En política internacional, las palabras nunca son simples instrumentos de comunicación. Son, con frecuencia, expresiones de poder. Las frases de los líderes condensan visiones estratégicas, jerarquías implícitas y proyectos geopolíticos. Por ello, la frase pronunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump —“No voy a aprender su maldito idioma”— debe interpretarse más allá de la provocación retórica que caracteriza su estilo político.

Leída en clave geopolítica, la afirmación revela una lógica histórica profundamente arraigada en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina: la idea de que el centro del poder no necesita adaptarse; son los demás quienes deben hacerlo.

El idioma, en la historia de las relaciones internacionales, nunca ha sido neutral. Las grandes potencias han proyectado su influencia no solo mediante su poder militar o económico, sino también a través de su lengua, su cultura y su capacidad de definir las reglas del sistema internacional. Durante siglos, el francés fue el idioma de la diplomacia europea. Hoy el inglés cumple una función similar dentro del orden global contemporáneo.

Sin embargo, el significado político de la frase de Trump adquiere mayor profundidad si se analiza dentro de la tradición estratégica que ha guiado la política hemisférica estadounidense desde el siglo XIX.

En 1823, el presidente James Monroe (1758-1831) proclamó la histórica Doctrina Monroe, concebida originalmente como una advertencia a las potencias europeas para que se abstuvieran de intervenir en el continente americano. Con el tiempo, aquella doctrina evolucionó hacia algo más complejo: la afirmación de que el hemisferio occidental constituía una esfera estratégica de influencia estadounidense.

A comienzos del siglo XX, el presidente Theodore Roosevelt (1858-1919) reforzó esa lógica mediante el llamado Corolario Roosevelt, que legitimaba la intervención de Estados Unidos en América Latina bajo el argumento de preservar la estabilidad regional. Aquella política, conocida popularmente como la del “gran garrote”, dejó una huella profunda en la memoria histórica del continente.

Hoy el contexto internacional es distinto, pero ciertas lógicas geopolíticas parecen reaparecer bajo nuevas formas. En un mundo cada vez más competitivo, Washington observa con creciente preocupación la expansión económica, tecnológica y diplomática de China en América Latina, así como la proyección estratégica de Rusia en diferentes regiones del sistema internacional.

En este escenario, diversos analistas hablan del retorno de un neo-monroísmo: una reactivación de la idea de que el hemisferio occidental constituye un espacio estratégico prioritario para los intereses de Estados Unidos. No se trata necesariamente de reproducir las intervenciones militares del pasado, sino de reconstruir una arquitectura hemisférica de alianzas políticas, económicas y de seguridad que preserve la primacía estadounidense frente a actores extrarregionales.

Dentro de esa lógica, América Latina vuelve a adquirir una importancia geopolítica que muchos creían superada tras el fin de la Guerra Fría.

En ese nuevo escenario, Panamá ocupa una posición particularmente significativa. Su ubicación geográfica, su papel como centro logístico global y la importancia estratégica del canal interoceánico convierten al país en una pieza clave dentro de cualquier diseño hemisférico de poder.

El istmo ha sido históricamente un punto de encuentro —y también de tensión— entre intereses globales. Por ello, las transformaciones actuales del sistema internacional inevitablemente proyectan sus efectos sobre la política panameña.

La frase de Trump, en este contexto, no es solo un comentario sobre el idioma español. Es una señal simbólica de una visión del poder: una concepción del hemisferio en la que una potencia habla y las demás escuchan.

Sin embargo, la historia latinoamericana también demuestra que las relaciones internacionales nunca son estáticas. Las sociedades cambian, los equilibrios de poder se transforman y las regiones redefinen su lugar en el mundo.

La cuestión de fondo, entonces, no es si América Latina aprenderá el idioma del poder, sino si será capaz de construir su propia voz política en el sistema internacional.

Power speaks loudly. Nations decide whether to obey—or to answer.

El autor es especialista en ciencias sociales.

El gobierno panameño, a través de un comunicado, ha señalado que el instrumento establece una nueva estrategia y programas de acción contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal.

Imagina el océano como un inmenso lienzo azul que cubre el 71% del planeta. No es solo un espacio transitable, aprovechable o de disfrute; es nuestro sistema de soporte vital. Produce aproximadamente la mitad del oxígeno que respiramos y absorbe la mayor parte del calor excedente generado por las emisiones actuales de dióxido de carbono. Sin embargo, ese lienzo hoy muestra tensiones crecientes superpuestas: redes y palangres industriales, rutas marítimas, plataformas petroleras, cables submarinos y áreas de conservación, compitiendo por un espacio finito.

Ante este escenario, la Planificación Espacial Marina (PEM) surge como un proceso público para analizar y organizar, de manera espacial y temporal, las actividades humanas en el mar. Su propósito es reducir conflictos, aumentar la compatibilidad entre usos y garantizar la sostenibilidad ecológica y económica. En esencia, la PEM nos permite tomar decisiones hoy con la visión del mañana en la mano.

La eficacia de este modelo ya no es solo teórica. En el Mar del Norte, países europeos han logrado armonizar la pesca, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de energía eólica marina mediante procesos de planificación espacial respaldados por ciencia y gobernanza sólida. En Australia, la zonificación y los corredores ecológicos han fortalecido la gestión de la Gran Barrera de Coral, integrando conservación, turismo y actividades productivas bajo reglas claras.

Estas experiencias demuestran que la PEM no busca excluir actividades, sino ordenarlas con base en información geográfica de alta calidad. Un mapa de PEM no es un simple dibujo: es una plataforma de datos que integra distribuciones biológicas, variables oceanográficas, infraestructura existente y aspiraciones sectoriales. Sin información confiable, la toma de decisiones sobre el espacio marino se debilita y se expone a conflictos sociales, económicos y legales.

Uno de los momentos más reveladores del proceso PEM es el análisis de superposición espacial. Cuando se integran los “mapas de aspiraciones” de los distintos sectores —pesca artesanal e industrial, transporte marítimo, conservación, turismo y energía— emerge una realidad matemática contundente: las demandas de uso suelen exceder el 100% del área disponible.

