En noviembre de 2020 dos nuevas tragedias azotaron las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. El día 4 el coletazos del huracán ETA estremecieron las montañas, quebraron represas y arrastraron árboles, postes y casas hasta los ríos. Todo quedó inundado y a oscuras. Dos semanas después llegó la furia de los coletazos de Iota, con más deslizamientos de tierra, de carreteras y personas muertas o abandonadas al desastre, atrapadas en los cerros. Las escenas eran del fin del mundo.

“Jamás pensé en vivir una experiencia como está”, contó en la red social Twitter una mujer que fue salvada por los vecinos del hotel en el que se hospedaba: el río se había llevado parte de la carretera que unía Cerro Punta con comunidades de Bambito y Volcán. “Muchos perdieron todo lo que tenían, perdieron seres amados”, agregó.

El 7 de noviembre, tres días después de que ETA pasó muy cerca, el Gabinete encabezado por el presidente Laurentino Cortizo declaró el estado de emergencia ambiental para varias provincias del país, entre ellas la de Chiriquí y Bocas del Toro. Allí mismo dispuso $100 millones para enfrentar la situación. Y abrió la puerta a otro huracán.

El cambio climático que el gobierno está obligado a combatir y que provocó la muerte de más de 20 personas, fue una oportunidad de negocio para su contratista favorita: Bagatrac S.A. La empresa ya había logrado un proyecto sin haber presentado estudios de impacto ambiental ni de tránsito. Ahora conseguía un contrato adjudicado de manera directa por más de $10 millones para reconstruir la carretera Volcán-Cerro Punta y dragar el río Chiriquí Viejo.

El desastre trajo buenos vientos para Alberto Jurado Rosales, ‘Beto Bagatrac’, el dueño de la sociedad que en 2018 confesó en la Justicia haber pagado sobornos a funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli.

El acto para la emergencia ambiental

Al momento de la declaración de la emergencia ambiental, Bagatrac S.A. era la principal beneficiada con contratos cercanos al área afectada en Chiriquí, y enseguida fue llamada a poner manos a la obra.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó el llamado para la rehabilitación de la carretera Volcán-Cerro Punta, de los caminos de producción de Tierras Altas y el dragado del río Chiriquí Viejo, el 9 de diciembre de 2020 como procedimiento especial por $10,589,861.69.

Expertos en contrataciones públicas dijeron a La Prensa que el acto “no fue el regular para los montos contratados”, ya que lo lógico es que sea por licitación pública. Pero las emergencias suelen abrir las puertas a las excepciones.

Otra cosa llamativa fueron las actualizaciones y traslados del acto. La primera vez fue publicado en en la página de contrataciones del MOP donde, actualización mediante, los documentos desaparecieron. A Panamá Compra llegó el mismo día con el número 2020-0-09-0-04-CL-007273. Cuatro meses más tarde, el 7 de abril del 2021, el MOP creó un nuevo acto para la misma obra, con un nuevo número (2021-0-09-04-EM-007452) y todos los archivos.

Dos empresas hicieron ofertas: Bagatrac S.A., por $10 millones 589 mil, y, por un millón más, Ininco S.A. El proyecto llave en mano fue adjudicado a Bagatrac S.A. y obtuvo orden de proceder el 16 de diciembre de 2020. Un año después, el MOP indicó que estaba finalizado en su portal Contratista Visible. Los vecinos de la comunidad no piensan lo mismo.

El río y el peligro a la comunidad

El río Chiriquí Viejo, que se desbordó por los coletazos de los huracanes ETA y Iota, es el protagonista de gran parte de la vida de los residentes de Volcán. Con 161 km de longitud, pasa por Paso Ancho, Bambito, y Cerro Punta. El encauce encargado a Bagatrac no parece haberles devuelto el río a las comunidades.

“Los trabajos que se hicieron para proteger a la comunidad del desborde del río y en el mantenimiento de los puentes, no son suficientes”, dijo Nariño Aispurúa, voluntario de la Cruz Roja, y residente de Volcán. En un recorrido con La Prensa, Aispurúa señaló la parte inferior de los puentes bloqueada por tierra y basura.

El exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis, concuerda en que los trabajos se hicieron mal. “Las piedras colocadas en Volcán no le garantizan a los residentes del área la seguridad de que sus vidas no están en constante peligro”, dijo, y agregó: “No existe una barrera de gaviones que puedan contener la fuerza del agua cuando lleguen las lluvias y el río tome la fuerza con la violencia que caracteriza esos momentos”.

