Poco antes de ser nombrado “inspector náutico” –con salario de $2,500 mensuales en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el 14 de febrero de 2020– el hoy empresario Jean Paul De Janon Arias obtuvo una concesión de fondo de mar para reconstruir y operar un muelle en isla Contadora.

El contrato de concesión fue publicado en Gaceta Oficial el 4 de febrero de 2020, apenas 10 días antes de que se formalizara el ingreso de De Janon a la planilla de la AMP.

De acuerdo con la AMP, los inspectores náuticos tienen entre sus funciones supervisar embarcaciones, verificar el cumplimiento de las normas de seguridad marítima y fiscalizar operaciones en puertos, marinas y muelles. En ese contexto, el nombramiento de De Janon en ese cargo resulta particularmente relevante, ya que en esa misma época figuraba como presidente y representante legal de una empresa favorecida con una concesión expedida por su nuevo empleador.

La AMP le concedió el contrato de concesión No. A-2002-2019 a Marina Contadora Holding, S.A., que le permitiría el uso 836.5 metros cuadrados de ribera y fondo marino en Contadora –en el archipiélago de Las Perlas–. De Janon figura como presidente y representante legal de la mencionada sociedad, mientras que en representación de la AMP, firmó el contrato el administrador encargado, Tomás Ávila.

El acuerdo de concesión –pactado a 20 años– fue suscrito el 16 de mayo de 2019 y refrendado el mismo día por el entonces contralor, Federico Humbert (2015-2019).

Marina Contadora Holding, inscrita en agosto de 2016 en el Registro Público, tiene como directivos y dignatarios a miembros de su familia (Gabriela Arias de De Janon y Phillipe De Janon Arias).

Pagos mínimos

El contrato con Marina Contadora Holding establece un pago mensual al Estado de 25 centavos por metro cuadrado en el área concesionada. Ello supone que en el primer año de vigencia del contrato, la AMP habría recibido $2 mil 510. Para el final de la concesión –tras leves incrementos anuales– la sociedad tendría que haber pagado al Estado un total de $83 mil, de acuerdo con sus cálculos.

A cambio de la concesión, la empresa se comprometió a invertir $373 mil, que incluye destinar $14 mil como un “aporte a proyectos sociales de la AMP”, que no se detallan.

El contrato establece que si la concesionaria planea desarrollar otras actividades complementarias o relacionadas con el objeto original del contrato, debe solicitar autorización previa a la AMP. Y, aunque este medio no halló registros públicos de permisos semejantes, en redes sociales vinculadas a Marina Contadora se promociona desde la venta de galletas y bebidas alcohólicas, hasta la prestación de servicios asociados al muelle.

Vínculos

De Janon ha sido objeto de una reciente investigación periodística de este medio que reveló que es “socio incidental” e inversionista en un proyecto de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para digitalizar el revisado vehicular. El empresario lo logró al asociarse brevemente con 3Tech Latin America, Corp., concesionaria original de la ATTT en el proyecto de digitalización del revisado vehicular.

De ese modo, De Janon controla dos concesiones importantes con dos entidades del Estado (la AMP y la ATTT), a través de Marina Contadora Holding y Panama Dynamics Int., respectivamente.

De acuerdo con representantes de 3Tech, la aceptación de asociación de Panama Dynamics a este proyecto no fue voluntaria, aunque se firmó un acuerdo en ese sentido para supuestamente inyectar financiamiento al proyecto de parte de Panama Dynamics, representada por De Janon.

De Janon esposo de María Carolina Carrizo Araúz, prima hermana del exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo. María Carolina es hija de Ignacio Carrizo, tío del exvicepresidente. Este lazo familiar, precisamente, salió a relucir de parte de De Janon cuando, según el presidente de 3Tech, Eric Barrios, se negaba a recibir a Panama Dynamics como socio en el proyecto con la ATTT.

Así, Panama Dynamics se convirtió en socio inversionista para el desarrollo de una plataforma tecnológica del revisado vehicular de la ATTT. Esta sociedad fue constituida en 2019, bajo el nombre original de Rent Contadora, S.A., dedicada inicialmente al alquiler de carritos de golf y equipos también en isla Contadora.

Gracias al acuerdo pactado con 3Tech, De Janon recibiría casi la mitad de los beneficios: $1.10 de los $2.40 de comisión que cobraría 3Tech por cada revisado vehicular.

El préstamo

De Janon y su suegro, Ignacio Carrizo –tío del exvicepresidente Gaby Carrizo– constituyeron en mayo de 2018 una sociedad llamada Promotora Icaco, S.A. En septiembre de 2020, esta sociedad solicitó y recibió un préstamo de $100 mil de la Cooperativa de Servicios Múltiples Prácticos del Canal, R.L., pagaderos en 25 años. El dinero se usaría para “inversiones bajo criterio societario”, que no fueron precisadas en la escritura de préstamo.

Este préstamo de $100 mil fue garantizado con una finca que pertenece a Canal View, S.A., una sociedad integrada –una vez más– por miembros de la familia De Janon. La finca –ubicada en El Cristo de Aguadulce, provincia de Coclé– fue comprada en $12 mil por Canal View y tiene una extensión de 8.7 hectáreas.

Originalmente, la finca era un lote nacional baldío, adjudicado –en septiembre de 2019– por solo $54 a un particular (Amador Torres López), gracias a la gestión de la Dirección Nacional de Adjudicación Masiva de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).

Solo dos meses después –en diciembre de 2019– este lote baldío fue vendido a Canal View, y en septiembre de 2020, fue hipotecado a favor de la Cooperativa de Pilotos del Canal, a fin de que la sociedad Promotora Icaco, S.A. obtuviera el préstamo de $100 mil.

Posteriormente, en diciembre de 2020, el contrato de préstamo con la mencionada cooperativa fue modificado: El monto del préstamo fue elevado a $180 mil, al igual que las garantías. Una vez más, Canal View puso en garantía otra finca que le compró al mismo sujeto: Amador Torres López, luego de que este obtuviera de la Anati –en 2016– este otro terreno baldío, adjudicado únicamente por $174, con una extensión de 28.5 hectáreas.

Canal View le pagó a Torres López $28 mil 600 en septiembre de 2016 por ese terreno, y en 2020, la sociedad lo hipotecó para aumentar el monto de su préstamo con la cooperativa.

En otras palabras, Canal View pagó unos $40 mil 500 por dos fincas que luego fueron utilizadas para garantizar un préstamo de $180 mil otorgado por la Cooperativa de Pilotos del Canal.

‘Todo fue legal’

Consultado sobre la concesión y su posterior nombramiento en la AMP, visiblemente molesto, De Janon aseguró que esperó cuatro años antes de que se firmara el contrato, el cual –afirmó– lo obtuvo de manera “legal” en mayo de 2019.

El empresario intentó justificar su nombramiento en la AMP, pese a ser representante de una empresa concesionaria, al señalar que ocurrió en un periodo gubernamental distinto al de Juan Carlos Varela )2014-2019), periodo en el que obtuvo la concesión para la marina en Contadora. “Eso fue en administraciones distintas”, insistió.

