte, la defensa de Ali Zaki Hage Jalil presentó un incidente de prescripción de la acción penal, al considerar que han transcurrido más de 20 años desde la comisión de los hechos investigados y que ese sería el máximo de la pena aplicable según el Código Penal vigente al momento del atentado.

El pasado 27 de abril, durante una diligencia de indagatoria ante la Fiscalía, Zaki se acogió al artículo 25 de la Constitución y se negó a declarar. Dicha norma establece que “nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

El imputado fue extraditado desde Venezuela el pasado 20 de abril, luego de que las autoridades de ese país autorizaran su entrega a Panamá para que enfrente el proceso judicial relacionado con la explosión de la aeronave.

Zaki fue localizado en la isla de Margarita, donde permanecía residiendo. Tras labores de investigación y cooperación internacional, en las que participó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), se logró su ubicación y posterior extradición a Panamá.

Por este caso, la Fiscalía Superior de Descarga también mantiene cargos contra Mohhmound Moutan Mohammad, Mahamad Taha Moutan y Gilberto Tomás Yangüez.

La explosión ocurrió el 19 de julio de 1994, cuando el vuelo 901 de Alas Chiricanas despegó desde el aeropuerto Enrique Jiménez, en Colón. Según la investigación, un pasajero identificado como Ali Hawa Jamal transportó el artefacto explosivo oculto en un radio troncal y lo detonó en pleno vuelo, causando la muerte de las 21 personas que iban a bordo.

La juez de garantías Jazmín Jaén acogió la imputación de cargos por el delito de evasión agravada para 73 privados de libertad evadidos de la cárcel La Joyita el pasado lunes, y les mantuvo la medida cautelar de detención preventiva.

Durante una audiencia −que se inició ayer miércoles y que concluyó la mañana de hoy jueves− la juez estimó que las evidencias aportadas por la fiscalía indican la posible participación de los recapturados en una serie de daños ocasionados a las instalaciones del penal durante la fuga.

La fiscal Zulma Dip relató que todos los evadidos fueron aprehendidos fuera de la cárcel y que aprovecharon el caos reinante dentro de la cárcel para fugarse y que ninguno se entregó voluntariamente.

La fiscal Dip también explicó que durante la fuga los internos destruyeron 36 cámaras de seguridad, dañaron salones de estudio habilitados por el Ministerio de Educación para trabajos de resocialización, rompieron puertas y cortaron la cerca perimetral del centro carcelario.

Por su parte, los abogados de la defensa alegaron que la fiscalía no pudo establecer la participación individual de cada uno de los imputados y que realizó acusaciones genéricas y hacer señalamientos directos de modo, tiempo y lugar sobre su participación en la fuga.

También denunciaron que durante los operativos policiales de recaptura algunos reos fueron golpeados y se le violaron sus garantías fundamentales.

Zenia Vásquez de Palacios, exsecretaria general de la Contraloría General de la República (CGR) en la gestión de Gerardo Solís, fue capturada la mañana de este jueves, como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

La exfuncionaria no pudo justificar el origen de $771,137.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la diligencia fue realizada por funcionarios de la Fiscalía Superior Anticorrupción, a raíz de una auditoría forense confeccionada por la CGR.

La Contraloría había enviado el informe de esa auditoría en febrero pasado.

La aprehendida será presentada en las próximas horas ante un juez de garantías para una audiencia de imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares personales.

Vásquez también fue socia en una firma forense, con la abogada Odila Castillo.

La Prensa conoció que, entre noviembre y diciembre del año 2025, la Dirección de Auditoría Forense (DIAF) de Contraloría remitió nota a entidades bancarias y de seguros, así como empresas, solicitando información de Vásquez.

Con información de Ohigginis Arcia...

Internos de la cárcel La Joyita, procesados por el delito de evasión, alegaron que el caos reinante dentro del penal, los disparos y el uso de bombas de gases lacrimógenos por parte de la policía los obligaron a salir de los pabellones.

Un grupo de los 73 internos recapturados, quienes participaron en una audiencia de imputación de cargos en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, denunció el caos generalizado dentro del penal y señaló que las puertas de los pabellones estaban abiertas, lo que les permitió salir.

Durante una conversación con sus defensores, los privados de libertad explicaron que temieron que se repitieran los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2019, cuando 13 internos fueron asesinados a tiros durante una disputa entre bandas rivales.

Uno de los internos relató que un compañero de celda murió y que, ante esa situación, decidió salir para evitar correr la misma suerte, ya que dentro de la cárcel había gran confusión.