Esta convergencia hace visibles conflictos que a simple vista pasan desapercibidos, como rutas de navegación que atraviesan ecosistemas sensibles o zonas de pesca industrial que se traslapan con áreas clave para la flota artesanal. La superposición de capas permite identificar zonas de alta aptitud espacial y, sobre todo, abrir espacios de negociación informada. Allí donde los datos muestran compatibilidad, pueden promoverse usos múltiples; donde evidencian incompatibilidad, deben definirse prioridades con criterios técnicos y sociales claros.

En febrero de 2025, durante el Segundo Foro Internacional de PEM organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, quedó claro que Centroamérica tiene una oportunidad estratégica: diseñar su propio mapa regional con base científica y legitimidad social.

Pero un mapa, por más preciso que sea, carece de efectividad si no cuenta con la validación de quienes viven y trabajan en el mar.

Aquí entra en juego la cartografía participativa. No es posible diseñar el futuro del océano únicamente desde oficinas técnicas. El conocimiento tradicional de comunidades costeras, pescadores artesanales y operadores turísticos aporta información detallada sobre rutas históricas, sitios de importancia cultural y patrones ecológicos locales. Cuando estos saberes se integran al proceso, el modelo gana precisión y legitimidad. Los datos dejan de ser abstractos y se convierten en la representación de un territorio vivo.

Integrar productos participativos en la PEM es, además, una estrategia efectiva para reducir la polarización. Cuando los usuarios del mar se convierten en generadores de información y actores del proceso, la gestión deja de percibirse como una imposición y se transforma en una construcción colectiva. Fortalecer capacidades locales en lectura de mapas, análisis espacial y gobernanza marina no es un complemento opcional: es una inversión en estabilidad y corresponsabilidad.

Actuar hoy con el mapa del mañana significa reconocer que la inacción también tiene consecuencias. El cambio climático está redistribuyendo especies, alterando patrones oceanográficos y modificando la productividad pesquera. Al mismo tiempo, crece la presión por nuevas actividades económicas en el espacio marino. Sin planificación, estos procesos pueden amplificar conflictos y degradar ecosistemas estratégicos.

La PEM ofrece una herramienta robusta para anticipar escenarios y orientar decisiones públicas hacia el equilibrio entre conservación y desarrollo. Contribuye directamente al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 y a la consolidación de una economía azul resiliente, inclusiva y basada en evidencia.

El desafío para nuestros países es elevar los temas oceánicos a la categoría de política de Estado. Esto implica invertir en ciencia marina, fortalecer marcos institucionales y garantizar procesos participativos genuinos. Significa comprender que el océano no es un espacio vacío por ocupar, sino un sistema complejo que sostiene vidas, economías y culturas.

La pregunta de fondo es simple: ¿queremos un futuro de conflictos y recursos agotados, o un mosaico de usos ordenados donde naturaleza y productividad prosperen juntas? La respuesta no está en discursos, sino en decisiones informadas. Y esas decisiones comienzan con un mapa construido con ciencia, diálogo y visión de largo plazo.

El autor es coordinador de Ciencias Colombia, Fundación MarViva.

El panameño es pasional hasta los tuétanos. Esa sangre caliente nos llevó a las calles a finales de 2023 para rechazar un contrato que la inmensa mayoría sentía abusivo. Las protestas desembocaron en el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 406. Aplaudimos y cantamos el himno con orgullo.

Luego nos fuimos a casa creyendo que el problema estaba resuelto.

Cuando bajó la marea de la efervescencia ciudadana, la cruda realidad económica nos dio una bofetada tremenda. Hoy miles de familias andan comiéndose un cable, viendo cómo un enorme cráter en Donoso no produce absolutamente nada más que desgaste y pleitos internacionales. No podemos tapar el sol con un dedo frente a la magnitud del golpe. Las consecuencias de esa parálisis han sido devastadoras para la base productiva del país.

En el artículo “Cierre de Cobre Panamá generó la pérdida de 54,107 empleos, según la Cámara Minera”, publicado el 11 de febrero de 2025, el diario La Prensa reportó precisamente esa catastrófica cifra laboral. Esa es gente de carne y hueso. Son contratistas, dueños de fondas y técnicos que de la noche a la mañana se quedaron sin sustento y pasaron a engrosar las filas de la informalidad. La herida en las finanzas públicas fue igual de profunda. En la nota titulada “Presidente sobre la mina: sin suspensión de arbitrajes, no hay diálogo con First Quantum”, del 27 de febrero de 2025, el mismo diario detalló que la mina “representaba el 4.8% del PIB y el 75% de las exportaciones de Panamá, según datos de la empresa”. Perder casi el cinco por ciento de la economía nacional de un solo plumazo nos dejó cojeando justo cuando más necesitábamos liquidez.

Mientras el panameño de a pie hace malabares para llegar a fin de mes, cuidar ese monstruo de concreto y metal inactivo requiere una logística gigantesca. Vigilar los relaves y evitar un desastre ecológico por abandono es una operación monumental. Aunque estos gastos corran actualmente por cuenta de la empresa concesionaria bajo el plan de cuido, seguimos teniendo una infraestructura de clase mundial sumida en un limbo improductivo.

Frente a nosotros tenemos crisis sociales que nos respiran en la nuca. El programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social agoniza. Faltan medicinas en los dispensarios. Las escuelas públicas urgen de reparaciones estructurales urgentes. El Instituto Oncológico Nacional clama por un presupuesto digno para salvar vidas.

Dejar miles de millones de dólares enterrados bajo nuestros pies por puro dogma carece de toda lógica administrativa. La tierra ya se abrió. La planta ya está construida. Es imperativo analizar qué uso le daremos a esa realidad física que ya forma parte de nuestro territorio. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, hizo un diagnóstico certero de nuestras contradicciones. Según quedó registrado en la publicación “El mensaje del ministro Felipe Chapman a los inversionistas de la bolsa de valores: tengan confianza”, del 12 de septiembre de 2025 en La Prensa, el titular advirtió: “Tenemos el PIB per cápita más alto de América Latina, pero niveles de pobreza y desigualdad injustificables. El reto es transformar crecimiento en desarrollo inclusivo”.

Esa es exactamente la pieza que falta en el rompecabezas nacional.