De Janon se negó a precisar cuánto tiempo permaneció como empleado de la AMP, contratado bajo la Administración del Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo (2019-2024).

En relación a las actividades paralelas desarrolladas en el área concesionada en Contadora, De Janon afirmó que ha obtenido los permisos correspondientes para incorporarlas, aunque no precisó cuándo fueron otorgadas.

En cuanto a Panama Dynamics y su vinculación con el contrato de digitalización del revisado vehicular, De Janon declinó referirse al tema porque dijo que el caso se ventila en un proceso de arbitraje.

En la comisión de Gobierno de la Asamblea se discute un proyecto de ley que pretende endurecer las reglas sobre réplicas de las personas que se sientan afectadas por noticias inexactas o agraviantes en los medios, a fin de exigir rectificaciones. Cuando se trata de casos como esos, los medios deben corregir. Pero cuando un funcionario o ciudadano ha sido contactado de antemano para dar su versión y no quiere hacerlo, surge una pregunta inevitable: ¿se supone que luego el medio debe darle la misma prominencia, en el mismo espacio donde apareció la noticia, si decide replicar después sin haber respondido a las preguntas formuladas por el periodista?

Eso parece abusivo. El proyecto incluso establece que la respuesta del agraviado puede ser “razonablemente mayor”, según las circunstancias, restándole margen de decisión al medio y ordenando dónde debe publicarse la réplica.

Pero hay un problema más profundo. Cuando una ley obliga a los medios a publicar versiones que no forman parte de su propio proceso informativo, termina limitando el derecho de informar. No se trata solo de corregir errores, sino de imponer un relato que puede diluir el efecto de la noticia. El resultado es que la información pierde fuerza y el lector queda ante dos versiones contrapuestas, preguntándose a cuál creerle.

Si van a dar lecciones de moralidad, empiecen en su propia casa.

James Earl Carter Jr. O “Jimmy”, como le decían de cariño, creció en la finca de maní de su padre en Georgia, Estados Unidos.

Jimmy escuchó las historias de discriminación racial y compartió con afrodescendientes que trabajaban y vivían cerca, lo que moldeó su visión. En casa, su mamá defendía abiertamente el movimiento de los derechos civiles para los afroamericanos.

Al crecer, se enlistó en la academia naval. Pero mientras subía de rango, le informaron que su padre había muerto. Renunció, y se bajó del submarino, para volver a la finca de maní y encargarse.

Estando ahí, se unió al comité de educación para mejorar las escuelas afroamericanas, lo cual le costó amenazas e intentos de sabotear su negocio.

Ahí entendió que el problema no era educativo… era político. Así que se postuló y logró ser senador y después gobernador. En su discurso inicial dijo: “Ninguna persona pobre, del campo, débil o negra debe cargar el peso adicional de ser privada de oportunidades en educación, trabajo o, simplemente, justicia”. En 1976 logró ganar las elecciones presidenciales y llegó a la Casa Blanca.

El general Omar Torrijos, jefe del gobierno militar tras el golpe de 1968, trabajaba intensamente para lograr que la comunidad internacional respaldara la transferencia del Canal y la Zona a Panamá. Consiguió el apoyo de 13 países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, impulsó la Declaración de Panamá firmada en Isla Contadora por cuatro países latinoamericanos. Y en la cumbre de los países no alineados, Panamá logró una resolución con 83 países. Torrijos, el canciller Juan Antonio Tack, el embajador ante Naciones Unidas, Aquilino Boyd y el equipo diplomático panameño convencieron a la mayoría de los líderes del mundo que a Panamá le asistía la razón.

Carter tenía una gran empatía por la lucha panameña para eliminar el tratado Hay-Bunau Varilla, el acuerdo que permitió a Estados Unidos controlar el Canal y la Zona. Llegó a escribir en su diario que era obvio que Estados Unidos había “engañado” a los panameños. Así que ordenó dar prioridad al conflicto del Canal de Panamá.

El 27 de enero de 1977, las autoridades estadounidenses acordaron reanudar las conversaciones sobre el canal, reafirmar los principios Tack-Kissinger y concluir un tratado. Reunió un equipo de negociadores y viajaron a Panamá en varias ocasiones para negociar el tratado en la Isla Contadora.

Sin embargo, solo el 8% de los estadounidenses aprobaba un nuevo tratado con Panamá y lo critiraban por estar negociando con un dictador, refiriéndose a Torrijos. Incluso, para este tiempo, habían secuestrado a la dirigente estudiantil, Rita Wald, de 17 años, que era una activista en contra de los tratados y del régimen.

En Estados Unidos, Carter se reúne con el embajador panameño, Gabriel Lewis Galindo, en el Salón Oval. Carter le dijo que para que el Senado aprobara el tratado del canal, necesitaba incluir un tratado de neutralidad, y que había que hacerlo rápido.

De esa manera, después de varias rondas de negociaciones, anuncian públicamente que lograron un acuerdo para 2 tratados: el del canal y el de neutralidad. Pasarían a la historia como los tratados Torrijos-Carter.

El primero le otorgaría a Panamá el control completo del Canal y de la zona a partir del 31 de diciembre de 1999, y el segundo aseguraría que el Canal siguiera funcionando en tiempos de paz o de guerra para todos los países por igual, aunque permitiría a Estados Unidos intervenir en caso de amenaza y que sus buques de guerra pudieran pasar primero.

El 12 de agosto de 1977, Carter envió una carta al Congreso (que incluye al Senado). El presidente subrayó que los tratados eran esenciales para la seguridad nacional y contaban con el respaldo unánime de la Junta de jefes militares. Carter se enfrentó a una opinión pública hostil y a críticos, como su siguiente contrincante presidencial, Ronald Reagan.

El 6 de septiembre de 1977, un día antes de la ceremonia oficial, Carter recibió a Torrijos en la Casa Blanca y le expresó que los nuevos tratados son “lo correcto, lo justo y lo decente”.

El 7 de septiembre de 1977, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, Jimmy Carter firmó junto a Torrijos los tratados que devolvían la soberanía del Canal a Panamá. Torrijos comparó las acciones de Carter con “lanzarse de un avión sin paracaídas” debido al riesgo político que implicaban.

Jimmy Carter es testimonio de que las decisiones correctas a veces son las más difíciles. Sabía que firmar esos tratados le costaría popularidad, aliados e incluso elecciones. Y aun así los firmó. Nunca fue panameño. No tenía familia ni amigos en el istmo, ni hablaba español. Pero sí entendió nuestro dolor.

Así como vio la injusticia contra los afroamericanos y decidió enfrentarla, también asumió como propia la injusticia histórica cometida contra Panamá. Más allá de devolvernos el Canal, nos devolvió algo aún más poderoso: la esperanza de que todavía existen políticos (y granjeros de maní) capaces de usar el poder para hacer lo correcto, por encima de lo conveniente.

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, anunció esta semana que la entidad eliminará el requisito del certificado de condición socioeconómica para la beca de concurso, luego de recibir múltiples quejas y consultas de acudientes en todo el país.

La decisión surgió después de que numerosos usuarios señalaran que en la página web del Ifarhu el documento aparecía como parte de los requisitos del proceso.