La mayoría de los procesados son hombres jóvenes, entre 18 y 35 años, que no completaron estudios secundarios y no cuentan con una profesión que les permita sustento.

Un caso que llamó la atención fue el de un interno de 29 años que aseguró nunca haber asistido a la escuela y que actualmente cumple condena. Solo dos de los 73 reos participantes de la audiencia dijeron haber cursado estudios universitarios; la mayoría abandonó el sistema escolar antes de terminar el bachillerato.

También se estableció que la mayoría de los privados de libertad son solteros. Uno dijo estar comprometido, otro casado y otros indicaron estar en unión libre.

Durante la audiencia, la fiscal Zulma Dip explicó que la mayoría de los internos fueron aprehendidos en operativos realizados en las comunidades de Tanara, La Floresta y Tierra Prometida, todas cercanas al complejo penitenciario de La Joyita. Algunos fueron ubicados cerca de un área boscosa próxima al penal, y la policía debió hacer uso de cierto grado de fuerza para su aprehensión.

La juez Jazmín Jaén legalizó la aprehensión de los 73 procesados, pero suspendió la sesión; la fiscalía presentará la imputación de cargos mañana a las 8:30 a.m., cuando se reanude la audiencia. La fiscal Dip aseguró contar con los elementos de vinculación para lograr la imputación, aunque dependerá del juez si acoge la petición del Ministerio Público.

Paralelamente se desarrollaron otras cinco audiencias a internos que se fugaron, en cuatro de ellas se logró la imputación de cargos para 34 privados de libertad por el delito de evasión.

Una de las audiencias en las que se procesó a 29 privados, el Ministerio Público dijo que los reos ocasionaron severos daños a las estructuras del penal.

Fuentes del Ministerio Público explicaron que en las próximas horas se estarán solicitando al Órgano Judicial, fecha y hora para agendar otras audiencias, luego que la Policía Nacional recapturó a la mayoría de los 195 evadidos de la cárcel La Joyita.

La Fiscalía de Homicidio y Femicidio adelanta la investigación por la muerte de tres internos, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro del penal, hecho que se presume fue el detonante del caos y posterior fuga de los internos.

La juez de garantías Keila Martínez concedió una extensión de cuatro meses a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para concluir la investigación contra los dirigentes del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) Génaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud.

Los dirigentes son procesados por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad de documentos y la supuesta apropiación de 14 fincas en el proyecto turístico Red Frog, ubicado en la provincia de Bocas del Toro.

En una audiencia celebrada ayer martes en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA), la juez accedió a una solicitud presentada por el Ministerio Público.

Al sustentar su resolución, la juez indicó que la prórroga se ajusta a lo establecido en los artículos 502 y 504 del Código Procesal Penal y responde a la necesidad de garantizar una investigación objetiva, completa y desarrollada dentro de un plazo razonable.

La Fiscalía mantiene pendientes diversas diligencias investigativas, entre ellas la obtención de información bancaria relacionada con 663 cheques, la extracción y evaluación de datos contenidos en 50 dispositivos electrónicos, así como la revisión de documentación vinculada con el proceso.

El pasado 14 de mayo, un juez de garantías había rechazado la petición de la Fiscalía de extender el plazo de investigación, pero la solicitud fue presentada en esta ocasión con nuevos argumentos por parte del Ministerio Público.

Las 14 fincas, que suman una extensión de 33,712 metros cuadrados (3.37 hectáreas), fueron entregadas por la empresa Pillar Construction, S.A. (que luego cambió su nombre a Bastimentos Holding) para compensar a 412 trabajadores del proyecto Red Frog, que participaron en una huelga entre el 5 de febrero de 2007 y el 14 de octubre de 2008, la cual fue declarada legal por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Tras la huelga, Pillar Construction fue condenada al pago de $7 millones en concepto de salarios caídos, pero la empresa pactó un acuerdo extrajudicial con los trabajadores, representados por el Suntracs, para que les entregara las 14 fincas, que en aquella época estaban valoradas en $3 millones.

El comisionado de la Policía Nacional, Luis García, quien se encontraba a cargo de la seguridad penitenciaria del complejo penitenciario La Joya, fue reemplazado del cargo tras la fuga de 195 privados de libertad de la cárcel La Joyita, el pasado lunes 1 de junio.

En su reemplazo fue designado el comisionado Basilio Sánchez, quien tendrá a su cargo las labores investigativas para determinar la posible vinculación de miembros de la Policía con la fuga.

El Ministerio Público también inició las primeras diligencias dentro de la cárcel para determinar el grado de participación de algunos internos en la muerte de tres privados de libertad y las lesiones ocasionadas a otros ocho internos y a tres policías.