La solución no es el entreguismo de nuestros recursos. La parálisis total tampoco lo es. Una reapertura pragmática, condicionada y celosamente regulada es el único camino sensato. Si el Estado logra estructurar un nuevo modelo de concesión bajo términos verdaderamente soberanos, con fiscalización internacional estricta y garantías de protección ambiental comprobables en tiempo real, la historia puede cambiar de rumbo. Los inmensos ingresos de esa mina podrían ir directamente a blindar un fideicomiso constitucional intocable diseñado exclusivamente para salvar las pensiones del Seguro Social, modernizar la red hospitalaria y financiar becas para nuestra juventud.

El tres veces presidente de la república y constructor del Estado moderno panameño, el doctor Belisario Porras, entendía perfectamente la naturaleza de los tropiezos nacionales cuando dijo: “Mi mayor gloria no ha consistido en no haber caído nunca, sino en haberme levantado cada vez que he caído”. Levantarnos hoy significa aprender del caos reciente. Implica dejar la taquilla política barata y comprender que la riqueza natural se puede explotar si se administra con probidad absoluta. Sentarnos a renegociar las condiciones de una operación que ya existe, exigiendo respeto total por nuestro entorno y nuestras leyes, es la verdadera prueba de fuego de nuestra madurez republicana.

El cobre sigue allí esperando ser la herramienta que construya los hospitales y las escuelas que tanto necesitamos. La decisión de salir del hoyo es enteramente nuestra.

El autor es empresario.

© Bienvenido Velasco

Durante años, el discurso corporativo de Cobre Panamá nos vendió una operación de “clase mundial”. Sin embargo, el cuarto informe de auditoría de SGS ha venido a levantar el capó de esa maquinaria y lo que ha encontrado no es un motor eficiente, sino una estructura corroída por la negligencia y la falsedad documental.

Estar “bajo el capó” significa que la auditoría finalmente dejó de leer los folletos brillantes de la empresa para meter las manos en la grasa: en los datos crudos, en la química del agua y en la realidad física del terreno. El informe, con un avance del 66.37%, revela tres verdades incómodas que desmoronan el relato oficial.

1. El fraude de la reforestación: ¿árboles o píxeles?

El informe pone el dedo en la llaga de la “trazabilidad forestal”. Mientras los informes administrativos de la mina hablaban de hectáreas recuperadas, la validación cruzada (satélite versus campo) sugiere algo inquietante: coordenadas que no coinciden, especies muertas o inexistentes y “bosques” que solo existen en celdas de Excel. Reforestar en el papel es fácil; hacerlo en Donoso, mientras la operación destruye el suelo, es una prueba que la empresa no está superando.

2. El veneno silencioso: el drenaje ácido

Lo más alarmante es el material expuesto. Estar “bajo el capó” reveló que hay rocas con potencial de generación de ácido a la intemperie. Con la alta pluviosidad de Panamá, esto no es un riesgo teórico; es una bomba de tiempo química. El informe advierte que, mientras la empresa se distrae con publicidad, el suelo y el agua se están envenenando por debajo, creando pasivos ambientales que Panamá podría heredar durante décadas.

3. La desaparición de daños: un truco de magia contable

El informe cuestiona el “milagro” de los daños que se desvanecen en los reportes de la mina. Al confrontar la realidad técnica, SGS ha detectado que los administradores han maquillado la información. Si el material ácido sigue expuesto y los planes de preservación son insuficientes, cualquier intento de compensación externa es una cortina de humo para tapar la destrucción irreversible en el corazón de la concesión.

Conclusión

El cuarto informe es una bofetada de realidad. Confirma que no podemos confiar en la palabra de quienes tienen un interés económico en ocultar el desastre. Estar “bajo el capó” ha demostrado que la comunicación de la mina ha sido, de forma sistemática, engañosa. Ya no se trata de discutir si la mina es buena o mala, sino de aceptar que los administradores han mentido y que el costo de esa mentira lo pagarán nuestros ríos y nuestra biodiversidad si no se actúa con la contundencia técnica que este informe exige.

El autor es magister en educación superior.

© ALEXANDER AROSEMENA

El Grupo Vierci adquirió el 100% de la empresa Subway Panamá, la franquicia maestra y operador exclusivo de los restaurantes Subway en el país, en una operación que incorpora más de 70 locales y una plantilla de más de 480 empleados.

La transacción contó con la asesoría financiera de Siuma Capital, que representó a los accionistas de Supreme Services No. 3, S.A., sociedad que operaba la marca en el mercado panameño.

Con esta operación, el grupo empresarial —de capital paraguayo— consolida su presencia en el sector de Quick Service Restaurants (QSR) en Panamá, donde ya opera las marcas Burger King y Popeyes, pasando a gestionar tres de las franquicias globales más relevantes del segmento en el país.

“Subway es una marca con una trayectoria muy valiosa en Panamá. Nuestro compromiso es dar continuidad a sus estándares de calidad, fortalecer su operación y acompañar su próxima etapa de crecimiento en el país”, señaló Elías Yanho, director de la División Fast Foods del Grupo Vierci.

Por su parte, Artemio Garza, presidente de Subway para Latinoamérica y el Caribe, afirmó que Panamá es un mercado clave para la marca en la región, y que esta nueva etapa permitirá acelerar su crecimiento y modernización. El ejecutivo destacó además la experiencia del Grupo Vierci como franquiciado maestro de Subway en Paraguay, Uruguay, España y Portugal.

Subway es actualmente la segunda franquicia de restaurantes de comida rápida más grande de Panamá en número de locales. Inició operaciones en Panamá en 1997, cuando abrió su primer restaurante en el área bancaria de Marbella.

De acuerdo con las empresas involucradas, la integración de Subway permitirá generar sinergias logísticas y comerciales, fortalecer el empleo formal y continuar el desarrollo de talento local, manteniendo los estándares globales de la marca.

El Grupo Vierci inició operaciones en Panamá en 2016 con Burger King, amplió su presencia en 2019 con Popeyes y en 2024 se convirtió en el único operador de esta última marca en el país.

© AP

El impresionante crecimiento urbano de la provincia de Panamá Oeste ha generado una fuerte presión sobre la infraestructura vial y los sistemas de transporte público que conectan esta región con la ciudad de Panamá. En particular, los distritos de La Chorrera y Arraiján concentran una alta dinámica demográfica y de expansión residencial.

De acuerdo con el XII Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el distrito de La Chorrera registra aproximadamente 258,221 habitantes, posicionándose entre los distritos más poblados del país.