Además de obras de protección mal hechas, las personas que viven en los bordes del río nunca fueron entrenadas o informadas sobre qué hacer en caso de que vuelva un huracán o haya lluvias inéditas. “Si le consultas a cualquier persona que haya sido víctima de las lluvias de noviembre del 2020, te dicen que su única opción cuando ven el agua es correr”, dijo Aispurúa.

Correr, la única opción

En Panamá no hay un plan de emergencia nacional en funcionamiento. Sinaproc había alertado a principios de noviembre de 2020 sobre “oleajes fuertes, vientos intensos y corrientes de resaca”, pero el gobierno no dispuso medidas de resguardo.

Existen normas como el decreto que instaura la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y compromisos asumidos con marcos internacionales y regionales, pero nunca se pusieron en práctica. Correr o recibir ayuda de otros, es la única opción de los vecinos de tierras altas.

Localmente, en Volcán solo hay una Plataforma Municipal de Gestión de Riesgo a Desastres, para generar una cultura de prevención y mitigación a través de los concejales. La presidenta de esa plataforma, Orquídea Ledesma, dijo a La Prensa que a dos años de los huracanes, todavía no tienen plan de emergencia: “Varias personas se han salido del grupo de riesgo, nos hemos reunido con la Cruz Roja, pero creemos que vamos que tener que reunirnos más seguido”, dijo.

La sede del Sistema Nacional de Protección Civil en Volcán, enclavada en el área de riesgo y administrada por voluntarios, tampoco está equipada: “Las instalaciones no cuentan con los adecuamientos para adaptarse o refugiarse en un evento adverso del clima o tectónico, así que no tiene una capacidad instalada para reunir las fuerzas vivas interinstitucionales en esos casos”, dijo el director del sistema, Carlos Rumbo.

La institución intentó dotar al personal voluntario del Sinaproc de insumos básicos para una respuesta oportuna hacia la comunidad afectada, pero no tuvo suerte en la desgracia. Tras los huracanes, solo recibieron una computadora portátil, con instalación de una aplicación para procesar datos e información real de las áreas o sectores de alto riesgo por inundación o deslizamientos.

Sin respuestas

La Prensa le envío cuestionarios a través de correos electrónicos y llamadas al Gerente General de Bagatrac S.A, y actual representante de el Corregimiento de Tijeras, en Boquerón, Chiriquí, Alberto Jurado Rosales, alias “Beto Bagatrac”, pero hasta ahora. al igual que pasó con la residencia del Diputado Benicio Robinson en Chiriquí y la adjudicación de la obra para la carretera desde la Interamericana a Volcán no ha habido respuestas respecto al tema.

Lea mañana: Caja de Ahorros: El banco de ‘Beto Bagatrac’

Encauce del Río Chiriquí Viejo, obra adjudicada a Bagatrac S.A, tras las inundaciones por el paso de ETA y IOTA en 2020.

“No me hablen de esperanzas vagas, persigo realidad” … “Quiero hacer cosas imposibles” … No resultaría descabellado pensar que Cerati hubiese dedicado aquella letra a la protección de datos personales. Hace ya dieciséis meses entró en vigencia la Ley 81 de 2019, que establece los principios, derechos, obligaciones y procedimiento para regular la protección de datos personales en Panamá; esta ley además es reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo 285 del 28 de mayo de 2021 y tiene como entidad rectora a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Pero ¿Qué es lo que hace de la protección de datos personales una tierra inconquistable?

Hasta el mes de junio se conocían al menos 43 denuncias realizadas por titulares de datos personales y 8 sanciones aplicadas por parte de la Antai. La mayoría de las denuncias fueron realizadas contra personas jurídicas dedicadas a actividades comerciales y propiedades horizontales, sus representantes y administradores.

Es evidente que los titulares de los datos ahora conocen la, ya no tan nueva, ley 81 y han dado un paso adelante para hacer valer los derechos que la norma les atribuye. Esto lógicamente tiene efectos sobre las empresas que explotan los datos personales de clientes y terceros no vinculados, sin embargo, mal podríamos decir que la empresa privada es la única que administra bases de datos en el territorio nacional, mucho menos podemos afirmar que la empresa privada y las propiedades horizontales son las únicas actuando de manera disconforme con los derechos del titular de los datos. Lo que sí podemos afirmar es que, aunque es menos denunciado, a nivel institucional, las prácticas contrarias a los principios de la protección de datos personales se dan con la misma o con mayor frecuencia.