El Ministerio Público busca videos de las cámaras de seguridad del penal para establecer dónde se inició la trifulca que provocó la muerte de los tres internos y en cuál pabellón se encontraban.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha recapturado un total de 133 reclusos evadidos de La Joyita, que en su mayoría han sido ubicados en áreas aledañas al complejo penitenciario de La Joya.

La Policía Nacional ha montado retenes en varios puntos de Las Garzas, Pacora, Chepo, 24 de Diciembre y Pedregal, en busca de otros reos evadidos.

La juez penal Baloisa Marquínez dispuso efectuar el juicio al empresario Aaron “Ronny” Mizrachi el próximo 24 de junio, luego de que la defensa del imputado solicitó el aplazamiento por temas personales.

Mizrachi está acusado por presunto blanqueo de capitales en el caso de las coimas que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber repartido a políticos y empresarios panameños, entre 2010 y 2014.

El juicio estaba previsto para iniciar a las 9:00 a.m. de este miércoles, pero tras la no comparecencia de la defensa, la juez Marquínez decidió programarlo para la fecha alterna.

Se informó que el juzgado tiene pendiente resolver unos incidentes de nulidad presentados por la defensa de Mizrachi, aunque no se dieron detalles de los argumentos presentados.

El juicio a Mizrachi se celebrará luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocara una decisión del Primer Tribunal de Justicia que había excluido a Mizrachi del juicio que se celebró a los otros imputados y que se llevó a cabo del 12 de enero al 27 de febrero de 2026.

La decisión del Pleno de la Corte, adoptada el 3 de febrero de 2026, revocó la decisión de los magistrados Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro, del Primer Tribunal Superior, al considerar que no existió “un error de denominación del delito” por parte de la juez Marquínez, como alegaba la defensa de Mizrachi.

Además, el Pleno de la CSJ consideró que el incidente de nulidad que presentó el abogado de Mizrachi no era la vía idónea para objetar el auto de llamamiento a juicio, ya que indujo al Primer Tribunal a un análisis que no era acorde con esa etapa procesal.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Mizrachi haber recibido fondos de Odebrecht a través de su sociedad, Caribbean Holding Ltd. Esos fondos, a su vez, posteriormente fueron transferidos a Importadora Ricamar, por instrucciones del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), y otras sociedades utilizadas por el exgobernante Juan Carlos Varela (2014-2019). Tanto Martinelli como Varela están imputados. Martinelli ya fue enjuiciado y Varela aguarda a que la Corte decida su suerte, ya que esa instancia debe juzgarlo por su condición actual de parlamentario centroamericano.

La fiscalía cuenta con la declaración del gerente de ventas de Caribbean Holding, Alejandro Díaz Araúz, quien aseguró que Mizrachi manejaba las cuentas de esa sociedad.

La juez Marquínez tiene pendiente dictar un veredicto de culpabilidad o inocencia contra Martinelli, los exministros Demetrio Papadimitriu, Federico Suárez, Frank De Lima, José Domingo Arias y Carlos Duboy, entre otros, acusados de recibir coimas de Odebrecht.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reveló este martes que unos 195 reos se fugaron de la cárcel La Joyita el lunes.

En tanto, el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, dijo que ya recapturaron 123, es decir, que continúan en las calles 72 y que los operativos para su recaptura siguen.

También se reveló que otros ocho internos resultaron heridos, así como tres miembros de la policía, uno de los cuales fue retenido por un grupo de privados de libertad que luego lo liberaron.

Las declaraciones de los funcionarios se dieron en una conferencia de prensa ofrecida 24 horas después de la fuga masiva en La Joyita, sin que se compartiera la foto de los detenidos que aún no han podido recapturar.

Fernández confirmó que dentro del penal tres personas murieron durante el motín, además, tres agentes policiales resultaron heridos.

Las autoridades iniciaron una investigación interna. “Vamos a encontrar a las personas que hayan permitido una situación como esta”, dijo Montalvo.

Fernández detalló que se abrió una investigación administrativa para determinar la posible vinculación de agentes de la Policía Nacional que se encontraban en La Joyita al momento de la fuga.

A la vez, reconoció que entre los prófugos existen reos de alto perfil que fue quienes incitaron a los actos violentos se produjeron en los pabellones 13, 14 y 15 del penal.

La ministra Montalvo recalcó que a los responsables de estos incidentes se les tratará con mano dura, ya que no se pueden permitir actos de violencia dentro de las cárceles.

Durante la conferencia de prensa, los funcionarios no explicaron en qué circunstancias se produjo la muerte de tres internos, si se trató de una disputa entre pandillas o si eran rencillas personales.