Godoy explicó que la institución emitirá un comunicado oficial para aclarar la situación y confirmar la eliminación del requisito.

“Se publicará un comunicado para informar sobre esta decisión. Inicialmente era un requisito que estábamos evaluando establecer, pero debido a las miles de consultas recibidas a nivel nacional, hemos decidido suprimirlo automáticamente”, afirmó.

El Ministerio de Cultura compartió la agenda cultural con actividades programadas entre el viernes 13 y el sábado 21 de marzo, que incluyen talleres, exposiciones, teatro, cine al aire libre, mercados artesanales y eventos comunitarios en distintos puntos del país.

Entre las actividades destacadas figuran talleres infantiles y clases abiertas de danza contemporánea, así como funciones de cine al aire libre en Casco Antiguo, que forman parte de la programación orientada a promover el acceso a las artes y la participación de públicos de todas las edades.

La agenda también incluye eventos especiales como “Mujeres Mágicas 2026”, además de jornadas como el Centroamérica Big Day, en el Parque Andrés Bello.

Los amantes del arte podrán visitar exposiciones como “Dulzura Tropical” en la Galería Juan Manuel Cedeño y “Mola Viva” en Albrook Mall, esta última dedicada a resaltar el valor cultural y artístico de las molas.

La programación también contempla mercados artesanales, presentaciones de libros, talleres familiares y actividades en museos, además de obras de teatro como “Blanca Nieves” en el Teatro Metropolitan.

A continuación, podrá consultar la agenda completa para los próximos días.

RECHAZO. El gerente del BNP, Javier Carrizo, solicitó el veto al proyecto de ley que propone el reconocimiento administrativo de las deudas que ya han prescrito. Ernesto Cedeño, proponente de esta iniciativa, sostiene que Carrizo quiere favorecer a las empresas de cobro que compran las carteras morosas de bancos y financieras. Si la ley ya establece que esas deudas están prescritas, ¿por qué el BNP tendría algún problema con la forma en que sean declaradas?

FIESTO. Martinelli cumplió 74 años el pasado miércoles y lo celebró con una fiesta en el Gun Club de Bogotá. Debería tener prohibido el ingreso a instalaciones con nombres así.

GRÚA. Cosco Shipping Lines, si acaso, representa el 5% del movimiento en el puerto de Balboa. Así que si suspenden o no sus servicios en esa terminal, seguramente la afectación será mucho menor de lo que aparenta.

FEUDOS. Los diputados no solo continúan depredando recursos a través de planillas abultadas, aumentos de presupuesto y oficinas VIP, sino que también siguen con la manía de crear nuevas circunscripciones. Ahora es Isaac Mosquera quien propone crear el corregimiento de Punta Alegre, en Darién, sin aportar un sustento técnico que avale la iniciativa. Si hicieran una lista de los proyectos que tienen una utilidad real, ésta sería bien corta.

DUDA. Ahora resulta que el Senniaf solo administra dos de los 48 albergues infantiles y de adolescentes que hay en todo el país. El Mides atiende cuatro y el resto (lo que representa el 87.5% del total) está en manos de organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué el Senniaf padece tantos problemas si solo administra dos? Qué triste que lo único que tienen que hacer no lo hagan bien o se lo endosen a otro.

El Gobierno Nacional adjudicó $240.9 millones en letras del Tesoro a 12 meses durante la segunda subasta realizada en 2026, informó el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF).

La colocación estuvo compuesta por $240.2 millones en ofertas de primera vuelta y $750 mil en una segunda ronda, como parte del programa de financiamiento del Estado mediante instrumentos de deuda de corto plazo.

Las letras del Tesoro son títulos de deuda emitidos por el Gobierno que permiten obtener financiamiento en el mercado local. Los inversionistas compran estos instrumentos con descuento y reciben su valor completo al vencimiento, en este caso, a un plazo de 12 meses.

Según el MEF, la subasta recibió ofertas por $366.9 millones, más de siete veces el monto indicativo inicial de $50 millones, lo que evidencia una fuerte demanda por parte de inversionistas para estos instrumentos financieros.

En total se presentaron 46 ofertas competitivas por $181.7 millones y 22 ofertas no competitivas por $185.2 millones, con la participación destacada de inversionistas institucionales y de los creadores de mercado del programa de Letras del Tesoro.

El precio de corte de la subasta se ubicó en 95.76%, superior al registrado en la subasta de febrero de 2026.

El rendimiento promedio ponderado alcanzó 4.347%, lo que representa una reducción de 18 puntos básicos frente a la subasta anterior, una señal de que el costo de financiamiento para el Estado se está moderando en el mercado local.

La colocación se realizó en un entorno financiero internacional mixto. De acuerdo con el MEF, la tasa SOFR a 12 meses aumentó 4 puntos básicos y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo subió 7 puntos básicos.

En contraste, el indicador de riesgo país EMBIG para Panamá se redujo 8 puntos básicos, lo que refleja una mejora en la percepción de riesgo sobre la economía panameña en los mercados internacionales.

El Ministerio señaló que esta evolución respalda su estrategia de reducir gradualmente la brecha entre las tasas del mercado internacional y el mercado local, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del mercado doméstico de deuda pública.

Según el MEF, la sobresuscripción registrada en esta segunda subasta del año confirma la confianza de los inversionistas en los fundamentos macroeconómicos del país y en la estabilidad de sus finanzas públicas.

Hace unos meses, una mamá llegó a mi consulta con su hijo de casi dos años. Mientras yo revisaba al niño, ella me contó, entre risas y con una mezcla de ternura y preocupación, algo que no he podido olvidar: su primera palabra no había sido “mamá” ni “papá”. Había sido Alexa. La segunda, YouTube.

Me reí con ella. Pero mientras lo hacía, pensé: esto no es una anécdota graciosa. Es una radiografía.

Ese niño no eligió que Alexa y YouTube fueran sus primeras referencias verbales. Las aprendió porque las escuchaba todos los días, varias veces al día, desde que tiene memoria. Aprendió lo que escuchó. Como todos los niños. Como siempre ha sido.

Cuando los padres me preguntan por pantallas, la conversación suele girar en torno al uso de la tablet en la escuela, el primer celular, los videojuegos en línea o TikTok. Y esos son temas importantes, sin duda. Pero hay algo que pocas veces nombramos: la relación de un niño con las pantallas no empieza a los 10 años ni a los 6. Empieza, en muchos casos, antes de que ese niño pueda hablar.

A esto los investigadores lo llaman trayectoria digital: el camino que recorre el uso de pantallas a lo largo de la infancia y la adolescencia, que no aparece de golpe, sino que se construye, capa por capa, desde los primeros meses de vida. Y, como toda trayectoria, su punto de partida determina en gran medida hacia dónde lleva.

Los datos son contundentes. Según reportes de Common Sense Media, el 38% de los niños menores de dos años en Estados Unidos ya usa pantallas de forma regular. Para los cuatro años, ese porcentaje supera el 80%. La Organización Mundial de la Salud recomienda cero tiempo de pantalla sedentaria para menores de dos años, y no más de una hora diaria para niños de tres a cuatro años. La realidad, en la mayoría de los hogares del mundo —incluyendo el nuestro— está muy lejos de esos números.