Este crecimiento urbano ha generado importantes desafíos de movilidad para miles de residentes que diariamente se desplazan hacia la capital por motivos laborales, educativos y comerciales.

La propuesta de movilidad se articula con proyectos viales impulsados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), particularmente el proyecto denominado “Diseño y construcción para la rehabilitación de la carretera entre la Vía Centenario y Nuevo Emperador (Forestal Arraiján)”, cuya inversión supera los B/.23.2 millones y contempla un período de ejecución aproximado de 540 días, además de 36 meses de mantenimiento posterior a su construcción.

Reduce la dependencia de la Panamericana

Este proyecto vial constituye un eje estructurante para la movilidad regional, ya que contempla una longitud aproximada de 15.45 kilómetros, incluyendo el tramo principal entre la Vía Centenario y Nuevo Emperador de unos 12.4 kilómetros, además de ramales complementarios hacia Burunga.

Con esta infraestructura se reduciría significativamente el tiempo de viaje desde La Chorrera hasta la ciudad de Panamá sin depender exclusivamente de la carretera Panamericana.

Actualmente, el tiempo estimado de traslado en horas pico oscila entre 1.5 y 2 horas. Con la construcción de la vía forestal y la rehabilitación de los ramales, este recorrido podría realizarse en 35 a 45 minutos.

Asimismo, estudios recientes indican que el corredor completo de conexión forestal podría superar los 22 kilómetros, considerando sus interconexiones regionales.

Entre las comunidades potencialmente beneficiadas a lo largo del corredor destacan sectores como Santa Clara, Burunga, Cerro Silvestre y Nuevo Emperador, además de diversos asentamientos residenciales en expansión ubicados entre los distritos de La Chorrera y Arraiján.

Estas áreas han experimentado un crecimiento significativo en viviendas durante la última década, impulsado por la expansión metropolitana de la ciudad de Panamá y la disponibilidad de suelo urbanizable en Panamá Oeste.

Ordenar el crecimiento urbano y reducir la dependencia de la Panamericana

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, esta infraestructura permite consolidar un corredor de movilidad transversal entre los distritos de La Chorrera y Arraiján, conectando áreas suburbanas con el sistema vial metropolitano.

El corregimiento de Nuevo Emperador, por ejemplo, supera los 10,000 habitantes, quienes enfrentan diariamente largos tiempos de desplazamiento debido a la congestión en la carretera Panamericana y otros corredores de acceso a la capital.

En términos regionales, se estima que el proyecto vial y las mejoras de conectividad asociadas podrían beneficiar directa o indirectamente a más de 300,000 personas en Panamá Oeste.

Adicionalmente, la consolidación de este corredor de transporte fortalecería la conectividad intermunicipal entre La Chorrera y Arraiján, promoviendo una mayor integración económica y funcional dentro de la región metropolitana ampliada de Panamá.

Actualmente se realizan mesas de coordinación técnica entre el MOP, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para afinar el trazado, los aspectos ambientales y la ejecución del proyecto.

El autor es exministro de Vivienda y estudiante de de Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible/Universidad de Panamá.

Cinco derrotas encadena el Tottenham antes de su visita este martes en la Liga de Campeones al Atlético de Madrid, que evalúa su ambición, se mide a sí mismo y comprueba su apariencia de favorito en el inicio de la eliminatoria en el Metropolitano, con Antoine Griezmann y Julián Álvarez al ataque frente a la reaparición en el club inglés del deseado Cristian ‘Cuti’ Romero y el reencuentro con Conor Gallagher.

El momento de su rival marca la serie. Cuarto en la fase liga del máximo torneo europeo, pero decimosexto en la ‘Premier’, a tan solo un punto del descenso, es un oponente decaído, aunque tan distinto en ambas competiciones como peligroso en el gran escenario europeo, en el que tiene la vuelta en su terreno la semana que viene.

Es una presión añadida para el equipo rojiblanco, que debe ganar este martes. Lo necesita para ir con las mejores garantías posibles al estadio del norte de Londres, con capacidad para 62.000 espectadores, pero también porque los condicionantes del encuentro alimentan la sensación de que todo lo que no sea un triunfo sería una decepción entre la afición, que llenará el Metropolitano.

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— Atlético de Madrid (@Atleti) March 9, 2026

La Liga de Campeones, tan cruel en el pasado, es excitante para el seguidor rojiblanco. Un título aún imposible, tan extenuante para el Atlético y los suyos. Desde 2017 no alcanza las semifinales de esta competición tan esquiva, que lo ha propuesto tres veces para ser campeón: una en 1974 hasta el último minuto de la prórroga, otra en 2014 hasta el 1-1 en el minuto 93 del Real Madrid y una más en 2016 hasta la tanda de penaltis.

Es su enésimo intento, también lejos del foco de los candidatos más firmes, partido a partido hasta ahora entre vaivenes constantes.

El Metropolitano es el punto de partida. Más allá de tres excepciones (el 1-1 en agosto con el Elche y las dos derrotas seguidas con el Betis y el Bodo/Glimt), es una de las fortalezas más visibles del equipo de Diego Simeone, que ha ganado sus 17 duelos restantes como local de este ejercicio, los cuatro últimos de manera consecutiva y con 15 goles a favor, incluido un 4-0 al Barcelona en la Copa del Rey, en la que aguarda ya la final de Sevilla.

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— Atlético de Madrid (@Atleti) March 9, 2026

Es el camino a seguir por el Atlético, mucho más imprevisible cuando se aleja del Metropolitano. Es un factor clave. De sus últimas veinte salidas en el máximo torneo continental, solo ganó seis, por diez derrotas y cuatro empates. Venció una de cinco este curso. La ida no es definitiva, pero sí crucial para competir contra la inquietud que demuestra como visitante.

Dentro de la dosificación de esfuerzos de la plantilla por parte de Simeone, ante el duodécimo partido en menos de mes y medio, el técnico dio descanso el pasado sábado de inicio en el triunfo por 3-2 ante la Real Sociedad a Antoine Griezmann, Julián Álvarez, Marc Pubill, Marcos Llorente, Álex Baena y Johnny Cardoso, a los que se espera en el once titular, como a Jan Oblak, David Hancko y Giuliano Simeone.