Se conoció que los tres fallecidos presuntamente tienen vínculos con una pandilla que opera en la provincia de Panamá Oeste.

Por otra parte, las visitas en el complejo carcelario, ubicado en Las Garzas, fueron suspendidas. Se reanudarán el próximo lunes, únicamente para La Mega Joya y La Joya.

En el operativo de recaptura de los fugados participaron 1,200 unidades policiales, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio de Protección Institucional.

El estado actual del sistema penitenciario

Un reciente informe de la Dirección General del Sistema Penitenciario, con fecha de corte al 30 de abril de 2026, pone de relieve la crítica situación que atraviesa el centro penitenciario La Joyita.

Esta cárcel está al límite. Alberga actualmente a una población de 4,788 hombres, a pesar de que su capacidad oficial está diseñada para recibir únicamente a 2,837 personas.

Esta disparidad ha generado una sobrepoblación de 1,951 individuos, lo que sitúa su densidad penitenciaria en un alarmante 165.74%.

El reporte detalla que la población de La Joyita se divide en dos grandes grupos según su estatus legal. Los condenados suman a 2,629 hombres, quienes ya cuentan con una sentencia en firme, y representan al 54.9% de la población carcelaria de este centro.

Por otro lado, están 2,159 procesados, que representan el 45% de los de la población carcelaria del complejo, quienes se encuentran a la espera de la decisión de un juez o un dictamen definitivo.

Una fuga masiva de reclusos se registró la tarde de este lunes 1 de junio en el centro penitenciario La Joyita, hecho que provocó un amplio despliegue de unidades policiales y de seguridad en distintos sectores del país.

Pasadas las 7:00 p.m., el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, presentó un balance preliminar de la situación. Según informó, el incidente había dejado una persona fallecida, ocho heridas y más de 80 internos recapturados.

Posteriormente, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que eran dos los reclusos fallecidos.

El panorama a esta hora en todos los pabellones −de acuerdo con Fernández− está bajo control.

Comunicado 2 pic.twitter.com/gztCv1gKPt

— Dirección General del Sistema Penitenciario (@PenitenciarioPA) June 2, 2026

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda y control en diversos puntos, mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias que permitieron la evasión y esclarecer los hechos ocurridos durante la fuga.

Informes preliminares indican que el incidente se produjo mientras la Dirección General del Sistema Penitenciario y la Policía Nacional realizaban un proceso de redistribución de internos dentro del penal, situación que habría generado malestar entre un grupo de privados de libertad.

De acuerdo con reportes policiales, varios reclusos aprovecharon el momento para intentar evadirse, lo que activó una alerta general y obligó a la intervención de unidades de control de multitudes.

La Policía Nacional informa a la ciudadanía que tras los hechos registrados en el centro penitenciario La Joyita, mantenemos un amplio dispositivo de seguridad que ha permitido la ubicación de personas privadas de libertad que se evadieron del recinto. #DiosYPatria

— Policía Nacional (@policiadepanama) June 2, 2026

Como parte de la respuesta, las autoridades cerraron los accesos al centro penitenciario e instalaron retenes en distintos puntos para inspeccionar los vehículos que circulaban por el área.

Los operativos se extendieron hacia comunidades como Tanara y a lo largo de la vía que conduce a Chepo, así como en otros sectores del este de la provincia de Panamá.

Las acciones de búsqueda y control provocaron un fuerte congestionamiento vehicular que se prolongó por varios kilómetros, debido a que los operativos coincidieron con la hora pico de la tarde.

La juez electoral Edmara Jaén dará a conocer en los próximos días su veredicto en torno al litigio por la última de las siete curules de la Asamblea Nacional en el circuito 8-2 (San Miguelito), pugna que libran la exdiputada Zulay Rodríguez, y Omar Ortega, del partido Realizando Metas (RM).

En la audiencia que el Juzgado Segundo Administrativo Electoral celebró este miércoles 3 de julio, Jaén pidió tiempo para traspasar el acta de audiencia e informó que dará a conocer su decisión a través de un edicto. Se espera que decida si declara la nulidad de la proclamación de Ortega como diputado de la Asamblea y convoque a elecciones parciales, o proclama directamente a Rodríguez luego de anular la proclamación de su contrincante.

La audiencia, que empezó a la 1:25 p.m., y concluyó a las 4:00 p.m. se desarrolló a puertas cerradas.

Rodríguez, quien intentó retener su silla de diputada con la bandera de libre postulación, impugnó la proclamación de Ortega, alegando que detectaron irregularidades en nueve actas.