En Panamá no contamos con estadísticas propias actualizadas, pero los patrones que veo en consulta diaria no difieren mucho de lo que muestran los estudios internacionales. Niños de 18 meses que reconocen el ícono de YouTube antes de conocer los colores. Bebés de un año que saben deslizar una pantalla con el dedo, pero aún no sostienen una cuchara.

Aquí viene la parte incómoda. Porque la trayectoria digital de un niño no empieza cuando le compramos su primer dispositivo. Empieza cuando nos ve a nosotros mirando el celular durante la cena. Cuando ponemos un video para que “se quede quieto” mientras terminamos algo. Cuando la televisión está encendida de fondo, aunque nadie la esté mirando. Cuando respondemos mensajes de trabajo mientras le leemos un cuento.

Los niños pequeños aprenden por imitación. Somos sus primeros y más poderosos modelos —en todo, incluyendo el mundo digital—. Si queremos entender la relación que tendrán con las pantallas cuando sean adolescentes, vale la pena mirar primero la relación que tenemos nosotros con ellas hoy.

Eso no significa culpa. Significa responsabilidad.

En mi casa, mis hijos usan pantallas. No somos una familia que vive alejada de la tecnología ni pretendo serlo. Pero hay reglas claras que se aplican para todos, incluyendo los adultos: en la hora de las comidas no hay pantallas para nadie, sin excepciones. YouTube solo se puede ver con un adulto al lado. Los dispositivos se apagan a las 7:30 de la noche en días de escuela. Y la regla general es salir al parque, andar en bici, jugar afuera —las pantallas son la excepción, no la norma.

Lo hacemos porque entendemos que cada una de esas decisiones cotidianas es un ladrillo en la trayectoria digital de nuestros hijos. Y que esa trayectoria, si no la construimos con intención, la construye el algoritmo por nosotros.

La pregunta no es si nuestros hijos van a usar pantallas. La respuesta a eso ya la sabemos. La pregunta es qué trayectoria estamos ayudando a construir, y desde cuándo.

Porque el problema no empezó con la tablet de la escuela ni con el primer celular. Empezó la primera vez que pusimos un video para que se quedara quieto. Empezó cuando respondimos un mensaje mientras nos pedía que lo miráramos. Empezó, silenciosamente, mucho antes de que pudiéramos verlo.

Y la buena noticia es que la solución puede empezar hoy. No con una app de control parental ni con una conversación difícil. Puede empezar esta noche: pon el celular en silencio, déjalo en un mueble lejos de la mesa, y cuando tu hijo se siente a cenar, mírale a los ojos y pregúntale cómo estuvo su día.

Eso también es una trayectoria. La que queremos construir.

La autora es pediatra.

No soy nutricionista, no soy psicóloga infantil ni soy especialista en neurodivergencia. Soy madre y maestra. Y a veces eso basta para ver cosas que deberían preocuparnos a todos.

En los últimos años he notado algo que me inquieta profundamente: cada vez más niños pequeños —entre los 0 y cinco años— llegan con retrasos en el habla, dificultades para procesar información, problemas de atención y adaptación.

No hablo desde un estudio científico. Hablo desde el aula, desde el hogar, desde la observación cotidiana de una madre que también educa.

Hay una escena que se repite demasiado: niños muy pequeños frente a una pantalla durante horas. El celular como niñera. La tablet como calmante. El televisor como compañía permanente. Y mientras la pantalla brilla, algo en el niño parece apagarse.

Los primeros años de vida son un laboratorio extraordinario para el cerebro humano. Es en ese tiempo cuando se construyen las bases del lenguaje, la atención, la curiosidad, la capacidad de comprender el mundo. Pero el cerebro infantil no aprende mirando un dispositivo: aprende mirando rostros, escuchando voces, tocando objetos, cayéndose, preguntando, jugando. Aprende viviendo.

También observo otra variable que no siempre queremos mirar de frente: la alimentación. Cada vez es más común ver dietas cargadas de azúcares, ultraprocesados y alimentos que alimentan el cuerpo a medias y la mente aún menos. No es casualidad que el cuerpo y el cerebro se desarrollen juntos.

No pretendo señalar culpables. Ser padre o madre hoy es agotador. Muchos adultos viven corriendo entre el trabajo, el estrés y las responsabilidades. A veces la pantalla parece la única tregua posible. Pero debemos preguntarnos algo con honestidad: ¿a qué costo?

No podemos normalizar que niños de tres o cuatro años hablen poco, se frustren con facilidad o tengan dificultades para concentrarse como si fuera simplemente “la nueva generación”. Tal vez no sea la generación. Tal vez sea el entorno que les estamos dando.

Los niños necesitan conversación, movimiento, contacto, historias, naturaleza, silencio, juego libre y presencia adulta. Presencia real. No se trata de demonizar la tecnología. Vivimos en una era digital y sería ingenuo negarlo. Pero la infancia no puede construirse alrededor de una pantalla. La infancia necesita humanidad.

Como madre y como docente, no escribo estas palabras para juzgar, sino para invitar a reflexionar. Porque el desarrollo de un niño no es un asunto privado: es el presente y el futuro de una sociedad. Cada niño que aprende a pensar, a hablar, a comprender el mundo… es una inversión silenciosa en el mañana. Y cada infancia que dejamos en pausa frente a una pantalla es una oportunidad que quizás no vuelva.

Tal vez ha llegado el momento de volver a mirar a nuestros hijos a los ojos. Ahí empieza todo.

La autora es maestra y escritora.

Una nueva oleada de ataques la madrugada de este jueves provenientes de Irán contra países del golfo Pérsico alcanzó un edificio en Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos, así como los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin y un edificio en Kuwait en el inicio de la decimotercera jornada de conflicto en Oriente Medio.

La oficina de prensa del Gobierno de Dubái informó que el edificio de la ciudad fue impactado por un dron y que equipos de emergencia evacuaron el bloque.

Aunque no identificó el origen de ese ataque concreto, posteriormente el Ministerio de Defensa del país aseguró estar interceptando misiles y drones desde Irán.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin anunció una “agresión iraní” dirigida a tanques de combustible en la zona de Muharraq, cerca de la capital Manama, en un mensaje de X.

También informó de la activación de sirenas de alarma y urgió a los residentes a refugiarse en lugares seguros.

Además, el Ejército de Kuwait aseguró que “un dron enemigo” alcanzó un edificio residencial en el sur del país y dejó dos personas heridas.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí alertó en varias publicaciones en X de la identificación e interceptación de drones. Según uno de sus mensajes, al menos 18 drones han sido destruidos durante la noche.

Hasta el momento, no han trascendido informaciones sobre víctimas o heridos.

Irán anunció horas antes una nueva oleada de bombardeos contra Israel y contra objetivos estadounidenses en los países del golfo después de trece días de conflicto en el que los ataques no han cesado en la región a raíz de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel sobre Teherán el pasado 28 de febrero.

⋅ En 2025 se beneficiaron más de 3,700 estudiantes en 44 escuelas de Colón y Coclé.

⋅ Este programa ha sido posible gracias al compromiso de la empresa de transformar sus recursos en beneficios tangibles para las comunidades.