Incidencias como en la que un agente de seguridad, haciendo caso omiso de la ley 81, tomó una foto del documento de identidad sin el consentimiento del titular, acción que tuvo como consecuencia la denuncia respectiva; se contrastan con escenarios en que algunos policías e inspectores de tránsito retienen el documento y sin justificación aparente toman una foto sin autorización o consentimiento del titular; quiero decir que, tendríamos que identificar hasta dónde el concepto de seguridad privada y seguridad pública establece limitantes para el alcance de la ley de protección de datos personales o bien si es que las actuaciones de los funcionarios son justificables e imprescindibles para el correcto desempeño de su función de protección y servicio.

En el mismo contexto podríamos discutir lo relacionado a la transmisibilidad ilegal de nuestros datos. Sabemos que la reciente crisis que trastoca el mundo entero tuvo impacto en la empleomanía nacional y mantiene en situación de desempleo a 12 de cada 100 panameños según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo en fechas recientes. Tanto así que las entidades financieras se enfrentan a un mayor riesgo de crédito por el incremento de la cartera de morosos. Esta necesidad del mercado de ubicar a sus clientes morosos y en otros aspectos de comercializar de forma aún más agresiva que en años anteriores, se ha convertido en una mina de oro para los que negocian con nuestros datos personales.

Si queremos alcanzar por fin la victoria con este apartado, no podemos seguir permitiendo que medios divulguen indiscriminadamente y sin consentimiento los datos personales, que personas políticamente expuestas y en consecuencia altamente cuestionadas, divulguen ubicación y datos personales y laborales de sus detractores, que funcionarios cortejen a los usuarios valiéndose de los contactos obtenidos de los sistemas de la institución y que se negocie con los datos sensibles que se administran en importantes bases de datos dentro del territorio nacional.

La autora es miembro del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (Ipandetec).

El ecosistema de soluciones Fintech (herramientas financieras con tecnología) en América Latina se ha acelerado en los últimos años. Según la tercera edición del informe Fintech en América Latina y el Caribe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y Finnovista, el número de plataformas aumentó de 1,166 emprendimientos que habían en 2018 a 2,482 al cierre de 2021, un incremento del 112%. La región representa el 22.6% de las fintech en todo el mundo.

El ranking regional lo lidera Brasil, con 771 plataformas (31%); seguido de México, con 512 fintech (21%); Colombia con 279 (11%); Argentina, con 276 empresas (11%); y Chile, con 179 (7%). Mientras que Panamá apenas alcanza el 1% de los desarrollos fintech, con 16 emprendimientos que ofrecen distintas herramientas de pago: billeteras digitales, envíos de remesas, préstamos, factoring y de servicios de digitalización al sistema financiero y algunas de seguros.

El estudio resalta el poder que las fintech tienen para promover la inclusión financiera, e indican que en el caso de Panamá, 66.7% de las startup de la industria están enfocadas en reducir esa brecha que existe, donde apenas el 46.5% de la población tiene acceso a una cuenta bancaria.

Felipe Echandi, CEO fundador de Cuanto, comenta que esta plataforma que habilita los pagos y comercio electrónico para micro, pequeñas y medianas empresas opera en Panamá. Se ha logrado expandir a Costa Rica, con lo cual llegan a atender a más de 30 mil emprendedores que no tenían acceso a los sistemas de venta en línea y tampoco de pagos.

Precisa que en el caso de Panamá, en los últimos dos años ha crecido el ecosistema de economía digital con distintas plataformas algunas fintech. Menciona propuestas como PayCaddy que ofrece servicios tecnológicos para digitalizar la banca y crear soluciones fintech a la medida; y Munily, que digitaliza servicios y pagos en comunidades residenciales, ambas seleccionadas por el acelerador Y Combinator.

Echandi detalla que pese al incremento de las soluciones y la creación de nuevas empresas, hace falta más incentivos para que el país sea un hub de economía digital.

“En Panamá seguimos sin claridad regulatoria para que la mayoría de los modelos de negocios fintech y de economías digitales se desarrollen. Las licencias que existen no son creadas para proyectos de internet”.

Agrega que si el Ejecutivo sanciona la Ley “Cripto”, se estará creando en Panamá una base sólida para impulsar negocios de plataformas de criptoactivos, y también acelerar las soluciones fintech en distintos segmentos.