De acuerdo con su abogado Herbert Young, en la audiencia quedó en evidencia que hay cinco actas donde no se pueden determinar resultados porque se detectaron múltiples alteraciones. Mientras que en las otras cuatro −añadió− encontraron errores, alteraciones, e inconsistencias.

Sin embargo, Carlos De Icaza, del equipo de abogados de Omar Ortega, alegó que la parte demandante no aportó ninguna prueba en las que se estableciera alteraciones en las actas del circuito 8-2.

También explicó que se solicitó al tribunal la comparecencia de los jurados de mesa que realizaron el conteo de los votos, pero que esa prueba fue denegada por el juzgado.

En tanto, Guillermo Santamaría, también del equipo de abogados de Ortega explicó que durante la sesión se realizó un análisis de las nueve actas en las que Zulay Rodríguez alegó se dieron anomalías, pero que los abogados de la impugnante no pudieron probar que esas supuestas inconsistencias afectaron el resultado de las votaciones en el circuito 8-2.

Satamaría explicó que las actas impugnadas fueron usadas para la proclamación del resto de los diputados electos en San Miguelirto, por lo que aquí ha ocurrido el fenómeno de sustracción de materia.

Ortega llegó a la sede del Juzgado Segundo Administrativo Electoral acompañado por al menos 200 personas que le gritaron consignas a Rodríguez. “Te robaste los lingotes de oro, no te vas a robar la curul”, fueron algunos de los coros.

Durante toda la audiencia los simpatizantes de Ortega se mantuvieron en vigilia en las afueras del juzgado gritando consignas en las que solicitaban al juzgado justicia para el diputado.

Rodríguez llegó acompañada del abogado Herbert Young y de su amiga Maite Pellegrini, entre otras personas.

Rodríguez fue sacada del juzgado por su equipo de seguridad, sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

Al lugar llegaron el exdiputado del Molirena, Miguel Fanovich; y el actual diputado de RM, Luis Eduardo Camacho, quien contó que fue a darle ánimo a su copartidario Omar Ortega.

Una demanda contencioso-administrativa de indemnización por daños y perjuicios, hasta por la suma de $1 millón fue presentada en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debido a la mala prestación de los servicios por parte de la dirección de Correos y Telégrafos (Cotel) del Ministerio de Gobierno.

La demanda fue interpuesta por el abogado Víctor Orobio, en representación del empresario Ramsés Humberto Paulette Dopeso, quien afirmó haber sufrido pérdidas por $1 millón a causa de los retrasos en los envíos de productos electrónicos que debían recibir sus clientes.

En la demanda se plantea que en 2023 Cotel suspendió los servicios de envíos al caer en morosidad en los pagos con la aerolínea encargada de transportar los correos a Estados Unidos. Según el recurso, esta situación fue hecha pública a través de una noticia de La Prensa el 22 de junio de 2023, en su página 6A.

No obstante, la demanda argumenta que a pesar de esa publicación, esta situación no fue comunicada oportunamente por las autoridades de los correos a los usuarios y que, como resultado, su cliente realizó más de 102 envíos de artículos que no pudieron ser entregados con puntualidad.

Según Orobio su cliente se dedica a la venta de electrodomésticos a través de la plataforma EBay, y los retrasos en la entrega de los productos le han generado pérdidas y una mala calificación para su negocio. De hecho, el presunto “daño moral” lo calcula en unos 892 mil dólares.

Una persona demanda a Correos Nacionales por $1 millón debido a la mala prestación de los servicios.
Se dedica a la venta de productos por Ebay y el presunto retraso en los servicios le ocasionó pérdidas y malas reseñas.
¿Está de acuerdo con la demanda?https://t.co/d0NiW59Ex6

— La Prensa Panamá (@prensacom) March 23, 2024

Además, precisa que se enviaron notas a Cotel sobre sus reclamos y le respondieron que no le resarcirían el daño, ya que los envíos fueron entregados a los destinatarios.

En junio de 2023, el director de Cotel, Julio Ramírez, reconoció a La Prensa que mantenían dificultades con la correspondencia de salida para Estados Unidos, ya que se estaba reestructurando el contrato con la línea aérea que tradicionalmente ha manejado estos destinos. En esa ocasión, Ramírez aseguró que dichos inconvenientes tienen que ver con la tramitología del contrato y con la burocracia gubernamental.

Consultado al respecto, un vocero de Cotel dijo que tramitaría una respuesta a través de Asesoría Legal. Al cierre de esta nota, esta comunicación no había llegado.

La demanda de indemnización se presentó ante la Sala Tercera de la Corte.