Con el inicio del nuevo año escolar, el programa Escuela Feliz de Cobre Panamá inició su etapa 2026 con el objetivo de seguir garantizando que estudiantes de comunidades en Colón y Coclé reciban una comida caliente diaria durante el año escolar, además de impulsar mejoras en infraestructura educativa y la entrega de insumos que fortalecen el aprendizaje de los niños.

El lanzamiento del programa se realizó en el C.E.B.G. Celestino Villarreta, en El Guásimo, distrito de Donoso, Colón, donde más de 130 estudiantes recibieron mochilas, alimentos y útiles escolares, marcando el inicio de una nueva etapa para las familias de la comunidad.

La actividad contó con la participación de autoridades locales, entre ellas Rosa Martínez, directora regional del MEDUCA en Colón, y Sara Mariota, H.R. de El Guásimo, además de padres de familia que acompañaron a la comunidad educativa durante el lanzamiento del programa.

“Para nosotros es muy gratificante haber sido invitados al lanzamiento de este proyecto que impulsa Cobre Panamá. Agradecemos ese compromiso y solidaridad que siempre han demostrado con quienes más lo necesitan. Este tipo de iniciativas contribuye al crecimiento y bienestar de nuestros niños”, expresó Rosa Martínez, directora regional de MEDUCA en Colón.

Durante 2025, el programa llegó a 44 centros educativos y benefició a más de 3,700 estudiantes, quienes recibieron una comida caliente diaria durante el año escolar. En total, se sirvieron más de 370,000 platos de comida, gracias a la distribución de 148,000 libras de alimentos, fortaleciendo la seguridad alimentaria y aliviando la carga económica de muchas familias.

“Cuando un niño llega a la escuela con un plato de comida caliente y un lugar digno para aprender, no solo estamos apoyando su educación, también estamos apoyando a su familia. Ese es el verdadero propósito de Escuela Feliz”, destacó Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

El programa también ha impulsado mejoras en la infraestructura escolar mediante la entrega de aires acondicionados, freezers y materiales de construcción, contribuyendo a crear espacios más adecuados para el aprendizaje. Asimismo, cuenta con la participación de madres de familia de las comunidades, quienes colaboran en la preparación de los alimentos.

Escuela Feliz busca ampliar su alcance y llegar a más centros educativos, beneficiando a un mayor número de estudiantes y familias. Con esta iniciativa, Cobre Panamá reafirma su compromiso de transformar los recursos que genera su actividad en oportunidades concretas para las comunidades, impulsando la educación, el bienestar y el desarrollo sostenible en Colón y Coclé.

Representantes del Gobierno y del Sindicato de Operadores del Metro Bus firmaron un acuerdo, esta madrugada, que puso fin a un paro en el transporte.

Desde las 8:00 p.m. de ayer, jueves, y hasta la madrugada de hoy viernes se llevó a cabo una reunión entre ambas partes en la Presidencia de la República.

Por parte del Gobierno estuvieron presentes los ministros Luis Ernesto Carles (Trabajo y Desarrollo Laboral) y Álvaro Alemán (Presidencia), en representación del gobernante Juan Carlos Varela.

Directivos de la empresa Mi Bus no participaron en estas conversaciones.

El secretario general del Sindicato de Operadores de Metro Bus, Antenor Guadamuz, informó que el principal acuerdo consiste en que el Gobierno se compromete a reconocer las prestaciones laborales de todos los trabajadores. Esto, tomando en cuenta que el sector transporte pasaría próximamente a ser administrada por el Estado. Ayer, los operadores explicaron que no querían una continuidad laboral, sino una indemnización que les garantizara las prestaciones y la prima de antigüedad, ya que Mi Bus se mantiene negociando su venta con el Gobierno. Guadamuz señaló que una vez este proceso sea concretado se harán auditorías en la empresa Mi Bus, ya que existen quejas por pagos pendientes a los trabajadores (horas extras, recargos dominicales, días nacionales, entre otros). Se acordó que el sindicato verificará el cálculo de las prestaciones o indemnizaciones. Dicho pago se efectuará dentro de los 30 días siguientes al cierre de la compra de las acciones.

Según el acuerdo, el Mitradel obliga a hacer cumplir a la empresa Mi Bus todas las normas que en materia de seguridad y derechos de los trabajadores establece el Código de Trabajo.A su vez, el Gobierno intercederá para que los trabajadores que participaron en las acciones del día 15 de enero no sean objeto de acciones legales ni represalias.

El dirigente agregó que el acuerdo beneficiará a 4 mil 50 trabajadores. “Lo importante es que ya tenemos un documento en blanco y negro”, enfatizó.

Así las cosas, Guadamuz señaló que a partir de las 5:00 a.m. se dio la orden en todos los patios de transporte para que salieran a brindar el servicio a la población.

Dirigentes de los operadores del Metro Bus aseguraron que el servicio se prestará hoy con total normalidad, luego del caos registrado en la capital en la tarde de ayer. El servicio de transporte público había sido suspendido y los operadores bloquearon las vías con los buses.

Alejandro Millán Valencia - BBC News Mundo

En una operación conjunta en la que se han usado más de 200 aeronaves de combate y otras tantas embarcaciones militares, Israel y Estados Unidos han atacado cerca de 5.000 puntos en Irán con la idea de debilitar el régimen islámico que gobierna el país desde 1979.

Los ataques han dejado más de 1.000 personas muertas, incluidas al menos 100 niñas dentro de una escuela en Teherán bombardeada cuando asistían a clases, el 28 de febrero.

La ofensiva también ha causado serios daños en Teherán y otras ciudades importantes como Qom, Tabriz o Minab.

Pero hay un dato que ha llamado la atención de los analistas del conflicto.

A pesar de la intención de Israel y EE.UU. de herir al régimen iraní, un lugar estratégico bajo su control permanece intacto: la isla de Jark, ubicada a unos 28 kilómetros de la costa del país.

En este lugar de apenas 24 kilómetros cuadrados se concentra, en tanques y otros suministros, el 90% del petróleo que Irán exporta al mundo.

“Es un punto vital para la supervivencia de Irán, pero creo que tanto EE.UU. como Israel saben que, si lo atacan o causan algún daño allí, el perjuicio en términos energéticos sería irreversible”, le explica a BBC Mundo Neil Quilliam, experto en temas de Medio Oriente de Chatham House.

Quilliam también señala que, con el cierre del estrecho de Ormuz, un ataque a un punto tan vital dentro de la economía global sería complejo y poco efectivo en términos estratégicos.

Hasta el momento, EE.UU. se ha abstenido de avanzar contra la infraestructura petrolera de Irán, señala el experto, y aunque Israel atacó algunos puntos, lo cierto es que este sector ha quedado mayormente al margen del actual conflicto.

“Irán es el cuarto productor de petróleo en el mundo. Ya los precios del petróleo están alcanzando niveles récord, un resultado inesperado para Washington cuando comenzó con este conflicto”, añade el analista.

La histórica isla de Jark

Desde los tiempos del imperio persa, hace más de 2.000 años, esta pequeña isla ha tenido un papel estratégico dentro del Golfo.