La incógnita es Pablo Barrios, ya listo de una lesión muscular, pero tras un mes fuera de la competición. Su presencia directamente en el once es la duda, con el condicionante de tanto tiempo inactivo. Es una pieza fundamental en el medio campo. También está la duda del último elemento de la alineación: Nico González, Alexander Sorloth, Ademola Lookman o Nahuel Molina si opta por el traslado de Llorente al medio.

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Enfrente, el Tottenham Hotspur visitará al Atlético de Madrid en un momento especialmente delicado, ya que afronta el duelo europeo mientras lucha por alejarse de la zona de descenso en la ‘Premier League’ y sufre una plaga de lesiones.

Los ‘Spurs’ no conocen la victoria en la ‘Premier League’ en 2026, con un balance de cuatro empates y siete derrotas; una racha que ha provocado que el club caiga hasta la decimosexta posición, a solo un punto de los puestos de descenso, a falta de nueve jornadas para el final.

La temporada del conjunto del norte de Londres está marcada por la irregularidad y una profunda crisis de resultados, que acabó con la destitución de Thomas Frank en favor de Igor Tudor, que no ha tenido el debut soñado, ya que sus tres primeros partidos se han saldado con tres derrotas.

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El equipo está además castigado por una larga lista de lesiones de jugadores importantes como Rodrigo Bentancur, James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Lucas Bergvall y Destiny Udogie, entre otros.

Djed Spence se entrenó ya con el grupo este lunes y podría reaparecer este martes, en un Tottenham que la semana pasada recuperó al español Pedro Porro y que también podrá contar con el argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, que se perdió los últimos cuatro partidos de ‘Premier League’ por sanción.

El central será uno de los alicientes añadidos del encuentro, ya que en el pasado fue objeto de interés del club rojiblanco, aunque su fichaje nunca llegó a concretarse.

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El otro foco estará puesto en Conor Gallagher, que se reencontrará con el Atlético de Madrid tras su salida en el mercado invernal rumbo al conjunto londinense y que ha sido titular en siete de los ocho partidos que ha disputado desde su llegada, aunque todavía no suma ninguna victoria.

Paradójicamente, el Tottenham sí ha ganado este año sus dos encuentros en competición europea y firmó una sólida fase liguera en la Liga de Campeones, en la que terminó en cuarta posición con 17 puntos, tras sumar cinco victorias, un empate y una sola derrota.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente o Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios o Llorente, Cardoso, Baena; Griezmann y Julián Alvarez.

Tottenham: Vicario; Palhinha o Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Gallagher, Sarr, Gray; Richarlison, Simons; Solanke.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos).

Estadio: Metropolitano.

Hora: 21.00 (20.00 GMT).

El grandes ligas Edmundo Sosa fue autocrítico tras la eliminación de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol, luego de la derrota 4-3 ante Colombia en el estadio Hiram Bithorn.

El infielder no dudó en calificar el resultado del equipo como un fracaso, pese al talento con el que contaba la novena panameña.

“Pienso que es un fracaso obviamente, fracaso total porque teníamos un grupo de jóvenes bastante bueno donde cada pieza estaba en su lugar, batallamos, jugamos nuestros juegos, vinimos de menos a más. Es algo que en este torneo me di cuenta que no puede pasar”, dijo Sosa.

Panamá cerró su participación con marca de 1-3, tras caer en partidos cerrados ante Cuba (3-1), Puerto Rico (4-3) y Colombia (4-3), además de conseguir su única victoria frente a Canadá por 4-3.

Estos resultados dejaron al equipo panameño en el último lugar del Grupo A y sin boleto asegurado para la próxima edición del torneo.

Sosa también explicó que el certamen dejó importantes enseñanzas para el futuro, especialmente en cuanto a la ejecución desde el inicio del campeonato.

“Es un torneo donde hay que jugar desde el día uno de la mejor manera, donde hay que ejecutar las pequeñas cosas del juego, donde no hay tiempo para estar pensando, simplemente salir, divertirse y jugar. En lo personal, pienso que me costó un poquito adaptarme temprano en los juegos y nada, simplemente fracaso, fracaso total”, manifestó el jugador de los Filis de Filadelfia.

Durante el torneo, Sosa bateó para .250, conectó un doble y anotó una carrera en la ofensiva panameña.

Durante la jornada se sometió a votación uno de los proyectos relacionados con la arborización de diferentes espacios de la ciudad capital.

La ciudad de Santiago está experimentando temperaturas que alcanzan los 38 y 39 grados centígrados, con sensaciones térmicas que superan los 40 grados.

Las autoridades reciben diariamente hasta 50 oficios relacionados con situaciones de maltrato, principalmente en mujeres con edades entre 18 y 45 años.

La concesionaria, ENA SUR, S.A. comunica a todos los interesados en participar en el Proceso de Precalificación No. 001-26, correspondiente al proyecto “Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur”, que la Reunión de Homologación se llevará a cabo en la siguiente fecha:

Fecha: 20 de marzo de 2026

Hora: 9:00 a.m.

Modalidad: Virtual

De igual forma, comunicamos el cronograma actualizado según la Adenda No. 2, para las Bases de Precalificación:

Para cualquier consulta adicional, podrán comunicarse a través del correo electrónico [email protected]

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que propone fijar penas de hasta seis años de cárcel a quienes −durante protestas o manifestaciones− utilicen máscaras para ocultar su rostro de forma parcial o total con fines violentos.

Montalvo defendió ante el pleno la propuesta del gobierno de José Raúl Mulino, resaltando que el proyecto busca modificar el Código Penal. Señaló que la ley pretende “proteger a las personas que se manifiestan pacíficamente”.

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Según la titular de la cartera de Gobierno, se busca evitar que personas que tratan de interrumpir una protesta pacífica entren a generar otras "situaciones” o ataquen a quienes se están manifestando y haciendo valer sus derechos en un momento determinado.

La ministra expuso que las personas que se manifiestan no se ocultan y son quienes terminan “enfrentando procesos”, y puntualizó que presenta la propuesta para que sea valorada e incluso forme parte de un debate.

“Esta ley defiende y protege”, señaló Montalvo al finalizar su intervención en el pleno Legislativo.