El informe del BID indica que en la región hay cabida para más soluciones financieras basadas en tecnologías que permitan cerrar la brecha social y económica, y reducir el uso de efectivo. Hasta ahora el 25% de las fintech se centran en los pagos y remesas, y 18% en préstamos.

Un 15% se dedica a tecnologías empresariales para instituciones financieras, 11% para gestión de finanzas empresariales, 7% para el área de seguros, y solo el 5% se centran en bancos digitales.

Los desarrollos Fintech han logrado digitalizar procesos de préstamos, cuentas de ahorro, envío de dineros y transformar algunos trámites internos en los mismos bancos.  Pixabay

La relación entre los pagos electrónicos y el efectivo en Panamá sigue siendo un reto para la banca y las soluciones financieras. En promedio el 70% de los pagos se hace con efectivo.

Alexander Acosta, gerente general de Telered, ha señalado que los pagos electrónicos han crecido tanto en usuarios como en el monto de transacciones incluso para montos bajos de pagos.

En 2021 Telered registró 257 millones de transacciones electrónicas lo que significó un movimiento de $78 mil 706 millones. De este monto, las operaciones a través de E-Clave o comercio en línea sumó 286 mil transacciones y es el segmento que más crecerá en los próximos años por los pagos en línea de servicios y productos.

Acosta indica que el crecimiento de las soluciones Fintech es una tendencia que está transformando la banca y el ecosistema de pagos. “En la mayoría de lo países han llegado muchos jugadores financieros y no financieros que implementan esa solución de última milla al cliente, con billeteras electrónicas que permiten hacer transacciones a través del celular, y en Panamá debemos prepararnos “.

Javier Buitrago, gerente general de Zinli, billetera electrónica que incluye una tarjeta Visa prepagada, comentó que hay una gran oportunidad para mejorar la vida financiera de las personas, pues aún hay segmentos donde el 90% de las transacciones diarias se realizan en efectivo, solo el 8% de los mayores de 15 años cuentan con una tarjeta de crédito, mientras que un 29.3% tiene tarjeta de débito, y solo el 46% una cuenta bancaria, según el Global Findex Database y otros informes.

“Es por eso que lanzamos la billetera digital Zinli con foco en la inclusión financiera . Y no somos los únicos. Muchas otras Fintech locales también están aportando valor al mejorar la oferta de servicios financieros”.

Santiago Rega, gerente de Visa en Panamá, resalta que las Fintech del istmo están aportando de manera significativa hacia ese camino de la innovación. Se enfocan en el crecimiento masivo y el micro y pequeño emprendedor, creando soluciones que generan credenciales de pago de forma fácil y con mínimo de fricción. Un universo que se abre también al mercado de cripto.

La alta penetración de la telefonía móvil y el internet también ha incentivado los medios de pago digitales por el uso de billeteras electrónicas en los dispositivos. Katiuska Hernández/LP

Una de las principales lecciones que hasta el momento ha dejado la pandemia es la relevancia de la agricultura. Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), lo tiene tan presente, que pide redoblar la apuesta por el sector con un énfasis especial a favor y no a expensas del medio ambiente; para ello las tecnologías digitales constituyen un factor de eficiencia para el uso de los recursos e insumos en este sector.La digitalización de sectores productivos en América Latina es fundamental para mejorar la productividad mediante la inserción de las empresas en las cadenas globales de valor y más apoyo a las pequeñas y medianas empresas.Las Américas exportan una de cada tres toneladas en el mundo, pero el comercio intrarregional sólo alcanza al 14%, mientras que en Europa asciende al 60%. Este es uno de los mayores retos que destaca Manuel Otero, junto con la necesidad de impulsar un proceso de democratización en el sector.

Pasó más de un año de pandemia, ¿cómo se ha visto golpeada la agricultura en la región?

Hubo efectos sobre todo a nivel de los agricultores familiares en la provisión de insumos, en el funcionamiento de los circuitos cortos, en el abastecimiento de los mercados regionales, como no podía ser de otra manera. Pero la agricultura demostró que sus agricultores y los trabajadores rurales en general no saben hacer otra cosa que labrar la tierra y estar permanentemente pensando en producir. La rueda de la agricultura continuó funcionando, y se abastecieron en tiempo y forma los mercados internacionales. Es un sector resiliente, que pese a las adversidades sigue funcionando, sin desconocer que la seguridad alimentaria tuvo un retroceso, pero no es un problema atribuible a la dimensión productiva, sino a las otras dimensiones que hacen a la compleja ecuación de la seguridad alimentaria.