Durante algún tiempo, debido a que posee nacimientos de agua, se convirtió en un puerto importante para el intercambio comercial de alimentos y otros productos en la región.

Estuvo bajo el dominio portugués y neerlandés en los siglos XVI y XVII, cuando se fortaleció su nombre como puerto de intercambio comercial impulsado por la dirección de Países Bajos.

En el siglo XX fue sede de una prisión de máxima seguridad y fue allí donde se descubrió una de sus principales ventajas: cercana a la costa iraní, la isla tiene aguas profundas perfectas para la navegación de buques petroleros, a diferencia de las aguas de la costa.

Entonces, en la década de 1950, durante el reinado del sha Mohammad Reza Pahleví comenzó la construcción de un centro de almacenamiento y distribución de hidrocarburos, que pronto se convirtió en el principal punto de exportación del país.

De hecho, parte de la infraestructura de la isla fue propiedad de empresas estadounidenses, que funcionaron allí hasta la revolución islámica del 79.

De acuerdo a los reportes del Ministerio de Hidrocarburos de Irán, las instalaciones dentro de la isla de Jark actúan como parte fundamental de la industria nacional.

La terminal recibe petróleo crudo de los tres principales yacimientos marinos de Irán -Aboozar, Forouzan y Dorood- que son transportados a través de una compleja red de tuberías y ductos submarinos. En la isla, el crudo es procesado para ser exportado.

Se estima que por esta terminal circulan unos 1,3 millones de barriles de petróleo por día. Y cuenta con un almacenamiento de 18 millones de barriles.

Debido a su importancia en el mercado energético, no ha sido declarado objetivo militar durante las incursiones tanto de EE.UU. como de Israel. Aunque sí fue blanco de ataques durante el conflicto con Irak en los años 80.

Punto estratégico

Desde su creación como terminal de exportación de hidrocarburos, Jark se convirtió en un punto estratégico para Teherán, que continúa siendo importante en medio del conflicto con Israel y EE.UU.

“Hay algo que en este momento parece tener claro EE.UU. y es que no puede sacar del mercado al petróleo iraní o causar un daño irreversible en su infraestructura”, dice Quilliam.

El analista señala que actualmente el precio del barril ronda los US$120 y un potencial ataque a la isla de Jark podría dispararlo a cerca de US$150.

“Y no sería un precio que luego vaya a bajar pronto”, anota el experto.

Pero lo cierto es que no es una idea que se haya descartado.

El diario británico The Guardian informó que asesores del Pentágono habían sugerido no atacar la isla, sino tomarla con un objetivo claro: “Si no pueden vender el petróleo, (Irán) no tiene cómo financiar el régimen”, indicó uno de los asesores.

Sin embargo, para Quilliam, hay varios factores a tener en cuenta antes. No solo el uso de una fuerza terrestre para hacerlo, sino también el impacto sobre el futuro del proyecto que se quiera desarrollar allí.

“Lo que ha dicho EE.UU. es que quiere el fin del régimen y la instalación de la democracia; pues bien, para que ese proyecto tenga algún tipo de éxito es necesario que la isla de Jark funcione adecuadamente”, explica Quilliam.

Pero con todos los antecedentes, en este nuevo orden mundial los analistas tampoco se atreven a descartar del todo un posible ataque a la isla.

“Hasta ahora ningún presidente de EE.UU. se ha atrevido a atacar la isla de Jark. Aunque carezca de toda lógica, es algo que desafortunadamente no podemos descartar en medio de todo lo que hemos visto en los últimos meses”, concluye el experto.

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La generación de nuevos empleos en Panamá mostró señales de desaceleración durante 2025, de acuerdo con cifras presentadas este miércoles 11 de marzo por el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, durante la exposición de su informe de gestión ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo de la Asamblea Nacional.

El funcionario explicó que el comportamiento de los asegurados en la CSS permite medir el pulso de la economía nacional, ya que refleja la dinámica del empleo formal.

“Nosotros somos la parte práctica de la economía y lo que esto está diciendo es que se generaron menos empleos que el año pasado”, afirmó Mon durante su intervención ante los diputados.

Las cifras del informe muestran que, al cierre de 2025, la población cubierta por la CSS alcanzó 2 millones 819 mil 622 personas, entre asegurados activos, dependientes y pensionados. Sin embargo, una parte importante de la población permanece fuera del sistema de seguridad social.

En contraste, 1,745,937 personas continúan sin cobertura; entre ellas, 507,585 asegurados inactivos y 1,238,352 personas que forman parte de la población desprotegida, lo que refleja la persistencia de brechas en el acceso al empleo formal.

En 2024, la población no asegurada era de 1,702,761 personas, distribuida en 742,109 asegurados inactivos y 1,160,652 personas de la población desprotegida. En comparación con ese año, la población sin cobertura aumentó en 43,176 personas, equivalente a un 2.5% más.

Aunque la población asegurada registró una variación de 12,853 personas entre 2024 y 2025, el director de la CSS advirtió que el ritmo de nuevos asegurados fue menor al observado el año anterior. Esto significa que, si bien algunas vacantes existentes fueron ocupadas, los nuevos ingresos al sistema no lograron compensar las salidas registradas durante el año, lo que evidencia una menor generación de empleo formal.

Tasa de desempleo alcanzó 10.4%

Los datos de la CSS coinciden con el deterioro reciente de algunos indicadores del mercado laboral.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de la Contraloría General de la República de Panamá, muestran que la tasa de desempleo en Panamá alcanzó el 10.4% en septiembre de 2025, la más alta desde 2021, cuando se situó en 11.3%, y solo por debajo de los niveles registrados en 2020 durante la pandemia de la covid-19, cuando llegó a 18.5%.

El informe detalla que la población desocupada ascendió a 227,302 personas, lo que representa 17,922 más que en octubre de 2024, cuando se contabilizaban 209,380 desempleados.

El impacto del desempleo también se refleja con mayor fuerza en las mujeres, con 127,488 personas sin trabajo, frente a 99,814 hombres en la misma condición.

Con este incremento, la tasa de desocupación nacional pasó de 9.7% en 2024 a 10.4% en 2025, una variación de 0.7 puntos porcentuales que confirma el debilitamiento del mercado laboral formal en el país.

Mon también incluyó en su informe cifras sobre la atención médica brindada por la institución. Durante el último año se realizaron 9,075,829 consultas, 383,002 más que en 2024, cuando se registraron 8,692,827.

Las cifras presentadas por Mon reflejan no solo el comportamiento del empleo formal en el país, sino también el impacto que tiene la dinámica económica en el sistema de seguridad social, tanto en la cobertura de los trabajadores como en la demanda de servicios de salud.

El Derecho no es, ni puede ser, una herramienta neutral para gestionar contratos o resolver disputas privadas. El abogado es, por definición constitucional y por vocación histórica, el custodio del orden democrático. Su función más elevada no reside en los tribunales civiles ni en las notarías: reside en la defensa activa del equilibrio de poderes, en la garantía irrenunciable de los derechos fundamentales, en la transparencia del Estado y en el acceso a la justicia para quienes menos tienen. Esa es la diferencia entre un técnico jurídico y un jurista. Panamá necesita urgentemente más de los segundos.