Montalvo se refiere al proyecto de ley 826, que adiciona el artículo 169-A del Código Penal, presentado por el Ejecutivo el pasado mes de febrero.

El artículo establece que: “Quien, durante una manifestación, protesta u otra concentración pública, utilice capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro, con el propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años”.

Se añade además que, si estos actos “encubren o propician la comisión de delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública”, la pena será de cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de la sanción que corresponda por el delito cometido.

Las reacciones a lo dicho por la ministra Montalvo en el pleno no se hicieron esperar.

El diputado Luis Duke (Coalición Vamos) cuestionó en su cuenta de X la rapidez con la que se tramita este proyecto, en contraste con los “proyectos de ley anticorrupción”.

Ministra @DinoskaDinoska presentando el proyecto de ley donde establece CARCEL para los que protestan con mascaras.... Te apuesto que el presidente de la comisión de gobierno lo colocará de una vez a debate... pero los proyectos de ley anticorrupción... lentos como la tortuga...…

— Luis “Lucho” Duke (@LuchoDuke) March 9, 2026

En su momento, el proyecto de ley generó debate y opiniones entre diputados actuales y del periodo pasado, como es el caso de Juan Diego Vásquez, quien mediante un video llamó al debate y calificó como “penoso y sorprendente” que el gobierno haya propuesto esta iniciativa.

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Impulsado por el excelente momento de forma de Lamine Yamal y por la reincorporación de Pedro González ‘Pedri’, el Barcelona tratará de imponer este martes su condición de favorito en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en St. James’ Park contra el Newcastle (21:00 CET).

El conjunto azulgrana llegará a la cita inmerso en un buen momento de juego y resultados, después de enlazar cuatro victorias entre todas las competiciones con un balance de once goles a favor y uno en contra, pese a la decepción de rozar la remontada y caer frente al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.

Las lesiones son un quebradero de cabeza para el entrenador alemán Hansi Flick, que no podrá contar con los defensas Jules Kounde, Alejandro Balde y Andreas Christensen, ni con los centrocampistas Frenkie de Jong y Pablo Páez Gavira ‘Gavi’.

Y aun así, el cuadro azulgrana logró una trabajada victoria en San Mamés este sábado (0-1) gracias a un gran gol de Lamine Yamal, que atraviesa el mejor momento de forma del curso, en un partido en el que Flick hizo rotaciones pensando en St. James’ Park.

We are back to St. James's Park 🏟️ pic.twitter.com/ImalNHuQQH

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 9, 2026

Así pues, este martes se espera el regreso al once titular de Pedri, Raphael Dias ‘Raphinha’ y Fermín López, mientras que Marc Bernal parece haberse ganado un puesto en la medular y Ferran Torres parte con ventaja respecto a Robert Lewandowski en la delantera.

Atrás, las bajas dejan poco margen de maniobra a Flick. Cubarsí y Eric son indiscutibles, mientras que Gerard Martín y Joao Cancelo son los principales candidatos para completar la retaguardia, a no ser que el técnico germano priorice la corpulencia del uruguayo Ronald Araujo.

El Barcelona deberá sobreponerse al factor ambiental, el estruendo de St. James’ Park y la energía del Newcastle en los inicios de cada parte; también dominar el balón, vigilar las pérdidas y ser preciso en el repliegue, pues las ‘urracas’ son un equipo peligroso cuando recuperan la pelota y pueden correr, además de muy poderoso en el juego aéreo.

Sirve el precedente de la fase liga del pasado 18 de septiembre, que el Barça ganó 1-2 con un doblete de Marcus Rashford, pese a haber sido superado durante buena parte del encuentro y sometido por la agresividad del Newcastle en la presión en campo rival. Sin embargo, el equipo inglés pagó su falta de colmillo ante un gran Joan García.

❝ It will be a different game from the one we played here in September. We’ll have to focus from the first minute to match their intensity. ❞

Joan Garcia on #NewcastleBarça 🔊 pic.twitter.com/Jy9zmyK6YM

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Ambos equipos se habían enfrentado antes en cuatro ocasiones, la más reciente en el curso 2002-2003, con un balance de tres triunfos y una derrota para el equipo azulgrana.

Por su parte, el Newcastle United recibirá al cuadro azulgrana en un momento marcado por su irregularidad, muy lejos en Premier League de los puestos europeos y encomendado también en cierta forma al acierto de Anthony Gordon.

El equipo dirigido por Eddie Howe afronta la eliminatoria tras haber superado al Qarabag en la ronda previa, dejando prácticamente sentenciado el cruce con un contundente 1-6 en la ida, con un póker de goles de Gordon, y posteriormente confirmó su clasificación con un triunfo por 3-2 en el partido de vuelta.

En la fase de liga, el conjunto inglés terminó en la duodécima posición con 14 puntos, dos menos que el Barcelona, aunque llegó a la última jornada dentro de los ocho primeros, pero un empate ante el Paris Saint-Germain le obligó finalmente a disputar una ronda adicional para alcanzar los octavos.

Eddie Howe on preparing for tomorrow:

"We're going to need a big, big physical effort tomorrow. Another short turnaround after a big game against Manchester City where we had a lot of running to do. No excuses, the players will be ready." pic.twitter.com/eYw9cEKLtw

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En la Premier League, el Newcastle ocupa actualmente la duodécima posición con 39 puntos, una situación que le mantiene en tierra de nadie en la clasificación, a nueve puntos de los puestos europeos y con once de ventaja sobre la zona de descenso.

El equipo llega además tras una semana de resultados contradictorios, ya que entre semana logró una victoria ante el Manchester United (2-1) en liga a pesar de jugar con un futbolista menos desde el minuto 41, pero el sábado mostró sus debilidades defensivas al caer por 1-3 ante el Manchester City en la FA Cup.

El principal peligro ofensivo del Newcastle será Anthony Gordon, segundo máximo goleador de la Liga de Campeones con diez tantos, y en el apartado de bajas, Howe no podrá contar con jugadores importantes como Bruno Guimarães y Lewis Miley, además de los lesionados Fabian Schär y Emil Krafth.

Alineaciones probables

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Woltemade; Barnes, Joelinton y Gordon.

Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres.

Árbitro: Marco Guida (ITA).

Estadio: St. James’ Park.

Hora: 3:00 p.m. (hora de Panamá).