Después de la pandemia, ¿qué escenarios vislumbra?

En plena pandemia fue anunciada la convocatoria por parte de la ONU a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, que desde el IICA entendemos que deben ser sobre sistemas agroalimentarios, y respaldamos esa visión sistémica desde la producción al consumidor, pero entendemos que es preciso seguir apoyando las transformaciones que están ocurriendo, reconociendo la centralidad de los productores agropecuarios, porque no puede haber producción de alimentos sin producción agropecuaria. También hay que destacar la importancia decisiva de la ciencia y la tecnología para aprovechar la nueva frontera del conocimiento, para tener mejores políticas y sobre todo para ahuyentar cualquier posible creación de barreras no arancelarias. Hay que redoblar la apuesta por la agricultura porque entendemos que la agricultura es parte de la solución, dado que es un sector estratégico.

La tecnología, y especialmente la necesidad de una conectividad digital adecuada fue una de las grandes lecciones que trajo la pandemia, ¿qué desafíos se han identificado desde el IICA al respecto?

Desde el IICA entendemos que estamos frente a herramientas tecnológicas que pueden impulsar un proceso de democratización, sobre todo incluyendo a los jóvenes y a las mujeres, que son dos grupos totalmente rezagados y absolutamente necesarios para impulsar una nueva ruralidad, que tienen que tener un rostro humano y ahí vemos a la agricultura digital como un vehículo fundamental para impulsar las buenas prácticas agropecuarias. Con la agricultura digital tienen que ser replanteadas las estrategias tradicionales de extensión y surge la posibilidad de modelos novedosos de extensión rural basados en el uso de la telefonía celular. Obviamente hay otras herramientas, big data, inteligencia artificial, drones, y hay cuestiones pendientes, como avanzar en la conectividad digital. Otro gran desafío se da en materia de educación, de capacitación, para que los productores agropecuarios puedan hacer un uso adecuado de estas nuevas herramientas que ofrece la agricultura digital. Es necesario una fuerte articulación público privada.

Nos puede profundizar un poco más sobre la brecha digital de género en la región y cómo puede revertirse.

Un reciente estudio realizado por la Universidad de Oxford con apoyo del IICA, el BID y el FIDA mostró que las mujeres rurales son el grupo menos conectado a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la mayor parte de los países de América Latina y del Caribe. Tenemos que contribuir a revertir la desigualdad que enfrentan las mujeres rurales y facilitar acceso a la tecnología a quienes se dedican a la producción agrícola. Para eso necesitamos conformar coaliciones, organismos de financiamiento, de cooperación, sociedad civil, gobiernos y la academia, de modo de avanzar más rápido en la extensión de las oportunidades de empleo y de educación.

El comercio agropecuario en América Latina fue desafiado por la pandemia, ¿se han identificado desafíos? ¿Cómo reimpulsarlo?

Las Américas constituyen una parte del mundo muy exitosa en cuanto a su participación y posicionamiento en el mercado internacional. Las Américas en su conjunto explican una de cada tres toneladas que son exportadas. Sabemos que el comercio internacional es fundamental porque es lo que define las características de la seguridad alimentaria. Pero estamos en deuda es con el comercio intrarregional, en donde solamente un 14% de lo que exportamos vuelve a nuestro hemisferio, en realidad a nuestro continente, en América Latina y el Caribe, y acá yo marco una diferencia siempre con Europa, en donde más del 60% de lo que comercializa es intrabloque. El comercio intrabloque es una asignatura pendiente y el IICA manifiesta su compromiso de avanzar en esta dirección.

Si tuviese que mencionar una prioridad para impulsar el desarrollo rural en las Américas, cuál sería

Debemos avanzar más en internalizar la dimensión ambiental para que sea efectivamente una intensificación productiva sustentable. Tenemos que aumentar los niveles de productividad porque hay que aumentar la oferta de alimentos, pero no puede ser hecha a expensas del medio ambiente, sino que tiene que ser hecha a favor del medio ambiente. Y esto se logra con más tecnología, y por eso es tan importante contar con sistemas nacionales de ciencia y tecnología robustos, con agendas dinámicas para aprovechar todas las oportunidades que ofrece la nueva frontera del conocimiento.

El autor es ejecutivo principal de comunicación en CAF.

Futuro de la agricultura digital, en manos de jóvenes y mujeres