Recuperar esa misión exige reformas concretas e impostergables. Las universidades panameñas deben asumir, de una vez por todas, que la carrera de Derecho exige una reforma curricular sin concesiones: filosofía del derecho, derecho constitucional comparado, argumentación jurídica, ética profesional y clínicas de litigio tienen que ser columna vertebral, no adornos opcionales. El Estado y el Órgano Judicial, por su parte, deben robustecer los mecanismos de habilitación profesional. Y la sociedad civil y los colegios profesionales tienen una deuda pendiente: elevar los estándares deontológicos y hacer que el ejercicio irresponsable o corrupto de la abogacía tenga un costo real, público y reputacional.

Pero ninguna reforma curricular, ningún examen más exigente, ninguna sanción disciplinaria será suficiente si los más capaces siguen eligiendo otro camino. La democracia no es un sistema que se administra solo: requiere de personas que la defiendan con convicción y con las herramientas precisas. Esas herramientas son jurídicas. Por eso Panamá necesita, con urgencia real, que sus mentes más brillantes quieran ser abogados: no por herencia familiar ni por cálculo político, sino porque han entendido que renunciar al Derecho es, en el fondo, renunciar a la república. Cada generación de juristas mediocres que toleramos es una generación de instituciones más frágiles. Y una democracia que pierde a sus mejores abogados no los pierde a ellos: se pierde a sí misma.

¿Cómo llegamos hasta aquí? Panamá enfrenta una paradoja preocupante: mientras más abogados produce, menos respeto institucional parece tener el Estado de Derecho. No es una coincidencia. Es el resultado de décadas de deterioro silencioso en la formación jurídica, un proceso que ha convertido una de las carreras más nobles e influyentes del sistema democrático en una opción accesible para cualquiera, exigente para pocos y transformadora para casi nadie.

El problema comienza en las aulas. El pénsum académico de las facultades de Derecho en Panamá ha experimentado una involución sistemática. Cursos que antes exigían rigor analítico, dominio del razonamiento lógico-jurídico y lectura intensiva de doctrina y jurisprudencia han sido reemplazados, en muchos casos, por contenidos superficiales, metodologías memorísticas y una proliferación de carreras aceleradas que ofrecen el título sin la formación que este debería representar. El resultado es una generación de egresados que conocen los artículos, pero no entienden el espíritu de la ley.

Cuando esa misión se diluye, cuando los mejores jóvenes prefieren la ingeniería, la medicina o los negocios porque perciben que el Derecho ha perdido prestigio y exigencia, el sistema completo se empobrece. No porque la abogacía sea superior a otras profesiones, sino porque, sin juristas de alto calibre comprometidos con la institucionalidad, las democracias se vuelven vulnerables. Las leyes las escriben abogados. Las interpretan jueces que fueron abogados. Las defienden o atacan fiscales y litigantes que pasaron por las mismas aulas que hoy producen egresados con una formación deficiente.

El deterioro de la abogacía en Panamá no es un accidente administrativo. Es el síntoma de una sociedad que dejó de exigirle a quienes debían custodiar sus instituciones. Y los síntomas ignorados se convierten en enfermedades crónicas. Mientras el título valga más que la formación, mientras el oportunismo rinda más que la integridad, y mientras los mejores sigan eligiendo otro camino, el Estado seguirá debilitándose —no por asalto, sino por abandono—. Panamá no perderá su democracia de golpe. La perderá en silencio, párrafo a párrafo, sentencia a sentencia, en cada aula de Derecho que forma técnicos donde debía forjar guardianes de nuestra institucionalidad democrática y defensores del ejercicio ético del derecho.

La autora es abogada y ciudadana.

El pasado 7 de marzo, en un lujoso resort Trump de Miami, el presidente de Estados Unidos condujo la cumbre denominada “Escudo de las Américas”. El nombre evoca fortaleza y unidad continental. La realidad del encuentro, sin embargo, resultó ser todo lo contrario: un escaparate de sumisión voluntaria, donde trece mandatarios de Centro y Suramérica y el Caribe acudieron como “invitados de honor” a su propia humillación.

El denominador común de los asistentes no era difícil de identificar. Los países presentes comparten una corriente de pensamiento que privilegia el mercado sobre el Estado, el capital financiero sobre el capital social y la fuerza militar sobre el derecho internacional como mecanismo de resolución de conflictos. En otras palabras, fue, como lo calificó con crudeza el legislador mexicano Ricardo Monreal, una cumbre de mandatarios de la derecha latinoamericana alineados con el proyecto MAGA, dispuestos a operar como correa de transmisión del neoimperialismo en el hemisferio occidental, evocando los peores reflejos del intervencionismo de la era de Theodore Roosevelt.

Pero lo más revelador de quiénes asistieron fueron los que brillaron por su ausencia. No participaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; ni el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A estos se suma Perú, cuya ausencia tal vez se explica por su calendario electoral inmediato, y los gobiernos democráticos centristas de Uruguay y Guatemala, así como los regímenes autoritarios de izquierda: Cuba, Nicaragua e incluso la nueva chica buena del barrio, Venezuela. Tremendo escudo, en el que Brasil, Canadá y México —quienes, con excepción de Estados Unidos, constituyen las tres economías más grandes del continente y cuyas superficies representan aproximadamente una tercera parte del macizo continental americano— no fueron convocados.

La paradoja es mayúscula. La cumbre proclamó como eje central la lucha contra el narcotráfico y los carteles criminales de la región. Sin embargo, quedaron excluidos precisamente los países más críticos en ese drama: México, epicentro del tráfico de drogas hacia Estados Unidos; Colombia, donde se concentra la producción global de cocaína; Perú, tercer productor mundial; y Brasil, principal potencia militar del hemisferio sur, sin cuya participación cualquier arquitectura de seguridad hemisférica es, en el mejor de los casos, decorativa. Con esta cumbre, el crimen organizado dejó de ser abordado como un asunto de salud pública, policial o judicial para convertirse en una “amenaza terrorista transnacional” que, bajo esa lógica, solo puede enfrentarse con estrategias de exterminio militar. Una estrategia que, sin los actores clave, nace muerta.

Para Panamá, el episodio adquirió dimensiones especialmente amargas. El presidente Mulino viajó a Doral acompañado de la primera dama en un contexto de máxima presión estadounidense sobre el Canal. Y allí, ante las cámaras del mundo, se vio compelido a reír y festejar los desprecios de su locuaz anfitrión hacia el logro histórico más sagrado del pueblo panameño: la soberanía plena sobre su territorio y su Canal, conquistada con sangre, sudor y décadas de lucha.

Quizás era demasiado exigir que el presidente panameño se negara a asistir, sopesando las amenazas y represalias que ese gesto podría acarrear. Pero lo que no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia es que la bochornosa experiencia se normalice, se repita o, peor aún, sea presentada como un éxito diplomático.