Que Panamá vuelva a fallar en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, presentado por Transparencia Internacional, con apenas 33 puntos sobre 100 y ubicarse en la posición 116 de 182 países y territorios evaluados, no es una sorpresa: confirma una realidad que no hemos logrado revertir, una democracia con debilidades institucionales que, si no se corrigen, pueden conducir a escenarios menos democráticos; el problema central no es solo la existencia de actos de corrupción, sino la ausencia de certeza en el castigo, porque las instituciones encargadas de investigar, sancionar y proteger la cosa pública no cumplen adecuadamente su función y, en consecuencia, la impunidad se normaliza.

Este resultado refleja, entre otros factores, una comprensión insuficiente de un principio básico: el dinero público que se gasta es información pública de principio a fin; la transparencia no se limita a saber en qué y cómo se gasta, sino también a identificar quiénes reciben esos fondos, con nombres y apellidos, incluso cuando los pagos se canalizan a través de empresas contratistas del Estado. En ese marco, la decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de rechazar el hábeas data que reclamaba a la Dirección General de Contrataciones Públicas la entrega de la información sobre beneficiarios finales y accionistas nominativos agrava la situación: la Corte calificó esa información como “restringida” y de carácter comercial, apoyándose en la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia) y en la Ley 129 de 2020 (Registro Único de Beneficiarios Finales), pero esa interpretación es discutible porque la Ley 129 fue concebida para combatir el blanqueo de capitales y fortalecer la trazabilidad financiera, no para erigir un blindaje absoluto que impida el escrutinio cuando las empresas manejan recursos públicos; además, el artículo 41 de la Ley 22 de 2006 sobre contratación pública, según lo dispuesto en la Ley 153 de 2020 exige que las personas jurídicas que participen en contrataciones superiores a determinados umbrales presenten a la DGCP una declaración jurada que identifique a las personas naturales que sean beneficiarios finales con, al menos, el 10% del capital accionario, y esa obligación formal carece de eficacia si la DGCP no dispone de herramientas técnicas y procedimentales para cruzar y verificar la información con otras bases de datos, detectar vínculos entre empresas de un mismo grupo económico, identificar donaciones de campaña o descubrir conflictos de interés, lo que convierte la transparencia en un trámite sin contenido real.

A diferencia de Panamá, que mantiene un modelo de acceso restringido a la información sobre la titularidad real, otros ordenamientos han reforzado la transparencia mediante distintos mecanismos. En la Unión Europea, la Directiva (UE) 2015/849 exige a los Estados miembros disponer de información adecuada, exacta y actualizada sobre los beneficiarios finales, accesible a través de registros centrales para sociedades y otras personas jurídicas (art. 30), así como para trusts o figuras jurídicas equivalentes (art. 31), en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En el Reino Unido, el registro de Persons with Significant Control fue introducido por la Small Business, Enterprise and Employment Act 2015, y la información es, en términos generales, accesible públicamente con determinadas salvaguardas. En Estados Unidos, la Corporate Transparency Act, obliga a reportar información sobre beneficiarios finales a FinCEN. En América Latina, Chile ha avanzado en vincular la identificación de beneficiarios finales con mecanismos de integridad y control en las compras públicas, mientras que países como Colombia y México han establecido obligaciones de identificación y reporte con acceso predominantemente estatal.

La interpretación restrictiva adoptada por la Corte panameña entra en tensión con los compromisos internacionales en materia anticorrupción: la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción exigen mecanismos de transparencia en la gestión pública y en las contrataciones estatales, la prevención del uso de sociedades pantalla y el acceso a información relevante para el control ciudadano; negar o restringir el acceso a los beneficiarios finales puede, por tanto, contradecir esos compromisos y debilitar la cooperación internacional en materia de control financiero. La opacidad tiene efectos concretos: facilita el uso de testaferros, impide detectar conflictos de interés por ejemplo, cuando el beneficiario final es familiar de un funcionario, financista de campaña o un proveedor habitual con historial cuestionable y debilita la fiscalización ciudadana, privando a la sociedad civil de la capacidad de auditar el uso de los fondos públicos; además, afecta la competitividad y la reputación internacional del país, porque la falta de transparencia espanta inversión seria y aumenta el riesgo del país.

En suma, el fallo de la Corte confunde información comercial con información pública sobre el uso de fondos públicos, interpreta de forma aislada la Ley 129 de 2020 y desconoce el principio de máxima publicidad reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Libertad de Expresión y la jurisprudencia comparada; cuando hay recursos públicos involucrados, prevalece el interés público superior y la transparencia debe imponerse sobre la confidencialidad comercial.

La respuesta debe ser normativa y operativa: reformar la ley para garantizar que la información sobre beneficiarios finales sea accesible en el contexto de contrataciones públicas y para fines de fiscalización, dotar a la DGCP de capacidades técnicas para verificar declaraciones y cruzar registros, establecer protocolos que protejan datos sensibles sin convertir esa protección en un escudo para la impunidad, y coordinar registros públicos, autoridades financieras y organismos de control para que la información sea útil, verificable y accesible a los órganos de fiscalización y a la sociedad civil. La transparencia en los beneficiarios finales no es un lujo ni una concesión: es un requisito mínimo para prevenir la corrupción, proteger el erario y fortalecer la confianza pública; la opacidad, en cambio, se ha convertido en una política pública que perpetúa la impunidad y debilita el Estado de Derecho.

El autor es abogado, investigador y doctor en Derecho.

El proyecto deberá ser remitido a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional para su discusión en primer debate.

Los residentes aseguran que la escasez de agua les está generando múltiples dificultades en sus actividades diarias.

La Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, aprobó este lunes el proyecto de una ley de minas que busca aumentar las garantías jurídicas y que deberá discutirse por segunda vez para ser definitivamente sancionada, luego de que Estados Unidos emitiera hace tres días una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses.

La ley deberá discutirse por segunda vez para ser definitivamente sancionada, luego de que Estados Unidos emitiera una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación de oro venezolano a cargo de empresas estadounidenses.

El proyecto de ley, que consta de 19 capítulos y 126 artículos, está conformado por “criterios técnicos” con una estructura acorde a “nuevas necesidades”, según dijo el diputado Orlando Camacho del Movimiento Somos Venezuela, quien presentó el proyecto de forma genérica ante la plenaria.

Asimismo, prosiguió, se busca que esta ley “pueda ayudar a aumentar todas las garantías jurídicas” para generar confianza y atraer inversión nacional e internacional.

La norma permitirá que se acuda “a mecanismos de mediación y arbitraje independientes para la resolución de controversias”, siempre que se agoten “todas las instancias jurídicas nacionales”, subrayó Camacho.

Además, busca fortalecer el rol el Ministerio Minero, cuyas funciones, dijo el diputado, se precisan en la ley para “regular, dirigir y organizar” toda la actividad del sector, que consiste en la “exploración, explotación, producción, arranque y acarreo de todos los minerales”.

La propuesta se discutirá artículo por artículo en un segundo debate, después de ser sometida a consulta pública con sectores de la sociedad civil.

La norma establece la creación de un fondo social minero que establece “ingresos y funciones” para que se pueda “desarrollar y proteger la seguridad social” de los trabajadores de minería.

También fija la creación de la “superintendencia nacional de actividad minera” para fiscalizar y buscar beneficios que favorezcan la inversión nacional y extranjera.

Durante la sesión, transmitida por el canal del Parlamento en YouTube, el diputado opositor Luis Florido se quejó de la entrega del proyecto “a minutos de comenzar una sesión” y reclamó que las leyes se “presenten con tiempo”.

Por su parte, el diputado Carlos Dickson Barbera, del partido opositor Un Nuevo Tiempo, decidió salvar el voto para “poder consultar a los asesores pertinentes” y hacer un “análisis respectivo” de la ley.

El viernes, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

La autorización también abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal.

La emisión de esta licencia se dio días después de la reunión en Caracas entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

Durante ese encuentro, Rodríguez pidió dar celeridad a una reforma de la Ley de Minas, con el objetivo de ampliar el marco legal para desarrollar el sector con inversión nacional y extranjera.

A finales de enero pasado, el Parlamento aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por Delcy Rodríguez para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero.

© Henry Chirinos

Muy cerca del control de la bancada de la coalición Vamos en la Asamblea Nacional se encontrará, una vez más, el diputado Luis Duke, reelecto como subjefe para acompañar ahora a Roberto Zúñiga, nuevo jefe de la bancada legislativa.

Superan un convulso primer periodo legislativo, donde la Contraloría General de la República efectuó una severa auditoría sobre las planillas del Órgano Legislativo. Sin embargo, Duke ha sido una de las voces críticas de la medida por un error que, asegura, se cometió con su planilla de personal permanente, donde aparecieron hasta 12 personas, cuando en su despacho solo trabajan 7.

“Ya recibí respuesta de la Asamblea y me contestaron que no tengo personal permanente asignado a mi planilla y tampoco lo he solicitado, que es la práctica común que tienen otros diputados. Además me indicaron el número correcto de personal asignado a mi planilla es de 7 personas, pero lamentablemente la Contraloría cometió un error y me lo aceptó a mí”, detalló Duke en entrevista con La Prensa este jueves 15 de mayo.

El diputado asegura que fue a Contraloría a entregar una carta para que se corrija la información sobre su planilla, pero apunta que hasta el momento “el contralor, Anel Flores, no le ha dado la cara respecto a ese tema”. Este medio consultó a la Contraloría sobre las razones del error, pero señalaron que para aclarar su situación, el diputado debía acudir al departamento de Recursos Humanos en la Asamblea. Sin embargo, en el Legislativo aseguraron a Duke que en su planilla solo hay 7 personas, no 12.

En la página web de la Contraloría para consultar pagos de planillas y donaciones por diputado de la Asamblea Nacional, la información correspondiente al año 2025 no se encuentra disponible.

“Estoy a favor de la auditoría y las botellas deben irse, pero generar irregularidades durante una auditoría genera preocupación”, dijo el diputado.

Respecto a la efectividad de la auditoría, en momentos en que ya se retomaron los pagos por transferencia ACH y solo se han retenido hasta 300 pagos a funcionarios, Duke señala que “el contralor tiene claro quiénes son las botellas [funcionarios que cobran pero evaden sus responsabilidades] y no solamente de la Asamblea. Creo que tiene claro quiénes son en todas las instituciones, pero hay que tomar acciones. Yo pienso que esto no debe ser un show mediático, debe terminar en acciones concretas. El pueblo ya está cansado de que se estén robando su plata y que nadie pague en la cárcel”, apuntó el diputado.

Panorama legislativo

“Janine Prado deja la vara muy alta”, reconoce Duke sobre el periodo legislativo que le espera junto a Zúñiga. Prado lideró a los 20 diputados electos por vía de la libre postulación durante su estreno en el Legislativo, donde por primera vez un colectivo con estas características formaba una bancada mayoritaria.

Uno de los objetivos principales en la nueva legislatura será reconstruir la confianza que los ciudadanos depositaron en el colectivo y sus figuras divergentes frente a los partidos políticos. “La diferencia es que nosotros buscamos un debate de ideas, argumentos y posturas, más allá de un debate que busque prebendas o algún beneficio que se pueda obtener del gobierno”, señaló Duke, aludiendo a casos que se han dado en diversas comisiones del Legislativo.

El rejuego de poder que describe Duke lo enmarca, además, en uno de los últimos nombramientos del Ejecutivo en medio de las sesiones extraordinarias en el Legislativo: Carlos Godoy como director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

“Los que más llaman la atención son los auxilios económicos que esta persona pudo haber recibido en el periodo anterior, un periodo gobernado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), y recibir un auxilio en la situación en la que ya fue director de la institución deja mucho sin sabor. También cuando ha estado involucrado en el caso de las investigaciones de peculado”, apuntó Duke.

En 2014, Godoy fue mencionado en una querella penal presentada por el Ifarhu ante el Ministerio Público. La denuncia incluía acusaciones de presunto peculado y delitos contra la administración pública, relacionadas con la entrega supuestamente irregular de becas de asistencia económica educativa durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, entre 2009 y 2014.

En cuanto a la búsqueda de la presidencia de la Asamblea Nacional por parte del colectivo, Duke prefirió no opinar, señalando que nada es seguro previo al arranque del segundo periodo de sesiones ordinarias, el próximo 1 de julio.

© Miguel Lopez