El “Escudo de las Américas” no es un escudo. Es, como ya le llaman con justicia creciente, el petate de las Américas: una plataforma construida sobre la dócil aquiescencia de gobiernos pequeños que, atrapados entre el miedo a las represalias y la afinidad ideológica con Washington, han olvidado que la dignidad nacional no es un bien negociable. No es necesario imaginar qué habrían dicho los mártires del 9 de enero de 1964 ante semejante espectáculo. El verdadero escudo de nuestra región no se fragua en un resort de Miami. Se construye con soberanía, con autonomía y, cuando es necesario, con la valentía de decir: “¡No más!”.

El autor es médico salubrista.

Cuando se creó el Resuelto 887 AL del 23 de marzo de 2023, este obligó a los centros educativos públicos y privados a adecuar sus reglamentos internos, otorgando un período de seis meses para ello. Sin embargo, han pasado tres años y ninguno ha acatado el mandato de la norma. Ahora son los mismos directivos que han incurrido en desacato quienes nos señalan como desobedientes a las reglas y, por tanto, indisciplinados.

No hemos violado ninguna norma, ni cometido delito alguno, más allá de mostrar con orgullo y legalidad nuestro cabello afro como símbolo de identidad y dignidad. No portamos doble tono, rayas ni diseños; solo afro natural y rizado.

Solo anhelamos continuar nuestros estudios en una escuela que sea escenario de convivencia pacífica e igualdad, donde las miradas prejuiciosas y acusadoras de directivos, inspectores y docentes no nos hagan sentir delincuentes. Algunos adeptos a nuestra causa, en silencio, nos sugieren no transitar por los pasillos para evitar situaciones. Pero ¿por qué ocultarnos? No hemos hecho nada malo más que portar nuestro pelo afro, nuestro pelo “malo”, como lo tildan algunos.

Somos negros, pero no somos chicos malos; por el contrario, somos estudiantes estudiosos, esforzados y respetuosos. Somos pobres, pero soñamos en grande. No entendemos, entonces, por qué los directivos de nuestra escuela se han ensañado con nosotros, prohibiéndonos participar en programas de becas internacionales y usando sus influencias para impedir que seamos beneficiados por programas de responsabilidad social empresarial. Qué triste resulta cuando se atenta contra nuestro futuro. Luego, incluso el presidente nos augura un futuro como delincuentes.

Los adultos no imaginan el barullo de pensamientos y sentimientos que sus palabras y acciones hirientes nos provocan al caer la noche, cuando estamos en la cama. ¡No lo entendemos! Es el cabello que Dios nos dio y lo portamos con orgullo porque Dios no hace basura y, aunque algunos piensen que es feo, malo o antihigiénico, Dios dispuso que creciera hacia el cielo.

“Yo no hablo con perigones”, “tu cabello mancha el uniforme”, “¿estamos en guerra o en paz?”, “mira a mi hijo, se ve guapo con su corte”, “mi cabello es mejor que el de ustedes”. Estas palabras fueron pronunciadas por directivos y una docente contra nosotros. No creemos que sean justas, pero no guardamos rencor, solo silencio. De las autoridades educativas regionales tan solo recibimos mofa e intimidación: “al cumplir 18 años serán expulsados”.

No hemos infringido ninguna regla. ¿Acaso el mencionado Resuelto no otorga legalidad al porte del cabello afro natural o rizado? ¿Acaso, dentro de la jerarquía jurídica, los reglamentos internos de los centros educativos no son de rango inferior respecto de la Constitución, las leyes y los resueltos? En suma, la legalidad está más que comprobada y los prejuicios más que injustificados. No es victimismo: es la historia real, reciente, vivida por Maykel y Kelvin.

El autor es docente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles, sin pruebas, que la guerra contra Irán “está ganada” pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar.

“La mayoría me dice que ya está ganada”, respondió Trump a la prensa en su regreso a Washington sobre el estado de la guerra contra Irán, luego de participar en un mitin republicano en Kentucky y agregó que aunque esté ganada no significa que vayan a terminar de inmediato.

Horas antes, el mandatario ya había descrito la guerra como ganada, durante una intervención de 60 minutos en un mitin del partido republicano en un poblado al norte de Kentucky.

Trump le dijo a sus seguidores en el evento que toda la armada iraní ha “desaparecido” y detalló que las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron 58 barcos iraníes en las últimas 72 horas, aunque en la mañana había asegurado que eran 60 las naves destruidas.

Desde el inicio de la operación Furia Épica, el 28 de febrero, Estados Unidos afirmó haber atacado más de 5,500 objetivos dentro de Irán, incluidos más de 60 barcos de guerra y buques dedicados a la colocación de minas en torno al estrecho de Ormuz, de acuerdo con el Comando Central estadounidense.

Por su parte, Irán ha lanzado ataques con misiles, drones y cohetes contra posiciones y activos en la región, incluyendo instalaciones con presencia estadounidense y cargueros en el Golfo, en lo que Teherán describe como respuestas a las ofensivas norteamericanas.

Organizaciones del sector periodístico expresaron su rechazo a la propuesta legislativa que reforma el derecho a réplica, aprobado de forma unánime en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

En un pronunciamiento conjunto, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí señalaron que, tal como está planteada, la iniciativa altera el equilibrio entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial.

Las organizaciones sostienen que el proyecto transforma un principio tradicional de autorregulación propio de la ética periodística en un mecanismo coercitivo sujeto a eventuales sanciones judiciales.

La propuesta, identificada como el proyecto de Ley 391, busca reformar la Ley 22 de 2005 (que regula el derecho a réplica) y redefine las condiciones bajo las cuales los medios de comunicación deberán publicar rectificaciones cuando una persona considere que ha sido afectada por información inexacta o agraviantes.

La iniciativa, impulsada por el diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, modifica el artículo 2 de la norma.

Entre los cambios propuestos figura un nuevo criterio de visibilidad para las réplicas. Mientras la legislación vigente establece que la rectificación debe contar con el mismo espacio que la información cuestionada, la reforma añade que también deberá tener la misma prominencia, lo que implicaría garantizar un nivel similar de exposición o relevancia editorial.

El proyecto también elimina una cláusula existente en la normativa actual que condiciona la extensión de la réplica a la “disponibilidad del medio”. En la versión reformada ese criterio desaparece, lo que, según los gremios, reduce el margen de decisión editorial de los medios de comunicación.

Las organizaciones periodísticas también expresaron preocupación por otras disposiciones de la propuesta, como la obligación de responder en plazos de 48 horas y la exigencia de que los medios reserven espacios para respuestas, lo que —aseguran— podría interferir con la organización interna de las redacciones.

Asimismo, cuestionaron la ampliación de responsabilidades jurídicas hacia estructuras empresariales o administrativas que no participan directamente en la elaboración del contenido informativo, lo que, a su juicio, podría generar efectos inhibitorios en el ecosistema mediático.

Los gremios reiteraron que el derecho a réplica es una práctica habitual en el periodismo responsable y forma parte de los principios éticos de la profesión. No obstante, advirtieron que su regulación debe evitar convertirse en un mecanismo que limite la crítica o la fiscalización pública.

“Para el periodismo responsable, dar voz a las partes afectadas no es solo una obligación legal, sino un deber ético que fortalece la calidad del mensaje y la confianza del ciudadano en los medios”, señalaron en el comunicado.

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